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Andalucía

Sentencia ERE: Los expresidentes socialistas andaluces Griñán y Chaves, condenados a 6 años de cárcel y a 9 de inhabilitación

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La Audiencia de Sevilla ha condenado al expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán a 6 años de cárcel por un delito de malversación y a 15 años de inhabilitación por otro de prevaricación por el ‘caso de los ERE, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación.

El juicio contra 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía comenzó el 13 de diciembre de 2017 y quedó visto para sentencia un año y cuatro días después, tras 152 sesiones en las que el tribunal oyó a los 21 acusados y a más de 120 testigos.

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La sentencia de la ‘pieza política’ -la primera de las 146 en curso dentro de la macrocausa- se ha dado a conocer un año después de que terminara el juicio , en el que ejercieron de acusación popular el PP y Manos Limpias. Podrá ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, primero, y luego ante el Tribunal Supremo.

El ‘caso de los ERE’ fue dividido en tres partes hace cuatro años: la llamada “pieza política”, a la que alude la sentencia de este martes; la pieza sobre las sobrecomisiones cobradas presuntamente por los mediadores de los expedientes de regulación de empleo; y un tercer bloque con más de un centenar de piezas por cada una de las ayudas sociolaborales concedidas a las empresas.

CRONOLOGÍA DEL CASO DE LOS ERE

Imagen de archivo del interrogatorio de los abogados de la defensa en el juicio de la pieza política del caso ERE.

La macrocausa del caso de los ERE se inició en abril de 2009, cuando el entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, denuncia un presunto intento de cobro de comisiones a unos empresarios por parte de dos exdirectivos de Mercasevilla. Tras nueve años de investigación llega el primer fallo. Estos son los principales acontecimientos y fechas claves que se han producido durante esta década.

2011. La investigación echa a andar

A comienzos de este año, en enero, la juez Inés Ayala abre las diligencias previas que han dado pie a la considerada mayor causa de corrupción abierta en España. En julio, el Tribunal de Cuentas del Estado inicia una auditoría sobre los ERE tras una denuncia del Partido Popular. En agosto, un juzgado sevillano ordena que 16 prejubilados irregulares de Mercasevilla devuelvan el dinero público recibido. Es en noviembre cuando la juez Ayala señala por primera vez al entonces presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, como posible máximo responsable del presunto fraude.

2012. Primeros ingresos en prisión

El 10 de marzo de 2012 ingresa en prisión el primer exalto cargo, el exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero. Fue alto cargo durante nueve años, desde 1999 a 2008, con tres consejeros de Empleo diferentes. Su chófer declaró en marzo que llegaron a gastar 25.000 euros mensuales de dinero público en cocaína. Un mes más tarde también entró en la cárcel el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, que salió en agosto de ese mismo año. En noviembre de 2012 se cerró la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía para investigar este caso.
2013. Operación Heracles y dimisión de Griñán

La Guardia Civil despliega la conocida como operación Heracles con decenas de detenidos y registros en aseguradoras y bufetes de abogados que se sospecha se pudieron lucrar con sobrecomisiones para tramitar los ERE. En julio la juez Ayala imputa a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez y a una veintena de altos cargos de la Junta. Otro momento clave es la dimisión del entonces presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, que anuncia el 20 de julio, para preservar al gobierno autonómico de la “erosión” del caso de los ERE. Le sustituye Susana Díaz, entonces consejera de Presidencia.

2014. El Supremo abre causa

En noviembre de 2014 el Tribunal Supremo decide investigar a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno por presunta prevaricación y malversación.

2015. Imputaciones del Supremo

El Tribunal Supremo cita en febrero a declarar en calidad de imputados a los expresidentes del Gobierno autónomo Chaves y Griñán, así como a otros tres exconsejeros andaluces (Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera), para que declaren sobre su papel en el caso. A Chaves y Griñán los imputó formalmente por prevaricación en junio. De los cincos exaltos cargos andaluces a los que investigó, el juez Alberto Jorge Barreiro solo exculpó a la entonces senadora socialista Mar Moreno. Ante el escándalo Chaves, Griñán y el ex consejero andaluz Gaspar Zarrías dejan sus escaños en las Cortes.

Por otra parte, la jueza Isabel Ayala, que impulsó la investigación del caso de los ERE desde el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla deja de ser la titular y es sustituida por la María Núñez Bolaños. Hay quien ve en ello una maniobra para apartarla del caso. La nueva juez instructora divide la macrocausa en piezas separadas.

2016. Bajas en el PSOE

Chaves y Griñán, además de los exconsejeros Gaspar Zarías y Francisco Vallejo, se dan de baja en el PSOE en junio, cuando ya estaba claro que iban a sentarse en el banquillo. Es en noviembre cuando el juez Álvaro Martín abre el juicio oral y remite a la Audiencia de Sevilla el procesamiento de 26 acusados (finalmente serán 22) por delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita.

2017. Comienza el juicio

Siete años después de que empezara la instrucción del caso de los ERE, el 13 de diciembre de 2017 comienza en la Audiencia de Sevilla el primer juicio con 22 acusados en el banquillo, entre ellos Chaves y Griñán, el ex director general de Trabajo José Antonio Guerrero y varios exconsejeros andaluces. El juicio se prolongó durante un año.

2018. Finaliza el juicio

El juicio, tras 152 sesiones en las que declararon 120 testigos, se da por concluido el 17 de diciembre y queda visto para sentencia.

LOS ERE, EN CIFRAS

Imagen de archivo de los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, escuchando a los fiscales Anticorrupción.

La pieza política de los ERE de la Junta de Andalucía es un caso mastodóntico que va de los 21 acusados a los ocho años de cárcel que la Fiscalía pide para once de ellos, pasando por un lustro y medio de instrucción, un macrojuicio de 152 sesiones o la propia sentencia, cuya extensión rondará los 1.700 folios.

La pieza política de los ERE de la Junta de Andalucía es un caso mastodóntico que va de los 21 acusados a los ocho años de cárcel que la Fiscalía pide para once de ellos, pasando por un lustro y medio de instrucción, un macrojuicio de 152 sesiones o la propia sentencia, cuya extensión rondará los 1.700 folios.

Estas son las cifras más significativas del caso:

    1. Acusados, menos de la mitad de los 51 que llegó a encausar la jueza Mercedes Alaya durante la instrucción.
    1. Expresidentes de la Junta de Andalucía: Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
    1. Exconsejeros: Gaspar Zarrías (Presidencia), José Antonio Viera (Empleo), Antonio Fernández (Empleo), Magdalena Álvarez (Economía y Hacienda), Francisco Vallejo (Innovación), Carmen Martínez Aguayo (Hacienda) y José Salgueiro (Hacienda).
    1. Ex altos cargos de la Junta: dos exviceconsejeros (Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez), tres ex directores generales (Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Antonio Vicente Lozano), dos ex directores generales del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) (Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete) y tres ex secretarios generales técnicos (Lourdes Medina, Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado).

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Vox exige a Serrano que deje su acta: «Nos comprometimos a devolverla si abandonamos el partido»

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Vox ha exigido este viernes a Francisco Serrano que entregue su acta de diputado porque todos se han comprometido a hacerlo si abandonaban la formación.

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha sugerido este viernes a Francisco Serrano, que hace unos días anunció que se daba de baja de Vox y abandonaba el grupo parlamentario aunque se mantenía en el escaño, que debería dejar el acta de diputado pues, según ha recordado, «todos los cargos electos de Vox, cuando tomamos posesión, firmamos un documento con el partido en el que nos comprometemos a devolver el acta si abandonamos la formación por la razón que sea».

Así se ha pronunciado Hernández en declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, dos días después de que Serrano diera a conocer que rompía relaciones con Vox para «no manchar al partido» tras conocerse que la Fiscalía Superior de Andalucía ha formulado una querella contra él por presunto fraude de subvenciones. No obstante,

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Serrano mantiene el acta como diputado no adscrito.

El portavoz parlamentario de Vox ha indicado que no ha hablado con Serrano desde que anunció su salida del partido, al tiempo que ha incidido en que aunque los cargos de Vox se comprometieron a devolver el acta si dejaban la formación, «la normativa dice que el acta es del diputado».

«Al final es una cuestión de orden personal y no podemos perder de vista que cuando alguien abandona el partido no existe la capacidad de disciplinar», ha abundado Hernández, que, ante la denuncia, ha defendido que «la presunción de inocencia alcanza a todos los ciudadanos» pero ha matizado que, evidentemente, «lo que Vox sostiene es que el que la haga la pague, y si es uno de los nuestros lo decimos con más preocupación y firmeza».


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Miedo y Asco en Andalucía: El Parlamento autonómico pide a la Junta actividades en todos los colegios para conmemorar el Día del Orgullo Lgtbi, con la cobarde abstención del PP y única oposición de VOX

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La parlamentaria de Adelante Andalucía Luz Marina Dorado
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El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este jueves reclamar al Gobierno autonómico que impulse la realización de actividades en los centros educativos andaluces para conmemorar el Día del Orgullo Lgtbi que se celebra el 28 de junio.

Así lo ha acordado al aprobar una proposición no de ley (PNL) de Adelante Andalucía que ha contado con el apoyo del PSOE-A y Ciudadanos, la abstención del PP-A y el rechazo de Vox, con la que también se reclama al Consejo de Gobierno andaluz que impulse «la realización de actividades en todos los centros educativos andaluces para conmemorar el Día Internacional contra la Lgtbifobia –17 de mayo– durante los días lectivos de los meses de mayo y junio, como medida para la prevención de la Lgtbifobia en la comunidad educativa».

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Además, el Parlamento llama con esta proposición –a la que PP-A y Cs habían planteado enmiendas que Adelante ha rechazado– «promover la celebración institucional del Día del Orgullo Lgtbi y el Día Internacional contra la Lgtbifobia en todas las administraciones autonómicas».

En defensa de la iniciativa, la diputada de Adelante Luzmarina Dorado ha subrayado que el Día del Orgullo Lgtbi «lleva tiempo asentado como una cita mundial para poner en valor la conquista de derechos y las reivindicaciones pendientes del colectivo», y «se han dando muchos pasos hacia delante, pero aún queda mucho camino por recorrer para acabar con las violencias directa, cultural y estructural que sufren las personas por su condición Lgtbi».

En esa línea, ha alertado de «las corrientes ultraderechistas que están proliferando a nivel internacional» que «profundizan en el mensaje del odio a las personas Lgtbi, a contracorriente de los pasos que se han dado en el último tiempo para lograr una sociedad más justa», y que, «con un discurso difamatorio basado en la humillación, la exclusión y el destierro del diferente, atentan permanentemente contra la salud democrática de los territorios en los que adquieren cierta notoriedad».

«Ahora más que nunca, para frenar el ascenso de los postulados Lgtbifóbicos, las instituciones públicas andaluzas han de volcar sus esfuerzos para apoyar un Día del Orgullo más reivindicativo, en el que el papel protagonista lo asuma el tejido asociativo Lgtbi, para no dar ni un paso atrás en los derechos conquistados y poner en el foco en las soluciones para acabar con todas las violencias que sufren las personas por su condición Lgtbi», ha sentenciado la parlamentaria de Adelante.

«Frente al odio, la discriminación y la intolerancia, hoy más que nunca, Andalucía tiene la posibilidad de convertirse en una referencia del respeto cívico hacia la diversidad sexual», para lo cual «debe empezar por invertir esfuerzos en acciones de concienciación desde las edades más tempranas en los centros educativos andaluces», ha zanjado.

 

APOYO DEL PSOE-A Y CRÍTICAS DE PP-A, CS Y VOX

En el turno de intervención de los grupos, la diputada del PSOE-A Verónica Pérez ha advertido de que, si se tira de hemeroteca para ver las decisiones de la derecha sobre el colectivo Lgtbi, éste «tiene motivos para desconfiar de PP, Cs y Vox», toda vez que ha lamentado las agresiones que sufre este colectivo que «se repiten con demasiada frecuencia», de ahí que sea necesario «seguir avanzando» y pidiendo «respeto» para ellos.

«Estamos lejos de conquistar la igualdad y también reconocemos que se ha avanzado» en este ámbito, ha subrayado. En este sentido, ha señalado lo conseguido por el PSOE en cuestión de derechos y libertades para el colectivo Lgtbi, como fue la aprobación del matrimonio homosexual. Así ha lamentado que la ley andaluza en este ámbito esté «paralizada de facto» teniendo en cuenta que el Gobierno de PP-A y Cs se debe a Vox.

En nombre del PP-A, el diputado Rafael Caracuel ha acusado a Adelante de promover con esta PNL «un batiburrillo muy poco serio» para el colectivo Lgtbi, ya que la iniciativa es «de 2019», aunque la presentan «en 2020 con datos de 2017», y ha deslizado que desde la confluencia «la tenían preparada para liarla cuando le hiciese falta ante los escándalos» del Gobierno de Pedro Sánchez.

Además, ha argumentado que, el pasado curso escolar 2018-19, a través de entidades como Andalucía Diversa se impartieron 165 clases, talleres y charlas sobre la diversidad sexual» en colegios, por lo que ya se «está cumpliendo» con actuaciones contempladas en la Ley 8/2017, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas Lgtbi y sus familiares en Andalucía, que «se está aplicando», no obstante lo cual ha ofrecido el apoyo del Grupo Popular a esta iniciativa si Adelante aceptaba la enmienda que ha formulado a la misma para respaldar a docentes y alumnos.

En representación de Ciudadanos (Cs), la parlamentaria Teresa Pardo ha defendido el apoyo de su grupo a esta iniciativa porque «el amor no entiende de género», pero ha advertido de que «una cosa es predicar y otra dar trigo», y en ese sentido ha lamentado que la diputada de Adelante no haya condenado en su intervención los incidentes que sufrieron representantes del partido ‘naranja’ en marchas del Día del Orgullo del año pasado.

Ha querido dejar claro que, pese a ello, su formación va a «seguir asistiendo» a los eventos de esa jornada, aunque «no le guste a la izquierda», porque Cs es «un partido de centro, constitucionalista y liberal y va a seguir apostando por la libertad sexual», según ha subrayado antes de defender también que la Junta seguirá «velando» por que la educación que se ofrece en las aulas públicas se base también en la «diversidad».

Finalmente, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha parafraseado al líder nacional de su partido, Santiago Abascal, para defender que «en Vox no despreciamos a nadie por su tendencia sexual», y ha defendido que los hechos que se conmemoran en el origen del Día del Orgullo –los conocidos disturbios de Stonewall, en Nueva York, del 28 de junio de 1969– son «perfectamente respetables», pero también ha recordado los incidentes registrados en algunas de las marchas del Día del Orgullo del año pasado, cuando representantes de otros partidos que participan en ellas fueron «rechazados».

Ha preguntado a Adelante si eso «les parece que es un ejemplo para la convivencia» que quieran llevar a las escuelas. «A nosotros no», se ha respondido el portavoz de Vox.

 

ADELANTE PIDE A LA JUNTA QUE CUMPLA LOS ACUERDOS DE LA PNL


Tras conocerse la aprobación de esta iniciativa, la diputada de Adelante Luzmarina Dorado ha pedido en un comunicado al Gobierno andaluz que traslade a los centros escolares andaluces los acuerdos adoptados en la misma, y ha sostenido que el apoyo a la diversidad sexual «no puede quedar restringido a declaraciones puntuales o iniciativas simbólicas, sino que debe traducirse en acciones concretas que promuevan el respeto y colaboren en la reducción de las cifras de agresiones contra personas del colectivo Lgtbi, especialmente en edades tempranas».

En esta línea, Dorado ha animado a Cs a ser «consecuente» con su apoyo a la iniciativa y, dado que la formación naranja es responsable de las consejerías de Igualdad y Educación, «traslade instrucciones al respecto a los claustros andaluces la próxima semana».


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Andalucía

250 marroquíes huidos de la pandemia en Italia vagan por Algeciras al no poder entrar en su país

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Entre 200 y 250 ciudadanos de nacionalidad marroquí pero con residencia en países europeos como Italia y Francia se encuentran deambulando por las calles de Algeciras (Cádiz) desde primera hora de este pasado sábado, según cuenta El Español.

Han llegado en cinco autobuses a la ciudad gaditana. Tras la crisis sanitaria desatada a causa del coronavirus Sars CoV-2, buscaban regresar a su país de nacimiento por la vía marítima que ofrece Algeciras. Sin embargo, el cierre de fronteras decretado la noche del jueves por Marruecos en coordinación con España los ha dejado sin opción de cruzar en ferry a través de las aguas del Estrecho de Gibraltar.

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Según el alcalde de la ciudad gaditana, José Ignacio Landaluce, en contacto con el citado medio, se preveía la llegada de un total de 12 autobuses a lo largo del fin de semana. Nueve procedían de Italia y tres de Francia. El regidor explica que se están haciendo gestiones, en coordinación con la Guardia Civil, para que se den la vuelta. También se intenta que retornen los que ya se encuentran en Algeciras.

Mientras se busca una salida a la situación, Landaluce ha intentado que se les acoja en la mezquita de la ciudad, donde se dispone de duchas y camas, pero, según el propio alcalde, sus responsables lo han rechazado. El regidor ha solicitado al Gobierno que se les desplace al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Roque, a 10 kilómetros de distancia de Algeciras.

Si bien este viernes la frontera se abrió hasta la seis de la mañana a petición del Ministerio de Exteriores con el fin de que salieran de Marruecos los españoles que estuvieran allí -tanto residentes como turistas-, cuando llegaron los dos primeros autobuses ya se había cerrado.

“No pueden quedarse por las calles”

El alcalde de Algeciras lleva dos días intentando evitar que la crisis sanitaria se desborde en su ciudad, ya que desconoce si entre los marroquíes llegados hay casos de contagiados. Landaluce ha hablado con el cónsul marroquí en Algeciras, con la Subdelegación del Gobierno en Cádiz y con la Policía Nacional.

“Pese a que estas personas vienen viajando desde Italia y tienen el derecho a la libre circulación, nos encontramos ante una situación en la que ha de prevalecer la absoluta prevención y la salud pública. No pueden quedarse deambulando por las calles””, explica.

Algunos de los marroquíes afectados por el cierre de la frontera con su país se encuentran desperdigados entre la puerta del Consulado de Marruecos en Algeciras y el puerto de la ciudad, donde han aparcado los autobuses en los que han viajado. “Lo primero es la salud de la ciudadanía, y por ello se hace imprescindible que estas personas reciban la asistencia humanitaria y sanitaria necesaria”.

Fuente: El Español


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