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España

Una red yihadista vinculada al Estado Islámico operaba en más de una docena de cárceles españolas

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Por Soeren Kern.- La policía española ha desmantelado una red yihadista que opera dentro de más de una docena de cárceles españolas. La red, supuestamente vinculada al Estado Islámico, ha sido establecida y operada — aparentemente bajo las narices de las autoridades carcelarías — por uno de los yihadistas más implacables del sistema penitenciario español.

La existencia de la red ha cuestionado no solo la efectividad de los procedimientos de seguridad en las cárceles españolas, sino también los programas del gobierno español de «desradicalización», cuyo objetivo es el de «rehabilitar» a los militantes islámicos para una eventual «reinserción» a la sociedad.

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Dentro de los principales miembros del grupo se encontraban 25 yihadistas, ubicados en 17 prisiones diferentes, (que representan más de la mitad de las 30 prisiones españolas que albergan a presos yihadistas), según detalles proporcionados del pasado 2 de octubre por parte del Ministerio del Interior.

El grupo, descrito por el Ministerio del Interior como un «frente de cárceles» yihadi, se dedicaba a reclutar, adoctrinar y radicalizar a otros reclusos, así como a planear nuevos ataques yihadistas.

Dentro de sus miembros se encontraban yihadistas condenados, así como presos comunes radicalizados en la cárcel, entre ellos, varios ciudadanos españoles convertidos al Islam. Algunos miembros estaban a punto de terminar sus sentencias y esperaban quedar en libertad.

El líder del grupo, Mohamed Achraf, un marroquí de 44 años cuyo nombre real es Abderramane Tahiri, cumplía una condena de 14 años de prisión, por planear ataques con camiones bomba contra objetivos de alto perfil en Madrid, que incluían el Tribunal Supremo y la Estación de Príncipe Pío.

Estaba previsto que Achraf fuera dejado en libertad el 14 de octubre de 2018, casi con cuatro años de antelación. Achraf fue encarcelado en 2008 y cumplió la mayor parte de su condena siendo trasladado de prisión en prisión, un protocolo estándar, destinado a evitar que los islamistas establezcan un punto de apoyo en cualquier instalación y radicalicen a los demás reclusos. En febrero de 2018, fue trasladado a la penitenciaría de Campos del Río, en Murcia, donde estuvo recluido en régimen de aislamiento.

El 1 de octubre, la policía de contraterrorismo registró la celda de Achraf y descubrió que estaba dirigiendo una red «disciplinada y organizada» de presos yihadistas, dedicada a reclutar y radicalizar a otros reclusos, así como a planear ataques contra objetivos específicos.

El Ministerio del Interior reveló que la red llevaba a cabo sus actividades, a través de la interacción física entre reclusos dentro de las mismas cárceles, así como a través de «relaciones epistolares» entre reclusos ubicados en diferentes prisiones. La red evadió los mecanismos de vigilancia al comunicarse a través de internos que no estaban sujetos a un monitoreo especial.

Citando fuentes policiales, el periódico La Verdad de Murcia, informó que probablemente Achraf será procesado por nuevos delitos de terrorismo y, en lugar de ser liberado antes, permanecerá en detención preventiva.

Achraf tiene una larga historia de militancia yihadista en España. Durante una sentencia de prisión anterior, cumplida entre 1999 y 2002 en la penitenciaría de Topas en Salamanca, Achraf organizó una red yihadista similar, llamada «Mártires por Marruecos», que operaba dentro y a través de, al menos cinco cárceles españolas. La red estaba formada por cuatro células que, según los fiscales, estaban «perfectamente estructuradas y conectadas entre sí».

Después de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en los que murieron 193 personas y otras 2.000 resultaron heridas, las autoridades españolas lanzaron una campaña de represión contra los fundamentalistas islámicos en todo el país. Una operación de contraterrorismo, la Operación Nova, dio como resultado la detención de 36 yihadistas, incluidos varios miembros de la red de Achraf. Los investigadores encontraron correspondencia que reveló que Achraf estaba planeando bombardear la Audiencia Nacional, la corte superior de Madrid, donde las autoridades judiciales estaban investigando los atentados del 11-M.

Los investigadores también encontraron correspondencia entre Achraf y otros yihadistas, incluida una carta que decía: «El musulmán ahora tiene dos sitios donde ir: a la cárcel o a la yihad». Otra carta decía:

«Nosotros lo que queremos es prepararnos para luchar por Alá. Te doy una buena noticia: he creado un nuevo grupo, dispuestos a morir por Alá en cualquier momento. Estamos esperando salir para empezar a trabajar directamente, junto contigo en el grupo. Es nuestro deber pensar y proyectar porque hay hombres, armas también, y el sitio tampoco nos falta, sólo nos falta la práctica».

En abril de 2005, Achraf fue extraditado a España desde Suiza, donde huyó después de salir de prisión, y donde intentó, sin éxito, encontrar asilo al afirmar ser palestino.

En febrero de 2008, Achraf fue condenado a 14 años de cárcel por «pertenencia a grupo terrorista en concepto de promotor y director». Durante su juicio, la corte se enteró de cómo Achraf, quien se refería a sí mismo como «Emir», utilizó una mezquita improvisada en un gimnasio de la prisión para «adoctrinar» a otros reclusos en la línea dura de la ideología yihadista salafista-takfiri promovida por el Estado Islámico.

Dada la historia de Achraf con el yihadismo salafista y sus esfuerzos previos para hacer proselitismo y adoctrinar a los reclusos durante su primera condena en prisión, no está claro por qué las autoridades españolas le permitieron establecer otra red yihadista aún más grande durante su segundo encierro.

El periódico La Verdad informó que la red de Achraf «estaba muy organizada y tenía ya objetivos concretos, ya que había amenazado a determinados funcionarios de las instituciones penitenciarias, alguno de rango superior.» El grupo tenía su «propia iconografía y eslogan» y «estaba perfectamente estructurado», con «órdenes precisas de actuación en los patios y métodos de formación y de entrenamiento».

La red de Achraf puede ser solo la punta del iceberg. Un análisis reciente de los datos oficiales penitenciarios, publicado por el periódico El Independiente, reveló que más de 150 reclusos están actualmente cumpliendo condena en 28 diferentes cárceles españolas por delitos relacionados con la yihad.

Casi la mitad (72) de los convictos relacionados con la yihad son marroquíes, seguidos por los españoles (57). Los otros presos son de Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Dinamarca, Egipto, Francia, México, Países Bajos, Pakistán, Portugal y Turquía.

El delito más frecuente entre los convictos relacionados con la yihad es la pertenencia a un grupo terrorista, seguido de reclutamiento, adoctrinamiento y entrenamiento para el terrorismo y el apoyo a un grupo armado.

Adicionalmente, otros 120 reclusos que están cumpliendo condena por delitos no relacionados con la yihad, están siendo monitoreados por señales de «fanatismo islamista», según el periódico El País, citando fuentes del Ministerio del Interior.

La red de Achraf también ha puesto de relieve la eficacia, o la falta de ella, de los programas de desradicalización de los presos yihadistas por parte del gobierno español. Según la protección de derechos humanos, garantizada por la Constitución española, dichos programas solo pueden aplicarse de forma voluntaria.

De los aproximadamente 270 reclusos monitoreados por tendencias yihadistas, solo 20 participan en programas de desradicalización, según la agencia de noticias española EFE. El Ministerio del Interior admitió:

«La mayoría de los individuos investigados, lejos de alcanzar los objetivos de reinserción social, se han mantenido activos en la militancia yihadista, acrecentando su proceso de radicalización durante su estancia en prisión».


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Un juez impide que Biden suspenda las deportaciones de inmigrantes ilegales

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Después de que el Estado de Texas demandara por ilegal la moratoria a la deportación de inmigrantes ilegales impuesta por el presidente, Joe Biden, un juez aceptó el recurso y la suspendió.

El juez federal Drew Tipton emitió su fallo con una duración de 14 días para permitir que se desarrolle el proceso legal en el que el fiscal general de Texas, Ken Paxton argumenta que la moratoria es inconstitucional y viola un acuerdo entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por la sigla en inglés) y Texas, informó el medio local Texas Tribune del 26 de enero.

“Las cuestiones implicadas por ese acuerdo son de tal gravedad e importancia constitucional que requieren un mayor desarrollo del expediente y de la información antes de abordar el fondo”, explicó el juez Tipton sobre su decisión.

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El fiscal Paxton comunicó los resultados de su demanda en un tuit en el que calificó la acción de Biden como “una insurrección sediciosa de la izquierda”.

“VICTORIA. Texas es el PRIMER estado de la nación que presenta una demanda contra la Administración Biden”, compartió Paxton.

Agregó: “Y GANAMOS. A 6 días de la toma de posesión de Biden, Texas ha detenido su congelación de deportaciones ilegales”.

“*Esto* era una insurrección sediciosa de la izquierda. Y mi equipo y yo la detuvimos”, concluyó.

Tipton también consideró los daños que la moratoria de Biden podría causar al estado de Texas y se refirió a ellos en su decisión.

“Texas argumenta que ‘la negativa categórica a expulsar a los extranjeros ordenados como removibles alentará la inmigración ilegal adicional en Texas’, exacerbando así sus costos de servicio público”, sustentó Tipton.

“Tal perjuicio no es, como cuestión jurídica, puramente especulativo, el Tribunal considera que lo anterior establece un riesgo sustancial de daño inminente e irreparable para Texas”.

Adicionalmente, la moratoria viola un acuerdo establecido entre la administración Trump y Texas, que requiere que el DHS notifique a los estados antes de cambiar cualquier política de inmigración.

Las políticas que animan a Biden a facilitar la inmigración ilegal y a favorecer la permanencia de los inmigrantes que ya están en el país, implican un grave  problema de seguridad nacional, tal como lo determinó el expresidente, Donald Trump.

Junto con el ingreso al país de personas que no siguen las leyes establecidas para residir en él, pasan asesinos de la peligrosa pandilla Mara Salvatrucha o M13, traficantes de seres humanos, y toneladas de drogas que cuestan vidas de estadounidenses.

Para algunos analistas los demócratas pretenden también cambiar la configuración cultural y política del país, de modo que millones de inmigrantes más voten por ellos y aumenten así su poder izquierdista.

 

 


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El nauseabundo servilismo de algunos Mandos de la Guardia Civil con sus Amos Políticos: La Comandancia de Logroño, un ejemplo de bajeza y humillación consentida

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Comandancia de La Rioja
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Dicen que, últimamente, el responsable de la Comandancia de Logroño, ha solicitado cambiar unas palabras del lema de la Guardia Civil para adoptarlo a los nuevos tiempos socialistas: de aquel «El Honor es mi divisa» cree el Oficial al cargo que sería más adecuado cambiarlo por el mucho más realista «¿El Honor? ni se divisa». 

Todo ello queda bien demostrado, parece ser, por lo acaecido en los últimos días en dicha Comandancia, que ha avergonzado a los mandos medios y números del acuartelamiento, por lo que de humillación tiene y de insulto hacia la ciudadanía ha provocado.

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Hete aquí que, con motivo de la visita a la citada Comandancia de su excelentísima señora la Directora General (¿O será directore generale?) del Benemérito cuerpo de la Guardia Civil, la inefable y casi desconocida María Gámez Gámez, los oficiales superiores y mandos del lugar, henchidos de emoción e ilusión, sabiendo, además, que a esa «reunión de interés mundial» acudiría la eximia Delegada del Gobierno de La Rioja (acólita del PSOE) María Marrodán,  tuvieron la genial ocurrencia de –agárrense ustedes los machos– organizar un bonito, patriótico y  clásico «Vino Español«. Que para eso están en la Rioja y aquello es Logroño. Coño

Directora General de la Guardia Civil (A la izquierda, de verde)

Directora General de la Guardia Civil (A la izquierda, de verde)

Delegada del Gobierno, María Marrodán

Delegada del Gobierno, María Marrodán

Si bien no tenemos la completa seguridad de si el evento etílico –el vino español– fue una luminosa idea del jerifalte benemérito o de la inefable Delegada del Gobierno, sí tenemos la completa seguridad de que esta individua, Delegada del Gobierno Comunista del Frente Popular que malgobierna España desde esa casa de lenocinio en que se ha convertido La Moncloa, hacía pocos días que había endurecido las condiciones de vida de la región, clausurando total, completa y absolutamente los servicios de hostelería en La Rioja y todo comercio no esencial. Con dos coj… 

Es más; sabemos, porque nos consta, que en la propia Comandancia de la Guardia Civil se dieron instrucciones internas para extremar las medidas, prohibiendo incluso que dos compañeros pudieran caminar juntos por el patio, si no pertenecían a la misma «unidad de convivencia», bajo pena de sanción.

Pero, oigan, vean que es enterarse que va a venir de visita la zángana de la Directora General, y las normas se envían -por correo urgente- directamente al oscuro abismo por dónde amargan los pepinos. 

¡Un vino Español! mandos, oficialidad, cargos políticos y representantes públicos soplando morapio de La Riojapor supuesto– mientras los hosteleros se arruinan, sus familias pasan hambre y necesidades, se hunden en la depresión y la miseria, y algunos llegan hasta el suicidio.

Por no mencionar el bonito ejemplo de Honor, Disciplina y Vergüenza Torera que muestran a todos esos jóvenes Guardias Civiles que arriesgan sus vidas por amor a España y espíritu de servicio a la Patria.

¿No es esta acaso una imagen ideal, ajustada al milímetro con lo que desea este Gobierno y dictan sus reglas morales? 

Efectivamente, señoras y caballeros. Para algunos Guardias Civiles -y solo para algunos, por fortuna- el Honor, ni se Divisa. 

A los responsables de este desatino, de este desprecio a los muertos de la pandemia, a esos que se han ciscado en sus propias normas, que se han aprovechado de sus privilegios como agentes de la Autoridad para saltárselas, no haremos el menor reproche ni les afearemos su conducta. Nos limitaremos a pedirles -amablemente- que reflexionen, si es que son capaces de realizar esta simple tarea, sobre las siguientes palabras:

El honor ha de ser la principal divisa del guardia civil; debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás

¡VIVA LA GUARDIA CIVIL!


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Maldita.es está financiada por George Soros

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Vía Facebook, el verificador creado por Julio Montes, exeditor de García Ferreras y otros periodistas de La Sexta se ha convertido en el gran instrumento censor de otras publicaciones digitales y está financiado por Open Society. Que les den el Pulitzer.

En Maldita.es creen que «la transparencia es fundamental -así aparece en su propia página web-: como [email protected] tienes derecho a saber de dónde sale el dinero y cómo lo gastamos porque Maldita.es también es tuya. Sabemos que esto es importante para que sigas creyendo en nosotros por eso te lo queremos explicar todo».

Y así, conocemos que uno de los verificadores favoritos de George Soros en España -los otros dos son Newtral y EFE Verifica- está financiado… por Soros en un 7,9%, bajo el epígrafe Filantropía, becas y premios. Para ser exactos, según la propia Maldita, «Open Society Foundation for Europe: esta entidad filantrópica nos ha concedido una beca a lo largo de 3 años para desarrollar las partes técnicas de la organización como entidad de la sociedad civil. Este es el segundo año».

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Así pues, Maldita.es, la creación de Clara Jiménez y Julio Montes, ambos procedentes de la ‘cantera’ de La Sexta –tal como recogen en la propia web de su verificador– realiza las labores de verificación para decidir qué es cierto y qué es falso. Siempre al servicio de George Soros. Pocas bromas, porque se encarga de pagar a esos «verificadores» en distintos países, sobre todo hispanos. Por verificadores, y bajo la excusa de encontrar ‘fake news’, censuran cualquier noticia disidente del pensamiento único, es decir, del pensamiento progre de George Soros. En Hispanidad hemos explicado cómo se hace: cualquier afirmación que no guste a ese pensamiento dominante es calificada de bulo. Facebook acepta la opinión de esos sabios verificadores y te penaliza en la red social o simplemente, te censura todo el dominio.

Pero el mal no termina ahí: el problema es que Google, mucho más importante que Facebook, recoge el criterio de penalización de Facebook en su motor de búsqueda. Es decir, que de Maldita a Facebook y de Facebook a Google, los chicos de La Sexta se han convertido en el censor privado, y pagado, del Reino de España. Pero es censura progre, que conste. Y paga George.

Por cierto, la estrella de La Sexta, Antonio García Ferreras, ha marcado distancias con el otro gran censor-verificador: Newtral. Y es que, Newtral es propiedad de la familia de Ana Pastor (El Objetivo) pareja de Ferreras. Y este ha dejado claro que nada tiene que ver con Newtral, cosa de su familia política. Aceptémoslo, Newtral es cosa de los Pastor, sin embargo, miren por dónde, el creador del otro censor, Maldita, resulta que es Julio Montes… antiguo coeditor de Ferreras. Todo queda en casa, o en familia o, entre compañeros. Y todo viene de La Sexta. Una opción comunicativa de vanguardia, pues ha demostrado que puedes enriquecerte tanto haciendo periodismo como censurando a los colegas periodistas. Que les den el Pulitzer.

(hispanidad)


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El miserable delegado del Gobierno en Canarias afirma que son los españoles los que le contagian el COVID a los inmigrantes que viven gratis en los hoteles de lujo de las islas

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Las Islas Canarias, escriben una de sus páginas más insólitas de su historia, y a la vez, más complejas, rozando lo que algunos residentes denominan, ‘una marcha verde silenciosa’, desde Marruecos hacia Europa, ante la crisis migratoria, procedente de África, que sufre este archipiélago en los últimos meses. Quizá, en estos días, se ha agudizado exponencialmente el conflicto migratorio externo a España, siendo el foco la isla de Gran Canaria, para transformarse en un escenario vandálico anti social, protagonizado por la delincuencia y violencia de ciertos inmigrantes irregulares, destrozando la paz social de la sociedad canaria, enervando a algunos residentes que, también decidieron salir a buscar ‘justicia’ a las calles, debido a la inacción política del gobierno regional y al abandono del Estado, en lo que realmente, representa un conflicto de seguridad nacional.

Una semana negra para Canarias, sumida en lágrimas, duelos, peleas callejeras, navajazos, delincuencia, narcopateras, miedo, inseguridad, incertidumbre social, ruina del sector turístico, elevado paro, cierre de negocios, pérdidas económicas millonarias, recorte en los transportes aéreos, intensos confinamientos en todo el archipiélago por la pandemia…

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Pero, según el gobierno canario, sin ningún tipo de autocrítica, las políticas empleadas en las islas ‘funcionan’ de maravilla bajo su hoja de ruta, este caos callejero son ‘casos aislados’, el Delegado del Gobierno de Canarias, argumenta que ‘los inmigrantes son contagiados de Covid-19 por los españoles’, mientras, eso sí, el Estado continúa sufragando con ingentes partidas presupuestarias este conflicto migratorio, en beneficio de las ONGs, y negocios varios, alrededor de esta crisis humanitaria en todos los aspectos descriptibles como está vislumbrando el resto de Europa.

Incluso, el eurodiputado socialista, Juan Fernando López Aguilar, en el pleno de migraciones celebrado en Bruselas en estos días, reconocía que Europa había destinado a España 43 millones de euros para gestionar la inmigración, pero que para seguir con ‘esta acogida solidaria al migrante’, según el PSOE, es necesario solicitar más subvenciones europeas para Canarias. Es decir, después, de la inversión multimillonaria de de 523.355.007,96 millones de euros en el periodo 2014-2019, cifra astronómica concentrada en 863 subvenciones para ONGs de migraciones, este gobierno, insiste ante la Cámara parlamentaria europea, que es pertinente requerir más y más fondos, porque el conflicto exterior que soporta Canarias, se resuelve a golpe de talonario, de buenismo, priorizando el realojamiento en detrimento de la deportación.

Un despropósito político continuado pisoteando la Ley de Extranjería, que por cierto, apenas se está ejecutando en Canarias. Es más, esta ausencia de expulsiones de inmigrantes irregulares, podría considerarse una agravio comparativo hacia el resto de migrantes ‘sin papeles’, llegados a España, deportados automáticamente en frontera, en aviones de regreso ipso facto.

El Delegado del Gobierno de Canarias, trató de minimizar torpemente el auge de la violencia en Gran Canaria, motivado por los asaltos vandálicos de inmigrantes irregulares días atrás, esgrimiendo un guión tan banal, a pesar de la gran responsabilidad que tiene en estos momentos, y en un ataque de soberbia jerárquica, intentó ‘culpar’ a los ciudadanos que protestan en redes sociales por los abusos cometidos por los migrantes, en ‘modo’ conspiranoide, porque comparten vídeos de estos altercados a tiempo real. Falso. La sociedad canaria no es alarmista, está dolida, preocupada, hastiada de este caos delictivo diario. El hartazgo provocó la organización de algún grupo denominado ‘la caza del moro’, pero fue atajado con alguna detención por la policía.

Pero, el incendio de este sumun de acontecimientos delictivos, que incidió aún más en la crispación social, fue el presunto abuso sexual contra una joven con muletas perpretrado por un marroquí, el apuñalamiento de un varón canario ejecutado al parecer por un magrebí, durante el transcurso de una pelea en la que participaba un grupo de inmigrantes, y la paliza propinada a un residente canario por un grupo de inmigrantes por el control de un parking público. Son escenas virales que, el Delegado del Gobierno tuvo que tragar, digerir, y por ende, le obligan, a no culpabilizar más de estos altercados a las Redes Sociales.

Es más, algunos inmigrantes irregulares utilizan las Islas Afortunadas como puente de ‘transición’, para llegar a Francia u otros destinos europeos, otros ilegales encubiertos de ayuda humanitaria viajan en cayucos para sembrar el yihadismo en países concretos o son identificados como narcotraficantes, ex militares que llegan en patera a las costas canarias desde de la guerra de Mali, ex convictos, refugiados…Evidentemente, otros tantos migrantes, huyen de deplorables condiciones socio-económicas en sus países de origen, abandonando a sus familias en África,

Y lamentablemente, otros cientos de miles de migrantes, son explotados por las mafias corruptas que trafican con personas desde África, algunos de ellos, se ahogan en el Océano Atlántico, nunca llegan a Canarias, sus vidas yacen en el fondo marino, con testimonios que jamás podremos recuperar. Alrededor de dos millones de vidas humanas, estiman fuentes consultadas de Cruz Roja, que podrían haberse tragado las aguas, mientras el negocio de la inmigración irregular sigue siendo ‘rentable’ para algunos espabilados.

Este gobierno, ‘no quiere una imagen en los medios de comunicación’ de la Guardia Civil rescatando a los inmigrantes irregulares que llegan a Canarias en pateras, siendo un Cuerpo de élite, con una calidad humana excepcional en rescate de personas, reconocido a nivel mundial, no salen a patrullar las lindes de las aguas internacionales canarias cuando llegan los cayucos, no detienen a los ilegales en la frontera marítima, no les permiten este auxilio humanitario en las doce millas canarias, porque según el gobierno, ‘los guardias civiles no venden imagen del buenismo’.

Por ello, transitan, patrullan y recogen a los inmigrantes en alta mar, casi rozando en algunas ocasiones las costas marroquíes, recorriendo incluso 400 kilómetros para llegar hasta las pateras, las embarcaciones de Salvamento Marítimo, alertadas por mensajes de WhatsApp enviados desde los teléfonos móviles de los migrantes, que viajan con dinero, y conocen muy bien, algunos de ellos, los puntos exactos donde se adquiere la droga en Gran Canaria, según revelan fuentes policiales.

Este capítulo de la historia reciente que vivimos en el siglo XXI en Canarias, tal como lo describo, jamás será así relatado por FRONTEX, aunque desconfíe de su director actual por falta de transparencia, aún no lo han cesado. FRONTEX, cree que cumple su misión con 24 voluntarios en oficinas móviles enviados a Canarias para ‘reseñar’ inmigrantes irregulares, pero se olvida que, los canarios también son personas sin asistencia económica ni social en múltiples ocasiones ante esta oleada brutal de despropósitos que sacude al archipiélago.

El gobierno de Canarias, con etiqueta de progresista, no quiere asumir la sacudida de pobreza emergente que sufren los canarios, ni la pobreza sobrevenida que entrañan los inmigrantes irregulares desperdigados por las calles de las islas, delinquiendo, consumiendo bebidas alcohólicas a destajo, o bien, aprovechando la bonanza de las subvenciones en hoteles desahuciados por el turismo, con ingresos relevantes catalizados por Cruz Roja, con tiempo libre estos migrantes para entrenamientos físicos de marcada tendencia ‘militarizada’.

El Estado, podría haber anunciado esta ‘marcha verde’ a los residentes canarios con suficiente tiempo de antelación, puesto que voluntarios de Cruz Roja Senegal, reconocen que ‘alertaron a Cruz Roja Canarias’ de esta crisis migratoria. Sin embargo, permítanme, una reflexión, si los españoles hubieran conocido previamente esta ‘incontrolada’ avalancha migratoria hacia las Islas, probablemente, se hubiera procedido a un bloqueo político-social, expecialmente, porque la impresión que se presiente en el archipiélago es que, esta crisis ‘obedece a otros pactos internacionales sujetos a ocultos intereses muy distantes de los humanitarios’.

(el diestro)


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