Sentencia ERE: Los expresidentes socialistas andaluces Griñán y Chaves, condenados a 6 años de cárcel y a 9 de inhabilitación - ALERTA NACIONAL
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Sentencia ERE: Los expresidentes socialistas andaluces Griñán y Chaves, condenados a 6 años de cárcel y a 9 de inhabilitación

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La Audiencia de Sevilla ha condenado al expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán a 6 años de cárcel por un delito de malversación y a 15 años de inhabilitación por otro de prevaricación por el ‘caso de los ERE, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación.

El juicio contra 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía comenzó el 13 de diciembre de 2017 y quedó visto para sentencia un año y cuatro días después, tras 152 sesiones en las que el tribunal oyó a los 21 acusados y a más de 120 testigos.

La sentencia de la ‘pieza política’ -la primera de las 146 en curso dentro de la macrocausa- se ha dado a conocer un año después de que terminara el juicio , en el que ejercieron de acusación popular el PP y Manos Limpias. Podrá ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, primero, y luego ante el Tribunal Supremo.

El ‘caso de los ERE’ fue dividido en tres partes hace cuatro años: la llamada “pieza política”, a la que alude la sentencia de este martes; la pieza sobre las sobrecomisiones cobradas presuntamente por los mediadores de los expedientes de regulación de empleo; y un tercer bloque con más de un centenar de piezas por cada una de las ayudas sociolaborales concedidas a las empresas.

CRONOLOGÍA DEL CASO DE LOS ERE

Imagen de archivo del interrogatorio de los abogados de la defensa en el juicio de la pieza política del caso ERE.

La macrocausa del caso de los ERE se inició en abril de 2009, cuando el entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, denuncia un presunto intento de cobro de comisiones a unos empresarios por parte de dos exdirectivos de Mercasevilla. Tras nueve años de investigación llega el primer fallo. Estos son los principales acontecimientos y fechas claves que se han producido durante esta década.

2011. La investigación echa a andar

A comienzos de este año, en enero, la juez Inés Ayala abre las diligencias previas que han dado pie a la considerada mayor causa de corrupción abierta en España. En julio, el Tribunal de Cuentas del Estado inicia una auditoría sobre los ERE tras una denuncia del Partido Popular. En agosto, un juzgado sevillano ordena que 16 prejubilados irregulares de Mercasevilla devuelvan el dinero público recibido. Es en noviembre cuando la juez Ayala señala por primera vez al entonces presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, como posible máximo responsable del presunto fraude.

2012. Primeros ingresos en prisión

El 10 de marzo de 2012 ingresa en prisión el primer exalto cargo, el exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero. Fue alto cargo durante nueve años, desde 1999 a 2008, con tres consejeros de Empleo diferentes. Su chófer declaró en marzo que llegaron a gastar 25.000 euros mensuales de dinero público en cocaína. Un mes más tarde también entró en la cárcel el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, que salió en agosto de ese mismo año. En noviembre de 2012 se cerró la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía para investigar este caso.
2013. Operación Heracles y dimisión de Griñán

La Guardia Civil despliega la conocida como operación Heracles con decenas de detenidos y registros en aseguradoras y bufetes de abogados que se sospecha se pudieron lucrar con sobrecomisiones para tramitar los ERE. En julio la juez Ayala imputa a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez y a una veintena de altos cargos de la Junta. Otro momento clave es la dimisión del entonces presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, que anuncia el 20 de julio, para preservar al gobierno autonómico de la “erosión” del caso de los ERE. Le sustituye Susana Díaz, entonces consejera de Presidencia.

2014. El Supremo abre causa

En noviembre de 2014 el Tribunal Supremo decide investigar a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno por presunta prevaricación y malversación.

2015. Imputaciones del Supremo

El Tribunal Supremo cita en febrero a declarar en calidad de imputados a los expresidentes del Gobierno autónomo Chaves y Griñán, así como a otros tres exconsejeros andaluces (Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera), para que declaren sobre su papel en el caso. A Chaves y Griñán los imputó formalmente por prevaricación en junio. De los cincos exaltos cargos andaluces a los que investigó, el juez Alberto Jorge Barreiro solo exculpó a la entonces senadora socialista Mar Moreno. Ante el escándalo Chaves, Griñán y el ex consejero andaluz Gaspar Zarrías dejan sus escaños en las Cortes.

Por otra parte, la jueza Isabel Ayala, que impulsó la investigación del caso de los ERE desde el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla deja de ser la titular y es sustituida por la María Núñez Bolaños. Hay quien ve en ello una maniobra para apartarla del caso. La nueva juez instructora divide la macrocausa en piezas separadas.

2016. Bajas en el PSOE

Chaves y Griñán, además de los exconsejeros Gaspar Zarías y Francisco Vallejo, se dan de baja en el PSOE en junio, cuando ya estaba claro que iban a sentarse en el banquillo. Es en noviembre cuando el juez Álvaro Martín abre el juicio oral y remite a la Audiencia de Sevilla el procesamiento de 26 acusados (finalmente serán 22) por delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita.

2017. Comienza el juicio

Siete años después de que empezara la instrucción del caso de los ERE, el 13 de diciembre de 2017 comienza en la Audiencia de Sevilla el primer juicio con 22 acusados en el banquillo, entre ellos Chaves y Griñán, el ex director general de Trabajo José Antonio Guerrero y varios exconsejeros andaluces. El juicio se prolongó durante un año.

2018. Finaliza el juicio

El juicio, tras 152 sesiones en las que declararon 120 testigos, se da por concluido el 17 de diciembre y queda visto para sentencia.

LOS ERE, EN CIFRAS

Imagen de archivo de los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, escuchando a los fiscales Anticorrupción.

La pieza política de los ERE de la Junta de Andalucía es un caso mastodóntico que va de los 21 acusados a los ocho años de cárcel que la Fiscalía pide para once de ellos, pasando por un lustro y medio de instrucción, un macrojuicio de 152 sesiones o la propia sentencia, cuya extensión rondará los 1.700 folios.

La pieza política de los ERE de la Junta de Andalucía es un caso mastodóntico que va de los 21 acusados a los ocho años de cárcel que la Fiscalía pide para once de ellos, pasando por un lustro y medio de instrucción, un macrojuicio de 152 sesiones o la propia sentencia, cuya extensión rondará los 1.700 folios.

Estas son las cifras más significativas del caso:

    1. Acusados, menos de la mitad de los 51 que llegó a encausar la jueza Mercedes Alaya durante la instrucción.
    1. Expresidentes de la Junta de Andalucía: Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
    1. Exconsejeros: Gaspar Zarrías (Presidencia), José Antonio Viera (Empleo), Antonio Fernández (Empleo), Magdalena Álvarez (Economía y Hacienda), Francisco Vallejo (Innovación), Carmen Martínez Aguayo (Hacienda) y José Salgueiro (Hacienda).
    1. Ex altos cargos de la Junta: dos exviceconsejeros (Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez), tres ex directores generales (Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Antonio Vicente Lozano), dos ex directores generales del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) (Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete) y tres ex secretarios generales técnicos (Lourdes Medina, Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado).


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La Fiscalía pide ahora que Chaves y Zarrías declaren por un préstamo de 3,7 millones a una empresa jiennense

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La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga las piezas separadas de la macrocausa de los ERE, en el que solicita que el expresidente de la Junta Manuel Chaves y el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías — ya condenados a nueve años de inhabilitación en la causa de ‘la pieza política’ de los ERE — declaren, en calidad de investigados, en relación a un préstamo de 3,7 millones de euros concedidos en 1999 a la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina (Hamsa), ubicada en Jaén, luego Campocarne y Primayor.

Según recoge el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, en total Anticorrupción reclama la declaración como investigados de 15 personas, de las cuales diez son ex altos cargos y las otras cinco directivos de la compañía, por unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación en concurso medial con otro delito de malversación de caudales públicos, ha adelantado el Diario de Sevilla.

Entre los ex altos se encuentran el exconsejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez o los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; el exdirector de Trabajo Javier Guerrero; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el expresidente del IFA Salvador Durbán y el exdirector de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Anticorrupción pide al juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana que abra una nueva pieza separada para investigar el citado préstamo que, “en cualquier caso, no guarda relación con la partida 31L de los ERE y que se produjo con anterioridad al uso de las transferencias de financiación al IFA/IDEA”.

Así, sería una nueva investigación que no quedaría afectada, según ha señalado el Ministerio Público en el escrito, por la exclusión de los ex altos cargos juzgados en la causa de la “pieza política” acordada por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla al aplicar el principio ‘non bis in ídem’.


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El sector crítico de Vox Málaga se moviliza para disputarle el poder provincial a José Enrique Lara en unas primarias

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José Enrique Lara Peláez, líder de Vox en la provincia de Málaga.
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La crisis interna que lleva varios meses latente en Vox Málaga ha reaparecido tras la lógica ‘tregua’ que interpuso, en su momento, la convocatoria de las elecciones del 10-N. Después de unos comicios en los que el partido estuvo muy cerca de convertirse en la segunda fuerza de la provincia a solo 825 votos del PP, el sector crítico de la formación ha empezado a movilizarse para disputarle el poder provincial al presidente, José Enrique Lara, en unas primarias.

Es más, militantes de la formación han comenzado a recabar apoyos para distintas candidaturas que se enfrentarían al actual presidente en unos comicios internos que tendrían lugar durante el primer trimestre de 2020, según confirmaron fuentes cercanas a Vox. Son los casos, por ejemplo, de sendas iniciativas encabezadas de momento por el que fuera coordinador en Málaga centro, Martín Ortega, quien parte de una candidatura abierta para la que recaba partidarios y por una de las militantes con cierta antigüedad en la provincia, Julia Calleja, quien está recogiendo firmas para optar a liderar el Comité Ejecutivo Provincial (CEP). Y, al parecer, no son los únicos que se están moviendo en esa dirección.

De hecho, los integrantes del sector crítico se reparten en diversas corrientes que si algo tienen en común es la intención de que José Enrique Lara abandone la presidencia provincial. Para conseguir ese objetivo, se han creado algunos chats y canales de comunicación en los que varias decenas de afiliados están en contacto. En uno de ellos, Martín Ortega expuso que para no perjudicar a Vox en el 10-N «dimos vía libre a los compañeros que nos apoyan para trabajar a las órdenes del CEP, pues desde Madrid se nos dijo que no podíamos hacer campaña fuera de las estructuras orgánicas de la provincia y lo acatamos». «El resultado ha sido que desde el CEP se ha solicitado la expulsión de afiliados, se ha discriminado y se ha acosado de manera absolutamente impresentable a los afiliados que nos apoyan, pese a que se han puesto a sus órdenes y han colaborado en la campaña electoral, por el simple hecho de ser firmantes de la moción contra José Enrique Lara», añadió Martín Ortega.

Crisis interna

La crisis interna que vive Vox en Málaga, donde se han registrado al menos una quincena de dimisiones de importantes cargos provinciales, encuentra sus orígenes en la antesala de las elecciones autonómicas andaluzas celebradas en diciembre de 2018. Entonces, Antonio Calle presentó su carta de dimisión del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) y, a partir de ahí, se produjeron nuevas renuncias y él se erigió en uno de los exponentes más reconocibles del sector crítico. Calle, acompañado por otros partidarios de su corriente como Julia Calleja, hizo visible a través de varios carteles la petición de una gestora que se hiciese cargo del partido en la provincia, durante el mitin que reunió en Ciudad Jardín a unas 3.000 personas, en la campaña de las elecciones generales de abril, con la participación de Javier Ortega Smith, José Antonio Ortega Lara e Iván Espinosa de los Monteros. Además, Calle llegó a hacer un llamamiento de cara a las elecciones municipales para que simpatizantes y militantes de Vox no votaran a José Enrique Lara, candidato a la alcaldía de Málaga, sino al regidor del PP, Francisco de la Torre.

Precisamente, el resultado obtenido por la candidatura que encabezaba Lara en la capital malagueña fue considerado uno de los grandes fracasos de la fuerza de derecha, ya que no obtuvo representación.

Además, otras de las causas esgrimidas entonces por el sector crítico y que se tradujo en una gran oleada de dimisiones fue la actitud de Lara ante las polémicas vividas en el seno de la formación en la provincia.

En concreto, por el paso al grupo de no adscritos en Torremolinos de Lucía Cuín, que resultó determinante para la elección del alcalde socialista José Ortiz; o por la pérdida de un concejal en Mijas, ya que Carlos Rivero fue expulsado tras aceptar el acta de edil que en un principio había rechazado en vísperas de los comicios.

Tras los sufragios locales de mayo, en Vox Málaga se vivió un verano especialmente movido con la oleada de dimisiones formalizadas por sus coordinadores en distintos distritos de Málaga capital y varias ciudades de la Costa del Sol. Una de las marchas más significativas fue la del tesorero y vicesecretario provincial de afiliados, José Luis Jiménez.

Posteriormente, la número 2 de Lara en la lista al Ayuntamiento de Málaga y vicesecretaria de Comunicación, la periodista Sonia Crespo, también abandonó la disciplina del partido a nivel provincial y pasó al sector crítico durante el mes de agosto.

Asimismo, en junio, el también dimisionario Martín Ortega inició los movimientos necesarios para que se interpusiera una moción contra José Enrique Lara.

Antes, en relación a los comicios generales de abril, también se produjeron sonadas salidas como las del entonces secretario general, José Manuel Rojas, quien se perfiló para encabezar la lista al Congreso de los Diputados por Málaga y, finalmente, se marchó cuando el presidente provincial apostó por la a la postre diputada Patricia Rueda como la persona elegida. Además, el número 4 de la lista que concurrió en primavera, Antonio Díaz, también acabó dimitiendo.

(La Opinión)


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Susana Díaz se defiende sobre la trama delictiva de los ERE: asegura que gracias a ella “no volverá a pasar”

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La líder del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado este jueves que la sentencia de los ERE no supone en su partido un fin de ciclo porque ese “fin de ciclo ya fue” y se produjo cuando José Antonio Griñán dejó la presidencia de la Junta y la de la formación.

Ese paso que dio Griñán propició la llegada al liderazgo de la federación andaluza y a la Presidencia de la Junta de Díaz, quien ha subrayado que entonces, al llegar a esos cargos, “no quedó nadie” de los que han sido condenados por la sentencia conocida este martes pasado.

La primera intervención pública de Díaz tras conocerse esa sentencia ha sido en La Sexta, donde ha recordado que durante su etapa como presidenta andaluza “ningún consejero ha sido imputado por nada”.

Ha enmarcado las peticiones para que se aparte del PSOE de Andalucía “la derecha” y “quienes no logran ganar las elecciones”, y así ha recordado que incluso con el juicio de los ERE abierto los socialistas han vencido en todos los procesos electorales.

Según ha señalado, “la gente” ha sabido distinguir que “lo que ha pasado duele” y que ella ha hecho cuanto ha estado en su mano para que “no vuelva a pasar” lo que las sentencias de los ERE han puesto de manifiesto.

Díaz ha reconocido que las condenas a los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves han sido su momento más doloroso en “lo humano”, y por ello ha pedido disculpas.

“No sólo he pedido perdón, sino que me he esforzado muchísimo en poner controles” para que no pueda volver a ocurrir un caso similar, ha asegurado.


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