Podemos quiere disparar el precio de la luz a las familias con mayor consumo - ALERTA NACIONAL
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Podemos quiere disparar el precio de la luz a las familias con mayor consumo

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La posible formación de un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos ha vuelto a poner sobre la mesa las pretensiones de este partido de extrema izquierda en materia energética recogidas en su programa electoral.

Así, y con el supuesto objetivo de tener una factura de la luz «más barata y justa», el partido de Pablo Iglesias quiere establecer un nuevo sistema tarifario según el cual los primeros kilovatios (kWh) consumidos, «que son imprescindibles para llevar una vida digna», tendrán un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes «hasta penalizar el derroche». Este sistema, sin concretar aún, podría disparar las facturas de la electricidad de la mayoría de las familias.

Hay que recordar que actualmente existen distintas tarifas de la luz. El consumidor elige una y su precio se multiplica por el total de los kWh consumidos sin ningún baremo.

Lo que pretende Unidas Podemos es establecer una tarifa progresiva, por tramos, similar a la que ya existe en otros suministros. En la comunidad de Madrid, por ejemplo, el Canal de Isabel II establece tres precios del agua en función del consumo: hasta 25 m3, entre 25 y 50 m3 y más de 50 m3.

Este sistema, asumible en su teoría, es de difícil aplicación en la electricidad, ya que su consumo en las familias depende de distintos factores, como el número de miembros que residen en cada vivienda, los horarios –hay horas más baratas y otras más caras–, etc…

Peaje de potencia

Para intentar compensar el presumible incremento de la factura de la luz para la mayoría de las familias, este partido también quiere rebajar drásticamente el término de potencia, una parte fija del recibo «que pagamos aunque no consumamos nada». Su intención es reducirla a la mitad para que, como regla general, «no sea superior al 25% del total de la factura para consumos domésticos normales».

En estos momentos, el peaje de potencia es de 0,104229 euros el kilovatio día para una potencia contratada de 3,3 kW en una tarifa pvpc, la que tienen la mayoría de clientes domésticos. Esto quiere decir que cualquier consumidor tiene que pagar unos 12 euros –impuestos incluidos– por ese concepto al mes aunque no haya encendido la luz. Es lo que sucede, por ejemplo, con las segundas residencias.

Por otra parte, Unidas Podemos también recoge en su programa «la recuperación automática de la gestión pública» de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones para la explotación privada hayan caducado o lo hagan en el futuro. Sería la pretendida empresa pública de energía la que asumiría la explotación de esas centrales, propiedad la mayoría d elas grandes eléctricas, cuando vayan caducando sus concesiones.

Para conocer cómo podría gestionarse este asunto en el seno del futuro gobierno social-comunista, se puede recordar que hace unos meses, el Congreso debatió una propuesta en este sentido de Unidas Podemos. Su diputado Jorge Luis Bail dijo que, en caso de volver a subastar estas explotaciones, podrían establecerse beneficios como una bajada del precio de la luz en los municipios afectados. Alberto Herrero, del PP, cuestionó que «la solución no sea recuperar las concesiones», y apostó por volver a subastarlas. No obstante, se mostró a favor de «repartir los ingresos» que generen estas centrales.

El socialista Marc Lamuà afirmó que «es hora de que esos beneficios empiecen a revertir de forma clara y diáfana», y añadió que «una vez que revierta» la gestión, «debe primar el interés público frente a los intereses de las eléctricas» y que, así, «la riqueza generada revierta de manera justa y justificada» en municipios afectados.

Sin embargo, la portavoz de Energía del PNV, Idoia Sagastizábal, manifestó que, si bien la revisión de los aprovechamientos hidroeléctricos invitan a recuperar las concesiones, la experiencia de las sociedades públicas revelan que «a los ayuntamientos les resulta muy difícil gestionar», por lo que pidió debatir a fondo este asunto, al igual que la necesidad de inversiones o los posibles efectos que tendría el fin de ingresos fiscales que abonan las empresas que gestionan actualmente estas centrales.


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Economía

El sector químico español como fuerza estratégica

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España es, hoy por hoy, una gran potencia mundial en muchos aspectos, aunque intereses espúreos traten de hacérnoslo olvidar. La posición lograda a nivel europeo y mundial por muchas empresas nacidas en España es, muchas veces, escondida de forma vergonzante por ridículos sentimientos contra la actividad industrial, que parece hoy, más que nunca, vilipendiada y atacada desde todos los frentes, siendo el más peligroso sin duda el frente político actual.

Producción química española

Grandes empresas químicas situadas a lo largo y ancho de nuestra geografía muestran un perfecto exponente de la capacidad de superación y desarrollo de nuestra industria, a la par que exhiben su altísimo nivel de productividad en constante evolución y mejora.

Sector de importancia estratégica

No podemos consentir que las industrias que conforman el sostén económico del suelo empresarial de nuestra Patria acaben siendo desmanteladas o fagocitadas por grandes transnacionales que solo buscan su vaciamiento para cumplir con oscuros planes mundialistas de concentración industrial y destrucción de infraestructuras en países no considerados “adecuados” para generar tejido industrial.

Queremos fijar nuestra atención hoy en el sector químico español, el séptimo más productivo a nivel mundial, con una enorme experiencia desde hace muchos años y con empresas que llevan la bandera de la innovación y la mejora industrial como elementos básicos que explican su expansión.

Expansión internacional

No son pocas, además, las que han conseguido un lanzamiento internacional en base a su capacidad de respuesta y liderazgo, comenzando por Portugal y continuando por el resto de los países de la Unión Europea.

Dentro del gran abanico de empresas existentes en nuestro país que se dedican al sector químico, compitiendo con las anteriormente citadas multinacionales, podemos asegurar que la gran mayoría se sitúan en primera línea de competencia y productividad.

El sector químico español cubre un amplio espectro de producción e investigación dentro del gran abanico de subsectores, tanto a nivel productivo como de desarrollo. Hay presencia nacional en todos ellos: desde los disolventes hasta los derivados del petróleo y los plásticos, empresas nacionales compiten todos los días con las multinacionales del ramo que igualmente todas o casi todas sitúan importantes subsidiarias o plantas de producción en nuestro país.

Producción de amplio espectro

Cualquier producto químico que nuestra industria o la industria europea pueda necesitar, nuestras empresas están preparadas para servirlo en un máximo de 48 horas desde que se lanza el pedido. Con unos catálogos de productos que nada tienen que envidiar a las mayores potencias productoras del mundo, España está, hoy, en la vanguardia de la producción química de acetonas, esteres y toda una larguísima gama de productos químicos de alta tecnología y de alta demanda para cualquiera que sea el sector que los solicite: la capacidad de producción química de productos tan específicos y diferentes entre sí como el Acetato de metilo, el Acetato de propilo –muy usado en la industria del perfume- o la conocidísima Dimetil Cetona –la acetona de toda la vida- tan imprescindible en las tecnologías de los disolventes están presentes en las cadenas de producción.

Ecología, producción y eficiencia

Por último, no podemos dejar de nombrar el extraordinario esfuerzo que nuestra industria química ha realizado por adaptarse a los tiempos y poner en marcha planes de producción y protección ecológicas así como de protección laboral y cuidado del medio ambiente, siendo ingentes las cantidades de dinero invertidas por la industria en los últimos tiempos.

Por todo ello, es imprescindible recordar a los poderes públicos que una política estable de apoyo a la industria es imprescindible para mantener el buen ritmo del crecimiento y del empleo, así como la preeminencia de España en un terreno en el que la producción se puede considerar, a niveles estratégicos, como primordial.


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Ultras ecologistas vandalizan la tienda de Zara en la Gran Vía

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Los ultras durante la protesta - TWITTER
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Una treintena de ultras del movimiento internacional Extinción Rebelión han ocupado y vandalizado la tienda de Zara en la Gran Vía como señal de protesta por el impacto medioambiental de la industria de la moda. Los protestantes, procedentes de más de 20 países, se han pegado al lado de los carteles que anuncian el compromiso de la marca con la COP25 y han instalado carteles que denuncia que la industria de la moda rápida (‘fast fashion’), que apuesta por la proliferación de temporadas y prendas de corta vida útil, es el segundo sector de actividad más contaminante del planeta.

Los activistas enarbolaron una pancarta que rezaba «Palabras verdes, verdades tóxicas» para resaltar cómo las empresas están utilizando estrategias de ‘lavado verde’ ante la emergencia climática y ecológica.

Según Extinción Rebelión, actualmente la industria de la moda utiliza el 20% de los recursos del agua y emite un 10% de CO2 a nivel mundial. Los consumidores están tomando conciencia de esta realidad y piden cada vez más responsabilidades a los principales actores del sector.

En su intervención ante la última junta de accionistas, Pablo Isla, el presidente de la matriz de Zara, el grupo Inditex, adelantó a los accionistas diversos objetivos que la compañía se ha marcado entre los años 2019 y 2025, que persiguen conseguir un ciclo de sostenibilidad global, según informa EP.

Según resalta Credit Suisse en su último informe sobre Inditex, la compañía ha sido pionera en muchos aspectos de inversión sostenible (ESG), concretamente en la elaboración de informes y en el trabajo con una gran variedad de ONGs.


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Economía

Comienza la cuenta atrás: el dinero para gasto público de España se agotará en cinco días

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España no llega a final de mes. Según el estudio elaborado por el Institut Économique Molinari en colaboración con el Instituto de Estudios Económicos (IEE), los recursos para el gasto público se agotarán el próximo 9 de diciembre, que es el conocido como el ‘día de la deuda’. Es decir, que se agotan los ingresos para cubrir unos gastos que se habrán de abordar mediante la generación de deuda.

De hecho, dentro de la Unión Europea, España es el tercer país que antes tiene que afrontar esta situación, solo por detrás de Chipre y Rumanía, países que ya agotaron sus recursos. De esta manera, nuestras Administraciones Públicas se tienen que endeudar unos 22 días para poder abordar los gastos del año que restan y que no se han podido cubrir con recaudación corriente, una cifra que está muy por encima de la medida europea, que es de seis días, según datos de 2018. Se trata de una situación que agrava la deuda pública y el déficit del país, algo que preocupa, y mucho, a los responsables del IEE.

Asimismo, a falta de conocer si finalmente se formará un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, ya se empiezan a barruntar el impacto de sus planes económicos. De hecho, en el ‘think tank’ de la CEOE, han admitido su “preocupación” por una reforma fiscal que, con los detalles que se han dado a conocer, puede impactar negativamente sobre el PIB español.
Temor a las subidas

Y es que, según el estudio que ha presentado el IEE en la mañana de este miércoles, por cada punto que sube la presión fiscal el crecimiento económico se resiente un punto. El impacto negativo es mayor precisamente por los impuestos que quiere subir y armonizar el potencial Gobierno progresista: el impuesto sobre Sociedades y los tributos a Sucesiones, Donaciones y Patrimonio. En cambio, según ha explicado Gregorio Izquierdo, director general del IEE, los impuestos indirectos son los que menos impacto tienen.

De hecho, tanto Izquierdo como Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE, han considerado que las futuras medidas del marco económico deben pasar por una mayor eficiencia del gasto público y no por un incremento de los impuestos. En este sentido, su estudio alerta de que, a largo plazo, un incremento tributario tiene un efecto negativo algo inferior al 0,5% en el primer año y acumulado del 2% a los cuatro años. Este impacto es todavía mayor en el caso de la inversión privada.

Es a través de una mayor eficiencia del gasto público como plantean atacar la deuda. Y es que según el estudio del IEE, el que España tenga una deuda por encima del 90% del PIB (ahora mismo está en el 97,7) hace que pierda por los gastos y la desincentivación a la inversión que produce esta situación entre uno y dos puntos de crecimiento económico a largo plazo. “La deuda pública compromete al crecimiento”, ha insistido Izquierdo, quien ha alertado que se acaba el margen de la “estabilización fiscal. El velo de la política monetaria ha anestesiado a los estados”.

(El Economista)


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