AD.- La situación es la que sigue en Cataluña: una gobierno regional dependiente del Estado promoviendo y consintiendo la rebelión violenta contra ese mismo Estado. Una región en estado de preguerra civil y un presidente incapaz de tomar las decisiones drásticas a que le obliga su cargo porque su futuro político -que no el de la nación que preside- depende de los partidos que alimentan  la sublevación en Cataluña.

Paralizar Cataluña mediante cortes de autopistas, vías de tren y otras infraestructuras clave. Ese es el objetivo que se han propuesto los autoproclamados Comités de Defensa de la República (CDR) para protestar contra la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, el próximo viernes 21 de diciembre. A través de las redes sociales, especialmente en grupos de Telegram como Aturada 21-D, que cuenta con más de 5.000 miembros, se están difundiendo instrucciones sobre cómo y dónde realizar acciones “de boicot y sabotaje” contra determinadas infraestructuras. Se trata de una clara exaltación de la violencia para el logro de fines políticos. Y pese a ello, el Gobierno de Pedro Sánchez no hace nada para acabar con la insurrección. Cuenta España con un presidente paralizado y a merced de los que llevan tiempo saboteando al Estado en Cataluña. España no puede estar ni un día más bajo la influencia de este miserable felón. Es hora de que instituciones como el Ejército estén a la altura de lo que la exigencia constitucional les manda cumplir. Deben saber que tienen detrás a millones de españoles cansados de todo este repugnante espectáculo.

Los separatistas han polarizado a los catalanes y propagado el odio contra cualquier persona o cosa que identifiquen con España. Han arruinado a miles de familias. Han acabado con la paciencia de muchos y con la libertad de aún muchos más. El partido nacional que no sepa estar a la altura de lo que reclaman a voces millones de españoles, lo pagará tan caro como lo acaba de pagar el PSOE en su región-talismán. Torra y su banda secesionista merecen el más severo correctivo en nombre de la dignidad del pasado, presente y futuro del pueblo español.

No caben más dilaciones. El Gobierno autonómico catalán ha perdido ya el derecho a cualquier miramiento. El separatismo catalán es un lastre para la convivencia y para la economía nacional. Por consiguiente, si Sánchez persiste en anteponer su supervivencia política al futuro de la nación, no hay otra salida que la intervención militar de Cataluña, la derogación de sus normas autonómicas y la clausura de sus instituciones regionales. Hay margen para ello en la mismísima Constitución, concretamente en su artículo 155: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. No se nos ocurre situación más grave que la de ahora para dicha intervención.

En Cataluña, la subversión es alentada con el dinero de todos los españoles. No contentos con las amplias y generosas prerrogativas autonómicas que han disfrutado todos estos años, los separatistas buscan ya la colisión frontal con el resto de España. Son ellos quienes fomentan el boicot a los símbolos nacionales; quienes responden con sectarismo violento a las voces que claman estérilmente por una Cataluña para todos; quienes utilizan a los Mossos contra la legalidad vigente; quienes han buscado en el proceso de gansterización que sufre la vida política y social catalanas, el mantenimiento de sus privilegios.

Es imperio señalar con el dedo acusador a los separatistas, denunciar sus turbios manejos y hacerlos fracasar en su propósito delictivo. Para ello no se nos ocurre otra salida que la derogación ‘estricto sensu’ del marco autonómico de Cataluña y la detención de todos los responsables del proceso sedicioso. No ignoramos que cualquier alternativa al desafío de los separatistas distinta a las paniaguadas pretensiones del Gobierno, contará con el crispado rechazo de la izquierda radical y su amplia y encanallada base social. El exigente deber de quienes tienen la obligación de preservar la unidad territorial de España debe sobreponerse al temor a los círculos más vocinglerantes y depravados de la sociedad. De no ser así, la democracia española estaría siendo secuestrada por el sector más infame de la población, lo que a la larga nos garantizaría un país sin resortes morales para su supervivencia.

No somos ajenos a las soluciones derivadas de la aplicación de la violencia legítima que, como última salida y si no entran en razón las partes, el Estado tiene la obligación de aplicar antes de que estalle el enfrentamiento civil. Existe un problema que habría que haber solucionado con la buena voluntad de las partes, pero que, al no existir ésta, solo deja margen a la solución armada para restituir la paz social con toda la contundencia que permite la ley. Paralelamente, ya es hora de que los partidos nacionales de la oposición promuevan la acción movilizadora contra el canalla que ha permitido el secuestro de toda una nación por un puñado de apoyos en el Parlamento.