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Andalucía

Sentencia ERE: Los expresidentes socialistas andaluces Griñán y Chaves, condenados a 6 años de cárcel y a 9 de inhabilitación

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La Audiencia de Sevilla ha condenado al expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán a 6 años de cárcel por un delito de malversación y a 15 años de inhabilitación por otro de prevaricación por el ‘caso de los ERE, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación.

El juicio contra 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía comenzó el 13 de diciembre de 2017 y quedó visto para sentencia un año y cuatro días después, tras 152 sesiones en las que el tribunal oyó a los 21 acusados y a más de 120 testigos.

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La sentencia de la ‘pieza política’ -la primera de las 146 en curso dentro de la macrocausa- se ha dado a conocer un año después de que terminara el juicio , en el que ejercieron de acusación popular el PP y Manos Limpias. Podrá ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, primero, y luego ante el Tribunal Supremo.

El ‘caso de los ERE’ fue dividido en tres partes hace cuatro años: la llamada “pieza política”, a la que alude la sentencia de este martes; la pieza sobre las sobrecomisiones cobradas presuntamente por los mediadores de los expedientes de regulación de empleo; y un tercer bloque con más de un centenar de piezas por cada una de las ayudas sociolaborales concedidas a las empresas.

CRONOLOGÍA DEL CASO DE LOS ERE

Imagen de archivo del interrogatorio de los abogados de la defensa en el juicio de la pieza política del caso ERE.

La macrocausa del caso de los ERE se inició en abril de 2009, cuando el entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, denuncia un presunto intento de cobro de comisiones a unos empresarios por parte de dos exdirectivos de Mercasevilla. Tras nueve años de investigación llega el primer fallo. Estos son los principales acontecimientos y fechas claves que se han producido durante esta década.

2011. La investigación echa a andar

A comienzos de este año, en enero, la juez Inés Ayala abre las diligencias previas que han dado pie a la considerada mayor causa de corrupción abierta en España. En julio, el Tribunal de Cuentas del Estado inicia una auditoría sobre los ERE tras una denuncia del Partido Popular. En agosto, un juzgado sevillano ordena que 16 prejubilados irregulares de Mercasevilla devuelvan el dinero público recibido. Es en noviembre cuando la juez Ayala señala por primera vez al entonces presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, como posible máximo responsable del presunto fraude.

2012. Primeros ingresos en prisión

El 10 de marzo de 2012 ingresa en prisión el primer exalto cargo, el exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero. Fue alto cargo durante nueve años, desde 1999 a 2008, con tres consejeros de Empleo diferentes. Su chófer declaró en marzo que llegaron a gastar 25.000 euros mensuales de dinero público en cocaína. Un mes más tarde también entró en la cárcel el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, que salió en agosto de ese mismo año. En noviembre de 2012 se cerró la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía para investigar este caso.
2013. Operación Heracles y dimisión de Griñán

La Guardia Civil despliega la conocida como operación Heracles con decenas de detenidos y registros en aseguradoras y bufetes de abogados que se sospecha se pudieron lucrar con sobrecomisiones para tramitar los ERE. En julio la juez Ayala imputa a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez y a una veintena de altos cargos de la Junta. Otro momento clave es la dimisión del entonces presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, que anuncia el 20 de julio, para preservar al gobierno autonómico de la “erosión” del caso de los ERE. Le sustituye Susana Díaz, entonces consejera de Presidencia.

2014. El Supremo abre causa

En noviembre de 2014 el Tribunal Supremo decide investigar a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno por presunta prevaricación y malversación.

2015. Imputaciones del Supremo

El Tribunal Supremo cita en febrero a declarar en calidad de imputados a los expresidentes del Gobierno autónomo Chaves y Griñán, así como a otros tres exconsejeros andaluces (Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera), para que declaren sobre su papel en el caso. A Chaves y Griñán los imputó formalmente por prevaricación en junio. De los cincos exaltos cargos andaluces a los que investigó, el juez Alberto Jorge Barreiro solo exculpó a la entonces senadora socialista Mar Moreno. Ante el escándalo Chaves, Griñán y el ex consejero andaluz Gaspar Zarrías dejan sus escaños en las Cortes.

Por otra parte, la jueza Isabel Ayala, que impulsó la investigación del caso de los ERE desde el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla deja de ser la titular y es sustituida por la María Núñez Bolaños. Hay quien ve en ello una maniobra para apartarla del caso. La nueva juez instructora divide la macrocausa en piezas separadas.

2016. Bajas en el PSOE

Chaves y Griñán, además de los exconsejeros Gaspar Zarías y Francisco Vallejo, se dan de baja en el PSOE en junio, cuando ya estaba claro que iban a sentarse en el banquillo. Es en noviembre cuando el juez Álvaro Martín abre el juicio oral y remite a la Audiencia de Sevilla el procesamiento de 26 acusados (finalmente serán 22) por delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita.

2017. Comienza el juicio

Siete años después de que empezara la instrucción del caso de los ERE, el 13 de diciembre de 2017 comienza en la Audiencia de Sevilla el primer juicio con 22 acusados en el banquillo, entre ellos Chaves y Griñán, el ex director general de Trabajo José Antonio Guerrero y varios exconsejeros andaluces. El juicio se prolongó durante un año.

2018. Finaliza el juicio

El juicio, tras 152 sesiones en las que declararon 120 testigos, se da por concluido el 17 de diciembre y queda visto para sentencia.

LOS ERE, EN CIFRAS

Imagen de archivo de los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, escuchando a los fiscales Anticorrupción.

La pieza política de los ERE de la Junta de Andalucía es un caso mastodóntico que va de los 21 acusados a los ocho años de cárcel que la Fiscalía pide para once de ellos, pasando por un lustro y medio de instrucción, un macrojuicio de 152 sesiones o la propia sentencia, cuya extensión rondará los 1.700 folios.

La pieza política de los ERE de la Junta de Andalucía es un caso mastodóntico que va de los 21 acusados a los ocho años de cárcel que la Fiscalía pide para once de ellos, pasando por un lustro y medio de instrucción, un macrojuicio de 152 sesiones o la propia sentencia, cuya extensión rondará los 1.700 folios.

Estas son las cifras más significativas del caso:

    1. Acusados, menos de la mitad de los 51 que llegó a encausar la jueza Mercedes Alaya durante la instrucción.
    1. Expresidentes de la Junta de Andalucía: Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
    1. Exconsejeros: Gaspar Zarrías (Presidencia), José Antonio Viera (Empleo), Antonio Fernández (Empleo), Magdalena Álvarez (Economía y Hacienda), Francisco Vallejo (Innovación), Carmen Martínez Aguayo (Hacienda) y José Salgueiro (Hacienda).
    1. Ex altos cargos de la Junta: dos exviceconsejeros (Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez), tres ex directores generales (Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Antonio Vicente Lozano), dos ex directores generales del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) (Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete) y tres ex secretarios generales técnicos (Lourdes Medina, Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado).

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Andalucía

Una de las fechorías más repugnantes de la transición fue declarar “padre de la patria andaluza” a un cretino chiflado, como Blas Infante. Por Pío Moa

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Una de las fechorías más repugnantes de la transición fue insultar a los andaluces declarando “padre de la patria andaluza” a un cretino chiflado, Blas Infante.

Desmán completado ensuciando a Andalucía con la bandera islámica diseñada por el orate. En su momento, la bandera fue recibida con una mezcla de rechifla e indignación a las que respondía el citado cretino:  “¡Qué gobierno, qué país!  Llegar a sentir alarma ante el flamear de una bandera de inocentes colores, blanca y verde! Le hemos quitado el negro como el duelo después de las batallas,  y el rojo como el carmín de nuestros sables, y todavía se inquietan”. ¡El inocente Blas!

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Es difícil medir la felonía, no tanto de este como de los infames politicastros que hicieron allí la transición simbolizando a Andalucía con la bandera almohade (gran regalo para Marruecos) y atacando directamente a España y su historia.

Salvo cuatro desgraciados, ningún andaluz se sentía andalusí o musulmán ni tenía interés por un sujeto como el tal Blas, fusilado por los nacionales, a quienes no parecía hacer gracia la advertencia del “carmín de nuestros sables”. Pero en 1982 y 83 los “demócratas” se apresuraron a imponer bandera y patriarcado de la patria, como si Andalucía no hubiera existido tras la expulsión de los moros hasta que el orate se dedicó a “pensar”. Así rompían de modo radical con el referéndum de 1976 y con la misma constitución del 78.  Es algo que define perfectamente una calidad moral, intelectual y política, y la define como propia de bandas de cacos: PSOE, UCD, AP (luego PP) y “andalucistas”. Y ahí siguen esos corruptos golfos prometiendo Andalucía al islam y corroyendo la idea de España.


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España

Condenada una profesora de Podemos por la ‘procesión’ del «Chumino Rebelde» en Málaga

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Elisa Mandillo
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La acusación particular en el caso de la procesión del ‘Chumino Rebelde’ de Málaga fue ejercida por la Asociación Española de Abogados Cristianos. La profesora de Podemos Elisa Mandillo deberá pagar una multa de 2.700 euros por escarnio contra los sentimientos religiosos.

 

«Quedan probados todos los elementos del tipo previsto en el artículo 525 del Código Penal, así, el escarnio, como elemento objetivo, consistente en la burla tenaz que se hace con propósito de afrentar una clase de injuria consistente en ridiculizar los sentimientos religiososos».

La profesora y excandidata de Ganemos Málaga -marca electoral asociada a Podemos- Elisa Mandillo ha sido condenada a pagar una multa de 2.700 euros y las costas del procedimiento judicial como responsable de la llamada ‘procesión del Chumino Rebelde’ que recorrió las calles de la ciudad andaluza el 8 de marzo de 2013.

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El juzgado de Instrucción número 11 de Málaga declara «expresamente probado» que Elisa Mandillo participó en la referida puesta en escena «ataviada con una peineta y con una vela grande en la mano» y que en compañía de otras personas, en «lo que se antoja una imitación de un paso de Semana Santa cuya imagen es una vagina de grandes dimensiones ataviada con un pañuelo grande o manto, con flores en la base, desfilando por algunas de las calles más céntricas de la capital malagueña, exhibiéndose ante infinidad de personas, llegando incluso a detenerse ante la Catedral y el Palacio Episcopal».

Elisa Mandillo «no paró de proferir expresiones altamente vejatorias y ridiculizantes» como «vamos a quemar la Conferencia Episcopal», según la sentencia

La sentencia subraya que Mandillo no sólo formaba parte de la comitiva, sino que fue la encargada de proclamar a viva voz dos versiones del Credo y el Ave María, dos de las más importantes oraciones de la Iglesia Católica.

De estos textos el juez determina que «contienen expresiones altamente ofensivas para la fe católica, pues no sólo proclama unos textos que adoptan la forma y estructura tanto del Credo como del Ave María, sino que su contenido es una burla constante a la oración original».

Durante el juicio se pudo ver un vídeo en el que «queda probado» -dice el juez- que Elisa Mandillo participó en la referida ‘procesión’ «con la evidente intención de ridiculizar y burlarse de forma gratuita de una tradición católica fuertemente enraizada en nuestra sociedad y que evidentemente no tiene otro propósito que la ofensa gratuita de sus dogmas y creencias más profundas«.

En las imágenes «se observa con total claridad cómo las ‘porteadoras’ del ‘paso’ van ataviadas con elementos propios de las procesiones de Semana Santa (…) sin otro afán que el de ofender a los que se profesan la fe cristiana«.

La sentencia detalla que el «espectáculo» duró al menos dos horas, que Mandillo «aparece como protagonista» y que como se puede ver en el vídeo «no paró de proferir expresiones altamente vejatorias y ridiculizantes» como «vamos a quemar la Conferencia Episcopal».

La sentencia decreta que «no puede considerarse amparada en la libertad de expresión la conducta de la acusada, pues resulta de los hechos probados que llevó a cabo actos gravemente ofensivos y vejatorios para los sentimientos de los católicos, con publicidad, y qu eno se justifican por su desacuerdo con las ideas dela iglesia católica acera de la reforma de la ley del aborto, hecho en el que la acusada se ampara».


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Andalucía

El PP estrecha el cerco sobre Susana Díaz en el Parlamento por las ayudas millonarias de Isofotón

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Pide al Gobierno andaluz el expediente completo de los avales y subvenciones para la malograda empresa solar

El PP lanza una ofensiva en el Parlamento andaluz contra la presidenta del Grupo Socialista, Susana Díaz, por su gestión en el escándalo de las ayudas millonarias concedidas a Isofotón, la empresa fabricante de placas solares a la que la Junta de Andalucía concedió 80,5 millones entre 2005 y 2012, de los que cobró más de 44 millones.

Mediante una solicitud dirigida a la presidenta del Parlamento andaluz, los diputados populares Ramón Herrera y Pablo Venzal han pedido al Ejecutivo regional el «expediente completo» de las ayudas al proyecto estratégico de placas solares que el Gobierno de la Junta de Andalucía «financió o avaló en 2012 en favor de la mercantil».

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En su solicitud registrada el 1 de octubre, hacen una mención expresa a «las autorizaciones y trámites preceptivos, así como los acuerdos del Consejo de Gobierno relativos al expediente». Además, el Grupo Popular ha pedido los informes redactados en 2015 y 2016 –durante el mandato de Díaz– por la Agencia IDEA en relación a las ayudas recibidas por la sociedad malagueña.

Malversación de fondos públicos

El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla investiga a tres exdirectivos y 37 exresponsables de la Junta de Andalucía, entre ellos 4 exconsejeros, por supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental.

En un atestado unido a esta causa, la Policía Nacional acusó a altos cargos de José Antonio Griñán y de Susana Díaz de «ocultar» hasta «en tres momentos» información vital para la investigación judicial como que la firma solar había otorgado 43 millones en 2007, de los que sólo se abonaron unos 6 millones de euros.


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Andalucía

Vox exige a Serrano que deje su acta: «Nos comprometimos a devolverla si abandonamos el partido»

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Vox ha exigido este viernes a Francisco Serrano que entregue su acta de diputado porque todos se han comprometido a hacerlo si abandonaban la formación.

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha sugerido este viernes a Francisco Serrano, que hace unos días anunció que se daba de baja de Vox y abandonaba el grupo parlamentario aunque se mantenía en el escaño, que debería dejar el acta de diputado pues, según ha recordado, «todos los cargos electos de Vox, cuando tomamos posesión, firmamos un documento con el partido en el que nos comprometemos a devolver el acta si abandonamos la formación por la razón que sea».

Así se ha pronunciado Hernández en declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, dos días después de que Serrano diera a conocer que rompía relaciones con Vox para «no manchar al partido» tras conocerse que la Fiscalía Superior de Andalucía ha formulado una querella contra él por presunto fraude de subvenciones. No obstante,

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Serrano mantiene el acta como diputado no adscrito.

El portavoz parlamentario de Vox ha indicado que no ha hablado con Serrano desde que anunció su salida del partido, al tiempo que ha incidido en que aunque los cargos de Vox se comprometieron a devolver el acta si dejaban la formación, «la normativa dice que el acta es del diputado».

«Al final es una cuestión de orden personal y no podemos perder de vista que cuando alguien abandona el partido no existe la capacidad de disciplinar», ha abundado Hernández, que, ante la denuncia, ha defendido que «la presunción de inocencia alcanza a todos los ciudadanos» pero ha matizado que, evidentemente, «lo que Vox sostiene es que el que la haga la pague, y si es uno de los nuestros lo decimos con más preocupación y firmeza».


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