El Gobierno y los centros de poder entraron en pánico ante la posibilidad de que Jordi Pujol hiciera uso de los dossiers que guarda si los miembros del Clan Pujol pisaban la cárcel. El ex president de la Generalitat dispuso de un servicio de inteligencia conocido como los “Pata Negra” formado por ex agentes del entonces CESID que elaboraron informes durante años sobre las redes de corrupción, escándalos y sus ramificaciones en todo el Estado español. La filtración de los dossiers haría tambalearse la democracia.

El ex molt honorable, Jordi Pujol, ya hizo un amago durante su comparecencia en el Parlament catalán, el 25 de septiembre de 2014, cuando al ser interpelado sobre el origen de su fortuna que atribuía a la herencia de su padre, y ante las dudas de algunos diputados, manifestó que si ponía en marcha el ventilador se iba a armar gorda.

Lo que pocos conocen es que tras el escándalo de Banca Catalana, Pujol lo tuvo claro. Logró que los miembros del tribunal que le juzgaba fueran convenientemente tocados. Sorprendentemente salió absuelto.

El Gobierno de Felipe González había ordenado a los fiscales que dejaran en paz al molt honorable.

Piqué Vidal hizo una lista de los 41 magistrados de la Audiencia de Barcelona que tenían que decidir si procesaban o no a Pujol y visitó uno a uno a los que calculaba que estaban más dispuestos a dejarse convencer. Y a cada uno de ellos les hizo una oferta que no pudieron rechazar.

No una oferta genérica sino perfectamente personalizada: ayudas al hijo yonqui, el puesto de trabajo de la esposa con problemas, cantidades económicas para las situaciones desesperadas, etcétera. Todo ello, naturalmente, con cargo al erario público. Un día antes de la votación, en 1986, Piqué Vidal estuvo en condiciones de anunciarle a Pujol: ‘Presidente, ganaréis por 33 a 8’, que fue exactamente el resultado de la votación del día siguiente.

Se investigó las debilidades de los magistrados

Por supuesto que para llegar a cambiar la voluntad de 33 jueces hubo una minuciosa labor de inteligencia que investigó las debilidades de cada uno de los magistrados.

A partir de esa experiencia y para extender el control a jueces, fiscales, políticos, empresarios y otras personalidades, desde la Generalidad Pujol montó un servicio secreto de agentes conocidos como los “Pata Negra”.

Algunos de ellos eran agentes de la “antena” (oficina) del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) en Barcelona, que en su momento fueron utilizados por el ministro de Defensa Eduardo Serra para investigar las andanzas de Javier de la Rosa, entre otras misiones impropias.

Parte de los agentes pasaron al servicio de Pujol cuando se desmontó la “antena” del CESID en Cataluña, una de las exigencias de CiU para apoyar la investidura de José María Aznar en 1996 tras ganarle las elecciones a Felipe González, pero sin mayoría absoluta.

En estos días la sociedad española comprueba como el escándalo Pujol es tratado con algodones por jueces, fiscales y el propio Gobierno que no se atreve a que el ex-molt honorable pase la pena del telediario.

Orden de no detener al Clan Pujol

En el despliegue policial de noviembre de 2015 los doscientos agentes que intervinieron en los registros de las viviendas y oficinas del Clan Pujol en Barcelona debían tener sumo cuidado. Habían recibido órdenes taxativas de no realizar ninguna detención, fueran cuales fueran los resultados de los registros.

Incluso cuando acudieron al domicilio del matrimonio Pujol-Ferrusola donde se encontraba convaleciente de una operación quirúrgica en el hombro el hijo mayor, las indicaciones eran muy precisas: sólo debían acceder a la habitación de Jordi junior. No podían buscar pruebas en otras dependencias de la vivienda.

La explicación es sencilla: el Gobierno tiene miedo de enfadar a Jordi Pujol y que empiece a tirar de los dossiers elaborados por los “Pata Negra” y salgan a relucir decenas y decenas de escándalos.

Los dossiers tratan de redes de corrupción y escándalos con ramificaciones en todo el estado Español que harían tambalearse la democracia

Parece que las visitas de Artur Mas a don Jordi guardan relación con la estrategia sobre dichos dossiers que, aseguran fuentes conocedoras de los mismos, recogen pormenorizadas informaciones sobre las redes de corrupción, escándalos y sus ramificaciones en todo el Estado español. Dossiers que, de hacerse públicos, harían tambalearse la democracia.

La información es poder

Se confirma, una vez más, que la información es poder. Si Pujol es tan poderoso, intocable por los medios escritos y respetada por la clase política, se debe a la información que el servicio secreto, que todo lo escucha y todo lo ve, le ha proporcionado en estos cuatro años que lleva como jefa de los espías.

Ni el propio presidente Rajoy se atreve a ningunearla, sabedor de que en cualquier momento pueden indicar a sus fieles de la prensa que empiecen a filtrar capítulos del famoso Informe Pelícano.

Pujol lleva más de treinta años acumulando informes, muchos de infarto y sorprendentes. De ahí el pánico del poder a que se mosquee y ponga en marcha el ventilador para salvar al clan de la cárcel.

Jordi Pujol defraudó 885.000 euros a Hacienda en el año 2000, pero el delito ya ha prescrito

La Agencia Tributaria ha remitido a la Audiencia Nacional un informe en el que afirma que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol defraudó a Hacienda 885.651,45 euros en el año 2000, un ejercicio fiscal ya prescrito.

Así consta en uno de los informes enviados por Hacienda al Juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga el origen de la fortuna de los Pujol.

Dicho documento, elaborado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) a partir de informes de la UDEF y de información aportada por las autoridades mexicanas, señala que el mandatario catalán era el verdadero propietario de una cuenta en la Banca Reig andorrana que estaba a nombre de su hijo Jordi Pujol Ferrusola.

En la cuenta, abierta en 2000 y cerrada en 2010, se hizo un único movimiento de ingreso en metálico de 307 millones de pesetas, es decir, 1.850.000 euros.

En esa misma entidad bancaria obraba un documento firmado por Jordi Pujol hijo en el que manifestaba que el propietario era su padre y que en caso de fallecimiento de este, pasaría a ser de Marta Ferrusola, esposa del expresidente catalán.

Hacienda reconoce que se trata de un ejercicio fiscal prescrito, pero adjunta una propuesta de regularización que cifra en 885.651,45 euros la cantidad que debió abonar Jordi Pujol Ferrusola a las arcas públicas.