Tertsch arremete contra Harry y Meghan Markle tras atacar a Trump: "Estos dos memos..." - ALERTA NACIONAL
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Tertsch arremete contra Harry y Meghan Markle tras atacar a Trump: “Estos dos memos…”

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En medio del revuelo por el abandono de la Familia Real británica por parte de los Duques de Sussex, el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, en las últimas horas ha trascendido la información de que el matrimonio tiene en sus planes mudarse a Estados Unidos, pero no mientras el presidente Trump siga en el cargo.

Este dato no ha dejado indiferente a Hermann Tertsch, diputado de Vox en el Parlamento Europeo, que ha arremetido contra la pareja real y de paso ha elogiado la gestión del presidente Donald Trump. Tertsch ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje en el que augura que la unión entre Harry y Meghan no durará demasiado y en el que se atreve a pronosticar que Trump logrará revalidar su mandato en las próximas elecciones de noviembre.

Además, el diputado de Vox en el Congreso de los Diputados Luis Gestoso ha respondido al mensaje de Tertsch y ha aludido a una famosa foto tomada durante la boda real entre Meghan y Harry. Se trata de un momento captado por los fotógrafos en el que la Reina Isabel II le ponía una “cara de vinagre” a la Duquesa de Sussex. La imagen se hizo viral y, en opinión del diputado de Vox, es buena muestra del “ojo clínico” de la monarca británica a la hora de juzgar el carácter de las personas.


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Progres, no pongáis vuestras sucias manos en nuestros hijos

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AN.- Abortad a vuestros hijos cuanto queráis, educadlos según os plazca, inculcadles vuestros corruptos principios, pero cejad en el empeño de pervertir a los nuestros con vuestras teorías escatológicas como dimensión de vuestro satánico universo. Acaso la pretensión de la mafia progresista de arrebatarnos a nuestros hijos sirva para que la derecha social española diga ‘basta’ y para que afrontemos todos a una el desafío de plantar batalla a su prevaleciente ideología. Ni un paso atrás. La derecha política debe sacudirse sus complejos y reivindicar el concepto de la decencia frente a quienes quieren imponer a nuestos hijos el de la inmoralidad. Hemos aceptado durante años que la izquierda asuma el control de las ideas oficiales a cambio de que no nos llamen ultras ni fascistas. Hasta ahora  nos habían impuesto sus sucios mantras por la rendición ideológica de la derecha liberal y por el temor de una mayoría social a sus métodos matonistas. Pero es la hora de decirles alto y claro que se acabó la dictadura del pensamiento único. Y que si nos llaman fascistas, aceptaremos encantados el cumplido a condición de que no seamos ni pensemos nunca como ellos.

Nuestra ventaja sobre ellos es que no se creen las bondades de sus propuestas en cuestiones concernientes a la moral antinatural ni en su aceptación por una mayoría social. Si lo creyeran, no requerirían de tribunales de odio ni de policías del pensamiento. Cuando tienen que parapetar tanto sus infames fundamentos doctrinales frente a críticas intelectuales y refutaciones morales, entonces es que saben de la debilidad de sus argumentos, y que estos no defienden el bien general y sí los intereses de las elites mundialistas que quieren aniquilar nuestra forma civilizadora de vida para convertirnos en sus esclavos.

“Los niños no son propiedad de los padres”, ha dicho la ministra de Educacións. Y lleva razón la ministra, seguramente no hay algo más evidente para quien trae a un niño al mundo, para quien lo cría y lo ve crecer que los niños no son de los padres. Pero mucho menos del Estado. Los padres tienen eso sí, el gusto y la responsabilidad de educarlos como les parece mejor para ellos. Y ese principio tan sensato está reconocido en nuestra Constitución. Si la ministra de Educación ha querido expropiar a los padres de su gusto y de su responsabilidad, la ministra de Igualdad, Irene Montero, directamente ha señalado que hay niños dominados por padres homófobos que tienen que ser liberados por el Estado.

Menos mal que tenemos un Estado progresista que libera a los niños de sus padres. Hay que librar la lucha de clases en el seno de la familia. Estas declaraciones de las dos ministras han sido la reacción al acuerdo al que han llegado Vox, el PP y Ciudadanos en Murcia para poner en marcha el pin parental. El Gobierno de Sánchez va a hacer un requerimiento al Gobierno de Murcia y va a llevar el asunto a los tribunales. El caso del pin parental es un caso muy interesante y nada sencillo sobre el derecho del Estado a fijar los contenidos de la enseñanza que reciben los niños y el derecho de los padres a elegir la enseñanza que quieren para sus hijos, de los que no son los dueños pero sí los responsables. Estamos hablando de los límites de los derechos y las fronteras siempre son viscosas en este campo. El pin parental que ha conseguido sacar adelante Vox consiste en que los padres autoricen o no autoricen cualquier charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o las cuestiones LGTBI. Estamos hablando de actividades complementarias, impartidas por personas ajenas al centro que no están dentro del currículum. Por parte de Vox, Espinosa de los Monteros ha argumentado que tiene derecho a autorizar o no autorizar estas charlas.

La ministra de Educación Isabel Celaá, la Ministra Portavoz y de Hacienda María Jesús Montero y la ministra de Igualdad Irene Montero

Hemos llegado a esta polémica porque los contenidos educativos se han convertido en una trinchera ideológica. Mal asunto. Llevamos décadas sin un acuerdo amplio sobre qué y cómo deben estudiar nuestros hijos. La Administración, el Estado, tiene derecho a establecer cuáles son los contenidos de los programas de enseñanza que son obligatorios. Lo ideal es que esos contenidos estén consensuados y sean para todos. Pero los padres también tienen derecho a que sus hijos reciban la formación moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. El conflicto se planteó en la época de Zapatero porque había una serie de padres que consideraban que la asignatura de Educación para la Ciudadanía vulneraba su libertad y debía asistirles la objección de conciencia. El asunto llegó al Supremo, que, con una sentencia muy controvertida, aseguró que no había derecho a la objección de conciencia porque la materia de esa asignatura no podía vulnerar la libertad de conciencia de los padres. Ahora, con el pin parental, no estamos en el mismo caso porque no se discute sobre un asignatura que esté en el plan de estudios impartida por profesores. Aquí estamos hablando de una enseñanza que no está incluida en el plan de estudios y que no imparten los profesores. Ya veremos qué dicen los tribunales, pero parece lógico que en una sociedad plural, los contenidos que no estén en el programa sean autorizados por los padres. Seguro que hay padres que quieren decidir sobre la asistencia de sus hijos a una charla extraescolar sobre el genocidio de Stalin provocado por la deskulakización.

En el anterior y denostado régimen, los padres mayoritariamente educaban a sus hijos para que fueran capaces de afrontar riesgos, de valorar posibilidades, de asumir la incertidumbre del resultado de sus actos. La mafia izquierdista pretende hoy que los padres, manipulados por los intereses que usufructúan el poder, estén obligados a obedecer a políticas tan repugnantes como Irene Montero, a no pensar por sí mismos, a vender a unos pocos la libertad, la seguridad y hasta el futuro de sus hijos.

Curioso es este Estado que, pretendiendo ser la encarnación del interés general, sólo asegura de hecho los intereses particulares de los diversos grupos partidarios en función de la capacidad de presión que sus hombres posean, o del número de votos obtenidos.

La consumación de esta gran farsa democrática se encuentra privada de cualquier derecho, ya que la responsabilidad rechazada es solo la otra cara de la libertad.


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Los padres, sobre el pin parental: “Responde a la intención del Gobierno de entrar en el ámbito familiar”

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El pin parental que ya se aplica desde septiembre en las aulas de la Región de Murcia busca hacer obligatorio que los centros informen a los padres de cualquier actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre sexualidad que puedan ser intrusivas para la concicencia y la intimidad de un niño o adolescente. En definitiva, que los padres puedan decidir si sus hijos deben o no asistir a esta tipo de formaciones. Para el Gobierno el pin parental es una censura previa, mientras que los padres que defienden esta medida lo consideran una reacción lógica de los padres a la intromisión del Estado en asuntos que competen a cada familia.

“Los que tienen que garantizar esa libertad de los menores somos los padres”, asegura Pedro Caballero, el hombre que está al frente de la asociación de padres CONCAPA. Consideran que, lejos de buscar consensos con su amenaza de llevar el PIN parental a los tribunales, el Gobierno trata de polarizar y dividir aún más a la comunidad educativa y piden que se respete el derecho de los padres a poder educar a sus hijos conforme a sus valores y convicciones y libertad para las familias a la hora de elegir el centro educativo que eligen para sus hijos.

“El pin pide autorización expresa de los padres porque el Estado, ampliando sus competencias y vulnerando los derechos de las familias, está entrando en el ámbito de lo familiar, religioso y moral”, asegura Caballero a COPE.

Además, cree que el papel que ha tomado la ministra Celaá no ha ayudado a lograr el deseado pacto educativo. “Celáa tenía que haber abanderado ese diálogo y ese sosiego para no incendiar más a las familias y al sistema educativo. Ella debería abanderar lo que le hemos pedido mil veces: un pacto educativo en el que saquemos la política de la Educación y empecemos a trabajar en lo que nos une”, ha concluido.

EL GOBIERNO ADVIERTE DE UNA RESPUESTA “CONTUNDENTE”

El Gobierno ha advertido este viernes que “responderá con contundencia” ante el pin parental o cualquier actuación que vulnere los derechos de los menores y ha anunciado que recurrirá por la vía administrativa o judicial las medidas que en este sentido tomen PP, Vox y Ciudadanos donde gobiernen. Lo ha dicho la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Ministros, donde se ha decidido enviar un requerimiento al Gobierno de Murcia para que retire el pin parental

La ministra de Educación, Isabel Celaá, y la de Igualdad, Irene Montero, han expresado también en la rueda de prensa posterior al Consejo su rechazo al pin parental -una exigencia de Vox en la negociación de los presupuestos regionales- al que han calificado de “censura educativa”. “Vulnera el derecho fundamental de los niños a ser educados. Es un instrumento de censura educativa que no podemos tolerar en nuestras escuelas”, ha enfatizado Celaá.

Por su lado, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado que va a solicitar su comparecencia en la Comisión del seguimiento del Pacto de Estado contra la violencia machista al considerar que el pin parental supone “una clara ruptura” del mismo, ya que incluye la educación afectivo-sexual”. “Los hijos e hijas de padres y madres machistas tienen el mismo derecho a ser educados en valores igualitarios”, “en libertad y en feminismo”, “de amar a quien quieran y cuando quieran”, ha manifestado Montero. “Cuando la educación afectivo sexual por educadores expertos desaparece de las políticas públicas se acude a otras fuentes”, ha advertido en un tuit la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, quien ha alertado: “ya hemos visto las consecuencias de su sustitución por la pornografía”. La ministra de Educación ha confiado en que Murcia atienda al requerimiento pero, de no ser así, ha dicho que “para eso están los tribunales”.

Fue una de las exigencias de Vox en los acuerdos de gobierno con PP y Ciudadanos en Murcia, donde ayer jueves por la noche las tres formaciones llegaron un acuerdo sobre los presupuestos manteniendo el actual pin parental establecido a principios de curso en una instrucción educativa y, por tanto, con menos exigencias que el propuesto por el partido de Abascal. El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha insistido en que el pin parental será necesario en los centros de Murcia y Andalucía para actividades de carácter afectivo-sexual, diversidad sexual y modelos de familia y que “no es más que un instrumento para dar a los padres libertad de elegir”.

Mientras que desde el PP, su secretario general, Teodoro García Egea, afirmó que esa medida ya funciona en Murcia desde hace meses y defendió la libertad de los padres para elegir la educación que reciben sus hijos. En medio de la polémica, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha negado este viernes que haya pactado ese tema en Murcia o en cualquier otra comunidad donde gobierna con PP y el apoyo de Vox. “Siempre hemos votado en contra cuando se ha planteado. Es un mensaje erróneo porque no aceptamos ese concepto”, ha asegurado Bal en una rueda de prensa en el Congreso al explicar que el acuerdo al que han llegado en Murcia con Vox o en Andalucía es que en materia de enseñanza se deberán cumplir “los principios constitucionales con respecto a la educación y los derechos de los niños y de los padres”.

Sobre el anuncio del requerimiento, el consejero de Presidencia murciano, Javier Celdrán, lo ha calificado de “precipitado” sin que Educación conozca en qué consiste la iniciativa. Para Celdrán, esta medida lo que hace es primar la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, defender el derecho del docente a poder educar con “autonomía” y tener medidas “precautorias” con respecto a la presencia en las aulas de una asociación o cualquier tipo de persona externa al docente a dar una información que pueda no ser del interés de los padres. También el pin parental es uno de los requisitos que el partido de Santiago Abascal quiere imponer en la Comunidad de Madrid y en Andalucía para dar apoyo a sus presupuestos.

Precisamente este viernes, el consejero andaluz de la Presidencia, Elías Bendodo, ha defendido la aplicación del pin parental o “derecho a decidir” de los padres sobre la educación de sus hijos, y ha sostenido que cuando se concrete esta medida será “dentro” del marco legal y de la ley de Educación. Aunque el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha asegurado que no comparte la posición de Vox sobre el pin parental aunque ha matizado que para gobernar, en el Ejecutivo andaluz existen dos “pensamientos y un solo proyecto”.

Desde Madrid, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado (Ciudadanos), ha asegurado que no se ha dado “ningún paso” para implantar esta medida y ha emplazado al partido de Abascal a presentar en la Asamblea una ley si quiere cambios normativos al respecto. Sin embargo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que “cualquier medida” como el pin parental le parece “adecuada y acertada” para “garantizar el derecho fundamental” de los padres a educar a sus hijos “libremente”.


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Celaá justifica su rechazo al «pin parental» en que los «hijos no pertenecen a los padres»

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La ministra de Educación Isabel Celaá, la Ministra Portavoz y de Hacienda María Jesús Montero y la ministra de Igualdad Irene Montero, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros
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El Gobierno ha remitido a la Consejería de Educación de la Región de Murcia un requerimiento para retire de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principio de curso el uso del «pin parental». Así lo señaló este viernes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que participó también la ministra de Educación Isabel Celaá y la de Igualdad, Irene Montero.

Celaá ha asegurado que el «”pin parental” vulnera el derecho fundamental de los niños a ser educados. Es un instrumento de censura educativa que no podemos tolerar en nuestras escuelas». Ha cuestionado que se trata de una medida que «contraviene las competencias del centro educativo». Desde el Gobierno reclaman «que la legalidad se restablezca» y se proceda a la retirada de este instrumento.

Según la ministra de Educación, este derecho fundamental a la educación pertenece a cada persona desde su nacimiento por lo que considera que «no podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres».

El Ministerio de Educación envió ayer un comunicado en el que anunciaba que recurriría por la vía judicial «cualquier iniciativa dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado» en relación al uso del «pin parental» por parte de la Región de Murcia.

Celaá ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que si se implantara el «pin parental», «podríamos llegar a absurdos tales como un grupo de padres antivacunas para que los niños no se educaran sobre la efectividad de las vacunas».

«Padres homófobos»

Además, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado al respecto que va a solicitar su comparecencia a petición propia en el parlamento porque entienden que el pin parental supone «una ruptura del Pacto de Estado» contra la violencia de género. Montero lo ha definido como un elemento de «censura educativa» porque cuestiona la libertad de enseñanza en determinados valores a los niños cuyos padres sean «machistas» y «homófobos».

«Los hijos y las hijas de padres homófobos tienen el mismo derecho a ser educados en que tienen el derecho de amar a quien quiera y a ser educados en libertad en el feminismo y la igualdad», ha señalado.

También ha afirmado que la educación es «uno de los pilares de nuestra democracia» y que espera «que las fuerzas políticas de la derecha no se dejen llevar por Vox.

Vox, detrás de la propuesta

El «pin parental» es una medida promovida por Vox y que ha permitido al gobierno de coalición de Murcia formado por PP y Ciudadanos desbloquear los presupuestos de 2020. También se ha exigido para desbloquear los presupuestos de Andalucía aunque en esta última aún no se ha implantado. El consejero andaluz de la Presidencia, Elías Bendodo, denfedió «derecho a decidir» de los padres y aseguró que cuando se concrete la medida será «dentro» del marco legal y de la ley de Educación.

En Madrid, donde podría repetirse la situación, el consejero de Educación e Investigación, Enrique Ossorio, ha dicho que el Gobierno regional está «abierto» al «pin parental». Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que «cualquier medida» como el pin parental le parece «adecuada y acertada» para «garantizar el derecho fundamental» de los padres a educar a sus hijos «libremente», informa Efe.

Y el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, ha asegurado que no se ha dado «ningún paso» en Madrid para implantar el pin y ha señalado que el partido deberá presentar en la Asamblea una ley si quiere cambios normativos al respecto.

En medio de la polémica, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha negado este viernes que haya pactado ese tema en Murcia o en cualquier otra comunidad donde gobierna con PP y el apoyo de Vox.

«Siempre hemos votado en contra cuando se ha planteado. Es un mensaje erróneo porque no aceptamos ese concepto», ha asegurado Bal en una rueda de prensa en el Congreso al explicar que el acuerdo al que han llegado en Murcia con Vox o en Andalucía es que en materia de enseñanza se deberán cumplir “los principios constitucionales con respecto a la educación y los derechos de los niños y de los padres».


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