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Podemos, ERC, PNV y Compromís dejan solo a Sánchez en el decreto contra la ‘república digital’

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Los potenciales socios del PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez se han desmarcado este miércoles del decreto ley contra la ‘república digital’, cuya convalidación se debate en la Diputación Permanente del Congreso. Lo ha hecho no sólo Unidas Podemos, sino también ERC, el PNV y Compromís, al criticar una norma que ha sido, asimismo, duramente cuestionada por parte de Junts y EH Bildu. El PP, por su parte, ha avanzado que respaldará su convalidación.

El torrente de críticas al decreto-ley se ha producido durante el debate que se ha suscitado después de que la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, presentara la norma que el Gobierno aprobó el pasado 31 de octubre con “por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones”.

En nombre de ERC, Montserrat Bassa, ha avisado al Ejecutivo de que debería “retirar” el decreto ley no para lograr un pacto con su formación, sino “por los derechos y libertades de la soberanía española y por pura democracia”. “Les honraría que reflexionaran y asumieran que se equivocaron al presentarlo”, ha deslizado Bassa, tras descalificar la norma llamándola “ley mordaza digital”.

La diputada independentista se ha quejado de que el decreto-ley se aprobara coincidiendo con el inicio de la campaña electoral “para acallar” las protestas que tenían lugar en Cataluña contra la sentencia del ‘procés’. “No pueden frenar nuestra indignación por decreto”, ha avisado.

“No tenemos claro dónde quieren llegar con esta ofensiva represiva, pero sí que no habrá estabilidad política mientras no aborden políticamente aquellos conflictos de naturaleza política”, ha abundado, antes de remarcar la predisposición de ERC a afrontar el conflicto catalán “mediante el diálogo y la democracia”. “Si están dispuestos a sentare y hacer política de verdad, nosotros estaremos ahí porque es dónde siempre hemos estado”, ha añadido.

Por su parte, la portavoz de Junts, Laura Borràs, ha definido el decreto ley como “un golpe de Estado digital” de un “Estado tecnófobo” que “protege a sí mismo contra los ciudadanos”. “Es la ‘Ley Corcuera digital’, la ley de patada en el servidor sin orden judicial”, ha denunciado, incidiendo en que la norma “no tiene nada que envidiar a las de regímenes autoritarios”.

Además, ha coincidido con otros intervenientes en arremeter contra el Gobierno por haber aprobado la norma “de forma burda en el tiempo de descuento de una legislatura fallida”, sin dejar a los grupos presentar enmiendas, y evitándose los informes que habrían tenido que emitir los órganos constitucionales de haberse aprobado mediante un proyecto de ley.

Como el resto de portavoces que ha criticado el texto del Gobierno, Borràs, también ha lamentado que el Gobierno se agarre “a un concepto tan ambiguo como el del orden público” para poder intervenir sitios webs, un aspecto en el que ha incidido especialmente el representante del PNV, Mikel Legarda.

De hecho, Legarda ha llegado a avisar al PSOE de que o reconduce este asunto hacia la búsqueda de un acuerdo “a la mayor brevedad posible” o la “predisposición” del PNV “a colaborar” los socialistas “estará seriamente comprometida”.

Desde Compromís, Joan Baldoví, también ha avanzado que no apoyarán la convalidación de un decreto que permite “intervenir Internet como en China o Arabia Saudí”. Lo mismo ha argumentado Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, que cree que esta norma abre la puerta a un “Estado de excepción digital”.

El diputado de En Marea, Antón Gómez Reino ha desgranado las propuestas de Unidas Podemos para mejorar la norma subrayando que se debe garantizar “el control judicial de todas las decisiones de la administración”, que no se “vulneren derechos fundamentales ni libertades públicas de los ciudadanos” y se pone freno a la “recentralización digital”.

El diputado socialista, Manuel González Ramos, ha avanzado que la intención de los socialistas es “clarificar y mejorar” la norma “en un futuro proyecto de ley” que habrá que aprobar para trasponer una directiva europea en esta materia.

“Tendremos ocasión de trabajar conjuntamente para seguir desarrollando el marco normativo en el ámbito digital en la próxima legislatura”, ha apuntado, por su parte, la propia Calviño, avanzando que se tendrán en cuenta algunas de las propuestas de los grupos. Así, se ha abierto a “aclarar” algunos extremos desde el punto de vista “jurídico”, si bien ha subrayado que tal y como está ahora, el decreto ya respeta el marco jurídico nacional y europeo y no atenta contra la separación de poderes ni contra las competencias autonómicas.

También ha garantizado que se reforzarán los mecanismos de cooperación con las comunidades autónomas en materia de telecomunicaciones y que convocarán si es preciso la Conferencia Sectorial de Seguridad Nacional.

En todo caso, el decreto no corre peligro ya que el PP ha anunciado su voto a favor. Según la diputada Ana Belén Vázquez, es una “indignidad” que tenga que ser el Grupo Popular quien apoye al Gobierno socialista mientras el PSOE “negocia con quienes tienen personas en la cárcel”, en alusión a los presos del procés.

“Estaremos a su lado para defender la democracia, la libertad y la seguridad en Cataluña”, ha proclamado, a la vez que enseñaba a los independentistas un cartel con la frase ‘La República no existe,


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Un estudio refuerza la teoría de que los caribes eran caníbales

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El estudio del hallazgo revela que la presencia de los caribes en la región era mucho más prominente, lo que le da crédito a Cristobal Colón.
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La tecnología del siglo XXI ha avalado la veracidad de los desgarradores testimonios de Cristóbal Colón sobre la práctica del canibalismo por los indios caribes.

Utilizando análisis equivalentes al reconocimiento facial, los investigadores analizaron los cráneos de los primeros habitantes del Caribe, descubriendo las relaciones entre los grupos de personas y poniendo al descubierto antiguas hipótesis sobre cómo las islas fueron colonizadas por primera vez.

Un hallazgo sorprendente del estudio, publicado en Scientific Reports, fue que los caribes, que habitaban América del Sur y supuestos caníbales, invadieron Jamaica, La Española y las Bahamas, revocando medio siglo de suposiciones de que nunca llegaron más al norte que Guadalupe, en las Pequeñas Antillas.

“Pasé años tratando de demostrar que Colón estaba equivocado cuando tenía razón: había caribes en el norte del mar Caribe cuando llegó el explorador”, dijo William Keegan, conservador de arqueología caribeña del Museo de Historia Natural de Florida. “Vamos a tener que reinterpretar todo lo que creíamos saber”, agregó el experto.
Cráneos caníbales

Utilizando análisis equivalentes al reconocimiento facial, los investigadores analizaron los cráneos de los primeros habitantes del Caribe, descubriendo las relaciones entre los grupos de personas.

Utilizando análisis equivalentes al reconocimiento facial, los investigadores analizaron los cráneos de los primeros habitantes del Caribe, descubriendo las relaciones entre los grupos de personas.

Colón había contado cómo los pacíficos arawaks en las modernas Bahamas estaban aterrorizados por saqueadores que describió erróneamente como ‘Caniba’, los súbditos asiáticos de Gengis Khan. Sus sucesores españoles corrigieron el nombre, llamándolos ‘Caribe’, unas décadas más tarde, pero los nombres de sonido similar llevaron a la mayoría de los arqueólogos a una confusión: ¿cómo pudieron los caribes haber estado en las Bahamas cuando su puesto de avanzada más cercano estaba 1.500 kilómetros al sur?

Pero los cráneos revelan que la presencia de los caribes en la región era mucho más prominente de lo que se pensaba anteriormente, lo que da crédito a las afirmaciones de Colón.

Los primeros habitantes del Caribe

Alrededor del año 800 d. C., se dirigieron al norte, hacia La Española y Jamaica, y luego a las Bahamas, donde estaban bien establecidos cuando Colón llegó.

Estudios anteriores se basaron en artefactos como herramientas y cerámica para rastrear el origen geográfico y el movimiento de personas a través del Caribe a lo largo del tiempo. Agregar un componente biológico pone la historia de la región en un enfoque más agudo, dijo Ann Ross, profesora de ciencias biológicas en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, y autora principal del estudio.

Ross utilizó puntos de referencia faciales en 3D, como el tamaño de la cuenca del ojo o la longitud de una nariz, para analizar más de 100 cráneos que datan de aproximadamente el 800 d.C. al 1542. Estos puntos de referencia pueden actuar como un indicador genético para determinar qué tan cerca están las personas relacionadas entre sí.

El análisis no solo reveló tres grupos distintos de personas del Caribe, sino también sus rutas de migración, que fueron “realmente sorprendente”, dijo Ross.

La observación de los rostros antiguos muestra que los primeros colonos del Caribe vinieron de Yucatán, y se mudaron a Cuba y las Antillas del Norte, lo que respalda una hipótesis previa basada en similitudes en las herramientas de piedra.

Los hablantes de arawak de la costa de Colombia y Venezuela emigraron a Puerto Rico entre 800 y 200 a.C., un viaje también documentado en cerámica.

Alrededor del año 800 d. C., se dirigieron al norte, hacia La Española y Jamaica, y luego a las Bahamas, donde estaban bien establecidos cuando Colón llegó.

La monarquía española inicialmente pagaba a los indígenas por su trabajo, pero revirtió su posición después de recibir informes de que se negaban a convertirse al cristianismo

Sin embargo, los primeros habitantes de las Bahamas y la Española no eran de Cuba como comúnmente se pensaba, sino del noroeste del Amazonas: los caribes. Alrededor del año 800 d. C., se dirigieron al norte, hacia La Española y Jamaica, y luego a las Bahamas, donde estaban bien establecidos cuando Colón llegó: “estuve perplejo durante años porque no tenía este componente bahameño. Por eso, estos restos son tan claves, pues cambiarán la perspectiva sobre los pobladores la población del Caribe”, aseveró Ross.

Para Keegan, el descubrimiento resuelve un enigma que lo atormentó durante años: por qué un tipo de cerámica conocida como meillacoide aparece en La Española en el año 800 D.C, en Jamaica alrededor del 900 y en las Bahamas alrededor del 1000.

“¿Por qué esta cerámica era tan diferente de todo lo que vemos? Eso me había inquietado”, dijo. “Tiene sentido que la cerámica meillacoide se asocie con la expansión caribe”.

La aparición repentina de la cerámica meillacoide también se corresponde con una reorganización general de los humanos en el Caribe después de un período de tranquilidad de 1.000 años, más evidencia de que “los invasores caribes estaban en movimiento”, dijo Keegan.

Canibalismo y esclavización

Entonces, ¿había algún sentido en los cuentos de canibalismo?

Posiblemente, dijo Keegan, los arawaks y los caribes eran enemigos, pero a menudo vivían cerca, con matrimonios ocasionales antes de que estallaran las enemistades, dijo Keegan. “Tal vez hubo algo de canibalismo involucrado. Si necesitas asustar a tus enemigos, esa es una muy buena manera de hacerlo”.

La monarquía española inicialmente pagaba a los indígenas por su trabajo, pero revirtió su posición después de recibir informes de que se negaban a convertirse al cristianismo

Sea o no exacto, la percepción europea de que los caribes eran caníbales tuvo un tremendo impacto en la historia de la región, dijo. La monarquía española inicialmente insistió en que a los indígenas se les pagara por el trabajo y se los tratara con respeto, pero revirtió su posición después de recibir informes de que se negaban a convertirse al cristianismo y comían carne humana.

“La corona dijo, ‘bueno, si se van a comportar de esa manera, pueden ser esclavizados’. De repente, todas las personas nativas en todo el Caribe se convirtieron en caribes en lo que concernía a los colonos”, puntualizó Keegan.


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El astronauta Pedro Duque seguirá al frente de Ciencia aunque sin las competencias en Universidades

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El astronauta Pedro Duque seguirá al frente del Ministerio de Ciencia, según ha podido saber Europa Press, aunque perderá las competencias en Universidades, que conformarán un nuevo Ministerio al frente del cual estará el sociólogo Manuel Castells.

Duque, que accedió al cargo en junio de 2018, nació en Madrid en 1963, es Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos) y Académico Correspondiente de la Real Academia de Ingeniería de España (RAING) desde 1999. Es el primer y único español que ha viajado al espacio por el momento.

La llegada de Duque al ministerio no estuvo exenta de polémica tras conocerse que el ya ministro poseía una sociedad patrimonial con la que habría adquirido una vivienda. Entonces, se defendió asegurando que le recomendaron la sociedad, que había liquidado impuestos y que le costaba mucho deshacerla.

Al margen de esta polémica, durante el tiempo que ha estado al frente del Ministerio, Duque ha sacado adelante algunas de las medidas que llevaban tiempo siendo demandas por la comunidad científica, como la eliminación de las intervención previa en los organismos públicos de investigación.

El ministro también ha creado un nuevo sexenio, el de transferencia del conocimiento, para reconocer a aquellos investigadores que se dediquen a la formación de otros investigadores o que generen valor económico y/o social.

Para lograr una mayor igualdad, el departamento dirigido por Duque también ha modificado la Ley de la Ciencia para que las investigadores en situaciones de maternidad y paternidad, así como de incapacidad temporal, no se vean discriminados en la selección y evaluación de su actividad científica.

También ha creado el Observatorio ‘Mujeres, Ciencia e Innovación’ para la Igualdad de Género (OMCI) y ha recuperado la convocatoria de los Premios Nacionales de Investigación, tras un paréntesis de cuatro años.

Entre los retos que el ministro tendrá que asumir en esta nueva legislatura, está el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) o la extensión del sistema de incentivos basado en la evaluación de méritos, sexenios y quinquenios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de universidades al resto de Organismos Públicos de Investigación (OPI) –en total hay seis–, algo que por Ley debería haberse aplicado desde 2014.


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China adopta unas maliciosas normas de “ciberseguridad”

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La completa visibilidad de Pekín en las redes de las empresas extranjeras tendrá consecuencias sumamente perjudiciales. (Foto: Wikimedia Commons)
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Por Gordon G. Chang. El 1 de enero, entra en vigor la Ley de Criptografía de China. Esta legislación sigue a la implementación el 1 de diciembre del Esquema de Protección Multinivel 2.0, emitido al amparo de la Ley de Ciberseguridad de 2016.

En conjunto, estas medidas demuestran la absoluta determinación de Pekín de confiscar a las empresas extranjeras todas sus comunicaciones, sus datos y otra información almacenada en formato electrónico en China.

El presidente Trump debería usar sus poderes de emergencia para prohibir a las empresas estadounidenses cumplir las nuevas normas o almacenar datos en China.

Después de que todas estas normas de “ciberseguridad” estén vigentes, ninguna empresa extranjera podrá encriptar los datos para evitar que pueda leerlos el Gobierno central chino y el Partido Comunista de China. Con otras palabras, las empresas tendrán que entregar sus claves de cifrado.

A las empresas también se les prohibirá emplear redes privadas virtuales para mantener los datos en secreto, y algunos creen que ya no podrán usar servidores privados.

El sistema de Pekín, una vez implementado, será tan invasivo que las autoridades chinas ya no necesitarán pedirles a las empresas extranjeras que entreguen los datos. Los funcionarios chinos podrán simplemente tomar esos datos por su cuenta.

“Una vez que los datos cruzan la frontera china en una red —escribe Steve Dickinson en el China Law Blog—, el 100% de los datos estarán íntegramente a disposición del Gobierno chino y el PCC.”

La completa visibilidad de Pekín en las redes de las empresas extranjeras tendrá consecuencias sumamente perjudiciales, señala Dickinson. Primero, la ley china permitirá a los funcionarios chinos compartir la información confiscada con las empresas estatales. Esto significa que las empresas estatales podrán usar esa información contra sus competidores extranjeros.

Segundo, las nuevas normas de China, casi seguramente, harán que las empresas extranjeras pierdan la protección del secreto comercial en todo el mundo. Un secreto comercial pierde su estatus como tal cuando se divulga ampliamente. Una vez que una empresa permite que ese secreto entre en su red china, la empresa debe saber que Pekín lo sabrá. “Puesto que ninguna empresa puede razonablemente asumir que sus secretos comerciales seguirán siendo secretos una vez sean transmitidos a China por una red de control chino, corren el gran riesgo de que también se evapore la protección de sus secretos comerciales fuera de China”, escribe Dickinson.

Tercero, el programa de ciberseguridad de China expone a las empresas a sanciones por vulnerar las leyes estadounidenses de exportación de tecnología. Las empresas han asumido que la tecnología cubierta por las prohibiciones de exportación estadounidenses no se “exporta” si se mantiene en una red china protegida por el cifrado de extremo a extremo, es decir, que no esté a disposición de las autoridades chinas. Como a las empresas ya no se les permitirá encriptar los datos de extremo a extremo, es casi seguro que se considerará que vulneran las normas estadounidenses respecto a la tecnología almacenada en una red de China.

No todos los analistas están alarmados por las medidas chinas del 1 de diciembre. James Andrew Lewis, por ejemplo, sostiene que las nuevas normas de Pekín son un “esfuerzo legítimo” de proteger las redes en China. Además, argumenta que los chinos no necesitan el Esquema de Protección Multinivel 2.0 para obtener información, porque pueden robar toda la que quieran con sus grupos avanzados de hackers APT (amenaza persistente avanzada, por sus siglas en inglés). “Su intención no es utilizarla con fines maliciosos”, arguye Lewis, refiriéndose a los funcionarios chinos.

Se desconoce cómo Lewis, un experto en tecnología del Center for Strategic and International Studies, de Washington, puede saber cuál es la intención de los funcionarios chinos. Además, decir que esa intención es benigna parece ingenuo —ridículo, incluso—, cuando ese país está robando cientos de miles de millones de dólares de propiedad intelectual estadounidense cada año, y cuando el dirigente chino Xi Jinping prosigue sus decididos ataques contra las empresas extranjeras. En estas circunstancias, hemos de asumir que los funcionarios chinos están actuando con intenciones malignas.

Lewis también restan importancia a la cuestión básica de que los ciberespías de China, una vez que tengas las claves de cifrado y acceso a la red china de una firma extranjera, estarán en mejor posición para penetrar las redes de esa firma fuera de China. Por lo tanto, será sólo cuestión de tiempo que Pekín robe datos y saque a las empresas del mercado o las arruine hasta el punto de que entidades chinas puedan abalanzarse y comprarlas baratas. Muchos alegan que China robó datos a Nortel Networks, de Canadá, y que así la llevó a la bancarrota hace casi una década. La empresa quedó, según el Financial Post, “hackeada hasta dejarla hecha pedazos”.

Por último, Lewis, del CSIS, no reconoce que las normas de Pekín del 1 de diciembre legitiman en general la regulación de China y su función de custodio de la información, es decir, el robo de China.

El senador Josh Hawley es, con razón, más suspicaz respecto a las intenciones de Pekín. En noviembre, el republicano de Misuri presentó un proyecto de ley, la Ley de Protección de Datos y Seguridad Nacional de 2019, que prohíbe a las empresas estadounidenses almacenar los datos de usuario o las claves de cifrado en China. Por supuesto, las empresas tecnológicas que hacen negocios en ese país están en contra de este proyecto de ley.

Sin embargo, hay quienes, con un trazo de pluma, pueden implementar el proyecto de ley de Hawley. El presidente Donald John Trump puede usar sus amplios poderes al amparo de la Ley de los Poderes Económicos de la Emergencia Internacional de 1977 para prohibir a las empresas que acaten las perniciosas nuevas normas o almacenen sus datos en China.

La lógica de esa orden presidencial tan radical es que al pueblo estadounidense le interesa que China no se haga con el control de las empresas estadounidenses que operan allí, una probable consecuencia de la aplicación de las medidas del 1 de diciembre y el 1 de enero.

Esa orden de emergencia obligaría efectivamente a las empresas estadounidenses a salir de China, así que este paso sería drástico. Sin embargo, es China, con su captura de datos increíblemente ambiciosa, la que está forzando esa cuestión.

El pueblo estadounidense tiene un interés vital en la protección de los datos estadounidenses. Trump debería emitir dicha orden de inmediato.

(Gatestone Institute)


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