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España

Una red yihadista vinculada al Estado Islámico operaba en más de una docena de cárceles españolas

Redacción

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Por Soeren Kern.- La policía española ha desmantelado una red yihadista que opera dentro de más de una docena de cárceles españolas. La red, supuestamente vinculada al Estado Islámico, ha sido establecida y operada — aparentemente bajo las narices de las autoridades carcelarías — por uno de los yihadistas más implacables del sistema penitenciario español.

La existencia de la red ha cuestionado no solo la efectividad de los procedimientos de seguridad en las cárceles españolas, sino también los programas del gobierno español de «desradicalización», cuyo objetivo es el de «rehabilitar» a los militantes islámicos para una eventual «reinserción» a la sociedad.

Dentro de los principales miembros del grupo se encontraban 25 yihadistas, ubicados en 17 prisiones diferentes, (que representan más de la mitad de las 30 prisiones españolas que albergan a presos yihadistas), según detalles proporcionados del pasado 2 de octubre por parte del Ministerio del Interior.

El grupo, descrito por el Ministerio del Interior como un «frente de cárceles» yihadi, se dedicaba a reclutar, adoctrinar y radicalizar a otros reclusos, así como a planear nuevos ataques yihadistas.

Dentro de sus miembros se encontraban yihadistas condenados, así como presos comunes radicalizados en la cárcel, entre ellos, varios ciudadanos españoles convertidos al Islam. Algunos miembros estaban a punto de terminar sus sentencias y esperaban quedar en libertad.

El líder del grupo, Mohamed Achraf, un marroquí de 44 años cuyo nombre real es Abderramane Tahiri, cumplía una condena de 14 años de prisión, por planear ataques con camiones bomba contra objetivos de alto perfil en Madrid, que incluían el Tribunal Supremo y la Estación de Príncipe Pío.

Estaba previsto que Achraf fuera dejado en libertad el 14 de octubre de 2018, casi con cuatro años de antelación. Achraf fue encarcelado en 2008 y cumplió la mayor parte de su condena siendo trasladado de prisión en prisión, un protocolo estándar, destinado a evitar que los islamistas establezcan un punto de apoyo en cualquier instalación y radicalicen a los demás reclusos. En febrero de 2018, fue trasladado a la penitenciaría de Campos del Río, en Murcia, donde estuvo recluido en régimen de aislamiento.

El 1 de octubre, la policía de contraterrorismo registró la celda de Achraf y descubrió que estaba dirigiendo una red «disciplinada y organizada» de presos yihadistas, dedicada a reclutar y radicalizar a otros reclusos, así como a planear ataques contra objetivos específicos.

El Ministerio del Interior reveló que la red llevaba a cabo sus actividades, a través de la interacción física entre reclusos dentro de las mismas cárceles, así como a través de «relaciones epistolares» entre reclusos ubicados en diferentes prisiones. La red evadió los mecanismos de vigilancia al comunicarse a través de internos que no estaban sujetos a un monitoreo especial.

Citando fuentes policiales, el periódico La Verdad de Murcia, informó que probablemente Achraf será procesado por nuevos delitos de terrorismo y, en lugar de ser liberado antes, permanecerá en detención preventiva.

Achraf tiene una larga historia de militancia yihadista en España. Durante una sentencia de prisión anterior, cumplida entre 1999 y 2002 en la penitenciaría de Topas en Salamanca, Achraf organizó una red yihadista similar, llamada «Mártires por Marruecos», que operaba dentro y a través de, al menos cinco cárceles españolas. La red estaba formada por cuatro células que, según los fiscales, estaban «perfectamente estructuradas y conectadas entre sí».

Después de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en los que murieron 193 personas y otras 2.000 resultaron heridas, las autoridades españolas lanzaron una campaña de represión contra los fundamentalistas islámicos en todo el país. Una operación de contraterrorismo, la Operación Nova, dio como resultado la detención de 36 yihadistas, incluidos varios miembros de la red de Achraf. Los investigadores encontraron correspondencia que reveló que Achraf estaba planeando bombardear la Audiencia Nacional, la corte superior de Madrid, donde las autoridades judiciales estaban investigando los atentados del 11-M.

Los investigadores también encontraron correspondencia entre Achraf y otros yihadistas, incluida una carta que decía: «El musulmán ahora tiene dos sitios donde ir: a la cárcel o a la yihad». Otra carta decía:

«Nosotros lo que queremos es prepararnos para luchar por Alá. Te doy una buena noticia: he creado un nuevo grupo, dispuestos a morir por Alá en cualquier momento. Estamos esperando salir para empezar a trabajar directamente, junto contigo en el grupo. Es nuestro deber pensar y proyectar porque hay hombres, armas también, y el sitio tampoco nos falta, sólo nos falta la práctica».

En abril de 2005, Achraf fue extraditado a España desde Suiza, donde huyó después de salir de prisión, y donde intentó, sin éxito, encontrar asilo al afirmar ser palestino.

En febrero de 2008, Achraf fue condenado a 14 años de cárcel por «pertenencia a grupo terrorista en concepto de promotor y director». Durante su juicio, la corte se enteró de cómo Achraf, quien se refería a sí mismo como «Emir», utilizó una mezquita improvisada en un gimnasio de la prisión para «adoctrinar» a otros reclusos en la línea dura de la ideología yihadista salafista-takfiri promovida por el Estado Islámico.

Dada la historia de Achraf con el yihadismo salafista y sus esfuerzos previos para hacer proselitismo y adoctrinar a los reclusos durante su primera condena en prisión, no está claro por qué las autoridades españolas le permitieron establecer otra red yihadista aún más grande durante su segundo encierro.

El periódico La Verdad informó que la red de Achraf «estaba muy organizada y tenía ya objetivos concretos, ya que había amenazado a determinados funcionarios de las instituciones penitenciarias, alguno de rango superior.» El grupo tenía su «propia iconografía y eslogan» y «estaba perfectamente estructurado», con «órdenes precisas de actuación en los patios y métodos de formación y de entrenamiento».

La red de Achraf puede ser solo la punta del iceberg. Un análisis reciente de los datos oficiales penitenciarios, publicado por el periódico El Independiente, reveló que más de 150 reclusos están actualmente cumpliendo condena en 28 diferentes cárceles españolas por delitos relacionados con la yihad.

Casi la mitad (72) de los convictos relacionados con la yihad son marroquíes, seguidos por los españoles (57). Los otros presos son de Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Dinamarca, Egipto, Francia, México, Países Bajos, Pakistán, Portugal y Turquía.

El delito más frecuente entre los convictos relacionados con la yihad es la pertenencia a un grupo terrorista, seguido de reclutamiento, adoctrinamiento y entrenamiento para el terrorismo y el apoyo a un grupo armado.

Adicionalmente, otros 120 reclusos que están cumpliendo condena por delitos no relacionados con la yihad, están siendo monitoreados por señales de «fanatismo islamista», según el periódico El País, citando fuentes del Ministerio del Interior.

La red de Achraf también ha puesto de relieve la eficacia, o la falta de ella, de los programas de desradicalización de los presos yihadistas por parte del gobierno español. Según la protección de derechos humanos, garantizada por la Constitución española, dichos programas solo pueden aplicarse de forma voluntaria.

De los aproximadamente 270 reclusos monitoreados por tendencias yihadistas, solo 20 participan en programas de desradicalización, según la agencia de noticias española EFE. El Ministerio del Interior admitió:

«La mayoría de los individuos investigados, lejos de alcanzar los objetivos de reinserción social, se han mantenido activos en la militancia yihadista, acrecentando su proceso de radicalización durante su estancia en prisión».

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España

El pedido de la diplomacia y la entrega de la realidad

Redacción

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La diferencia entre lo que España esperaba de su relación con Marruecos y lo que ha recibido no es un error de logística, sino una tragedia de Estado que el Gobierno celebra como éxito diplomático

Hay un fenómeno contemporáneo que ilustra mejor que cualquier tratado de política internacional la naturaleza de nuestra relación con Marruecos. Es el meme, ya archiconocido, que compara la fotografía pulida del producto que ordenaste en una plataforma de comercio electrónico con el objeto deforme, descolorido y risible que finalmente llega a tu puerta. «Lo que pediste», dice la imagen de la izquierda, mostrando un reloj de precisión suiza. «Lo que recibiste», completa la derecha, exhibiendo un juguete de plástico con pilas oxidadas.

La broma reside en la expectativa defraudada, en la promesa sofisticada que termina en realidad chapucera. Pero lo que ocurre en nuestra frontera sur no es una broma. Es una tragedia de Estado que, lejos de provocar rectificación o indignación, ha sido recibida por el Gobierno español con la resignación de quien acepta la estafa como norma de relación.

El pedido, en este caso, era claro: una política migratoria ordenada, respetuosa con la soberanía territorial, basada en acuerdos bilaterales de reciprocidad. La entrega, sin embargo, ha sido otra cosa enteramente. Ha sido la imagen de miles de hombres jóvenes —en edad militar, en formación táctica, asistidos por fuerzas de seguridad marroquíes— asaltando sistemáticamente nuestras vallas de Ceuta y Melilla. Ha sido la constatación de que Marruecos organiza, facilita y ejecuta operaciones de presión demográfica contra España como herramienta de política exterior.

Y ha sido, sobre todo, la evidencia de que nuestros gobernantes no solo toleran esta agresión, sino que la celebran, la premian, la llaman «cooperación» mientras el territorio nacional se ve invadido por vías paralelas.

La diferencia entre lo prometido y lo recibido no podría ser más abismal. Pero aquí reside el verdadero escándalo: no es que Marruecos nos haya engañado. Es que nosotros sabíamos perfectamente qué estábamos comprando. Sabíamos que el régimen alauita utiliza la emigración como arma. Sabíamos que cada «crisis» fronteriza coincide con alguna demanda diplomática de Rabat. Sabíamos que el Sáhara, la pesca ilegal, el contrabando de drogas, son monedas de cambio en una partida donde España siempre pierde. Y, a pesar de saberlo, hemos seguido haciendo clic en «comprar ahora», convencidos de que esta vez sí llegaría el producto de calidad.

El ridículo internacional de la debilidad manifiesta

El ridículo internacional de España ha alcanzado proporciones que ya no pueden ocultarse bajo eufemismos diplomáticos. Somos el país que recibe agresiones territoriales organizadas y responde con felicitaciones. Somos la nación que ve cómo su vecino abre las compuertas de la presión migratoria y, en lugar de exigir responsabilidades, amplía los acuerdos de cooperación. Somos el Estado que ha convertido la vulnerabilidad en estrategia, la humillación en política de Estado.

¿Qué imagen proyectamos ante el mundo cuando nuestros ministros brindan en la embajada de Marruecos mientras, a escasos kilómetros, las vallas de Ceuta y Melilla son asaltadas por tropas irregulares? ¿Qué mensaje enviamos a otros actores internacionales cuando demostramos que la agresión contra España no tiene consecuencias, sino recompensas? La respuesta es evidente: enviamos la señal de que España es un objetivo blando, un socio que puede presionarse sin riesgo, un adversario que no defenderá sus intereses ni su dignidad.

Y aquí emerge la pregunta incómoda que la izquierda mediática se niega a formular: ¿hasta qué punto puede llegar esta lógica de rendición antes de que deje de ser política exterior para convertirse en algo más grave? Cuando un gobierno sistemáticamente prioriza la conveniencia diplomática a corto plazo sobre la integridad territorial nacional, cuando celebra acuerdos con quien le agrede abiertamente, cuando sacrifica el interés de sus ciudadanos en el altar de la «relación estratégica» con un régimen autoritario, ¿no estamos ante una forma de capitulación disfrazada?

El cinismo de la situación alcanza su cenit cuando observamos la reacción de otros actores internacionales. Italia ha demostrado que sí es posible defender fronteras, que sí se puede cerrar el espacio Schengen ante la presión migratoria, que la solidaridad europea no significa suicidio nacional.

Israel, tradicional aliado, ha decidido alinearse públicamente con Marruecos en esta controversia, dejando a España aislada en un escenario donde antes contaba con socios. El mensaje es claro: quien no defiende lo suyo no puede esperar que otros lo defiendan por él. La debilidad, en política internacional, no genera compasión. Genera oportunidades para el depredador. Y Marruecos, lejos de ser el único depredador en el entorno, se ha convertido en el más audaz precisamente porque ha comprobado, una y otra vez, que España no morderá. Que España pagará. Que España, al final, agradecerá el golpe.

Complicidad, traición y la alineación israelí

La complicidad del Gobierno de Pedro Sánchez con esta dinámica de agresión-recompensa no puede atribuirse ya a la mera incompetencia o a la ingenuidad. Es una opción deliberada, una estrategia de supervivencia política que hipoteca el interés nacional a cambio de estabilidad diplomática a corto plazo. Pero hay líneas que, una vez cruzadas, dejan de ser simples errores de cálculo para convertirse en algo más grave. Y la pregunta que inevitablemente surge es si estamos ante una de esas líneas.

¿Puede encuadrarse la actuación de Sánchez en el delito de traición? La pregunta suena extrema, casi barroca en su aparato legal, pero merece ser examinada con seriedad. El Código Penal español define la traición como el que, «con ocasión de guerra, o de alianza o amistad con potencias extranjeras, cause perjuicio grave a la Nación o a la defensa nacional». No estamos formalmente en guerra con Marruecos, pero la doctrina militar contemporánea reconoce la «guerra híbrida» como conflicto real aunque no declarado.

Y en esa guerra híbrida —donde se utilizan armas no convencionales como la presión migratoria masiva, la desinformación, la infiltración— Marruecos nos ha atacado abiertamente. Celebrar acuerdos con el agresor, premiarle con reconocimientos diplomáticos, entregarle posiciones estratégicas como el Sáhara, mientras se produce esta agresión, ¿no constituye un perjuicio grave a la defensa nacional?

La izquierda se escandalizará por la formulación. Dirá que es exageración, que es lenguaje propio de conspiraciones, que la realidad es más compleja. Pero la realidad, en este caso, es sorprendentemente simple: un régimen extranjero organiza invasiones de nuestro territorio, y nuestro gobierno le felicita. Si eso no es complicidad con el agresor, ¿qué es?

Y aquí entra en juego el factor israelí. La alineación de Israel con Marruecos en este conflicto no es anecdótica. Es el reconocimiento de que el mapa de alianzas en el Mediterráneo ha cambiado, y que España ya no cuenta con la influencia ni la credibilidad que antes le otorgaban posiciones de equilibrio. Cuando un socio tradicional como Israel decide que más vale estar con el agresor que con la víctima, el mensaje sobre la decadencia española en el escenario internacional es devastador.

No se trata de que Israel sea malo o bueno; se trata de que Israel, como cualquier actor racional, apuesta por quien demuestra fuerza y deja a quien demuestra debilidad. La geopolítica no tiene amigos, tiene intereses. Y España, en esta partida, ha demostrado no saber defender los suyos.

La felicitación al agresor

Pero quizás el gesto más insultante, el que mejor ilustra el abismo entre la retórica oficial y la realidad, sea la insistencia del Gobierno en «felicitar» a Marruecos como socio fiable mientras las pruebas —fotográficas, de video, de testimonios de guardias civiles, de informes de inteligencia— demuestran que las fuerzas marroquíes colaboraron activamente en la invasión. No miraron hacia otro. No fueron incapaces de contener. Organizaron. Facilitaron. Ejecutaron una operación de presión.

¿Cómo se llama a quien felicita a quien le ha agredido? ¿Cómo se denomina a quien celebra acuerdos con quien acaba de violar su frontera? En el lenguaje clásico de la política, se llamaría cómplice. En el lenguaje diplomático actual, se llama «pragmático». Pero la realidad no cambia por la elegancia del eufemismo. La realidad es que nuestros gobernantes han decidido que nuestra dignidad nacional es negociable, que nuestra soberanía territorial es un activo líquido que pueden vender por estabilidad política a corto plazo, que el español de a pie debe aceptar la inseguridad y la humillación con tal de que Sánchez siga en La Moncloa.

Y lo más grave es que esta lógica no tiene visos de revertirse. Cada asalto a la frontera es seguido de más concesiones. Cada crisis migratoria organizada desde Rabat termina en más cheques firmados por Madrid. Cada demostración de debilidad invita a la siguiente presión. Es un ciclo que solo puede terminar de dos maneras: o Marruecos alcanza todo lo que quiere —reconocimiento pleno del Sáhara, fondos europeos ilimitados, silencio sobre sus violaciones de derechos humanos— y España se convierte en un satélite económico y diplomático del Reino alauita, o la sociedad española despierta y exige que se ponga fin a esta humillación sistemática.

Conclusión: El vendedor que siempre engaña

La diferencia entre lo que pedimos y lo que recibimos no es, al final, un problema de logística diplomática. Es un problema de voluntad política. Es la constatación de que hemos elegido gobernantes que no creen en España como nación digna de defensa, que conciben la soberanía como un anacronismo molesto, que prefieren la sumisión cómoda a la resistencia costosa.

El meme de Aliexpress funciona porque todos hemos experimentado la decepción de la expectativa defraudada. Pero en el comercio electrónico, al menos, puedes reclamar. Puedes devolver el producto. Puedes exigir tu dinero de vuelta. En la política exterior de Sánchez, no hay devoluciones. No hay reembolsos. Solo hay más pedidos a un vendedor que ya ha demostrado, una y otra vez, que enviará basura y cobrará como si fuera oro.

Marruecos ha trazado su línea. Israel se ha alineado con ella. Italia nos ha dejado atrás. Y nosotros seguimos brindando en la embajada del agresor, convencidos de que si sonreímos lo suficiente, quizás esta vez sí llegue el producto de calidad. Pero no llegará. Porque el problema no es el vendedor. Es que nosotros hemos olvidado que en el mercado de la geopolítica, quien no defiende su posición termina siendo mercancía. Y España, bajo este Gobierno, está a punto de liquidarse en el mercado de ocasión de la historia.

Alerta Nacional | Análisis de política exterior y soberanía nacional

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