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Comunidad de Madrid

Soros ordena y el «veleta» se baja los pantalones: Ciudadanos dará al PSOE el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid

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Villacís, Rivera y Aguado, exultantes el día del Orgullo Gay.
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AD.- No le demos más vueltas. Ciudadanos, el partido a las órdenes de la mafia globalista, ya ha decidido que el PP no gobierne ni en la Comunidad de Madrid ni en el Ayuntamiento de la capital de España. La «veleta naranja» ha recibido instrucciones directas del francmasón Emmanuel Macron: es imperio alcanzar un acuerdo con el PSOE tanto en la Comunidad de Madrid como en Castilla y León, con la coartada de que la «ultraderecha de Vox» no tenga poder decisorio . Manuel Valls, enlace entre Macron y Rivera, amenazó ayer a Ciudadanos con una «ruptura total» si pactaba con Vox en Madrid. El mensaje era lo suficientemente explícito para que Rivera lo interpretara al instante. Valls no se refería solo a él cundo hablaba de «ruptura total». Estaba hablando en nombre de los que quitan y ponen gobiernos, los que controlan las televisiones, la concesión de créditos, la divulgación es escándalos e incluso la alteración de las elecciones como pasó en España tras el 11-M. A los pocos minutos de las advertencia del francés, tanto Ignacio Aguado como Begoña Villacís, candidatos de Ciudadanos a la Comunidad y la Alcaldía de Madrid, respectivamente, modificaron radicalmente su posición sobre un posible acuerdo con el PSOE.

Villacís dejó «la puerta abierta» a un acuerdo con el PSOE para el Ayuntamiento de Madrid y a cambio pidió a los socialistas que cedieran a Ignacio Aguado la Presidencia de la Comunidad.

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El nombre del diputado naranja Marcos de Quintos ha corrido también de boca en boca en las últimas horas. Vicepresidente mundial de Coca Cola, la marca global por excelencia, estaría siendo clave estas horas para el cambio de giro que está dando su partido. En la cena mantenida anoche entre Sánchez y Macron en la capital francesa, se habló de este asunto. El presidente del Gobierno pidió a su homólogo galo que presionara a Ciudadanos a través de los liberales europeos, con la excusa de no comprometer su imagen uniendo sus votos a los de Vox.

Por su parte, el economista, miembro de Bilderberg y eurodiputado electo de Ciudadanos, Luis Garicano, ha asumido la interlocución con estos grupos ligados a la estrategia globalista de Soros. Garicano mantiene una estrecha relación de amistad con Soros.

Rivera, peón de la estrategia globalista

AD informó de la visita a España de George Soros antes de las elecciones generales. Apuntamos entonces que uno de los objetivos del multimillonario judío de origen húngaro era ‘meter en cintura’ a Albert Rivera y exigirle un alejamiento de la derecha. «No está dispuesto a permitirle a Rivera que se desmarque del plan para España concebido por los mundialistas», informó AD citando algunas fuentes.

Numerosos medios se hicieron eco de un posible encuentro de Soros con Rivera en el chalé de Somosierra de un poderoso empresario.

Cuando el actual presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, recibió en julio de 2015 una invitación para incorporarse a las “reuniones de trabajo” de Bilderberg, estaba siendo elegido para representar los intereses del selectivo club en medio de la convulsionada arena política española. Construir una España a la medida de la élite global y no de los españoles, es uno de los objetivos del club. Esa intención recuerda el planteamiento de David Rockefeller (fundador de Bilderberg y de la Comisión Trilateral), quien, a mediados de la década de 1990, aseguró: “Algo debe reemplazar a los gobiernos y el poder privado me parece la entidad más adecuada para hacerlo”.

Los socios del Club acordaron entonces relanzar las opciones electorales de Albert Rivera. Ellos son los que deciden a quién promocionar y a quién no. Los socios poseen los bancos más importantes, por lo que hacen y deshacen lo que quieren ya que ellos tienen el dinero y el poder. El Club está formado por los poderosos y ricos del mundo, desde jefes de gobierno hasta la realeza europea. También los grandes de los medios de comunicación.Tras la cumbre de Bilderberg en 2015, los dirigentes de Ciudadanos parecieron captar el mensaje y comenzaron a marcar diferencias con los sectores españoles más conservadores en asuntos como el adoctrinamiento de género, la aceptación del aborto, el apoyo a los matrimonios entre personas del mismo sexo y el respaldo a la llegada ilimitada de refugiados sirios, entre otros. Era lo que se esperaba de ellos. Eso o la marginalidad económica y mediática.

Manuel Valls trazó ayer el camino.


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Comunidad de Madrid

Otra batalla que pierde «La Derechita Cobarde» de Ayuso&Almeida: Un juez anula la orden de la Comunidad de Madrid de prohibir fumar en la calle, el cierre de discotecas y otras medidas contra el COVID

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La orden de la Comunidad de Madrid que prohibía fumar en espacios públicos sin distancia de seguridad o el cierre del ocio nocturno, entre otras medidas contra el coronavirus, ha sido anulada este viernes por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid al no haber sido recogida previamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entender que limita los derechos fundamentales si no se ha declarado un estado de alarma.

El magistrado sustituto del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Madrid, Alfonso Villagómez Cebrián, deja así sin efecto las medidas que la Comunidad de Madrid puso este jueves en marcha para frenar el repunte de casos en la región como el cierre de los locales de ocio nocturno, la prohibición de comer en el transporte público y la de fumar en la calle y en las terrazas si no se cumple una distancia interpersonal de dos metros, entre otras.

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Según el juez, la normativa regional no se puede aplicar al hacer referencia a una orden del Ministerio de Sanidad que no ha sido publicada previamente en el BOE, lo cual la convierte en “nula de pleno derecho”. Al no haberse llevado a cabo este hecho, la orden ministerial “no ha ganado eficacia”, lo que impide que todas las que han surgido a raíz de ella carezcan de validez, en referencia al resto de disposiciones autonómicas.

«Por consiguiente, esta Orden ‘comunicada’ del ministro de Sanidad no ha ganado eficacia y vigencia por no haberse publicado, con la consecuencia trascendental de ser nula de pleno derecho y que, además, no podría ser convalidada», señala el auto al que ha tenido acceso RTVE, el cual puede ser recurrido en un plazo máximo de 15 días.

 

«Estos instrumentos legales ya existen en nuestro ordenamiento»

Villagómez asegura que es «consciente de las dificultades ante las que nos encontramos» y que la pandemia «ha dejado al descubierto muchos problemas normativos y jurídicos que deberán resolverse de la manera adecuada por los órganos constitucionalmente competentes», pero que muchas de estas prohibiciones se pueden perseguir con otras leyes ya vigentes.

«Desde las Comunidades Autónomas se están reclamando instrumentos jurídicos para luchar eficazmente contra el coronavirus, cuando estos instrumentos legales ya existen en nuestro ordenamiento, y solo hace falta ponerlos en marcha», explica.

Villagómez asegura en el auto que “desde una Comunidad Autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma” ya que «a partir de un cierto umbral de intensidad en la afectación de los derechos fundamentales», a pesar de que no ocurre en este caso, «la única excepción […] es una declaración de estado de alarma singularizada a su territorio».

«De esta manera se podría limitar en el territorio de la Comunidad de Madrid la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. Además, el Gobierno puede delegar en la autoridad de la presidenta de la Comunidad de Madrid (art. 7 LO 1/1981) la ejecución de las medidas restrictivas de derechos, y, en fin, que el gobierno autonómico puede alertar de la situación en la Comunidad de Madrid y solicitar al Gobierno esta declaración de alarma”, subraya.

Así, sostiene que los derechos fundamentales “no son ilimitados”, por lo que pueden “modularse cumpliendo los requisitos legales para ello”, y «aunque puedan justificarse determinadas decisiones desde el prisma de criterios no jurídicos», el magistrado cree que «no adquieren la categoría de limitación y afectación de los derechos fundamentales, y, en el caso hipotético de que lo fueran, no podrían ser limitados por medio de una disposición administrativa como es la Orden de la Consejería de Sanidad», concluye.


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España

Lo vuelven a hacer: «La derechita cobarde… y progre» regalará otra vez miles de euros a los chiringuitos LGTBI ¡VIVA EL PP!

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El Boletín Oficial de la región publicó, el pasado 12 de agosto, una Orden de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad para que las ‘entidades sin ánimo de lucro’ soliciten subvenciones para realizar proyectos de “atención a personas LGTBI en situación de vulnerabilidad y de sensibilización de la sociedad madrileña dirigidos a la consecución de la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI”.

 

En pleno mes de agosto del verano más extraño de nuestras vidas la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso con la ayuda de Ciudadanos y bajo la atenta mirada de Vox, nos ha vuelto a sorprender. Y eso que nuestra capacidad de asombro estaba ya más que amortizada en lo que a privilegios LGTBI se refiere.

Teresa García-Noblejas.- Y es que el Boletín Oficial de la región publicó, el pasado 12 de agosto, una Orden de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad para que las ‘entidades sin ánimo de lucro’ soliciten subvenciones para realizar proyectos de “atención a personas LGTBI en situación de vulnerabilidad y de sensibilización de la sociedad madrileña dirigidos a la consecución de la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI”.

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¿Y cuánto va a pagar a las entidades LGTBI el señor Reyero, que es el titular de la Consejería? Pues entre 30.000 y 50.000 euros por proyecto. El importe total y las ayudas y proyectos beneficiados lo sabremos cuando se concedan pero, no les quepa duda, que Actuall se lo contará. El dinero, recuerde amigo lector, sale del bolsillo de los residentes en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, el mío.

Lo cierto es que la generosa oferta económica se ampara en las normas aprobadas durante el mandato de Cristina Cifuentes, cuando el Partido Popular gobernaba en solitario en Madrid

¿Y qué se va a subvencionar? Pues el coste del personal dedicado al proyecto LGTBI en cuestión, los suministros y materiales, las dietas y los gastos de transporte, los seguros exigidos en la convocatoria y otras “necesidades básicas” de los participantes en el proyecto LGTBI que pagamos los madrileños.

Para ser sinceros, esta convocatoria de ayudas públicas a entidades LGTBI no se puede atribuir únicamente al equipo de Isabel Díaz Ayuso ni de Ignacio Aguado, presidenta y vicepresidente de la Comunidad. Lo cierto es que la generosa oferta económica se ampara en las normas aprobadas durante el mandato de Cristina Cifuentes, cuando el Partido Popular gobernaba en solitario en Madrid.

En concreto, las generosas ayudas económicas desarrollan “los derechos de las personas LGTBI” y son, la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación d y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual.

Y la consecuencia de esta perorata retórica y melodramática es, señoras y señores, el diseño de “un conjunto de acciones subvencionables, que den cabida a actuaciones de atención, asesoramiento e información dirigidas de manera específica a personas LGTBI en situación de vulnerabilidad”.

En la extensa justificación de la convocatoria de ayudas que ha publicado el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid se nos recuerda “la situación de discriminación y privación de derechos que las personas LGTBI han sufrido a lo largo de la historia”. También que “existen aún muchos obstáculos y barreras a los que las personas LGTBI se enfrentan a diario, siendo en muchas ocasiones víctimas de trato discriminatorio, vejaciones, agresiones o delitos de odio”.

Y la consecuencia de esta perorata retórica y melodramática es, señoras y señores, el diseño de “un conjunto de acciones subvencionables, que den cabida a actuaciones de atención, asesoramiento e información dirigidas de manera específica a personas LGTBI en situación de vulnerabilidad”.

Para este viaje, amigos, no necesitábamos alforjas. Se trata de justificar con un poquito de prosa (el relato, que dicen ahora), apelando a tragedias de origen milenario (les ha faltado citar la Biblia) y tono victimista, que se riega de millones -procedentes de las arcas públicas- a una serie de entidades LGTBI que realizan actividades dirigidas a favorecer a las personas LGTBI. Y lo demás es palabrería hueca.

No sé, querido lector, si usted vive en la Comunidad de Madrid. En todo caso, le cuento que la situación provocada por la pandemia, el COVID-19, ha golpeado duramente a los madrileños. Con 100.688 positivos detectados con pruebas PCR (datos a 19 de agosto de 2020), 15.304 fallecidos (que seguro que son más) y 423.538 personas en situación de desempleo. Con una caída del PIB en el primer trimestre de este año del 4% y un total de 81.000 ERTEs tramitados entre abril y junio). Y por si fuera poco, con más de 350.000 personas, un 6 % de la población residente en la región madrileña, alimentada por instituciones benéficas o servicios sociales de la Administración.

No cuestiono las ayudas a personas vulnerables por infinitos motivos. Lo que me indigna es la injusticia y la discriminación de que un individuo, por ser LGTBI, sea beneficiado con prebendas y privilegios frente a cualquier otra persona

Pues en este contexto dramático y real, en el contexto de una crisis sanitaria, económica y social mundial sólo comparable a la de las últimas posguerras, vamos a financiar sus proyectos a las entidades LGTBI. Es lo que se llama “empatizar” (cursi término donde los haya) con las demandas de los ciudadanos.

“Mujer, no se ponga así. Se especifica que son personas LGTBI en situación de vulnerabilidad, gente necesitada por tanto”, me puede decir algún amable y caritativo lector. No cuestiono las ayudas a personas vulnerables por infinitos motivos. Lo que me indigna es la injusticia y la discriminación de que un individuo, por ser LGTBI, sea beneficiado con prebendas y privilegios frente a cualquier otra persona. Vamos, que en función de la “identidad sexual” uno obtenga determinadas ayudas y otros que tienen otra “identidad sexual” (hombres y mujeres, por ejemplo) sigan mendigando o sobreviviendo como pueden. Ya sean huérfanos, viudas, separados y divorciados, personas con alguna discapacidad, desempleados, empresarios arruinados por la pandemia o ancianos abandonados.

No cabe mayor injusticia y discriminación que la que se ejerce contra el ciudadano de a pie en nombre de una supuesta igualdad y a favor de una minoría presuntamente agraviada desde hace milenios

Sin contar con un detalle nada insignificante: ¿cómo acredita una persona que pertenece al ‘colectivo LGTBI’? ¿Formando acaso parte del registro de socios de las entidades benefactoras? ¿Cuál es el indicador, el carné o el salvoconducto para obtener ayudas? ¿Acude un inspector a la habitación donde pernocta el sujeto? ¿O basta con llegar a la entidad sin ánimo de lucro que reparte beneficios y otorga prebendas y decir que ese día, justo ese que está abierta la caja para pagar, uno se siente LGTBI? Lo siento, pero me huele a chamusquina, timo o corruptela. Un Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como.

No cabe mayor injusticia y discriminación que la que se ejerce contra el ciudadano de a pie en nombre de una supuesta igualdad y a favor de una minoría presuntamente agraviada desde hace milenios. Y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en manos del llamado centro-derecha, entusiasmado, aplaudiendo y pagando con nuestro dinero como un nuevo rico invitando a sus colegas a cenar en sitios caros.


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Comunidad de Madrid

«Los vecinos están aterrorizados». Rocío Monasterio (VOX) rompe el silencio sobre el albergue juvenil de la Casa de Campo madrileña, ahora dedicado a menas

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El Sindicato Unificado de Policía ha emitido una nota que recoge que tres de cada cuatro menores detenidos en Madrid son extranjeros no acompañados.

La diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, se ha acercado al albergue juvenil -ahora centro de acogida de menas- de la madrileña Casa de Campo.

Allí ha recogido de primera mano los testimonios de vecinos que viven con preocupación la oleada de robos y agresiones de las últimas semanas.

Recientemente un grupo de menas fue arrestado por causar brechas en la cabeza a varios vecinos en la Casa de Campo que intentaron ayudar a una mujer a la que los jóvenes habían sustraído pertenencias.

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La asociación de vecinos del Batán-Casa de Campo lucharán para que el centro de Primera Acogida de menores de la Comunidad de Madrid ubicado en el barrio vuelva a ser albergue juvenil, «que es para lo que fue creado en los años 40».

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía ha emitido una nota que recoge que tres de cada cuatro menores detenidos en Madrid son extranjeros no acompañados, y ha asegurado que el incremento de la delincuencia en la capital está protagonizada por los denominados como ‘menas’.

El sindicato ha emitido la después de los sucesos acontecidos recientemente en la Casa de Campo de Madrid, donde varios de estos jóvenes han producido atracos y asaltos violentos a vecinos, «generando alarma social entre los ciudadanos sobre la situación de estos menores».


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Comunidad de Madrid

Ciudadanos negocia con la izquierda madrileña una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso

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Aguado (C's) y Gabilondo (PSOE)
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El Gobierno de la Comunidad de Madrid podría cambiar de manos antes de que finalice el año. La izquierda madrileña lleva semanas sondeando con Ciudadanos la vía de un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid. Hasta el momento se ha mantenido dos reuniones para analizar los pros y los contras de un cambio político en el gobierno regional.

Tanto unos como otros saben que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha consolidado su popularidad entre los madrileños. Ayuso se ha convertido en el azote del Gobierno Sánchez y los últimos sondeos electorales le auguran una mayoría casi absoluta en la región.

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La moción del PSOE contra Ayuso, que sería apoyada por Ciudadanos tras el desafecto político sufrido por su líder Ignacio Aguado, y contaría con el apoyo externo de Unidas Podemos y Más Madrid, significaría la constitución de un Gobierno de Coalición PSOE-Ciudadanos presidido por Ángel Gabilondo con Aguado como vicepresidente.

La propia Ayuso ha declarado que no tiene la seguridad de que PSOE y Ciudadanos no pacten un gobierno de coalición en Madrid para desalojarla de la Presidencia del Gobierno regional.

«No lo sé. Yo sé que hablan mucho pero también dicen que ayer algunos de sus dirigentes decían que eso ahora mismo no lo contemplaban. No sé si querrán pactar o no con el PSOE», ha manifestado.

Fuentes del grupo parlamentario del PP en Madrid han advertido acerca de otro escenario que podría aún en el caso de que Ignacio Aguado y la dirección nacional de Ciudadanos descartasen apoyar la iniciativa que promueve la izquierda madrileña: que haya tres diputados díscolos en el partido naranja que «decidieran apoyar una moción de censura» y actuar al margen de las directrices del vicepresidente regional. «Es una posibilidad que se está barajando», afirman las citadas fuentes, convencidos a nivel interno que pese a lo defendido de puertas para afuera «se ha hablado de moción», aunque reconocen que, por el momento, «no se ha concretado nada».

En este sentido, estos cuadros del PP desconfían especialmente de Alberto Reyero a raíz de la guerra abierta entre éste y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, al hilo de unos correos electrónicos filtrados en El País, que venían a demostrar que Reyero advirtió a Escudero que estaba cometiendo acciones presuntamente ilegales por haber dictado -y firmado- una orden por la que se instaba a no trasladar a ancianos en estado grave de residencias a hospitales durante el peor momento de la pandemia, en contra del criterio de la Consejería de Políticas Sociales. El PP lo niega y atribuye el envío de aquel documento a un «error», por lo que, aseguran, nunca llegó a aplicarse.

Pero Reyero dio un golpe encima de la mesa y pidió una comisión de investigación para dirimir la presunta responsabilidad del PP sobre las muertes en las residencias madrileñas, al considerar que habían regido criterios que no eran ni «éticos» ni «legales», y que se habían tomado decisiones pese a estar su consejería «radicalmente en contra». Las filtraciones de Ciudadanos sentaron como un jarro de agua fría en el tejado de los populares, con Escudero tildando de «traición» y de «fariseísmo político sorprendente» las declaraciones de su compañero y negando la mayor sobre las acusaciones de Reyero.

«Lo que ha hecho Reyero es de una deslealtad absoluta», sostienen en el PP madrileño, que consideran que el consejero «ha traspasado la línea» y «está fuera de control» porque «prácticamente ha querido imputar responsabilidades penales» a Enrique Ruiz Escudero. Ponen en duda incluso la lealtad de éste hacia el propio Aguado, convencidos en este caso que actúa «con intereses propios», vistos los últimos acontecimientos.

Para que quedase aprobada, una moción de censura debería contar con el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara madrileña. PSOE, Más Madrid y Podemos suman 64 diputados, por lo que las cuentas saldrían con el ‘sí’ de tres de los 26 diputados de Ciudadanos.


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