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Sucesos

VOX amplía la querella por el rescate de Plus Ultra e incluye delito contra la hacienda pública por fraude de subvenciones, cohecho y tráfico de influencias

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La Vicesecretaría Jurídica envía, además, un escrito al Supremo en el que analiza la situación contable de la aerolínea

La vicesecretaria Nacional Jurídica de VOX, Marta Castro, ha ampliado los delitos por los que el pasado mes de abril presentó una querella por el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra, gestionado por el SEPI, dependiente del Ministerio de Transportes, y avalado por el Consejo de Ministros. El escrito ha sido presentado en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

La responsable Jurídica de la formación incorpora así los delitos contra la hacienda pública, por fraude de subvenciones, en el artículo 308 del Código Penal (CP); cohecho contemplado en el artículo 419 del CP, y delito de tráfico de influencias, artículo 429 CP, del que, además, deberá responder la aerolínea como persona jurídica.

De este modo, se amplían las diligencias solicitadas por la formación, que solicita que se remitan los informes realizados por Daiwa Corporate Advisory, Deloitte y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

También se pide que se llame como diligencia testifical al gerente y director General de Plus Ultra. Y testificará el representante legal de la aerolínea y de SNIP Aviation.

En su escrito, Castro pone de manifiesto que “la falta de pronunciamiento -del Juzgado- sobre la personación impide a esta parte ejercitar los derechos esenciales inherentes a la acusación popular al no poder accionar frente a resoluciones o posturas de otras partes personadas decisivas para el mantenimiento de la acción”.

Por otro lado, la Vicesecretaría Nacional Jurídica ha enviado un escrito al Tribunal Supremo, donde se presentó una querella el pasado mes de marzo, y en el que ha incorporado un análisis de la situación contable de la aerolínea beneficiada por el rescate aprobado por el Consejo de Ministros.

En el estudio enviado, Castro concluye que la aerolínea no cumplía los requisitos para beneficiarse de un rescate, que, además, sólo será recuperado por parte del Estado en el caso de que la empresa obtenga beneficios en el fututo -algo que no ha logrado hasta ahora la aerolínea-. “En definitiva, es una entrega de dinero a fondo perdido a un entramado societario configurado como un holding cuya matriz tiene sede en Panamá y de capital venezolano”, destaca Castro.

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España

«La náusea socialista»: nuestros impuestos están para contrabando de joyas y resorts de lujo para inmigrantes ilegales. En esta ocasión, ¡13 MILLONES DE EUROS!

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El Gobierno gasta 13 millones de euros en un centro para refugiados con gimnasio, huerto y pista de baloncesto

El Gobierno de Pedro Sánchez ultima la puesta en marcha de un Centro de Acogida de Protección Internacional en Soria con una inversión total superior a los 13 millones de euros. El complejo, que comenzó a construirse en febrero de 2025 y está previsto que abra sus puertas a finales de este año, contará con gimnasio, sala de musculación, huerto, pista de baloncesto semicubierta y casi 2.400 metros cuadrados de zonas ajardinadas.

El nuevo centro, denominado oficialmente Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) de Soria, se levanta sobre la antigua residencia de mayores San Juan de Sahagún, en el barrio de Los Royales. El Ejecutivo ha informado este jueves de que ha dado nuevos pasos para su puesta en funcionamiento con la formalización del contrato de suministro de mobiliario, adjudicado por 254.020 euros a CAFESA División Comercial S.L., una pyme de Toledo, según consta en el Boletín Oficial del Estado.

El expediente ha sido tramitado por la Dirección General de Gestión Migratoria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según ha difundido la Subdelegación del Gobierno en Soria, el contrato completo asciende a 313.675 euros e incluye también un segundo lote de lencería textil, adjudicado a Barcotex Servicios Integrales S.L. por 59.655 euros.

El lote de mobiliario contempla sillas, mesas, escritorios, armarios, librerías, sofás, bancos, muebles de oficina, mobiliario de dormitorio, comedor y cuarto de estar, somieres, colchones y cunas. El lote de lencería incluye mantas, ropa de cama, sábanas, fundas de almohada, toallas y almohadas.

El proyecto fue adjudicado a Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. y se financia a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los fondos europeos Next Generation EU. El edificio se construye en una parcela adquirida al Ayuntamiento de Soria, una ciudad gobernada de forma ininterrumpida por el PSOE desde hace 27 años.

El complejo tendrá capacidad para 203 personas. Este punto ha provocado críticas del PP y de Vox. Los populares sostienen que el centro supera el límite de plazas fijado por la Junta de Castilla y León para municipios de más de 20.000 habitantes, situado en 120 plazas. Vox, por su parte, ha advertido de las consecuencias que este tipo de infraestructuras pueden tener sobre la seguridad y los servicios públicos.

El Ministerio que dirige la ministra Elma Saiz sostiene que los CAPI son establecimientos públicos abiertos destinados a solicitantes o beneficiarios de protección internacional y temporal, así como a solicitantes de la condición de apátrida, siempre que carezcan de recursos económicos suficientes.

Según el Ejecutivo, el centro de Soria formará parte del Sistema de Acogida de Protección Internacional, que presta alojamiento, manutención, intervención social, traducción e interpretación, atención psicológica, atención sanitaria, formación y empleo.

El debate político vuelve a situarse así en el reparto territorial de los dispositivos de acogida, el uso de fondos europeos y el impacto real que estas instalaciones tienen en municipios de tamaño medio. En el caso de Soria, el Gobierno avanza en un proyecto millonario mientras PP y Vox cuestionan tanto la dimensión del centro como sus efectos sobre una ciudad gobernada por los socialistas desde hace casi tres décadas.

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