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Tribunales

Procesan al ex secretario general de UGT-A Fernández Sevilla por las facturas falsas cuyo fraude supera los 40 millones

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Los dos ex secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, a la izquierda y Francisco Fernández, a la derecha
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El juez de Instrucción número nueve de Sevilla ha dictado un auto en el que procesa al ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas en el caso conocido como «facturas falsas» por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, una resolución en la que concluye que «el cómputo global de las cantidades defraudadas» en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical en los que se ha contado con la información documental necesaria «asciende a 40.750.047,74 euros».

En un auto fechado el día 3 de diciembre y facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el magistrado da traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de 20 días, dado el volumen de las actuaciones, soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

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En concreto, los investigados son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda; la secretaria de Gestión Económica; la responsable del departamento de Compras de UGT-A; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Asimismo, el juez acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto de ocho personas, entre ellas el que fuera líder sindical andaluz Manuel Pastrana. En concreto, archiva la causa respecto a siete de ellas al entender que, «valorando en su conjunto los indicios aportados en la instrucción practicada, no puede deducirse la existencia de acreditación suficiente de comisión de delito que permita al respecto el dictado de la resolución» que prevé el artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el caso de Pastrana, acuerda el sobreseimiento por su «situación de incapacidad sobrevenida», tal y como puso de manifiesto el informe médico forense emitido el pasado 17 de mayo.

El instructor relata que, en el periodo comprendido entre 2009 y 2013, «se ha constatado la existencia de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias», añadiendo que «la utilización de estos instrumentos suponía la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos del destino que dichos fondos deberían haber tenido», como es «la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado, conforme a los expedientes de subvenciones públicas que eran otorgadas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía».

Según asevera el juez, «en la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato».

Métodos para el fraude

Seguidamente, el magistrado analiza «las técnicas utilizadas para este objetivo ilícito», como son el mecanismo llamado ‘rappel’, «por el que el sindicato se beneficiaría de los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, sin que dichos descuentos se declararan a la Administración que otorgaba la correspondiente subvención completa», o el mecanismo denominado ‘bote’, sistema por el que UGT-A «se financiaría con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas que no corresponderían a servicio prestado alguno pero que eran imputadas a programas subvencionados».

Como tercera «vía de financiación fraudulenta», el juez señala que el sindicato «habría efectuado la cesión en usufructo de locales de su propiedad» a la sociedad mercantil Soralpe -de la que UGT-A era socio único- «mediante contratos elevados a público entre dichas empresas». Así, se trataba de un «mecanismo fraudulento orientado a la obtención de fondos con cargo a subvenciones mediante la organización de un sistema de alquileres por aulas empleadas para la formación, que no generaban realmente un gasto».

En este punto, explica que, «tras la concesión de la subvención para acciones formativas, UGT-A las materializaba a través de su entidad vinculada IFES», agregando que, «en tanto que, según normativa autonómica, entre los gastos que pueden subvencionarse se incluyen los gastos de alquiler de las aulas utilizadas en el desarrollo de la acción formativa, si los locales en los que IFES desarrollara las acciones formativas fueran propiedad de UGT-A, su utilización en realidad no generaría más gasto subvencionable que los gastos de mantenimiento», pero, en este caso, «tras la cesión en usufructo de los locales de UGT-A a Soralpe, esta última procedía a alquilarlos a IFES, para de este modo generar de forma artificial un gasto subvencionable».

El magistrado considera que, «en el desarrollo de esta mecánica defraudatoria dentro de UGT-A, era de especial relevancia la labor» del investigado Federico Fresneda, ex secretario general de Administración, «que servía de apoyo a las relaciones del sindicato con los proveedores que colaboraban en la citada mecánica», una labor en la que además «contaba con el apoyo directo» del exvicesecretario de Organización y ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla; de la secretaria de Gestión Económica y de la responsable del Departamento de Compras.

Más de 40 millones defraudados

Al hilo de ello, el instructor precisa que, «para la ejecución de dicha labor defraudatoria, además de la colaboración» de Soralpe y en concreto de su consejero delegado, «prestaron auxilio de forma directa y decisiva para la culminación del fraude urdido por los dirigentes» del sindicato un total de diez personas investigadas y que actuaron como proveedores, quienes «se prestaron a dicha actuación fraudulenta por medio de la falsificación oportuna de la documentación mercantil utilizada para la justificación a presentar en los diferentes expedientes de subvención».

A continuación, el magistrado enumera los expedientes de subvenciones analizados en este procedimiento, precisando que, «para la cuantificación de los importes defraudados en cada expediente», se parte de las conclusiones del informe pericial emitido por un interventor y las aclaraciones realizadas en sede judicial, la documentación obrante en autos procedente de las diligencias de entrada y registro practicadas y remitida por las administraciones, y el informe emitido a instancias de la defensa del investigado Francisco Fernández Sevilla.

«El cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros», pone de manifiesto el juez en el auto notificado este miércoles a las partes personadas en el procedimiento y contra el que cabe recurso.


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España

El Gobierno aprueba el proyecto revanchista de Memoria Democrática que prevé multas de hasta 100.000 euros por hablar bien de Franco

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Querer tipificar como delito las opiniones favorables al franquismo ha puesto de manifiesto la naturaleza profundamente revanchista y guerracivilista del Gobierno de Pedro Sánchez. Creer que un español decente, intimidado por una disposición sectaria, olvidará lo que vivió, o lo que le relataron familiares que fueron testigos vivientes de la España de Franco, con sus recuerdos felices y palpitantes, para empezar a opinar lo que quiere la izquierda, es una de las mayores atrocidades pretendidas hasta la fecha por el equipo de plagiarios, psicópatas, oportunistas, embaucadores, modistillas y nulidades intelectuales que conforman el Ejecutivo. Deberían someterse a una revisión psiquiátrica a fondo que atenúe el alcance delictivo de sus disposiciones el día que Donald Trump decida encerrarlos en Guantánamo.

Pero no estaríamos donde estamos de no ser por la cobardía y los múltiples complejos ideológicos de la derecha mandilera en su conjunto. ¿Por qué no agita la derecha milonguera las contradicciones de la izquierda al criminalizar las opiniones favorables a la España franquista y no la celebración de referéndums ilegales, como prometió Pedro Sánchez en campaña? ¿Por qué ni un solo dirigente del PP ni de Vox han exigido, en justa reciprocidad, la pohibición de símbolos comunistas en los espacios públicos, tal y como aprobó el Parlamento Europeo?

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Franco inaugurando un pantano

El problema, por consiguiente, no es que se quiera hacer de la exaltación de Franco un delito. El problema es cómo calla toda la derecha, baboseante, acobardada, acomplejada, servil, lobotomizada, idiotizada, negligente y ridícula. ¡Esto es un combate cultural, imbéciles! No se trata solo de defender a Franco, sino de evitar que nos terminen imponiendo la exaltación de los golpistas en Asturias, de los que asesinaron a destajo en las checas y colgaban pancartas en favor de Stalin. ¡Ya basta de callar! ¡Nuestro silencio es su victoria!

Manifestación de apoyo a Franco, en Madrid, el 1 de octubre de 1975.

El primer mandamiento de esta nueva doctrina ya lo conocemos: consiste en ser cobarde y no atreverse a llamar a las cosas por su nombre. Cuando se pregunta a Pablo Casado y a Santiago Abascal su opinión sobre Franco, no se atreven a decir que se trató de un estadista que proporcionó a España sus mejores años de prosperidad económica y paz social; un país con pertrechos morales lo suficientemente fuertes para resistir las embestidas del marxismo social agitado por las logias europeas. Simplemente se limitan a exponer criterios de mera oportunidad, tales como: “yo no perdería el tiempo hablando el pasado porque tenemos problemas más importantes de los que ocuparnos” o “a los españoles no nos importa nada Franco, que murió hace muchos años”. Y si llegase la oportunidad de obstaculizar la decisión del Gobierno preferirían presentar una oposición de perfil bajo y dejarle hacer lo que quisiera antes de que la acusación de “fascistas” fuese propalada sin descanso por los medios de comunicación que la izquierda domina, que son casi todos.

5 de octubre de 1955. Franco inaugura la fabrica de Seat en Martorell

Pero es que además, en este caso concreto, cualquier jurista modesto sabe que la prescripción como delito de la defensa de la España de Franco, constituiría una degradación de la democracia en toda regla, ya que consagraría el derecho de un Gobierno a disponer de las opiniones de sus enemigos políticos en base a un título legitimador que solo puede llamarse “odio ideológico”, sentando un gravísimo precedente.

Hoy le toca el turno a los que hablamos bien de Franco, pero mañana le puede tocar a cualquier político, militar o rey cuyas vidas y obras no sean del gusto del gobernante izquierdista de turno. Solo es cuestión de esperar para ver cómo crece esa semilla de rencor que Zapatero introdujo en la mente de muchos españoles y que Sánchez riega para que produzca frutos abundantes.

Las Universidades Laborales creadas por Franco permitieron a miles de hijos de trabajadores acceder gratuitamente a la Universidad

Desgraciadamente, la historia se volverá a repetir. Veremos algún día a estos resentidos que vieron frustrados sus deseos de eliminar de España todo rastro de religión católica durante la guerra dinamitar la Cruz del Valle de los Caídos para convertir ese lugar sagrado en un museo que exalte las miserias de aquella República comunista; y los veremos fusilar otra vez al Cristo del Cerro de los Ángeles, y también desenterrar a los reyes del Panteón del Monasterio de El Escorial para arrojarlos al contenedor amarillo.

Han levantado la veda y otra vez el odio entre españoles volverá a escribir las páginas de nuestra historia. Porque la izquierda no aprende nunca de su propia vergüenza y tropieza una y otra vez en la misma piedra.

Hay suertes adversas en la Historia en las que a un pueblo le toca el papel doloroso de la capitulación. Cuando ello sucede, la dignidad exige aceptar el lance con hombría y con enojo contenido. Lo que no cabe es lo que podríamos llamar «trunfalismo liquidador», el júbilo alborozado de perder en la jugada, la frívola torpeza de considerar como una victoria lo que está siendo una batalla tras otra perdidas.

Multas de hasta 100.000 euros e ilegalización de la Fundación Francisco Franco

El Consejo de Ministros de este martes aprobará el proyecto de ley de Memoria Democrática que incluirá multas de hasta 100.000 euros para quienes vulneren la norma. Un régimen sancionador que no tiene la ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, y que dejaba sin capacidad coercitiva a la administración para castigar a los infractores.

El texto del proyecto, supervisado por la vicepresidenta Carmen Calvo, cierra, a juicio del Gobierno, el círculo abierto por José Luis Rodríguez Zapatero hace 13 años. Entre las novedades que aporta la ley está la prohibición de crear fundaciones e ilegalizar las ya existentes que defienden el rñegimen franquista. Pedro Sánchez citó el pasado miércoles a la Fundación Francisco Franco.

También se declararán «nulos todos aquellos juicios y sentencias» de tribunales franquistas en la posguerra civil. Entre ellos, el del presidente de la Generalitat Lluis Companys, pero no habrá disculpas del Gobierno ni de la Jefatura del Estado, como reclamó Quim Torra. «Eso son alharacas», dijo la vicepresidenta primera.

El proyecto de ley impulsa asimismo la creación de un censo nacional de víctimas para reunir la información sobre todos los fusilados, represaliados y exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura.

La protección de los archivos que permitan recuperar la memoria, el impulso a la investigación de episodios históricos represivos, e incluso el retorno de fondos documentales a España del exilio también se incorporan a esta Ley de Memoria Democrática.

El Valle de los Caídos

La resignificación del Valle de los Caídos, una vez trasladados los restos de Francisco Franco, es otra de las cuestiones que aborda la norma. En el Valle de los Caídos están almacenados los restos de 33.000 combatientes franquistas y republicanos, cuya exhumación presenta muchos problemas por el deterioro de la mayoría.

Las subvenciones a las entidades privadas que trabajan en la recuperación de víctimas también tendrán su capítulo después de años de un gasto «cero» durante los Gobierno de Mariano Rajoy.

Como preludio, el Boletín Oficial del Estado publico ayer la convocatoria de las ayudas económicas para la recuperación de restos de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. El presupuesto es de 750.000 euros. El 60% de esa partida, 450.000 euros, se destinará a la investigación, localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas en fosas.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica no comparte la política de subvencionar estos trabajos y considera que debe ser la administración la que sufrague los gastos, y no las entidades privadas, aunque reciban ayudas económicas públicas.

Las medidas, una a una

-La prohibición de exaltar el régimen franquista y la figura de Franco.

-Régimen sancionador con multas de hasta 100.000 euros para las personas y administraciones que vulneren la norma.

-Disolución de la Fundación Francisco Franco.

-Anulación de las condecoraciones y medallas a figuras destacadas del franquismo por sus tareas represivas.

-Declaración de nulidad de los juicios y las sentencias de los tribunales franquistas en la posguerra civil.

-Resignificación del Valle de los Caídos para que deje de ser un monumento de exaltación a los vencedores de la Guerra Civil y se convierta en un centro de la memoria o un mausoleo de homenaje a todas las víctimas de la contienda

-Creación de un protocolo de exhumación para los restos de las más de 33.000 víctimas enterradas en el Valle de los Caídos.

-Dotación económica para subvencionar los trabajos de las entidades privadas para la exhumación de los cadáveres innominados en las fosas.

-Creación de un censo nacional de víctimas para reunir la información sobre todos los fusilados, represaliados y exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura.

-Creación de un banco nacional de ADN al que los familiares de víctimas del franquismo podrán aportar muestras para facilitar la identificación de restos.


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España

Palo a nacionalistas y ‘podemitas’: El Constitucional toma medidas ante los cargos que juraron lealtad al 1-O o la «república vasca»

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Constitucional
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El Tribunal Constitucional examinará que diputados y senadores de formaciones nacionalistas y de Podemos asuman el cargo prometiendo lealtad al referéndum ilegal del 1-O, a la “república vasca” o a «la democracia y los derechos sociales”.

Mil21.- Según informó este miércoles el Constitucional, su Pleno ha acordado por mayoría de 8 votos a favor admitir a trámite los recursos que PP y Ciudadanos presentaron contra la forma en la que una serie de parlamentarios de las Cortes asumieron el cargo tras las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

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En concreto, se examinarán los acuerdos de la presidenta del Congreso en la sesión constitutiva del 21 de mayo de 2019 y lo decidido por la Mesa de esta institución el 23 de mayo y el 20 de junio del pasado año. Se hará lo mismo con el acuerdo del presidente del Senado en la sesión constitutiva de 21 de mayo del pasado ejercicio y lo establecido por la Mesa de esta cámara el 29 de mayo y 11 de junio.

Según el Constitucional, se estudiarán las decisiones que “dieron como válidos los juramentos emitidos por determinados diputados y senadores que han sido cuestionados por los recurrentes”.

“CONSECUENCIAS POLÍTICAS”

El Tribunal aprecia que en los recursos de PP y Ciudadanos concurre “una especial trascendencia constitucional, porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y pudiera tener unas consecuencias políticas generales, lo que implicará la necesidad de aclarar la doctrina” de la institución.

De esta forma, el Constitucional evaluará si es válido, por ejemplo, que los siete diputados de JxCat salidos de las generales del 28 de abril de 2019 asumieran su cargo con la siguiente fórmula: «Prometo por imperativo legal con lealtad al mandato democrático del 1 de octubre y al pueblo de Cataluña».

Asimismo, el líder de ERC, Oriol Junqueras, usó en esta misma sesión la fórmula “desde el compromiso republicano, como preso político y por imperativo legal, sí prometo». En el Senado, el parlamentario de Bildu Gorka Elejabarrieta asumió el acta usando la frase “por imperativo legal y hasta alcanzar la república vasca, prometo”.

Por su parte, diputados de Unidas Podemos hicieron referencia en la constitución del Congreso de mayo de 2019 a que se convertían en parlamentarios “por la democracia y los derechos sociales”.


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España

España, un país sin ley ni orden: Solo en los primeros seis meses de 2020 se ocuparon de forma ilegal más de 10.000 viviendas

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La ocupación ilegal ha tomado cariz de epidemia en España. La difícil coyuntura económica que amenaza a miles de familias con dejarles cerca de la exclusión social no puede ser la coartada del populismo para seguir jaleando la okupación travistiéndola de conquista social, porque nada hay de eso en arrebatar a otro lo que legítimamente es suyo. El problema se agrava cuando desde tantos ámbitos de la izquierda afín al Gobierno, en lugar de plantear soluciones a un problema que preocupa a la mayoría de españoles, se dedican a justificar los asaltos a la propiedad privada basándose en prejuicios tramposos.

La oposición ha reclamado con insistencia endurecer la legislación y aplicar más acción y menos verborrea, proponiendo un marco legal que permita a los propietarios recuperar sus casas en el menor tiempo posible. Pero, de nuevo, lo que encuentran enfrente es la inacción de un Ejecutivo que tiene en una mano la pancarta y en otra la idea de una «conquista social» tan perniciosa como contraproducente. Y esa falta de medidas puede tener consecuencias imprevisibles: en determinados barrios de España, donde la okupación se ha convertido en norma, muchos vecinos pueden decidir tomarse la justicia por su mano ante la ceguera dogmática de las instituciones.

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Algunos de esos casos los denunciamos hoy en estas páginas y van desde pueblos convertidos en rehenes de los okupas hasta alcaldes que han tenido que llevar escolta para evitar males mayores ante las continuas amenazas de los usurpadores violentos. Más allá de la intimidación y degradación a la que someten los okupas al resto de la comunidad, el drama de que no se respete un derecho tan fundamental como la propiedad privada -el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos lo recoge- deja tras de sí un reguero de familias arruinadas por tener que gastar altas sumas en recuperar algo que ya era de su propiedad.

Por mucho que los falsarios mantras progresistas traten de justificar estos actos por causa de pobreza social o dificultad de acceso a la vivienda -hechos reales que hay que atajar, pero jamás deben vincularse a la ocupación ilegal- la realidad es que detrás de los ataques contra la propiedad se esconden mafias que operan únicamente en su beneficio. Solo en Madrid, según datos oficiales de hace un par de ejercicios, el 75% de las okupaciones eran cometidas por grupos organizados.

Delincuentes que se aprovechan de la complicidad buenista y pueril de los gobiernos presuntamente progresistas para hacer del drama de la gente en riesgo de exclusión un negocio.

¿Cataluña, la zona de España con más ocupaciones ilegales?

En los últimos meses se ha incrementado el número de casos en cuanto a las ocupaciones ilegales, también en el último año y, sobre todo, en algunas ciudades españolas, que encabezan el ránking de los lugares donde se llevan a cabo más okupaciones. Más de 10.000 hasta el mes de julio.

Con diferencia, Cataluña es la zona de España donde más ocupaciones ilegales se producen, siendo Barcelona la ciudad que encabeza el ránking, según muestran los datos del Ministerio del Interior, recogidos por el portal inmobiliario Idealista.

Así, en los primeros seis meses del año 2020, se ocuparon de forma ilegal un total de 3.611 viviendas en Cataluña, 421 más que en todo el 2019. A esta comunidad le sigue Andalucía, donde se produjeron en los primeros seis meses del año un total de 1.183 okupaciones.

En la Comunidad de Madrid el número de ocupaciones ilegales en ese mismo periodo de tiempo es de 657, una cifra muy inferior a de Cataluña. Después, le sigue Valencia con 566 y Castilla La Mancha, donde se produjeron 296 okupaciones.

Así, Cataluña se sitúa como el lugar donde más ocupaciones se han producido, una gran parte de ellas en una ciudad concreta, Barcelona, donde han tenido lugar 2.644 usurpaciones ilegales.

Estos datos podrían ser mayores, ya que en ellos no se contemplan las okupaciones que no han sido denunciadas. Así, se han podido producir aún más usurpaciones ilegales y que los propietarios hayan optado por no denunciar y acudir a vías más rápidas, como contratar los servicios de empresas privadas de desokupaciones.


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Sucesos

Podemos, cada vez más cerca de acabar siendo una «asociación de malhechores»: El Tribunal de Cuentas mete en apuros al -todavía- partido político

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El Tribunal de Cuentas ve «indicios sugerentes de responsabilidad penal» en la contabilidad de la campaña electoral de Unidas Podemos para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Las irregularidades tendrían que ver con la facturación de Neurona Comunidad S.L.

La «necesaria y ulterior investigación para determinar si tales irregularidades tienen relevancia penal corresponde a la Fiscalía competente, por razón de la materia y del territorio», ha informado la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en un comunicado.

Así como adelantó la Cadena Ser, el fiscal Miguel Ángel Torres apunta a dos tipos de delitos: fraude electoral y falsedad en documento mercantil. Así lo dispone en un informe interno que ha remitido a la Sección de Judicialización del órgano contable, en los servicios facturados a Neurona al «no estar suficientemente acreditada su elaboración por parte del proveedor».

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Sin embargo, este tribunal carece de competencia para el conocimento de tales infracciones penales, por lo que el fiscal interesa la expedición del denominado «testimonio de particulares», por lo que debe remitir el asunto a un fiscal de la justicia ordinaria para que determine si el asunto debe ser llevado o no a los tribunales.

Según la información dada por la citada emisora, un total de 290.000 euros facturados a Neurona analizados durante la fiscalización de los comicios del 28-A «no tienen consideración de gasto electoral» y por ello no han sido admitidos como «susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales», apuntando a un posible contrato simulado.

Unidas Podemos aportó en sus alegaciones a este órgano vídeos y diseños publicitarios, si bien no había quedado «»suficientemente acreditada su efectiva elaboracion por parte del proveedor».

«Ante dicha solicitud, la formación envió un contrato de prestación de servicios por importe de 363.000 euros, firmado electrónicamente por las partes contratantes el 6 de mayo de 2019, habiendo sido emitida la factura correspondiente a dicho contrato el 5 de abril de 2019; en el contrato se recogen los mismos conceptos que se hacen constar en la factura presentada, sin valoración económica individualizada de lo contratado».

Tal y como recuerda Europa Press, de la información disponible resulta que la empresa proveedora fue objeto de inscripción constitutiva en el registro mercantil el 19 de marzo de 2019, «no coincidiendo su objeto social con la presentaciones contratadas», según el Tribunal de Cuentas.


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