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VOX amplía la querella por el rescate de Plus Ultra e incluye delito contra la hacienda pública por fraude de subvenciones, cohecho y tráfico de influencias

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La Vicesecretaría Jurídica envía, además, un escrito al Supremo en el que analiza la situación contable de la aerolínea

La vicesecretaria Nacional Jurídica de VOX, Marta Castro, ha ampliado los delitos por los que el pasado mes de abril presentó una querella por el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra, gestionado por el SEPI, dependiente del Ministerio de Transportes, y avalado por el Consejo de Ministros. El escrito ha sido presentado en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

La responsable Jurídica de la formación incorpora así los delitos contra la hacienda pública, por fraude de subvenciones, en el artículo 308 del Código Penal (CP); cohecho contemplado en el artículo 419 del CP, y delito de tráfico de influencias, artículo 429 CP, del que, además, deberá responder la aerolínea como persona jurídica.

De este modo, se amplían las diligencias solicitadas por la formación, que solicita que se remitan los informes realizados por Daiwa Corporate Advisory, Deloitte y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

También se pide que se llame como diligencia testifical al gerente y director General de Plus Ultra. Y testificará el representante legal de la aerolínea y de SNIP Aviation.

En su escrito, Castro pone de manifiesto que “la falta de pronunciamiento -del Juzgado- sobre la personación impide a esta parte ejercitar los derechos esenciales inherentes a la acusación popular al no poder accionar frente a resoluciones o posturas de otras partes personadas decisivas para el mantenimiento de la acción”.

Por otro lado, la Vicesecretaría Nacional Jurídica ha enviado un escrito al Tribunal Supremo, donde se presentó una querella el pasado mes de marzo, y en el que ha incorporado un análisis de la situación contable de la aerolínea beneficiada por el rescate aprobado por el Consejo de Ministros.

En el estudio enviado, Castro concluye que la aerolínea no cumplía los requisitos para beneficiarse de un rescate, que, además, sólo será recuperado por parte del Estado en el caso de que la empresa obtenga beneficios en el fututo -algo que no ha logrado hasta ahora la aerolínea-. “En definitiva, es una entrega de dinero a fondo perdido a un entramado societario configurado como un holding cuya matriz tiene sede en Panamá y de capital venezolano”, destaca Castro.

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Sucesos

El estafador millonario: aparecen grafitis con el rostro de un presunto defraudador ucraniano en los muros de Port Adriano

Redacción

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El exclusivo enclave de Port Adriano, en Mallorca, tradicionalmente asociado al lujo, los megayates, el servicio de alto nivel y la máxima discreción, se ha visto inesperadamente situado en el centro de un escándalo internacional. En las últimas semanas, la preocupación se ha extendido entre los vecinos de la zona tras conocerse que allí se estaría ocultando Borys Konovalenko, un ciudadano ucraniano al que tribunales federales de Estados Unidos han declarado responsable en un caso relacionado con una de las mayores tramas internacionales de fraude financiero de los últimos años.

Para una comunidad como la de Mallorca, acostumbrada a un perfil de residentes muy diferente, la presencia de una persona vinculada a una investigación internacional de fraude ha causado una profunda conmoción. En los últimos días han aparecido en carreteras y muros de contención de Port Adriano varios grafitis en blanco y negro con el rostro de Konovalenko. Según el planteamiento del artículo original, mediante esta forma de protesta artistas urbanos y activistas pretenden alertar a los vecinos de que un fugitivo reclamado por la justicia internacional estaría residiendo muy cerca de sus familias.

En Estados Unidos, Konovalenko ya fue declarado responsable en un procedimiento tramitado al amparo de la ley federal RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), diseñada para combatir el crimen organizado, las conspiraciones delictivas y las redes de extorsión. Un tribunal federal de Florida ordenó el pago de aproximadamente 225 millones de dólares en concepto de sanciones e indemnizaciones. Asimismo, se le atribuye la creación de RoFx.net, una plataforma descrita en la investigación como un esquema internacional relacionado con criptomonedas y el mercado Forex, que habría causado pérdidas de entre 57 y 75 millones de dólares a inversores de distintos países. La investigación también sostiene que la red financiera Mayon habría funcionado durante años como una estructura destinada al presunto blanqueo de capitales procedentes de operadores ilegales de juego online en Rusia mediante intermediarios financieros europeos. Según el texto original, la presencia de Konovalenko en España supone un riesgo tanto para la reputación como para la seguridad financiera del país.

Formalmente, Konovalenko se encuentra actualmente inmerso en un procedimiento de extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta a una posible condena de larga duración. Sin embargo, los procedimientos judiciales en España suelen prolongarse durante meses e incluso años, y, según la investigación, el equipo jurídico contratado por Konovalenko está aprovechando todos los recursos y mecanismos procesales disponibles para retrasar al máximo el desenlace del caso.

Lo que más preocupa a vecinos y colectivos ciudadanos no es únicamente el historial que se le atribuye, sino su actividad actual en Mallorca. Según la información disponible, Konovalenko estaría intentando introducir el dinero presuntamente obtenido mediante fraude en el mercado español del lujo. La investigación sostiene que podría recurrir a ciudadanos españoles como testaferros o administradores nominales para reorganizar la titularidad de sus activos. De confirmarse estos extremos, cualquier persona podría verse involucrada, incluso sin ser plenamente consciente, en una presunta trama internacional de blanqueo de capitales, con las consiguientes responsabilidades penales.

Vecinos de Port Adriano reclaman a la Policía Nacional y a las autoridades judiciales una respuesta inmediata y un estricto control sobre los movimientos de Konovalenko mientras continúan los procedimientos abiertos. La aparición espontánea de grafitis en el paseo marítimo constituye, según los residentes, un claro mensaje dirigido a las autoridades: Mallorca no está dispuesta a aceptar en silencio la presencia de una persona reclamada por la justicia internacional.

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