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Un cartel mexicano mata y descuartiza a 19 personas y cuelga algunos de los cadáveres de un puente

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Varios cadáveres aparecen colgados y desmembrados ayer en un puente de la ciudad de Uruapan
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El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes «El Mencho», se atribuyó ayer el asesinato de 19 personas cuyos cadáveres fueron abandonados en tres zonas del municipio de Uruapan, en el occidental estado mexicano de Michoacán. Hasta el momento, el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Michoacán mantiene bajo su resguardo los 19 cadáveres, de los cuales varios se hallaron desmembrados y otros tantos colgados de un puente. Las autoridades especificaron, además, que tres de las víctimas eran mujeres.

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De acuerdo con la fiscalía estatal, en uno de los puntos fue localizada una manta donde el CJNG se atribuyó el múltiple crimen y plasmó amenazas contra el grupo delictivo autodenominado como Los Viagras, brazo armado del cártel de La Nueva Familia Michoacana. El organismo precisó que estos dos cárteles buscan el control de las operaciones ilícitas en Michoacán y las zonas limítrofes con los estados de Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Colima y Querétaro.

«Hay una pugna entre células que se atribuyen la pertenencia, o determinadas bandas delincuenciales, y se disputan el territorio para controlar las actividades relacionadas con la producción, distribución y el consumo de drogas», dijo ayer el fiscal de Michoacán, Adrián López.

El CJNG y La Nueva Familia Michoacana buscan tomar el lugar que dejó el cártel de Los Caballeros Templarios que fue desarticulado, aunque no hasta su extinción, por la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán que instaló en 2014 el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció que su gobierno trabajará coordinadamente con la administración del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, para atacar a las bandas de narcotraficantes que operan en el estado. «Ante los hechos ocurridos en Uruapan, he instruido al gabinete de seguridad para que no bajemos la guardia y sigamos actuando con firmeza contra quienes se empeñan en quebrantar la ley y la tranquilidad de las y los michoacanos. Ni un paso atrás», informó Aureoles en Twitter.

Uruapan se encuentra en una zona boscosa propicia para la construcción de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas, cuyos kilogramos puede tener un costo de entre los 5.000 y 8.000 dólares en Estados Unidos. El estado tiene además 470 kilómetros de litoral del Pacífico, donde autoridades federales han detectado importantes cargamentos de cocaína provenientes de Sudamérica.
«Sucesor» de El Chapo

Recientemente, la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA) reveló que «El Mencho», considerado el narcotraficante más poderoso tras la caída de Joaquín «El Chapo» Guzmán, se esconde en montañas de los estados de Michoacán, Jalisco y Colima. Según la Fiscalía General de la República (FGR), el líder del CJNG, nació en el municipio de Aguililla, en la región de Tierra Caliente de Michoacán, ubicado a tan sólo 50 kilómetros de Uruapan.

En junio pasado, López Obrador ordenó el despliegue en Michoacán de cientos de agentes de la recién conformada Guardia Nacional, en un intento por contener la ola de violencia, que en esta región se remonta a más de una década. El 6 de septiembre del 2006, narcotraficantes del cártel de La Familia Michoacana arrojó las cabezas de cinco hombres en la pista de baile de un bar en Uruapan, donde además dejaron una cartulina con advertencias a un grupo rival. Se considera que este suceso fue el detonante de la inseguridad en la zona, que no ha remitido.

México padece una ola de violencia en la mayoría de delitos tanto de alto como de bajo impacto. En el primer semestre del año se registraron 17.138 homicidios dolosos, lo que supone una media de 95,2 asesinatos diarios y un 7,2 % superior respecto a las estadísticas del primer semestre del 2018, cuando se reportaron 15.973 casos.


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¿Sorpresa? El movimiento #BlackLivesMatter que está destrozando medio Occidente, está financiado por la Narcodictadura del Mandril del Orinoco

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A la derecha de la imagen, abrazada al narcodictador de Venezuela, Opal Tometi, fundadora del movimiento #BlackLivesMatter
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#Black LivesMatter, al respaldar a un tirano como Maduro muestran que no están en contra de la violencia policial, sino que quieren que el poder de pisotear a opositores esté en manos de sus aliados.

Bajo la consigna Black Lives Matter (las vidas negras importan) manifestantes dicen combatir el abuso policial en EE. UU. (convencidos que es por persecución racial). Lo que muchos no saben es que las fundadoras de este movimiento, con cada vez más presencia política, respaldan a un tirano como Nicolás Maduro que reprime con violencia a la población civil e incluso arroja tanquetas sobre manifestantes pacíficos.

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Desde la empatía, medios, empresas e individuos de todos los colores han adherido a esta causa que ha colmado las calles y las redes sociales, ignorantes del origen de la misma, sobre todo de quienes la dirigen.

Fundadoras de Black Lives Matter están vinculadas a narcodictadura venezolana

Las fundadoras del movimiento, Patrisse Cullors, Alicia Garza y Opal Tometi, públicamente han demostrado un largo nexo con el socialismo y con Maduro personalmente.

En el 2011 Cullors dio su primera presentación ante el Left Forum (foro de izquierda), el congreso anual más grande de la izquierda internacional, denominado «un lugar para personas con ideas radicales». Alicia Garza aparece en la página oficial como oradora destacada desde el 2015.

El compromiso de las fundadoras de Black Lives Matter con la izquierda radical es tal que Tometi viajó personalmente a Venezuela para supervisar el recuento de votos en las elecciones parlamentarias del 2015.

Es necesario señalar que instituciones internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea no enviaron representantes a estas elecciones debido a que estaban viciadas. Entonces en una maniobra de Maduro para hacer creíble su sistema electoral convocó a sus coidearios internaciones para la tarea de fiscalizar el proceso electoral, entre ellos a Black Lives Matters.

Como la oposición ganó dichas elecciones, el movimiento publicó un manifiesto titulado Black Lives Matter en solidaridad con el pueblo venezolano. En dicho escrito las activistas llaman «contrarevolucionarios» a la oposición en Venezuela, término vigente en la Cuba comunista de partido único donde no se permite criterio disidente, mucho menos marchas contra el Gobierno, como las que sí tienen la libertad de hacer Black Lives Matter en EE. UU.

«Ofrecemos esta expresión de nuestra inquebrantable solidaridad con el pueblo venezolano progresista y revolucionario al reflexionar, reagruparse y rectificarse para defender la Revolución Bolivariana», exclaman. Es decir, el respaldo al régimen no se limita a sus fundadoras de forma individual, sino que lo han manifestado a nivel institucional.

Como hecho a destacar, en el día de la historia, una de ellas eligió resaltar el ascenso al poder de Hugo Chávez. La publicación tiene más de una década, de modo que no se trata de una situación coyuntural, sino de una ideología arraigada.

De hecho, en la Cumbre de Líderes Afrodescendiente celebrada en Harlem, EE. UU., Maduro fue condecorado. Entre los panelistas estaba nada menos que Tometi de Black Lives Matter.

Es decir, quienes hoy alegan marchar contra la represión policial en EE. UU. han respaldado públicamente a un tirano que asesina y reprime a quienes levanten su voz contra la dictadura chavista.

Las comunidades indígenas han sido las más afectadas por Maduro

Cuando la oposición venezolana triunfó en elecciones parlamentarias, Black Lives Matter lamentó esto como un «duro» golpe a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. No obstante, dentro de la crisis humanitaria que padece Venezuela, las comunidades indígenas han sido las más afectadas por el socialismo del régimen. La miseria es tal que en la frontera con Colombia mujeres indígenas regalan a sus hijos.

Uno de los casos de abuso más sobresalientes por parte de Maduro fue hacia los pemones, pueblo indígena que habita la frontera con Brasil. Luego del primer enfrentamiento fueron asesinados dos indígenas, al menos 22 heridos, cinco con impacto de bala, de los cuales tres necesitaron ser transportados a Brasil para cirugía. Todo por intentar acceder a la ayuda humanitaria que la comunidad internacional enviaba a Venezuela, cuando Maduro lo impidió por la fuerza.

Por causa de la falta de alimentos, los venezolanos bajaron en promedio 11 kilos y más del 60 % de se acuesta a dormir con hambre. Por tanto, la indignación de los pemones se potenció cuando la dictadura pretendía restringir el acceso de comida y medicamentos y muchos huyeron en masa hacia Brasil. Hoy hacen parte de los cinco millones de exiliados.

Black Lives Matter no está en contra del abuso policial

Apoyar a un sistema de gobierno que reprime a las minorías étnicas solo es una de las tantas inconsistencias de Black Lives Matter, un movimiento cuyas manifestaciones han destruido sobre todo a los barrios de población negra e inmigrante, a la que afirman defender.

Sus protestas han conducido a la destrucción de patrimonio material e histórico, incluyendo el mausoleo de un regimiento de soldados negros que batalló en la Guerra Civil y condujo a la liberación de los esclavos africanos, y la mayoría de los policías asesinados por enfrentar a los saqueadores eran negros.

Que las principales víctimas de la destrucción provocada por Black Lives Matter sean negros muestra que no importan todas las vidas negras por igual, sino aquellas funcionales a su causa, comenzando por la exigencia de desmantelar a la policía de Minneapolis, donde un policía asesinó a George Floyd. Esto implicaría destituir al primer jefe de policía negro de la ciudad.

Al respaldar a un tirano como Maduro, Black Lives Matter muestra que no están en contra de la violencia policial, sino que quieren que el poder de pisotear a los opositores esté es en manos de sus aliados ideológicos.


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Venezuela: El narcogobierno de Maduro utiliza la valija diplomática para enviar cocaína a España, Francia, Alemania, Holanda e Italia

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Por Joaquín Abad/Mil21.-

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Un antiguo miembro de las FARC, Alexander Duque González, ahora colaborador de la DEA, ha realizado unas declaraciones a los periodistas Roberto Granda, de España, y Herbin Hoyos, de Colombia, en el programa Estado de Alarma, donde narra las vinculaciones de Venezuela y Ecuador en el tráfico de cientos de toneladas de cocaína a Europa y Estados Unidos.

Según este testigo de la Corte Sur del Estado de Nueva York, en el sumario donde el Fiscal General William Barr solicita la extradición de la cúpula del gobierno venezolano por narcoterrorismo, Rafael Correa fue financiado por las FARC para la presidencia de Ecuador, con el compromiso de que les facilitara el paso de la droga procedente de Colombia y Perú por su país y la utilización de los puertos del Pacífico en las costas ecuatorianas.

Incluso se llegó a colocar un alijo de 50 kilos de cocaína en uno de los barcos del candidato contrario, Álvaro Novoa, para que el escándalo lo apartara de la presidencia y despejar la llegada de Rafael Correa.

El propio Alexander Duque fue el encargado de entregarle a Correa el dinero que necesitara para su campaña electoral.

Declara que el personalmente facilitó setenta toneladas de cocaína por encargo del gobierno de Venezuela, siendo el Jefe de la Inteligencia Miliar, en persona, Hugo Carvajal, quien se hizo cargo de la mercancía que era transportada en aviones y que se repartía a diferentes plazas con destino Europa, Estados Unidos y Canadá.

Alexander Duque dice que mucha de la droga que se suministraba a Venezuela, era enviada en maletas de 40 hasta 60 kilos cada una, en valija diplomática a las embajadas de Madrid, Paris, Berlín, Roma y Ámsterdam, para sobornar a autoridades y políticos. Esto lo comentó cuando se le preguntó su opinión sobre las famosas maletas que acompañaban a Delcy Rodríguez, en el pasado mes de enero, a su paso por el aeropuerto de Barajas acompañado del ministro Ávalos, que como se publicó, cambió su versión unas ocho veces hasta reconocer que facilitó el tránsito de la vicepresidenta a su llegada a España, a pesar de que tenía prohibido el ingreso en territorio de la unión europea.

El periodista colombiano Herbin Hoyos sostiene que cuando Hugo Carvajal huyo de Venezuela se refugió en España hasta que la justicia estadounidense solicitó su extradición, que no pudo cumplimentarse porque desapareció de su domicilio, y que fue protegido por el sector de Podemos que tiene vinculaciones con Venezuela, señalando directamente a Pablo Iglesias, actual vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez.


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Hacinados y sin alimentos: así son tratados por la dictadura de Maduro los inmigrantes venezolanos que volvieron al país por el coronavirus

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Por Lucas Goyret.- A principios de mayo, la vicepresidenta de la dictadura chavista, Delcy Rodríguez, resaltó en conferencia de prensa “las bondades del modelo venezolano” para frenar la pandemia de coronavirus. Las autoridades del régimen, además, denuncian casi a diario las condiciones en las que son presuntamente tratados los migrantes venezolanos en otros países. Sin embargo, cada vez son más los reportes de tratos “inhumanos” que reciben los venezolanos que decidieron volver al país por la pandemia.

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Según ACNUR, la agencia para los refugiados de la ONU, a fines de abril eran casi 6.600 los venezolanos que regresaron pese a las catastrófica situación humanitaria y sanitaria que atraviesa el país. ¿Entonces por qué decidieron volver? “Yo he tenido contacto con varios de ellos. Una de las razones por las que vuelven es que quieren estar cerca de sus familias. Tienen mucho miedo de los que les pueda pasar en Venezuela por la pandemia, viendo que otros países, con mejores sistemas de salud, se han visto afectados seriamente”, explicó David Smolansky, comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis de refugiados y inmigrantes venezolanos.

“Las consecuencias en Venezuela por el coronavirus, si golpea como golpeó a otros países, pueden ser inimaginables. Entonces ellos quisieran estar cerca de sus familiares ante esta situación. También hay casos de personas que fueron desalojadas, se quedaron sin su hogar, y no tienen otra opción que volver a Venezuela. También tenemos casos de personas que han perdido su trabajo, y no les queda otra que volver. Hay otros que tienen mucho miedo, mucha incertidumbre, mucha ansiedad, y ante eso prefieren estar en su país”, agregó.

No obstante, las condiciones en las que son recibidos distan mucho de lo promocionado por el régimen, que se esfuerza en mostrarse como un “ejemplo mundial” ante la pandemia.

Smolansky sostuvo que al llegar a suelo venezolanos, los inmigrantes “son seriamente maltratados por el régimen”. En esa línea, detalló las vejaciones a las que son sometidos: “Muchos de ellos han dormido días en el piso, han estado en albergues hacinados, aglomerados, donde se rompe cualquier tipo de protocolo de distanciamiento social para evitar el contagio. Hemos tenido denuncias de que a muchos no se les ha dado la comida constantemente como se le ofreció. Y peor aún, obviamente no todos ellos viven en la frontera venezolana, muchos van a otras ciudades del país, por ejemplo a la capital Caracas, y han denunciado que efectivos de la Guardia Nacional les cobran moneda extranjera, específicamente 30.000 pesos colombianos, para poder trasladarlos”.

“Esto de trato humanitario no tiene nada. Las autoridades colombianas han hecho un esfuerzo importante en permitir ese corredor humanitario en el puente internacional Simón Bolívar, y en el puente de Tienditas. Pero una vez que llegan a Venezuela están en manos de la dictadura. Está recibiendo tratos crueles y degradantes. Ya de por sí los inmigrantes son una población vulnerable, y ante este trato que están recibiendo en Venezuela para su retorno, se hace más vulnerables. Muchos me han dicho que una vez que pase la pandemia y se reabra la frontera quisieran volver a Colombia; incluso si tienen la oportunidad de llevarse a su familia se la llevan”, relató el ex alcalde del municipio El Hatillo, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos por la persecución de la dictadura de Maduro.

Smolansky compartió con este medio uno de los tantos videos que le hicieron llegar los venezolanos que volvieron a su país para afrontar la pandemia cerca de sus familias. Desde la terminal de pasajeros de San Antonio, en el estado fronterizo de Táchira, uno de los inmigrantes, cuya identidad no reveló, mostró y relató la difícil situación que debieron atravesar: “Hay alrededor de mil personas. Aquí nos están usando como escudo por temas políticos. No nos están dando alimentación, dormimos todos aglomerados, en plena pandemia. Lo que están haciendo es llenar un bus, sacan un video de cuando la gente se monta, le dan la vuelta a la terminal, y vuelven y bajan a la gente para usarlo como tema político”.

El joven, con un barbijo cubriendo su rostro, agradeció el trato de las autoridades colombianas, y desmintió la versión del chavismo que indica que los inmigrantes venezolanos han recibido malos tratos en el país vecino: “Intentan decir que en todos los países nos tratan mal, que nos echaron a la calle. Eso es mentira. Colombia nos trató muy bien, nos ayudó, nos dio de comer. Nos trajo gratis hasta nuestro destino que era Cúcuta. Ahí nos volvieron a dar comida y nos acompañaron hasta que cruzamos el puente”.

Smolansky contó que muchos de estos venezolanos que vuelven al país tienen miedo de hacer este tipo de denuncias por temor a represalias de los brazos armados de la dictadura: “Los cuerpos de seguridad del régimen, específicamente el SEBIN y el DGCIM, llegaron a donde ellos estaban, por algunas horas les secuestraron el teléfono, y los amenazaron con llevárselos detenidos si seguían denunciando los tratos recibidos a su retorno”.

Además, sostuvo que al regresar a Venezuela “ni siquiera les realizar los tests, simplemente les tomaron la temperatura”: “A algunos los aislaron por dos semanas, pero es algo aleatorio del régimen; algunos simplemente fueron aislados uno o dos días”.

El comisionado de la OEA para la crisis de refugiados y inmigrantes venezolanos indicó que “el régimen, desde su carácter criminal, ha utilizado esta pandemia para militarizar mucho más el país, para profundizar la represión, y sobre todo sofisticar el control social, apoyándose de actores externos como Rusia, Cuba y China”.

La semana pasada la ONG Provea denunció que muchos migrantes “son reclutados bajo engaño y forzados a trabajar por grupos armados, paramilitares colombianos” y al menos 12 bandas criminales.

También aseveró que las cifras reportadas por la dictadura “no son transparentes”: “Yo creo que hay muchos más casos de los que conocemos”.

En los últimos días el régimen de Maduro reportó que la cifra de contagios ya supera los 800. El dictador, que acusó al presidente colombiano Iván Duque de querer “contaminar” a Venezuela con el coronavirus, indicó que el aumento de casos se debe a contagios “importados” de otros países, como Colombia.

José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional (AN), rechazó los datos y acusaciones del régimen: “Venezuela sigue siendo el país que menos pruebas realiza en América Latina. Pese a las reiteradas mentiras de Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro, Venezuela hoy es el país menos eficiente en el diagnóstico del COVID-19. El tiempo promedio en el interior del país para recibir el resultado de la prueba va de 12 a 14 días: dos semanas para recibir un diagnóstico fuera de la ciudad de Caracas”.

Además, el gobierno interino alertó en los últimos días, en medio del aumento de casos de contagios, que la situación podría tornarse “catastrófica”, mientras los hospitales del país siguen con desabatecimiento de agua, insumos médicos, y hasta elementos básicos como batas, máscaras y anteojos para tratar a pacientes con COVID-19.

(Infobae)


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