La actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, no continuará al frente del departamento, según han confirmado a EFE fuentes del Ejecutivo.

Delgado no se suma así a la lista de otros ministros confirmados este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, José Luis Ábalos, Reyes Maroto o Luis Planas.

Dolores Delgado dejó una prestigiosa carrera fiscal en la Audiencia Nacional para hacerse cargo de la cartera de Justicia en una aventura política que queda marcada por la sombra del excomisario Villarejo, el «procés» y el fiasco en la renovación del Poder Judicial que llegó a acariciar con los dedos.

Delgado ha pasado 19 meses en el Gobierno de Pedro Sánchez, al que llegó como uno de los flamantes fichajes independientes y del que sale con el estigma de aquella comida compartida en 2009 con el excomisario José Villarejo de la que se publicaron algunos audios cuando llevaba pocos meses en el cargo.

«Cualquiera que haya sido tocado por Villarejo está manchado» y «cuando más lejos esté lo que ha tocado Villarejo de la vida política, mejor», manifestó tras conocerse en septiembre de 2018 la grabación de aquella comida el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ahora vicepresidente del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Delgado resistió -Sánchez ya había dejado caer a Màxim Huerta y Carmen Montón- y continuó al frente del Ministerio, pero sin poder sacar adelante sus proyectos más ambiciosos.

En los cajones quedaron la reforma integral de la Ley de Memoria Histórica, que se redujo simbólicamente a la exhumación de Franco; la recuperación de la justicia universal y el cambio de tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal.

Delgado (Madrid, 1962) dio el salto a la política de la mano de Sánchez tras 25 años de reputada carrera de fiscal, especializada primero en narcotráfico y más tarde en terrorismo yihadista.

Su llegada fue bien recibida por jueces y fiscales, colectivos que acababan de hacer una huelga al último ministro del PP, Rafael Catalá, en la que ella misma había participado.

Pero pronto vio la imposibilidad de atender todas las demandas de sus antiguos compañeros, que volvieron a convocar un paro en su etapa.

Reivindicaciones profesionales y legislativas, como la supresión del polémico artículo 324 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el que limita los tiempos para investigar causas penales, quedan pendientes para la legislatura que ahora arranca. También acabó enfrentada con los abogados por el pago del turno de oficio.

Tampoco atendió la petición de los jueces de cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), convencido el PSOE -y también Podemos-, de que debe ser el Parlamento quien los nombre, ya que es ahí donde reside la soberanía popular.

Aunque los socialistas lograron fraguar con el PP un pacto para renovar ese órgano, que pasaba por nombrar presidente del Supremo y del CGPJ a Manuel Marchena, el acuerdo saltó por los aires en el último instante por un wasap del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que hablaba de controlar la Sala de lo Penal del Supremo por «detrás».

Ahora, esa renovación (para la que se antoja imprescindible el acuerdo de socialistas y populares porque necesita el sí de tres quintas partes de la Cámara) parece imposible, toda vez que el PP defiende ahora que deben ser los jueces quienes elijan directamente a quienes dirijan el Poder Judicial.

Pero la etapa de Delgado en el ministerio no se entiende sin el episodio Villarejo. Primero fue la publicación de una anotación del excomisario sobre una supuesta reunión con ella, entonces fiscal, para tratar una extradición. Y cuando la Fiscalía desmintió su participación en ese caso, se filtró la grabación de la comida.

Un almuerzo de 2009 al que asistió con su amigo Baltasar Garzón, entonces juez de la Audiencia Nacional, y varios comisarios y que de inmediato la situó en el ojo del huracán.

Delgado se declaró víctima de una conspiración y el contenido de la grabación no ha tenido recorrido judicial, pero sí hizo correr ríos de tinta, desveló comentarios ofensivos contra compañeros de la Audiencia («maricón», en el caso de Fernando Grande-Marlaska) y centró en ella durante meses los ataques de la oposición.

De hecho, Delgado fue reprobada dos veces en el Congreso y una en el Senado, todas ellas a iniciativa del PP, que, mientras negociaba con ella la renovación del CGPJ, la convertía en la diana de sus críticas.

Sobre todo por el «procés». Primero al acusarla de no defender correctamente al juez Pablo Llarena ante la demanda que los independentistas presentaron contra él en Bélgica y luego por la posición de la Abogacía del Estado ante el juicio, que optó por acusar a los procesados de sedición y no de rebelión, como defendió la Fiscalía.

La sentencia del Supremo finalmente dio la razón a la Abogacía del Estado, pero la institución vivió momentos turbulentos y fue cesado el responsable del área penal, Edmundo Bal, que defendía el cargo de rebelión y que fue elegido poco después diputado de Ciudadanos.

A pesar de críticas y polémicas, Sánchez mantuvo su confianza en ella y la situó en el quinto puesto en las listas del PSOE por Madrid tanto en las elecciones de abril como en las del pasado 10 de noviembre. Ahora, queda fuera del Gobierno de coalición.