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España

Una organización criminal ayudaba a mujeres marroquíes a presentar denuncias falsas de violencia para conseguir ayudas y permiso de residencia

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Imagen de archivo de una detención de los Mossos
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El Juzgado de Instrucción 1 de Lérida investiga a una organización criminal dedicada a presentar presuntas denuncias falsas de violencia machista por parte de mujeres marroquíes, que ejercían la prostitución, para conseguir ayudas públicas y permiso para vivir en España, a las que les cobraban unos 3.000 euros.

En la causa hay más de una veintena de personas investigadas, de las cuales dos ya han pasado a disposición judicial y han quedado en libertad con obligación de comparecencia periódica, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país, ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Según la investigación, las mujeres pagaban a los cabecillas de la red, un hombre y una mujer también marroquíes, unos 3.000 euros de los que entre 500 y 600 iban destinados a los hombres que se dejaban denunciar, ha informado el responsable de investigación de los Mossos d’Esquadra en Lérida, Jordi Fadurdo.

A los investigadores les llamó la atención la coincidencia de muchas denuncias en Lérida de mujeres que contaban que acababan de llegar a Lérida desde Huelva, que tenían hijos de una pareja anterior y presentaban denuncia contra su pareja actual de la que, en muchas ocasiones, solo conocían el nombre de pila.

Además, todas las mujeres iban acompañadas en el momento de la denuncia del mismo hombre y la misma mujer, que contaban que eran amigos o familiares de las supuestas víctimas, y que también les acompañaban a las organizaciones sin ánimo de lucro, a oficinas de la administración y en los juzgados.

Durante la investigación, los agentes detectaron que uno de los hombres denunciado estaba cumpliendo pena de prisión y que presentó una denuncia diciendo que le habían denunciado falsamente porque no conocía a la mujer que le denunció.

Con la colaboración de la Subdelegación del Gobierno, los Mossos finalmente concluyeron que tanto a las supuestas víctimas como a los supuestos agresores se les podía investigar por simulación de delito.
Los supuestos agresores denunciados, la mayoría también marroquíes, eran clientes de los locales de prostitución y se quedaban con 500 euros de los 3.000 que cobraban a las mujeres.

Los Mossos d’Esquadra, que detuvieron a los implicados, creen que unas 40 mujeres podrían haber presentado falsas denuncias en Lérida, aunque sólo han podido documentar una veintena.

Los agentes investigan ahora la razón por la que las mujeres contaban, al presentar la denuncia, que acababan de llegar de Huelva por si el caso pudiera tener vinculaciones en la provincia andaluza.

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Cataluña

Los separatistas, en pie de guerra, toman el aeropuerto del Prat y cortan las vías del AVE

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Las protestas independentistas contra la sentencia del ‘procés’, que ha condenado a los líderes soberanistas catalanes a penas de entre nueve y trece años de prisión, ha provocado este lunes cortes de carretera en diversos puntos de Cataluña, aunque el grueso de las manifestaciones se han concentrado en Barcelona y, en concreto, en el aeropuerto de El Prat, donde los accesos por transporte público han sido suspendidos temporalmente y los Mossos d’Esquadra han llegado a cargar contra unas 80 personas que bloqueaban el vestíbulo de conexión con el servicio de metro.

Los actos de protestas han comenzado desde primera hora de la mañana, poco después de que se hiciera público el fallo del Tribunal Supremo, y desde el comienzo se han concentrado en dificultar el transporte, con cortes de carreteras y de vías ferroviarias, a pesar del amplio despligue policial establecido en las infraestructuras críticas.

A partir del mediodía, los esfuerzos de los manifestantes se han centrado en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona – El Prat, con un llamamiento de la plataforma ‘Tsunami Democràtic’ a través de su canal de Telegram para llevar las protestas al aeródromo; así, han facilitado un enlace donde los manifestantes pueden descargarse tarjetas de embarque para poder acceder al recinto, ya que las fuerzas de seguridad solo dejan acceder a quienes tengan previsto abordar un avión.

En cualquier caso, la afluencia de personas ha cortado, en primer lugar, la carretera de acceso al aeropuerto, causando considerables atascos, y, posteriormente, ha obligado a interrumpir temporalmente el servicio de la línea 9 de metro y de Rodalies Renfe, cuyos trenes entre Sant Celoni y El Prat han estado circulando solo entre Sant Celoni y Montcada y Reixac durante unos 30 minutos. El servicio de tren ha sido restablecido, pero el metro no para en el aeropuerto y la carretera C-31, una de las principales vías de acceso, sigue cortada a la altura de El Prat en dirección a Castelldefels debido a una columna de manifestantes que se dirige hacia allí caminando desde Barcelona.

Tensión en el aeropuerto de El Prat

Los Mossos d’Esquadra, de hecho, han llegado a cargar brevemente contra los manifestantes en el vestíbulo de acceso al metro en el aeropuerto, donde se habían concentrado unas 80 personas, que siguen allí en medio de una calma tensa. Según fuentes del cuerpo catalán, una persona ha sido detenida en la instalaciones del aeropuerto, donde ahora, además de la tarjeta de embarque, se requiere mostrar el Documento Nacional de Identidad para certificar que se pretende viajar.

Pese a los controles policiales, cada vez más manifestantes se están concentrando frente a la terminal 1 del aeródromo, en la zona que conecta el aparcamiento con el vestíbulo, según ha podido constatar RNE; allí se han podido oír gritos de “libertad presos políticos” y “fuera las fuerzas de ocupación”. Ante el aumento de la tensión, y tras la petición de los Mossos, decenas de efectivos de la Unidad de Intervención Policía (UIP), los antidisturbios, de la Policía Nacional han comenzado a desplegarse en ese punto.

Los Mossos cargan contra los manifestantes que intentan bloquear el aeropuerto de El Prat
Las protestas han causado el retraso de algunos vuelos, sobre todo por dificultades de para llegar hasta allí de las tripulaciones de las aerolíneas, de los trabajadores del propio aeropuerto y de los pasajeros. La compañía Vueling, perteneciente al consorcio IAG y cuya base principal es El Prat, se ha visto obligada a cancelar 15 vuelos.

Además de en la terminal, otro grupo de personas se ha congregado a unos diez kilómetros de allí, en los accesos al centro de control del tráfico aéreo de Gavà, donde han tratado de dificultar el cambio de turno de los controladores, aunque los Mossos han repelido la protesta sin mayores incidentes.
Calles y carreteras cortadas

Antes de dirigirse al aeropuerto, los manifestantes independentistas han cortado algunas calles de Barcelona, siendo la Ronda de Dalt, la Diagonal y la Via Laietana, donde se ha organizado una sentada.

Las protestas no solo han provocado cortes de calles y avenidas, sino que han afectado a numerosas líneas de autobús de la ciudad que han tenido que desviarse por vías alternativas o dar la vuelta; el metro, por el contrario, ha estado funcionando con normalidad.

Más allá de las principales ciudades, los independentistas han cortado al tráfico una veintena de carreteras de toda la región. Hacia las 14.00 horas, permanecían cortadas aún 14 vías, según datos del Servei Català del Trànsit (SCT). Además de estas vías afectadas por los cortes, llevados a cabo en su mayoría por miembros de Arran, la rama juvenil de la CUP, y por los Comités de Defensa de la República (CDR), otras tres vías sufren marchas lentas: la AP-7 norte en Llinars (Barcelona), la C-35 en Sant Celoni (Barcelona) y la C-31 norte en Playa d’Aro (Gerona).

Los universitarios paran las clases y cortan el tráfico en la Diagonal

Entre las carreteras que se encuentran cortadas a la circulación de vehículos hay vías importantes como la N-II, a la altura de Mataró (Barcelona), la N-240 en Valls (Tarragona) o la A2 en Ódena (Barcelona).
Las protestas independentistas afectan también a otras carreteras de la red viaria secundaria: la C-16 y la C-17 en las localidades barcelonesas de Berga y Vic; la C-15 en Pobla de Claramunt y en Igualada; la C-37 en Querol (Tarragona); la C-59 en Moià (Barcelona); la C-63 en Santa Coloma de Farners (Girona); la C-66 en Bisbal de l’Empordà (Gerona); y la GI-639 en Verges, la C-18 en Sant Cugat, en los túneles de Vallvidriera (Barcelona).

Trenes afectados

De igual forma, el servicio ferroviario también se ha visto afectado por las protestas contra la sentencia del ‘procés’; en este caso, las mayores perturbaciones se han producido en Gerona, donde manifestantes independentistas han construido sendas barricadas en las vías del AVE y Rodalies al sur de la capital, interrumpiendo la circulación en ambos transportes.

Así, varias personas han colocado grandes objetos metálicos y de madera sobre los raíles, y un tren de Rodalies ha quedado parado en la vía, en la zona de la Avellaneda, mientras que en las vías del tren de alta velocidad han encendido una hoguera. Los manifestantes han iniciado los cortes en la estación de Rodalies en el centro de Girona, mientras que otra multitud se ha concentrado inicialmente ante la estación de AVE, donde los Mossos d’Esquadra han hecho un cordón policial para impedir el paso a los manifestantes.

Interrumpen el servicio de tren convencional en Gerona

La presencia de personas en la zona de vías del AVE ha obligado a interrumpir la circulación del servicio entre Barcelona y Figueres, ha informado Renfe en un comunicado. Y desde las 12:45 horas, la presencia de personas en la zona de vías de ancho convencional en Gerona interrumpe el servicio de las líneas de Rodalies de Catalunya R11 y RG1, que enlazan Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat con la localidad francesa de Cervere y con la fronteriza de Portbou, respectivamente.

Por el contrario, el despliegue policial ha impedido que el servicio en la estación de Sants, la principal de Barcelona, se vea gravemente afectado. Los agentes controlan el acceso de pasajeros a los andenes de AVE y largo recorrido -los pasajeros que van a coger un tren de larga distancia o un AVE tienen que enseñar el billete en la puerta de la estación-, si bien se puede entrar libremente al vestíbulo, por lo que los manfiestantes han bloqueado el acceso a los trenes que van hacia el aeropuerto de El Prat, obligando a suspender el servicio durante una hora.

En cualquier caso, la primera protesta, y hasta ahora la más multitudinaria, se ha producido en la plaza de Catalunya: convocados por el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y Sindicat d’Estudiants (SE), hasta 25.000 estudiantes se han congregado allí tras parar las clases y despalzarse hasta el centro de la Ciuda Condal. Además, otros miles de estudiantes han salido a las calles en distintas ciudades catalanas, como Tarragona, Lleida, Girona, Manresa o Olot, entre otras, según el SEPC.

Además, un centenar de manifestantes se han concentrado ante la sede de Òmnium Cultural, cuyo presidente, Jordi Cuixart, es uno de los condenados. Y en la plaza de Sant Jaume, ante la sede de la Generalitat de Cataluña, se han comngregado numerosos manifestantes, convocados por la Mesa del Tercer Sector, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña, así como los sindicatos CC.OO. y Unió de Pagesos, entre otras entidades. Asimismo, se han producido protestas ante la Conselleria de Territorio y en la Delegación de la Generalitat de Cataluña; los manifestantes portaban ‘esteladas’ y pancartas en las que se podía leer “Libertad presos políticos”, “Volvemos a las calles” o “Yo acuso”.

En Tarragona, el Ayuntamiento ha suspendido toda la actividad institucional prevista para este lunes y ha reclamado la “libertad de los presos políticos” condenados por el Tribunal Supremo. En declaraciones a los medios, el portavoz del Gobierno municipal (ERC-ECP), el republicano Xavi Puig, ha hecho un “llamamiento a la movilización pacífica, como no podía ser de otra manera”.

También los Comités de Defensa de la República (CDR) han hecho este lunes desde las redes sociales un llamamiento a la “desobediencia”, y han convocado una concentración ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), bajo el lema “Señalemos a los represores, señalemos la (in)justicia”, aunque hacia el mediodía ya se había disuelto.

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España

Llarena dicta una nueva euroorden de detención y entrega contra Puigdemont

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El juez Pablo Llarena ha decidido cursar una orden europea e internacional de detención y entrega contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido en Bélgica, por los delitos de sedición y malversación.

Apenas unas horas después de que el Tribunal Supremo notificase la sentencia en la que condena a penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve líderes del “procés” por sedición, el juez instructor de la causa Pablo Llarena ha decidido activar el mecanismo para solicitar la entrega del expresident, al que Alemania rechazó en su día extraditar por rebelión durante la instrucción del caso.

El juez ha tomado esta decisión a petición de la Fiscalía, que remitió un escrito al magistrado en este sentido el pasado jueves ante la inminencia de la sentencia.

De esta forma, Llarena solicita “la busca y captura e ingreso en prisión” de Puigdemont a través de una orden nacional, europea e internacional de detención y entrega contra él, que nunca se ha llegado a sentar en el banquillo de los acusados al huir del país en octubre de 2017.

En el mismo auto, Llarena deja sin efecto la suspensión como diputados que decretó contra Puigdemont y el exconseller Toni Comín, también huido en Bélgica, sustentada en que estaban procesados en firme por rebelión.

La decisión del tribunal del “procés” de condenar a nueve líderes independentistas por sedición y no rebelión tiene, según Llarena, “una indudable incidencia respecto del pronóstico de responsabilidad atribuible a los fugados”, por lo que acuerda remitir a la Mesa del Parlament el levantamiento de la suspensión de estos dos procesados.

Precisamente, el juez argumenta su nueva petición de entrega de Puigdemont en las condenas impuestas por el Supremo, que pueden conllevar a su juicio que los “prófugos busquen reforzar su huida refugiándose en países que no formen parte de la Unión Europea”.

“Los indicios racionales de criminalidad” que pesaban contra Puigdemont en la instrucción “no sólo persisten, sino que cuentan hoy con una sentencia que opera como elemento de refuerzo respecto del pronóstico de responsabilidad del fugado”, dice Llarena.

Según el juez instructor, la sentencia “parte de los hechos” que él imputó a los procesados en su auto de procesamiento, “lo que se refuerza con una significativa cercanía entre la aportación concreta atribuida al condenado Oriol Junqueras (sobre el que ha recaído mayor pena) y al procesado en rebeldía Carles Puigdemont”.

Además, según Llarena, la sentencia “pone término” a las discrepancias entre los delitos de rebelión, sedición o desobediencia” (ésta asumida únicamente por las defensas) y decanta la balanza en la sedición, delito junto al de malversación por el que reclama a Puigdemont.

Recuerda Llarena que en la Unión Europea rige “el principio de confianza” en el funcionamiento de los tribunales de otros países y se cuenta con un procedimiento judicial simplificado “que facilita la entrega de los presuntos delincuentes que se establezcan en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel en el que cometieron el delito”.

Llarena retiró hace meses la euroorden que pesaba contra Puigdemont y otros exconsejeros catalanes después de que el tribunal regional de Schleswig-Holstein (Alemania) rechazase entregar al expresident por rebelión y solo admitió por malversación, una línea roja para Llarena, que lo rechazó de plano.

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España

Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación

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Oriol Junqueras, durante su declaración en el juicio del «procés»
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El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, principal acusado del juicio del «procés», ha sido condenado a 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación por delitos de sedición y malversación en calidad de dirigente. Sobre sus compañeros de gobierno, los exconsejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull ha recaído la pena de 12 años por el delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.

A Joaquim Forn y Josep Rull el Supremo les condena a las penas de 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta; y a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart a las penas de 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta. La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha sido condenada a las penas de 11 años y 6 meses de prisión por sedición e igual tiempo de inhabilitación absoluta.

Los otros tres exconsejeros que están en libertad (Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs) sólo tendrán que pagar una multa por desobediencia, al considerar el tribunal que su participación en el plan secesionista ilegal fue menor que la de sus compañeros. Son 10 meses de multa, con una cuota diaria de 200 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial.

El tribunal del «procés» ha hecho públicas este lunes las condenas impuestas a los doce líderes independentistas del «procés», entre las que están también las de la expresidenta del Parlament y la de los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart respectivamente. Los tres han sido condenados a 9 años, en su caso sólo por sedición, aunque como dirigentes.

La sentencia, que han firmado este lunes los siete magistrados del «procés», ya ha sido comunicada a los condenados en las cárceles catalanas en las que se encuentran: Lledoners, Mas d’Enric (Tarragona) y Puig de les Basses (Gerona).

Tras cuatro meses de deliberaciones, el tribunal ha concluido que los condenados no cometieron un delito de rebelión, por el que la Fiscalía pedía para Junqueras 25 años de cárcel. Los magistrados consideran que los líderes del «procés» no emplearon y asumieron la violencia como elemento central de su actuación ilegal, un requisito que sí exige el delito de rebelión, que consiste en un alzamiento público y violento para conseguir varios fines, entre ellos declarar la independencia de una parte de España.

Según los siete magistrados la violencia no fue un elemento estructural del plan secesionista ilegal, sino que se ciñó a episodios concretos.

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