Cuando Zapatero comenzó su labor de formación de un tercer Frente Popular para destruir el estado de derecho, por tanto ,a democracia y por tanto la Constitución, empezando por rescatar a la ETA y recompensar políticamente sus crímenes y siguiendo por sus leyes tiránicas, denuncié el hecho y llamé a una defensa de la Constitución que no hizo ni secundó ninguno de los partidos, ya convertidos en mafias. Tiene mucha gracia que a estas alturas se hable de “partidos constitucionalistas. No hay ninguno. Y se ponen ese nombre para evitar hablar de defensa de la nación española.

En fin, da grima repetir las cosas a estas alturas… En mi libro La transición de cristal dediqué dos capítulos al modo como se hizo la Constitución y al análisis de la misma. He aquí el primero:

Así como el año 1976 fue el de las reformas de Fraga y de Fernández-Miranda y el 77 el de la Reforma de Suárez y las primeras elecciones de­mocráticas, el 78 lo sería de la Constitución, en torno a cuya elaboración giraría la actividad política. Para elaborarla se nombró una ponencia de siete personas de diversos partidos; a su vez, una Comisión Constitu­cional parlamentaria examinaría las propuestas de la ponencia antes de que se votara el proyecto definitivo por las Cortes y luego por referéndum, ya en diciembre. En el último tercio de 1977, la ponencia había elaborado un anteproyecto que generó mucha polémica. Los puntos en disputa se referían a la educación y la cuestión religiosa, al significado o alcance del derecho a la vida, al carácter de las autonomías, a la inclusión del término «nacionalidades», y a cuestiones menores. Un sector de la Iglesia criticaba la ausencia de toda mención de la divinidad.

A fines de enero del 78, AP celebró su congreso y afirmó en sus mítines que no votaría la Constitución si esta mantenía el punto de las nacionali­dades y algunos otros. Pronto cuajó en la ponencia una alianza informal, mayoritaria, entre UCD y AP, que pareció solventar problemas como los citados, pero bajo cuerda «Suárez y Gutiérrez Mellado» optaron por «no dar esa capital batalla». Aquel pacto tácito, al frenar a la izquierda y a los separatistas, disgustó al PSOE hasta el punto de que su ponente, Peces-Barba escenificó una retirada espectacular el 6 de marzo, por discrepar sobre la libertad de enseñanza. Era un movimiento calculado para asustar a la UCD y romper la que llamaba su «mayoría mecánica» con AP, mientras Roca y Solé Tura profetizaban la catástrofe si no se satisfacían sus exigencias. La presión fue efectiva, aunque la ponencia continuó sin Peces-Barba, pues Suárez y Abril Martorell, buscando una imagen «progresista», pasaron a una alianza de hecho con los separatistas y la izquierda. Fraga lamentaba: «Los ponen­tes de UCD siguen haciendo concesiones injustificadas e innecesarias a los nacionalismos, que aprovechan bien el chantaje socialista». Aun así, Fraga pesaba mucho, por ser el más experto en Derecho constitucional: «Suárez me da su versión de la crisis y de sus posiciones constitucionales; dudo que las tenga, para él todo es negociable». El 16 de marzo terminaba la labor de la ponencia admitiendo las nacionalidades, término preñado de peligros, abanderado por el comunista Solé, el nacionalista Roca y el ucedeísta He­rrero de Miñón1.

El proceso seguía en medio de la crisis económica y de un terrorismo rampante. Los atentados peores del trimestre, pero de ningún modo los únicos, fueron, el 15 de enero, el incendio del teatro Scala, de Barcelona, con cuatro muertos; diez días después, el asesinato de Joaquín Viola y su esposa en Barcelona; el 17 de marzo una bomba contra la central nuclear en construcción de Lemóniz, en Vizcaya, con dos obreros muertos y otros heridos, y graves daños materiales; y el 22 de marzo, el asesinato del di­rector general de Instituciones Penitenciarias, Jesús Haddad. Se produjo asimismo un sospechoso incendio del histórico pazo de Meirás, propiedad de la familia Franco.

El ataque al Scala provino de la reconstituida FAI (Federación Anarquis­ta Ibérica), ligada a la CNT. Pareció volver el viejo pistolerismo ácrata, pero los autores fueron pronto detenidos y la CNT perdió crédito e influencia, al ser trabajadores las víctimas. El matrimonio Viola fue asesinado por el terrorismo separatista catalán del mismo modo que lo había sido Bultó, adhiriéndoles un explosivo al cuerpo; Viola había sido alcalde de Barcelona durante un año largo, hasta diciembre de 1976. La bomba de Lemóniz fue obra de la ETA, que, al revés que la CNT-FAI, no perdió prestigio por haber matado a varios obreros. El asesinato de Haddad lo realizó el GRAPO.

Por lo que respecta a los partidos, la UCD aplazó las elecciones munici­pales por tener todavía poca organización a esos niveles. Y se resentía de los personalismos de los llamados «barones», políticos con poder en las regio­nes o en el aparato, a quienes trataba de meter en vereda Abril Martorell, mano derecha de Suárez. En marzo, Abril sustituía al dimisionario Fuentes Quintana al frente de la economía, y al propio Suárez en las comparecen­cias parlamentarias comprometidas, pues el Presidente, de oratoria poco brillante, prefería los acuerdos personales al margen de las Cortes.

AP sufría problemas aún mayores, por la decepción electoral y la incer­tidumbre sobre la vía a seguir. Unos, sugestionados por el éxito de UCD, querían migrar «al centro», y otros lo consideraban una claudicación. Hubo algún contacto con Torcuato, muy decepcionado de Suárez. Fraga expresaba un «europeísmo» algo mendicante: «Para España, la integración europea es algo más que un problema de política exterior o una cuestión económica; es la liquidación de una polémica histórica y una condición básica de la consolidación de un sistema político». Se trataba de pura au­tosugestión.

El PSOE, mejor aglutinado en torno a Felipe González y disciplinado por Alfonso Guerra, tomó la línea de descalificar moralmente al Gobierno, a los empresarios y a la Administración, suponiéndolos a todos más o me­nos corruptos e indignos de confianza. Se presentaba como paladín de la honradez: una auténtica osadía, habida cuenta de la trayectoria del propio PSOE, pero le produjo pingües rentas políticas.

Peor le iba al PCE. La línea moderada y razonable de Carrillo chocaba con las tradiciones del partido y encontraba oposición interna o desanima­ba a muchos antiguos y nuevos militantes. Carrillo, más realista, percibía claramente que mostrarse al viejo estilo reduciría mucho más sus votos. El PSUC, igualmente estalinista, se mantenía con mayor ánimo gracias a su considerable éxito electoral y, de acuerdo con la tendencia inaugurada por los separatismos resurgentes, ampliaba su autonomía con respecto a la dirección general del PCE.

El 17 de abril se publicaba el proyecto de Constitución, y el 5 de mayo la labor constitucional pasó a la Comisión Parlamentaria, que debía exa­minar y discutir el proyecto de la ponencia. Volvió la mayoría derechista: diecinueve votos de ucd y ap sobre diecisiete contrarios. En la mecánica parlamentaria, la izquierda y los nacionalistas podían discutir y hacer ad­mitir algunas de sus propuestas, pero tendrían que aceptar su minoría. Tal aceptación no ocurrió. Aprovechando una propuesta de ucd sobre posible suspensión de libertades públicas en casos excepcionales de lucha contra el terrorismo, el PSOE amenazó, el 18 de mayo, con abandonar la Comisión, afirmando, por boca de Guerra, que iba a ser «la Constitución más reac­cionaria de Europa, obra de UCD y AP». Ello crearía un nuevo escándalo y suponía un verdadero chantaje para desarticular la mayoría de centro-derecha. Jugada arriesgada, pues Suárez podía aceptar la automarginación socialista y enfrentarla a un referéndum final como en 1976. Pero tras la dimisión de Peces-Barba de la Ponencia (luego entró en la Comisión), el PSOE conocía bien la debilidad de una UCD ideológicamente insegura y atenazada por la necesidad autoimpuesta de «vender imagen» progresista, de centro-izquierda.

Y Suárez volvió a claudicar. Propenso a evitar el debate y a los tratos personales semisecretos, encargó a Abril Martorell entenderse con Alfonso Guerra a espaldas de la Comisión, y llevar a esta los artículos a votar ya listos y acordados, e imponerlos por disciplina de partido. Así, la elabora­ción constitucional pasó a una fase sólo a medias parlamentaria, pues los asuntos principales se acordaban en almuerzos y cenas entre Abril y Gue­rra. El arreglo fue aceptado por comunistas y nacionalistas, a fin de evitarse la enojosa dialéctica de Fraga. Se produjo un reagrupamiento de hecho de la UCD con los socialistas, nacionalistas y comunistas, aislando a la derecha conservadora.

Ni Abril ni Guerra eran expertos en Derecho constitucional, al revés que Fraga o, en menor medida, Peces-Barba. Abril había estudiado Inge­niería agraria y Ciencias políticas, y en 1969 había presidido la diputa­ción provincial de Segovia, con Suárez de gobernador civil. Guerra había estudiado peritaje industrial y algunos cursos de letras. Su noción de las leyes iba poco más allá de pretender el entierro de Montesquieu, pero dijo audazmente de su socio: «En cuanto a formación jurídica, Abril Martorell es un patán». En tan peculiares circunstancias avanzó el proyecto consti­tucional.

Estas maniobras indignaban a AP. Silva y Fernández de la Mora ame­nazaron con dejar la Comisión, y finalmente AP se retiró, el 24 de mayo, y también la abandonó el pnv. Esta preocupó a los demás menos que la del PSOE, y tuvo poca repercusión. A los cinco días, Fraga conseguía la vuelta de su partido a la Comisión, condicionada a la discusión artículo por artículo «con luz y taquígrafos». Condición que no se cumpliría, pues, reconoce el mismo Fraga, siguió actuando el «consejo gastronómico» de Abril y Guerra, sólo «de modo menos indiscreto». AP había logrado en la Ponencia facilitar los referéndum y otras formas de democracia más o menos directa, pero la Comisión echó abajo tales iniciativas, tomando un giro más partitocrático.

Los partidos continuaban la dinámica anterior. Abril trataba de meter en cintura a los «barones» de UCD. Aunque la ejecutiva dimitió para facili­tar la reorganización del partido, la mayoría se habían apuntado al partido por sus ventajas prácticas, y ni respetaban mucho a Suárez, ni Abril tenía autoridad para imponerse. El poder y sus expectativas atenuaban las di­ferencias entre sus sectores democristiano, socialdemócrata y «azul», pero dificultaban mantener una línea precisa.

AP, falto de poder, sufría más duramente las tensiones disgregadoras, aumentadas por el centrismo de un Fraga ansioso de ganar imagen «tole­rante», por más que la izquierda y UCD mostrasen poca tolerancia hacia su partido. Silva, Fernández de la Mora y otros exteriorizaban su disgusto, y el partido amenazaba disolverse en taifas.

Areilza volvió a la política fundando «Acción Ciudadana Liberal», que no llegaría a alzar el vuelo. Fuerza Nueva realizaba mítines que solían ser contestados con violencias. El Partido Liberal celebró su II Congreso sin pena ni gloria.

Tampoco el PCE se serenaba. En su IX Congreso, realizado en abril, Ca­rrillo dispuso la supresión del término «leninista», dejándolo en «marxista». El cambio significaba muy poco doctrinalmente, pero constituía una mu­tilación en el orden simbólico e identitario. Stalin había impuesto la expre­sión «marxista-leninista» y la mantenían también los partidos maoístas. La medida provocó cierta crisis interna y numerosas expulsiones, siendo las secciones catalana y asturiana las más reacias al abandono. Carrillo calcula­ba que la supresión del leninismo le ganaría votos.

Mucho mejor le iba al PSOE, cuyos políticos estaban más que satisfe­chos con los cargos logrados en las elecciones pasadas y las expectativas de controlar pronto el poder. En abril recibían el refuerzo del PSP de Tierno Galván, cuyos atribulados líderes prefirieron ahorrarse una «travesía del desierto» y se sumaron a sus rivales. La fiesta del 1 de mayo fue unitaria de los sindicatos y partidos de izquierda, con profusión de banderas rojas, también republicanas, puños en alto y tono muy marxistizado. A los pocos días, González habló de abandonar el marxismo, se levantó una polvareda, y Guerra aclaró que el partido seguía fiel a Marx. Pujol, en Cataluña, resentía la moderación y el prestigio de Tarradellas, quien expondría ideas muy irritantes para él: «No creo en lo que llaman paí­ses catalanes»; «Tenemos la obligación de hacer de España un gran país»; «Mi patria es España». Trataba de calmar los extremismos en Cataluña y de convencer a Ajuriaguerra de participar en las tareas constitucionales. El PNV exigía la inclusión de Navarra en lo que llamaba Euskadi, y el PSOE estaba de acuerdo, contra la voluntad de la mayoría de los navarros. Algunos socialistas navarros, encabezados por Víctor Manuel Arbeloa harían volverse atrás al PSOE. Tarradellas, de todas formas, terminaría fracasando en Vascongadas y en Cataluña. El semiseparatista Roca hablaba de España como «nación de naciones», un contrasentido lógico, jurídico y político: una na­ción de naciones sólo puede ser un imperio.

Se aprobaron preautonomías en Castilla-León, Extremadura y Balea­res, y luego otras más, hasta trece hasta junio del 78. El PNV exigía transferencias antes de la Constitución y las obtuvo, así como Aragón y Valencia. En esta, nutridas manifestaciones públicas rechazaban la catalanización. El intento de crear un nacionalismo caste­llano reunió en Villalar, sitio de la derrota comunera 457 años antes, a unas quince mil personas, interviniendo comunistas, PSOE y UCD –cuyo representante fue abucheado («¡menos burguesía, más autonomía!»)–. Fue sustituida la bandera del ayuntamiento por otra «republicana». Un grupo de AP con banderas nacionales fue recibido al grito de «Vosotros, fascistas, sois los terroristas», agredido físicamente y quemadas las banderas. Hubo diecisiete heridos, algunos de ellos niños.

También en abril, Antonio Cubillo sobrevivió en Argel a un atentado que le dejó secuelas. Tras el intento parece haber estado el Gobierno espa­ñol, preocupado por las acciones terroristas del MPAIAC y por su constante agitación internacional, instigando a la OUA (Organización para la Unidad Africana) a «descolonizar» las islas Canarias, y tratando de llegar a la ONU con apoyo de varias dictaduras africanas, sobre todo la argelina. Argelia aspiraba a controlar el Sáhara ex español a través del Frente POLISARIO, que mantenía una guerra con Marruecos.

Continuaban los disturbios de presos comunes, con autolesiones. En aquel segundo trimestre, el terrorismo nacionalista vasco asesinó a ocho personas, entre ellas un niño. El caso más publicitado fue el del periodista bilbaíno José María Portell, el 28 de junio, un intermediario en negocia­ciones del Gobierno (Martín Villa) con la ETA. Portell había escrito libros más bien halagüeños para la imagen de los terroristas y propugnaba la negociación, pero los etarras desconfiaron de él y lo mataron. La ETA iba logrando tal poder intimidatorio que sus amenazas bastaron para hacer dimitir a un ayuntamiento vizcaíno en pleno, reseña Fraga.