El Pleno del Congreso ha respaldado este jueves la ley que reconoce el derecho de los ciudadanos a morir con dignidad y a respetar sus decisiones cuando se encuentran en este proceso del final de la vida, una norma que varios grupos esperan que sea un paso más hacia la regulación de la eutanasia.

La ley, que planteó Ciudadanos hace un año, ha sido aprobada con 316 votos a favor y 23 en contra, por lo que seguirá ahora su tramitación en el Senado.

La Cámara Baja ha debatido el dictamen de esta ley que fue aprobado la semana pasada en la Comisión de Sanidad, tras un año de trabajos de los grupos, que durante ese tiempo han incorporado algunas de sus propuestas.

PP, PSOE y Ciudadanos han estado de acuerdo en votar a favor de esta ley, al igual que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que también da garantías jurídicas a los profesionales sanitarios, aunque han mostrado sus discrepancias en cuanto a su régimen sancionador.

El portavoz socialista Jesús María Fernández ha defendido que sean las comunidades autónomas que ya cuentan con legislación sobre esta materia (diez en total) las que tengan las competencias, un aspecto sobre el que Ciudadanos y el PP han mostrado su rechazo.

Finalmente, el Pleno ha aprobado la propuesta del PSOE para que las sanciones queden en manos de las autonomías, a pesar de que los grupos nacionalistas han coincidido en que es una ley que invade sus competencias.

Por otra parte, Fernández ha hecho hincapié en que esta ley evita la obstinación terapéutica y respeta las decisiones en el proceso final de la vida para no alargar innecesariamente el sufrimiento.

En su intervención, ha aprovechado para pedir a Ciudadanos que deje de bloquear la tramitación de la ley socialista para regular la eutanasia.

La semana pasada, el diputado de la formación naranja Francisco Igea dijo que se replantearía votar a favor de la eutanasia si el PSOE insistía en rechazar el régimen sancionador estatal en la norma aprobada este jueves.

Igea, que ha argumentado que las sanciones comunes protegerían a los más débiles, ha asegurado que en España fallecen al año 50.000 personas sin cuidados paliativos, por lo que ha opinado que en España «se muere mal».

El portavoz de Sanidad de Cs ha apuntado que esta ley garantiza que nadie pueda ser engañado por un medico con falsas promesas y que, en cambio, se les pueda inducir al sueño para no sufrir.

También pretende que el enfermo pueda elegir si quiere morir en casa rodeado de los suyos, en la intimidad, y que ningún profesional sea perseguido por respetar estos derechos.

Pilar Cortés, del PP, ha manifestado su satisfacción por la aprobación de esta ley «especial», ya que afecta a todos por igual al margen de la ideología, familia o lugar de residencia.

Ha reconocido la labor de la ponencia durante los 14 meses de trabajo, aunque ha señalado que no está completa si no se incorpora el régimen sancionador o una enmienda de UPN -partido que ha votado en contra- para que en los cuidados paliativos también esté reconocido el derecho a la asistencia espiritual y religiosa.

La portavoz de Sanidad de Unidos Podemos, Amparo Botejara, ha estimado que en España se muere mal y ha esperado que esta ley sirva para corregir esta situación, si bien ha advertido de que tiene que estar dotada de financiación, porque de otro modo «no tendrá utilidad».

Los grupos nacionalistas como PNV y ERC han coincidido en que la norma invade competencias y es innecesaria porque ya hay comunidades que cuentan con legislación propia y esta nueva puede complicar el trabajo «donde se hacen bien las cosas».

Por su parte, Compromís ha estimado que con esta ley una persona es un «poquito más libre» para decidir sobre sus cuidados paliativos y que es un paso para despenalizar la eutanasia.