España
Si el duque de Ahumada levantara la cabeza… La Guardia Civil impide que se celebre una Misa al pie de la verja del Valle
Basta acudir estos días al Valle de los Caídos para darse cuenta de que esa imparable degradación moral que todo lo contamina y todo lo destruye, se ha incrustado hasta en el último resquicio de lo que debería ser –y hasta ahora siempre lo ha sido-, símbolo de honorabilidad y espíritu de servicio y sacrificio de la nación española: la Guardia Civil.
Si el fundador de la Guardia Civil levantara la cabeza, si ello fuera posible, aplaudiría sin dudarlo la eficacia, la modernización y también la profesionalidad del Cuerpo, pero también imaginamos su indignada reacción ante hechos como los de esta mañana, cuando un grupo de fieles llegó al Valle con la intención de oír misa en la Basílica, escena que se ha repetido en innumerables ocasiones a lo largo de los 60 años que han transcurrido desde su inauguración, el 1 de abril de 1959.
Sin embargo, se encontraron cerrada la verja de entrada, custodiada por un contingente de la Guardia Civil, ya que el Valle se encuentra actualmente cerrado al público. Lamentable escena que recuerda las prohibiciones de celebrar Misa que tuvieron lugar durante la Segunda República ―excepto en Vascongadas―, y que tienen su más cercano antecedente en lo vivido en el Valle durante un período del maligno gobierno de Zapatero, que hizo amagos de cerrar el Valle con el pretexto de la realización de obras de mantenimiento, algunas de las cuales nunca se llevaron a cabo.
Durante esa oscura etapa, los monjes bajaban hasta la misma verja, para oficiar las misas al aire libre, uaún con frío y nieve, pero esta vez los efectivos de la Guardia Civil impidieron la celebración a un monje que pretendía hacerla al pie de la verja.
Ante este atropello a la libertad de culto, Rafael López Diéguez, presidente de Alternativa Española, partido integrado en la coalición ADÑ, presentó una denuncia en la comandancia de la Guardia Civil de San Lorenzo de El Escorial, a pesar de las trabas que se le pusieron. López Diéguez anima a que se sume más gente a esta denuncia a través de su cuenta de Twitter.n es un signo claro de degradación moral de una institución, a la que le hemos otorgado durante más de siglo y medio la confianza de velar por nuestra seguridad.
“El Honor es la principal divisa del Guardia Civil. Debe, por consiguiente, conservarse sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás”. Eso dice al menos el lema de la todavía llamada Benemérita. Ya se sabe que lo peor de algunos lemas es que terminen convirtiéndose en conceptos vacíos. ¿Cabe honor sin dignidad? ¿Cabe honor sin principios morales? Aquí entra ya la interpretación moral de cada uno. El juez Giovanni Falcone sacrificó su vida por mantener sus principios, y el mafioso Salvatore Riina, que fue el encargado de ordenar su asesinato, también vivió conforme a los suyos propios. Y es que hay principios y principios. Como existen principios universales y leyes artificiales. Un principio natural es una verdad universal que proporciona libertad de acción a quien lo entiende y aplica. Una ley artificial es una aplicación restrictiva que promueve alguna faceta del control del ser humano. Los principios naturales describen la realidad y las leyes artificiales muchas veces se oponen a ella. Es decir, a los principios naturales. Cuando las personas nos regimos por leyes impuestas, y no por principios, nuestra libertad se recorta. Cuando tomamos por verdades absolutas las que han sido creadas por algunas personas para imponer su autoridad sobre el resto, nuestras habilidades y potenciales se ven sistemáticamente disminuidos.
A partir de aquí, que sean los agentes de la Guardia Civil los que decidan si el honor del que presume el Benemérito Instituto debe estar basado en inclinaciones ideológicas o en principios naturales. De que decidan correctamente dependerá que sean capaces o no de conservar la virtud, entendida ésta como una disposición constante del alma para las acciones conformes a la ley moral.
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España
Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, presunta delincuente, procesada
El juez Peinado procesa a Begoña Gómez y a su asesora en Moncloa por cuatro delitos
También a Barrabés, pero solo por tráfico de influencias y corrupción. El instructor solicita el escrito de conclusiones a las partes, antes de resolver si les manda banquillo
El juez Juan Carlos Peinado procesa a la mujer del presidente del Gobierno y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida del software de la cátedra extraordinaria que la primera codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
También acerca aún más a ser juzgado al empresario Juan Carlos Barrabés, aunque solo por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 deja así fuera del procedimiento el ilícito de intrusismo profesional por el que hasta ahora se investigaba a la esposa de Pedro Sánchez, en relación a la firma por su parte de una adjudicación pública de la UCM para el desarrollo del programa informático. Después de que las dos asociaciones profesionales de la Abogacía del Estado descartasen la existencia de indicios de irregularidad en estos hechos.
El instructor del «caso Begoña Gómez» cierra así la fase de investigación y solicita ya a las partes que presenten, en un máximo de cinco días, sus escritos de conclusiones provisionales, antes de que Peinado resuelva si les manda finalmente al banquillo de los acusados.
Se prevé que solo la acusación popular unificada, que lidera Hazte Oír, defienda la procedencia de abrir juicio oral y traslade, por tanto, su petición de penas para los tres imputados. Así como que el resto de partes, incluida la Fiscalía, opten, como vienen haciendo, por reclamar el archivo de las actuaciones. Contra esta resolución cabe un recurso de apelación que obligaría a la Audiencia Provincial de Madrid a revisarla.
Además, en este auto, el magistrado requiere a Lefebvre-El Derecho S.A. que aporte «las facturas de los servicios prestados para la cátedra de Transformación Social Competitiva». Esta diligencia había sido solicitada por la acción popular y es la única que accede a practicar el juez Peinado.
Por otro lado, abre la puerta a que la defensa de Gómez pueda entregar tres informes periciales que manifestó que era su voluntad aportar, «cuando lo estime oportuno, dentro de los plazos procesales correspondientes y antes de la conclusión de esta fase intermedia».
El abogado la esposa de Sánchez, el exministro socialista Antonio Camacho, detalló que uno gira en torno a la inexistencia de un perjuicio económico generado por su clienta a la UCM; otro sobre el régimen de las cátedras extraordinarias como la que ella codirigió, y un tercero sobre el estatus de las asesoras de los jefes del Ejecutivo.
No habrá una condena a costas para la acusación popular, que reclamó el letrado de la asistente de Gómez en Presidencia del Gobierno, «al haber sido acordada la continuación del procedimiento, que es lo interesado» por esta parte.
«Decisiones favorables a la cátedra»
En su auto, el juez Peinado expone como «hechos indiciariamente atribuidos» que, «desde la llegada de su esposo, primero a la Secretaría General del PSOE, y, sobre todo, a la Presidencia del Gobierno, se tomaron determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto TSC (Transformación Social Competitiva)», «que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional».
Pone sobre la mesa que «el beneficio» que habría obtenido la mujer del presidente «puede ser indirecto y a favor de un tercero», el también imputado Barrabés. Y también a través de un «bien mueble» como es la plataforma tecnológica financiada, de manera altruista, por varias grandes empresas («que pudieron acceder al patrocinio por tratarse de un proyecto de la esposa del presidente») para que fuese propiedad de la Complutense.
