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Islas Baleares

Un técnico de la Fiscalía denuncia el «silenciamiento» de la explotación sexual infantil en Mallorca desde hace años

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Imagen de la entrevista concedida por el técnico de la Fiscalía de Menores a IB3
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El canal autonómico balear IB3 ha ofrecido este sábado el testimonio de un técnico de la Fiscalía de Menores y el de una mujer que décadas atrás —siendo niña— estuvo en un centro de internamiento, que se han pronunciado sobre la posible deficiente atención institucional que estarían recibiendo algunos menores en los centros de acogida y de internamiento en Mallorca desde hace años. Dicha inatencion habría derivado en la existencia de casos de explotación sexual infantil, que se habrían ocultado.

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En opinión de ambas personas, existiría una desatención de los menores tanto por parte de las administraciones como de los propios trabajadores sociales. «Lo más rentable hasta ahora era hacer la vista gorda. ¿Por qué? por ser un tema tabú, por conservadurismo, por no dar mal nombre a un centro o a una fundación que administra un centro», ha afirmado ante las cámaras de IB3 Enrique Pérez Guerra, educador social que trabaja en el equipo técnico de la Fiscalía de Menores. Asimismo, ha indicado que algunos de los propios adolescentes de los centros de protección de menores estarían organizando desde hace años encuentros sexuales y actuarían como proxenetas de otros menores.

El citado técnico ha señalado que el caso de la niña de 13 años que se escapó por unas horas de su centro de acogida en el día de Nochebuena y que, esa misma noche, fue violada en grupo por seis menores en un piso de la barriada palmesana de Es Camp Redó, ha destapado una realidad escondida. «Con tanta vista gorda, con tanto silenciamiento, con tanto mirar hacia otro lado, esto era un globo que se hinchaba más y más y más. Y esa niña pinchó, sin saberlo, ese gigantesco globo», ha concluido.

«Depurar responsabilidades»

El segundo testimonio recogido este sábado por IB3 ha sido el de Juana Molina, de 41 años, que fue violada cuando tenía nueve años de edad por un vecino de unos 60 años. El suceso ocurrió en la población costera de Can Picafort. Con posterioridad, con 13 años, entró en un centro de internamiento. En una de sus escapadas de dicho centro fue víctima de una nueva violación. Ahora ha explicado también que, por otra parte, ya entonces habría habido trabajadores de los centros de acogida y de los centros de internamiento que habrían abusado de menores.

Siendo ya adulta, Molina trabajó como vigilante de seguridad privada, precisamente en un centro de internamiento. «La dirección del centro era la primera que nos decía que no hablásemos y, bueno, conmigo no les ha salido bien», ha recalcado, para añadir: «Se tendrían que depurar responsabilidades, desde el primer pederasta que pide los servicios de una menor hasta los educadores que abusan de ellas y la dirección del centro que no ha dejado que eso se hiciera público».

Cabe recordar que un centro tutelado o de acogida es distinto a un centro de internamiento. En los centros tutelados el régimen es abierto y además los menores que viven en ellos no tienen antecedentes. En Mallorca hay 30 centros tutelados, que son gestionados por el Consell de Mallorca a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). Por lo que respecta a los centros de internamiento, que son de régimen cerrado para menores con antecedentes, los tres que existen en Mallorca son gestionados por el Gobierno balear.

Violación en grupo

Como se ha indicado, el detonante de la actual controversia en torno a los centros de protección de menores de Mallorca fue la agresión sexual en grupo sufrida por la mencionada niña de 13 años la pasada Nochebuena. En la mañana del 25 de diciembre, los técnicos del centro tutelado acudieron en auxilio de la víctima. Seguidamente, fue conducida a un centro hospitalario. El informe de la médico forense que atendió a la niña habría señalado que sus lesiones eran compatibles con una agresión sexual múltiple. Se activó entonces el protocolo previsto, por lo que el caso pasó a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que inició la investigación.

En la denuncia presentada por la propia víctima el día de Navidad, dicha niña habría dejado entrever que horas antes de la agresión sexual múltiple que sufrió en Es Camp Redó, un grupo de adultos con que se topó en la barriada de Son Gotleu habría intentado prostituirla. En su denuncia, la menor habría hecho también referencia a la existencia hoy de adolescentes de centros tutelados que cuando salen por unas horas de dichos centros se estarían prostituyendo a cambio de drogas o de dinero.

En ese contexto, cabe recordar que la responsable de Coordinación sobre Violencia Contra la Mujer de la Delegación del Gobierno en Baleares, Julia Vázquez, explicó la pasada semana que la Policía Nacional y la Guardia Civil no tienen constancia de la existencia de «redes organizadas dedicadas a la explotación sexual de menores» en Mallorca, si bien sí han detectado casos aislados de personas que estarían prostituyendo a adolescentes de centros tutelados. Por su parte, el presidente del IMAS, Javier de Juan, anunció la creación de una comisión para combatir la explotación sexual infantil. Dicha comisión se reunió el pasado miércoles por vez primera.

Una situación compleja

Algunos trabajadores de los centros de acogida denunciaron a lo largo de los últimos días la supuesta inacción política ante los citados casos de presunta prostitución. Por su parte, el fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, acordó «la incoación de diligencias de investigación penal» para el esclarecimiento de esos hechos. Posteriormente, el pasado martes, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, abrió una actuación de oficio solicitando información al IMAS en relación a los 16 casos recientes de explotación sexual infantil reconocidos por dicho organismo entre el total de 359 menores tutelados que atiende. De los 16 casos, en 15 de ellos las víctimas eran niñas.

Cabe recordar que en el Ejecutivo balear y en el Consell de Mallorca gobiernan sendos tripartitos conformados por el PSOE, Unidas Podemos y MÉS. La presidenta del Govern es la socialista Francina Armengol, mientras que la presidenta de la institución insular es la también socialista Catalina Cladera. Los partidos de la oposición en el Consell de Mallorca, el PP, Vox, Cs y Proposta per les Illes han exigido la creación de una comisión de investigación, que en principio ha sido aceptada por el PSOE.

Por su parte, la portavoz del Govern, Pilar Costa, descartó el pasado viernes la posible dimisión de algún responsable del Consell de Mallorca o del Ejecutivo balear por los casos de posible inacción institucional que se han venido denunciando en los últimos días. «Si yo pensase que todo esto se pudiera mejorar o resolver con una responsabilidad política, traducida en una dimisión, qué fácil sería solucionar el problema, pero desafortunadamente el problema es mucho más complejo y mucho más complicado», afirmó. Hace unos días, el Govern confirmó que desde 2016 ha despedido a cinco trabajadores de centros de internamiento por «conductas sexuales inadecuadas» con menores.

Dos mociones previas

Con anterioridad a que trascendieran todos los casos citados, Vox había presentado en diciembre pasado una moción en el Consell de Mallorca en la que proponía realizar «una auditoría independiente para conocer las necesidades y deficiencias que puedan existir en el IMAS». Dicha moción no salió adelante porque contó con el voto en contra del actual tripartito. Hace tres años, en el Parlamento balear, había sido presentada ya una primera propuesta sobre menores, más genérica, por parte de la entonces diputada del Grupo Mixto Xelo Huertas, que poco antes había sido expulsada de Podemos. El título de la iniciativa parlamentaria de Huertas era «Estudio y propuestas de mejora del Servicio de Menores y Familia de las Islas Baleares».

La proposición no de ley defendida por Huertas en marzo de 2017 constaba de cuatro puntos. En el primero, se pedía que la Cámara regional instase al Govern a «acometer las reformas normativas necesarias para mejorar e impulsar mejoras en los servicios de menores y familia» de Baleares «de acuerdo con los consells insulares y dotándolos de recursos suficientes para hacerlo». En el segundo punto, se instaba al Ejecutivo regional a «investigar los procedimientos de adopción, tutela e intervención en el ámbito familiar» en la Comunidad en los últimos decenios para «reducir la alarma social generada y en su caso pedir las responsabilidades pertinentes».

En el tercer punto de dicha propuesta, se instaba a que esa investigación se hiciera por parte de una «comisión mixta de técnicos psicosociales», en la que también participasen personas ajenas a la Comunidad de «reconocido prestigio». En el cuarto y último punto, se instaba al Govern a elaborar, en el plazo de cuatro meses, un protocolo de actuación para que los equipos de atención a la infancia y adolescencia del IMAS lo hicieran servir para «hacer la síntesis evaluadora objetivable». La proposición no de ley de Huertas no salió adelante, al ser rechazada por el tripartito que ya en la pasada legislatura daba su apoyo al Ejecutivo que entonces presidía por vez primera Armengol.

(ABC)


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Islas Baleares

Margarita Prohens: “El gobierno balear de izquierdas está intentando tapar los abusos sexuales a 16 niños”

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Margarita Prohens
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Tanto el PP, Proposta per les Illes Balears como Cs han solicitado esta semana que el Consell de Mallorca abra una investigación para descubrir qué ha ocurrido después de que se descubriera que 16 menores, 15 niñas y un niño, sufrieran explotación sexual y abusos mientras estaban siendo tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) en los últimos tres años.

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Una demanda que se ha trasladado esta semana hasta el congreso de los Diputados, donde la diputada del Partido Popular, Margarita Prohens, ha protagonizado un tenso encontronazo con el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a cuenta de las responsabilidades del gobierno balear de izquierdas. Prohens ha criticado que se está “intentando obstaculizar el trabajo que estamos realizando desde la oposición”. “Es un escándalo porque, no solo lo están intentando tapar, sino que están intentando falsear lo que ha pasado”, denuncia la parlamentaria popular.

Y es que se ha anunciado estos días una comisión de expertos para investigar lo sucedido en la que, señala Prohens, “se ha propuesto un líder de la comisión sin que la oposición pudiéramos participar”. “Este líder ya había cobrado anterior por parte del gobierno y que tiene una relación directa con el marido de la consejera responsable de la materia”, subraya la diputada del PP sobre la designación del hombre al frente de la comisión de investigación.

Desde el Partido Popular insisten en que existen “responsabilidades políticas” y critica que no se hayan producido dimisiones en los días posteriores a los que se descubriera el escándalo. “Está claro que ha habido un fallo en la cadena, los técnicos aseguran que llevaban tres años denunciando esta situación y los responsables políticos no les habían hecho caso”, apunta Prohens. “Pedimos responsabilidades políticas, porque haya unos culpables, que son los proxenetas, aquí hay unos responsables políticos”, concluye.


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Islas Baleares

Cuando el vicepresidente balear juzgaba los abusos a menores que hoy se niega a investigar en el Parlamento

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Pablo Iglesias y Pedro Yllanes
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El escándalo de los menores prostituidos en Baleares está generando un terremoto político. El IMAS ha terminado por reconocer hasta 16 casos. Ciudadanos y Vox solicitaron una comisión de investigación en Parlamento balear, la cual fue rechazada por la totalidad de los partidos del tripartito en el gobierno (PSOE, Unidas Podemos y Més).

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De esta forma, la socialista Francina Armengol y y su vicepresidente, el exjuez de Podemos, Pedro Yllanes, encabezan una peculiar oposición a las palabras del propio Pablo Iglesias, que llegó a asegurar que el caso se debe investigar “caiga quien caiga”. Destaca la postura de Yllanes, quien ejerció la judicatura durante años, afrontando con contundencia los casos de abusos sexuales contra menores sobre los que debía impartir justicia.

Javier Rodrigo de Santos: el ex concejal del PP con una doble vida

Fue especialmente sonado el caso de Javier Rodrigo de Santos ex número dos del PP en el Ayuntamiento de Palma. El político ‘popular’ fue condenado por Yllanes en el año 2009 a una pena de 13 años y seis meses de prisión por abuso sexual de menores, entre los que se encontraban dos hermanos, con 14 y 16 años.

Yllanes destacó sobre el condenado, en unas declaraciones recogidas por El País que: “Los tocamientos recibidos de parte de Rodrigo de Santos guiados por el evidente propósito de satisfacer su desordenado deseo sexual y a quien el lugar, el dormitorio de sus hijos, no le suponía obstáculo o impedimento alguno; desinhibición provocada, en parte, por la adicción a la cocaína”.

El caso de De Santos supuso un gran revuelo para la sociedad palmesana dada la relevancia política del condenado. La sentencia completa se puede consultar en el siguiente enlace. Aun así, Yllanes ha tenido que lidiar con otros casos similares, quizá de menos notoriedad, pero con igual firmeza.

Cuando el IMAS no estaba bajo sospecha

Todo comenzó en la Nochebuena del año pasado. Una joven, de 14 años, fue agredida sexualmente por siete jóvenes. A raíz de este caso, el ‘Institut Mallorquí d’Afers Socials’ (Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales), conocido como IMAS, reconoció la existencia de otros 16 casos más de menores que, teniendo que estar bajo su tutela, habían sido prostituidas.

En 2015 Pedro Yllanes dictó sentencia en un caso de pornografía infantil. Además del ingente material incautado a un ciudadano alemán que acabó reconociendo todos los cargos, se demostró que este había realizado “tocamientos libidinosos” a dos menores, nacidas en 2001 y 2003, hijas de una pareja a la que pagaba por tener acceso a las chicas.

El acusado aprovechaba las sesiones de fotos de carácter pornográfico que organizaba en un taller mecánico para intimar con las menores. Hasta tal punto que, según la sentencia dictada por Yllanes llegó a “ducharse con las dos menores en la ducha del taller ” e incluso “en una playa no concretada de Mallorca” procedió a realizar tocamientos en sus genitales “mientras se bañaban desnudos en el mar” a otro menor de tres años de edad.

Este terrible caso se saldó con una condena de doce años de cárcel para el ciudadano alemán que reconoció los delitos. Uno de los detalles que más llama la atención de este caso es que el mismo IMAS, hoy puesto en entredicho por su papel en los abusos recientemente descubiertos, ejerció como acusación particular.

Aquí puede consultar la sentencia completa.

Otras sentencias en las que Yllanes combatía el abuso de menores

Además de los casos anteriores, como es lógico por la carrera de Yllanes, este ha tenido que participar en diversos casos de abusos sexuales. Entre estos encontramos a Jaime G.F, condenado a 15 años de cárcel al ser presidente de la Asociación Cultural Temps d’Oci de la Asociación de Vecinos de Garau-Columnas. Este aprovechaba su relación con las niñas que asistían a dicha asociación para ganarse su confianza y posteriormente abusar de ellas.

También en 2015, Yllanes tuvo que atender otro caso de abusos sexuales contra un hombre nacido en 1959 que fue condenado por “un delito continuado de abuso sexual a menor de trece años”, contra la nieta de su entonces pareja. Otro caso escabros que Yllanes resolvió con una condena diez años y un día de prisión, además de las pertinentes órdenes de alejamiento.

Aquí puede consultar la sentencia completa.

El silencio del Gobierno balear que critica la oposición

Por todos estos casos, por un historial de lucha y contundencia contra los abusos sexuales contra menores o la pornografía infantil y por su silencio en el ejecutivo balear, hay quien se pregunta: ¿qué ocurre en Baleares?

¿Por qué Yllanes no alza la voz contra un atropello mayúsculo reconocido por la administración pública del que en su día avisó la expresidenta del Parlamento balear (y de Podemos) Xelo Huertas. Todas estas cuestiones son las que inquietan, no solo a la oposición que no duda en reclamar explicaciones, sino a una sociedad mallorquina y española que obtiene la callada por respuesta.


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Islas Baleares

Argelia se adjudica unilateralmente aguas de la isla de Cabrera (Baleares)

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Argelia se ha adjudicado unilateralmente aguas de la isla de Cabrera (Islas Baleares). Lo hizo en abril del 2018 pero hasta ahora el gobierono balear no lo había detectado. El país del norte de África amplió sus aguas territoriales llegando a ‘ocupar’ mínimamente el Parque Nacional de Cabrera, al sur de Mallorca.

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Tal y como informa ‘Última hora’, la Conselleria de Medi Ambient i Territori se pondrá en contacto con el Ministerio para la Transición Ecológica para saber qué hacer a partir de ahora. El gobierno balear y el ministerio, como cogestor del parque nacional, deben tejer conjuntamente una respuesta ante esta situación que podría deribar en un conflicto jurisdiccional.

La cuestión llegó este martes al parlamento balear. La diputada del PP Virginia Marí preguntó al Govern sobre las medidas llevadas a cabo ante la ampliación de las aguas jurisdiccionales de Argelia. Marí formuló esta pregunta dadas las “amenazas” que comporta este hecho, tanto para el sector pesquero como por la posibilidad de prospecciones petrolíferas en aguas cercanas, a pesar del “grandísimo esfuerzo” llevado a cabo por la Aliança Mar Blava y, en general, el conjunto de los ibicencos para frenar estas prospecciones. Las prospecciones de hidrocarburos podrían ser el motivo de la decisión de Argelia de expandir su aguas jurisdiccionales en el Mediterráneo.

La diputada ha lamentado “el sigilo de este procedimiento” y ha cuestionado “la aptitud del Ministerio de Transición Ecológica para solventar esta situación”, si se tienen en cuenta los antecedentes en las Islas, como la “imposición” de las boyas de Tagomago o su “incapacidad” para acabar la depuradora de Ibiza. “A este hecho se añade la maraña de intereses en cuanto a la negativa del Ministerio a ceder la gestión del parque nacional de Cabrera al Govern”, afirmó durante la sesión.

También el senador de Més per Mallorca Vicenç Vidal trasladará en la cambra una pregunta al Gobierno sobre qué actuaciones se han realizado ante la ampliación decidida por Argelia.

Asuntos Exteriores presentó su oposición hace dos años

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha explicado este miércoles que hace ya dos años que España presentó su oposición a la norma aprobada por Argelia para delimitar sus aguas en el Mediterráneo pero que todavía no ha comenzado una negociación entre ambos.

Preguntada en rueda de prensa con su homólogo de Macedonia del Norte, la ministra ha explicado que, a diferencia de las leyes marroquíes, “donde solo hay un interés de delimitar las aguas”, el decreto argelino, que “data de hace dos años”, incluye ya “su visión de cómo deberían delimitarse esas aguas”, y por eso España comunicó su oposición.

Cuando las aguas de dos países se solapan, la Convención del Derecho del Mar establece que “las dos partes tienen que negociar, pero esa cuestión todavía no ha comenzado”, ha detallado la jefa de la diplomacia. “Hay una pretensión y se responde con otra”, ha explicado, y debe haber una negociación.

La ministra había respondido este mismo miércoles a una interpelación parlamentaria de la diputada del PP Ana Oramas sobre las leyes marroquíes de delimitación de aguas ante el solapamiento con Canarias.

La Convención del Derecho del Mar otorga a los Estados un mar territorial de 12 millas y permite declarar una zona económica exclusiva (ZEE), con su correspondiente plataforma continental, de hasta 200 millas, pero establece que, entre países adyacentes o situados frente a frente, cuando haya solapamientos la frontera marítima debe establecerse de mutuo acuerdo.

España tiene frontera marítima con Portugal, Francia, Italia, Marruecos y Argelia y casi ninguna de ellas está delimitada oficialmente, ha reconocido González Laya en el Congreso. Con Marruecos, España tiene espacios marítimos superpuestos en tres áreas, el estrecho de Gibraltar, el mar de Alborán y el corredor entre Canarias y la fachada atlántica de Marruecos, y en ninguno de ellos están delimitados oficialmente.


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