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Opinión

8 de septiembre, “Día de Extremadura”… ¿De verdad hay algo que celebrar?

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“Espíritu desunido domina a los extremeños; jamás entran en empeños ni quieren tomar partido. Cada cual en sí metido y contento en su rincón huyen de toda instrucción y aunque es mucha su viveza vienen a ser, por pereza los indios de la nación”. Versos escritos hace más de dos siglos por el clérigo de Jaraicejo, Francisco Gregorio de Salas.

Si existe una muestra representativa del fracaso del socialismo en España, de mala gestión, de despilfarro, de derroche, de corrupción, de fraude generalizado es Extremadura, la Taifa del Suroeste, junto a Portugal, en la que se llevan sucediendo en los últimos cuarenta años gobiernos intervencionistas, socialdemócratas, tal es así que Extremadura es la única región española que está considerada “pobre” por la Unión Europea y recibe trato preferente, o sea dinero, subvenciones, y más subvenciones, regalías…

El Instituto Nacional de Estadística publicó la pasada primavera, los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, referentes al año 2018. El mencionado estudio llega a la conclusión de que uno de cada cinco españoles está en “riesgo de pobreza”, cinco de cada diez en Extremadura; y también hace constar que el 34,2% de las familias españolas -un 47,6% en Extremadura-, no puedae permitirse ir de vacaciones.

El 21,5% de los españoles vive en riesgo de pobreza o de exclusión social, con unos ingresos inferiores a 8.871 euros al año; situación que se agrava en Extremadura, en la que los afectados son el 37,6% de sus habitantes.

Además de lo dicho, el INE también ha calculado el riesgo de pobreza o exclusión social utilizando la tasa AROPE (por sus siglas en inglés, At Risk Of Poverty or social Exclusion), creado en 2010 para poder medir la pobreza relativa en Europa ampliando los criterios -no solo con los ingresos- e incluyendo la carencia material o la baja intensidad en el empleo. Y según esta metodología, la tasa de pobreza o exclusión social se eleva hasta el 26,1% de la población española, hasta el 44,6% de la población extremeña.

Por comunidades autónomas, los ingresos medios anuales más elevados son los del País Vasco (14.722 euros por persona), Navarra (13.585) y Cataluña (13.338), mientras que los más bajos fueron los de Extremadura (8.503), Canarias (8.964) y Murcia (9.111). Y las tasas de pobreza o exclusión social más altas son las de Extremadura (37,6%), Canarias (32,1%) y Andalucía (32,0%); a una distancia enorme de las del País Vasco (8,6%), Navarra (8,9 %) y Cataluña (13,6 %) que poseen las más bajas.

Según la tasa AROPE, la tasas de pobreza fueron del 44,6% en Extremadura, 38,2% en Andalucía y 36,4% en las Islas Canarias; y por el contrario, las más bajas en las Provincias Vascongadas (12,1%), Navarra (12,6%) y Aragón (17,7%).

Y, por enésima vez, destaca el INE que, allí donde existe una mayor formación, también existe menor riesgo de pobreza.

Así, la tasa de pobreza pasa del 33,8% entre quienes sólo han cursado educación secundaria al 12,6% entre las personas que poseen estudios superiores.

Bien, volvamos al”Día de Extremadura”, sigamos con “celebraciones”:

El año 2017, Extremadura fue la región española con menor Producto Interior Bruto por habitante, 17.262 euros y se situó un 30,9 % por debajo de la media nacional, siendo además la tercera región con menor crecimiento de su Producto Interior Bruto (PIB), concretamente un 2,4 %, frente al 3,1 % que alcanzó la media nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La estadística de Contabilidad Regional de España demuestra que Aragón fue la región española que experimentó un mayor crecimiento de su PIB (3,6 %), seguida de Asturias (3,5 %) y Madrid (3,4 %). Por su otro lado, los menores crecimientos del PIB correspondieron a las “ciudades autónomas” de Ceuta (1,6 %) y Melilla (1,7 %) y a La Rioja (1,8 %).

Extremadura se situó al final de la tabla con 17.262 euros por habitante, seguida de Melilla (17.945 euros) y Andalucía (18.470 euros).

Madrid tuvo el mayor PIB por habitante en el año 2017, con 33.809 euros, seguido por el País Vasco (33.088 euros) y Navarra (30.914 euros). La media nacional fue de 24.999 euros y hubo siete regiones españolas que superaron dicha cifra.

Extremadura está la primera de la fila de todas las regiones españolas respecto de lo que se denomina “pobreza”, siendo la media nacional el 19% de pobres respecto a la población total.

Bien, para poder seguir evaluando la situación de Extremadura, retrocedamos unas cuantas décadas:
En 1981, Extremadura tenía 1.050.119 habitantes, un 2,78% de la población española, que entonces era de 37.746.886 personas.

La revisión del padrón municipal del 1 de enero de 2016, indicaba que la población de Extremadura era de 1.087.778 habitantes, 5.219 empadronados menos que el año anterior, lo que representa una reducción del 0,48%… la población extremeña continúa la tendencia decreciente iniciada en 2011.

Respecto a la población con más edad, Extremadura, continúa con un proceso de envejecimiento importante: Los mayores de 65 años son en la región extremeña casi el 20%; por el contrario, los menores de 4 años apenas son el 4,20% de los extremeños.

En Extremadura existen 388 municipios. El 9,42% de los habitantes de Extremadura reside en municipios de menos de 1.000 habitantes, mientras que el 28,03% vive en municipios de más de 50.000 habitantes. Obviamente la mayoría de quienes viven en las provincias de Cáceres y Badajoz lo hacen en municipios de entre 1.000 y 50.000 habitantes, exactamente el 62,55% de los extremeños.

En torno al 35% de los extremeños residen en municipios de menos de 5.000 habitantes y, la emigración continúa siendo una realidad especialmente entre los jóvenes desempleados.

En la actualidad, el número de habitantes de Extremadura viene a ser casi el mismo que hace 37 años, pese a haber aumentado la población española hasta alcanzar los casi 47 millones.

En 1981, Extremadura era la región con menor renta por habitante, en 2018, continúa en idéntica posición.

En Extremadura la Agricultura representa aproximadamente el 10% de la producción (casi 6,5 puntos por encima de la media española), apenas un 10,5% de la producción extremeña pertenece a la Industria (incluyendo la Energía y el Agua), siendo casi un 20% en España, alrededor del 15% la Construcción (casi un 12% en España) y el 64% en el Sector Servicios (67% a nivel nacional).

La región extremeña es la menos industrializada de España, exceptuando Ceuta y Melilla. Y durante muchos años en Extremadura la construcción era posiblemente el lugar de España en el que el sector hacía una mayor aportación al PIB regional, lo cual explica parcialmente las causas singulares de la recesión extremeña, y por qué Extremadura es la región menos competitiva de toda España.

Casi el 11% de los empleados extremeños trabajan en la Agricultura (un 4,4% a nivel nacional), el 12% en la Industria (16% en España), un 14,1% en la Construcción y un 62,9% en los Servicios.

En Extremadura existen casi 90 funcionarios por cada 1000 habitantes, en el resto de España 55, siendo la proporción extremeña la mayor de todas las regiones españolas. En Extremadura, cerca del 30% de la población asalariada es funcionario público, el mayor porcentaje de España, cuya media no supera el 15%.

Extremadura ocupa en el último lugar del ranking español de productividad.

La tasa de paro en Extremadura, cercana al 25% de la población activa, es la mayor de toda España, pese a que la población lleva en términos absolutos, estabilizada en la región los últimos 37 años y, pese a que la tasa de actividad es en Extremadura en torno al 50% de los habitantes mayores de 16 años y, en España superior al 60%.

Los costes salariales en Extremadura son los menores de toda España, circunstancia que lleva ocurriendo desde hace muchas décadas.

Cerca del 10% de los hogares extremeños tienen “oficialmente” en paro a todos sus miembros en edad de trabajar.

Las exportaciones regionales respecto del total nacional son apenas el 0.6%, la cifra más pequeña de toda España, no habiendo variado esta proporción prácticamente desde el año 1995.

El Presupuesto de Gastos de la Comunidad autónoma, dedica alrededor del 35% de sus recursos a gastos de personal… y no deja de crecer.

Tradicionalmente el Presupuesto de la Junta de Extremadura dedica el 75% de los gastos a operaciones corrientes, y escasamente el 25% a inversiones.

Presupuesto que se nutre solamente en un 25% de recursos de origen fiscal y más de un 65% de transferencias procedentes del exterior.

La administración regional es la mayor empresa de toda Extremadura.

Las empresas extremeñas apenas son el 2% de las empresas españolas, aproximadamente 70.000. De estas empresas, casi la mitad pertenecen al sector servicios, unas 20.000 al Comercio, no más de 10.000 a la construcción y, menos de 6.000 a la Industria. Más del 50% de esas empresas son trabajadores autónomos, y con menos de seis trabajadores (incluyendo al trabajador autónomo-empresario), existen registradas en Extremadura más de 50.000, casi el 90%, lo cual demuestra el minifundismo empresarial extremeño.

En España alrededor del 70% de las viviendas disponen de algún tipo de ordenador, en Extremadura no más del 55%; y si hablamos de conexión con banda ancha más o menos la misma proporción.

Alrededor del 70% de los asalariados de Extremadura son, como máximo, mileuristas (14 pagas).
Según las cifras aportadas por la Agencia Tributaria los extremeños son los que perciben las pensiones más bajas de toda España.

Extremadura es, también, la región con menores ingresos por hogar de España.

Apenas un 30% de los extremeños leen periódicos casi todos los días; el 60% nunca lee libros. Los extremeños dedican como media cuatro horas diaria a ver TV.

Extremadura en las últimas cuatro décadas ha sufrido las consecuencias económicas, sociales, culturales y políticas, del poder hipnótico y anestésico del régimen caciquil ibarrista-varista (con el intermedio del gobierno de un tal Monago que pretendió ser más socialdemócrata que los socialdemócratas, y claro, la gente prefiere a los “auténticos” antes que a las malas copias), un régimen que dice ser “amigo de los pobres”, gente que cada vez que alcanzan el poder aumenta el número de pobres.

Que se sepa, nunca ha habido ningún régimen socialista, progresista, que haya conseguido, o que de veras lo pretendiera, poner remedio a la injusticia, mejorar la vida de los más favorecidos, acabar con la pobreza (miseria tanto económica como cultural). Ningún sistema político populista-progresista como el de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, o el de su heredero, Guillermo Fernández Vara, ha promovido una verdadera educación, orientada a fomentar el pensamiento crítico, a erradicar las formas de pensar acientíficas, supersticiosas, las diversas formas de fanatismo.

Los gobiernos como los que hemos tenido en Extremadura desde la muerte del General Franco hasta la actualidad, nunca han tenido como objetivo lograr un desarrollo sólido y perdurable (sostenible lo llaman ahora).

Realmente lo que menos les interesa son los derechos de las personas, les despreocupan los intereses de la gente corriente, y por supuesto les importa un bledo la salud de las instituciones “democráticas”, la participación ciudadana, y toda la retahíla con la que adornan sus discursos vacíos. Muy al contrario, procuran crear más y más situaciones de dependencia asistencial, fomentando el clientelismo-servilismo, “estómagos agradecidos”, servidumbres más o menos voluntarias, todas las formas posibles de subsidios, y adoctrinan a la población inculcándoles “valores” cargados de resentimiento, de revanchismo, o como poco de perplejidad y confusión… Se trata de conseguir lealtades a ultranza, la adhesión inquebrantable de la mayoría, eso sí, mayorías “secularmente oprimidas, maltratadas y con enormes carencias”. Las diversas formas de socialismo autoritario (aunque posiblemente todos los socialismos son autoritarios) así como los diversos fascismos, recurren a estrategias semejantes: se inventan un enemigo exterior, se inventan un enemigo interno y un enemigo en el pasado reciente. Por supuesto, para “echar balones fuera” la responsabilidad siempre es de otros, de la etapa política anterior, la “deuda histórica” también lo llaman. De ese modo podrán seguir medrando y malversando por mucho tiempo y con total impunidad.

En Extremadura contamos con referencias para dar y tomar: La causa principal de todos los males es “la derecha egoísta y reaccionaria, contraria a cualquier forma de progreso”, también el franquismo, y otro recurso muy eficaz es el “caciquismo secular”. Por descontado las etapas en las que gobernó el PSOE en España, con Felipe González, y el inolvidable José Luis Rodríguez Zapatero, nunca existieron. De la actual situación de Extremadura el partido gobernante no tiene ninguna culpa, y a Juan Carlos Rodríguez Ibarra (y su sucesor, Guillermo Fernández Vara) y sus diversos gobiernos, ni nombrarlos. La versión del régimen es tan chocante, tan zafia, tan esperpéntica que ni a Valle Inclán se le hubiera ocurrido. Es un guion perfecto para una película de Pedro Almodóvar… Los actuales gobernantes formaban parte del mismo partido político, aplaudían a rabiar todas las ocurrencias del “jefe”, todas sus decisiones, participaron en todas sus campañas en las que fue elegido y reelegido, le rindieron pleitesía; y por increíble que parezca, nos hablan con total descaro, sin ruborizarse, de que estamos inmersos en una nueva etapa, en la “enésima transformación de Extremadura”.

En el régimen “ibarrista-varista” que sufre Extremadura desde hace alrededor de cuarenta años, los presupuestos siempre son manipulados con arbitrariedad. Los controles son silenciados o ninguneados.

El régimen socialdemócrata de Extremadura identifica fondos procedentes del Estado, o de la Unión Europea con fondos del gobierno regional, de quien tiene la vara de mando, y los usa a discreción para someter a opositores, comprar voluntades y hacerse auto bombo. No escatiman en gastos a la hora de transitar por el camino del narcisismo-absolutista. Para quienes se han ido sucediendo en el gobierno de la región, no hay limitaciones ni medidas fiscalizadoras o que fomenten la mínima transparencia en la gestión de la cosa pública, solo se admiten “observatorios inoperantes y laudatorios”, nada de instituciones independientes, llámense tribunales de cuentas, defensores del pueblo, u organismos semejantes a los que rendir cuentas.

En un régimen populista-progresista, como el que lidera en la actualidad Guillermo Fernández Vara, no pueden faltar las alianzas con la “burguesía amiga” o los “empresarios patrióticos”, es decir, aquellos que prefieren sobornar a funcionarios, pagar “el impuesto revolucionario” para obtener privilegios que producir en forma realmente competitiva.

Con semejante clima como el descrito (que participa evidentemente de muchas más maldades, una enorme ristra que para contarla habría que escribir un libro) no se pueden esperar inversiones propiamente dichas, ni ningún tipo de acción emprendedora, ni creación de riqueza, ni creación de empleo… ni nada que se le parezca.

Los regímenes democráticos propiamente dichos no participan de la ristra de corrupciones y perversidades como las que sufre Extremadura desde hace cuatro décadas, no emprenden acciones narcotizantes, anestésicas, no manipulan los medios de información, no usan de forma arbitraria el presupuesto, no alientan el odio, no desprecian la legalidad vigente, no boicotean la seguridad jurídica, no temen la alternancia, no descalifican groseramente a la oposición, no espantan las inversiones sino que las reciben con los brazos abiertos, se abren al comercio exterior y no distorsionan las estadísticas para engañar a los ciudadanos, e incluso, hasta cuidan las formas.

Los regímenes democráticos –no socialistas, ni antiliberales- poseen un mayor nivel de bienestar y de crecimiento, son previsibles e infunden más confianza. Por eso la región extremeña, los extremeños nos vamos quedando en el vagón de cola, los últimos de la fila, en el “trasero de Europa”, pese a las enormes potencialidades que seguimos manteniendo inactivas por responsabilidad del modelo populista-socialdemócrata que hipnotiza, esclaviza y embrutece.

Y llegados hasta aquí, alguno me dirá ¿Y qué hacer para acabar con la situación de postración de Extremadura?

Pues, para dejar atrás tan oscuro panorama, para romper este círculo vicioso, perverso, para que los extremeños vivan mejor y sus recursos se utilicen más eficazmente, sólo cabe una solución: recuperar el estado unitario y desmantelar el denominado “estado de las autonomías” y la recentralización de todas las competencias que nunca debieron ser transferidas a ningún gobierno regional, empezando por la enseñanza, la sanidad y la justicia, y prosiguiendo por recuperar la unidad de mercado, de manera que todos los españoles, independientemente de donde nazcan o vivan, posean los mismos derechos y obligaciones.

Y me dirán: pero… ¿quién está dispuesto a ponerle el cascabel al gato?

¡Eso sólo es posible si algunos extremeños, algunos españoles decentes acaban dando un paso adelante!

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España

El Régimen de la Impunidad: Manual de supervivencia del socialista que nunca dimite

Redacción

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Pedro Sánchez no ha venido a Madrid a gobernar. Ha venido a colonizar. Y lo ha hecho con la misma eficacia metódica con la que el cáncer coloniza un órgano: sin prisa pero sin pausa, destruyendo las defensas institucionales una a una hasta convertir el Estado en un aparato de su supervivencia política. La corrupción, en el sanchismo, no es un accidente del sistema. Es el sistema.

Mientras la izquierda mediática nos vende el relato del progresismo ilustrado que combate la corrupción «de la derecha», el Gobierno más caro de la democracia española —en ministros, en asesores, en chiringuitos institucionales— ha construido una fortaleza de impunidad que haría sonrojar a cualquier república bananera del Caribe. Pero aquí no hay plátanos: hay millones de euros públicos desviados, fondos europeos malversados, y una red clientelar que transforma cada ministerio en una sucursal del Partido Socialista Obrero Español.

La economía de la corrupción: cuando el expolio es política de Estado

Empecemos por lo tangible, porque los progres adoran hablar de «justicia social» mientras vacían las arcas públicas. El impacto económico del sanchismo no se mide solo en la deuda pública desbocada —ya rozamos el 120% del PIB, para alegría de nuestros nietos— sino en el coste oportunidad de una España que podría haber prosperado y, en cambio, se ha convertido en un parque temático de subvenciones a fundaciones afines y chiringuitos ideológicos.

El caso más escandaloso no es uno solo: es la constelación. Los ERE andaluces, que dejaron en evidencia décadas de saqueo sistemático del dinero público para comprar votos y financiar estructuras partidarias, fueron apenas el aperitivo. La trama de los fondos Next Generation, donde el criterio de reparto parece dictado más por la proximidad al PSOE que por la viabilidad empresarial, ha convertido la reconstrucción post-pandemia en un reparto de botín. Mientras tanto, el Banco de España alerta de la inflación galopante y el empobrecimiento de la clase media, Sánchez y su séquito de ministros viven en una realidad paralela donde la corrupción —eso que ellos llaman «presuntas irregularidades» cuando afecta a los suyos— es un mal necesario para mantener el poder.

Pero el daño económico va más allá de los millones desfalcados. Es el efecto crowding-out de la inversión privada que huye de un país donde las reglas del juego se escriben en el despacho de Moncloa según convenga a la agenda del día. Es el cierre de empresas que no pueden competir con los monopolios subvencionados por el Estado amigo. Es la juventud española condenada al exilio laboral porque aquí el mérito ha sido sustituido por el carnet de afiliado.

La hipocresía progre: cuando el anticorrupción es solo un hashtag

Aquí llegamos al núcleo ideológico del engaño. La izquierda española —y su brazo mediático en los grandes periódicos y televisiones públicas— ha construido su identidad moral en torno a la supuesta superioridad ética. Son los «demócratas» contra los «fascistas». Los «honrados» contra la «derecha corrupta». Han llenado espacios televisivos y plataformas digitales con la retórica del «no es no» y la «transparencia radical».

Y luego llega la realidad, incómoda como un invitado no deseado.

Pedro Sánchez, el hombre que prometió «regeneración democrática», ha convertido la Moncloa en un bunker de opacidad. El caso de los fondos reservados de la Casa Real —que el Gobierno se apresuró a destapar para humillar a la monarquía— contrasta obscenamente con el hermetismo absoluto sobre los gastos de la Presidencia del Gobierno, los contratos de emergencia sanitaria sin concurso público, o los informes de inteligencia que convenientemente desaparecen cuando apuntan a altos cargos socialistas.

La contradicción es brutal: exigen la transparencia extrema para el adversario mientras blindan con leyes mordaza y reformas del código penal —sí, esa reforma que rebaja penas para delitos de corrupción justo cuando sus socios del procés y sus propios militantes enfrentan tribunales— la suya propia. El «solo sí es sí» se ha convertido en el chiste legal del año cuando vemos cómo rebajan las penas por malversación mientras envían a la policía a registrar despachos de opositores.

Esta no es hipocresía ingenua. Es estrategia calculada. La izquierda cultural ha comprendido algo que la derecha española tardó en asimilar: el poder no se ejerce solo desde las instituciones, sino desde la narrativa. Si controlas los términos del debate —si puedes llamar «corrupción» a la donación de una empresa privada a un partido conservador pero «gestión necesaria» al desvío millonario de fondos públicos a una fundación afín— no necesitas ser honesto. Necesitas controlar los tribunales, los medios y las universidades.

El coste cultural: la normalización del robo como virtud progresista

Pero quizás el daño más profundo —y este es el que debería mantener despiertos a los españoles que aún creen en la política como servicio público— es la erosión cultural que el sanchismo ha provocado en el tejido moral de España.

Hemos pasado de una democracia donde la corrupción era un escándalo que provocaba dimisiones —recuérdese el caso Filesa o el impacto del caso Gürtel en el Partido Popular— a un régimen donde la impunidad es el precio de la gobernabilidad. Sánchez no dimite. Sus ministros no dimiten. Sus socios —condenados por sedición, por malversación, por terrorismo— no solo no dimiten: son recibidos con alfombra roja y ministerios estratégicos.

Esta normalización del cinismo político tiene un efecto corrosivo en la sociedad civil. Cuando el ciudadano observa que el presidente miente descaradamente sobre su tesis doctoral, sobre su patrimonio, sobre sus pactos con filoetarras, y no solo no paga consecuencias sino que es reelegido con mayorías artificiales, está aprendiendo una lección perversa: la honestidad es para perdedores.

La izquierda cultural —esa que nos sermonea sobre valores, ética y «bien común»— ha construido un sistema donde el fin justifica absolutamente todos los medios. Donde comprar votos con subvenciones es «política social». Donde el clientelismo es «cohesión territorial». Donde la mentira institucionalizada es «narrativa estratégica». Y donde quien señala estas contradicciones es, cómo no, «fascista», «reaccionario» o «negacionista».

Este es el daño cultural más profundo: la transformación de la política española en un mercado de vicios donde la virtud cívica ha sido sustituida por la lealtad tribal. Ya no importa qué se hace, sino para quién se hace. Ya no importa la legalidad, sino la «legitimidad histórica» que se otorgan a sí mismos quienes se consideran herederos de una verdad moral superior.

La resistencia empieza por llamar a las cosas por su nombre

Concluyo donde empecé, pero con la claridad que da el final del texto: España no tiene un problema de corrupción. Tiene un problema de régimen. Un régimen donde la división de poderes es una ficción literaria, donde el Consejo General del Poder Judicial es tomado por asalto, donde la Fiscalía actúa como bufete del partido en el Gobierno, y donde el presidente puede cambiar de opinión sobre la inviolabilidad del Rey, la unidad de España o la naturaleza de la democracia según le convenga para mantenerse una semana más en La Moncloa.

La izquierda española ha construido un sistema donde la corrupción no es un bug. Es una feature. Una herramienta de gobierno tan necesaria como el BOE. Porque cuando tu proyecto político consiste en transformar España en un laboratorio de experimentos identitarios que la mayoría rechaza, necesitas fondos públicos ilimitados, medios de comunicación domesticados y una justicia que mire hacia otro lado.

Pedro Sánchez no es un presidente corrupto por accidente. Es un presidente que ha entendido que en la España de 2024, la impunidad es el último recurso del progresismo cuando el debate de ideas ha fracasado. Y mientras la derecha española siga intentando jugar con reglas democráticas en un tablero donde el adversario ha cambiado las reglas por la pura voluntad de poder, seguiremos perdiendo no solo elecciones, sino el país mismo.

La batalla cultural no es una metáfora. Es la única batalla que queda cuando la corrupción institucionalizada ha reemplazado a la política. Y en esa batalla, la primera arma es la verdad: Sánchez no gobierna. Saquea. Y lo hace con la impunidad de quien sabe que, en su España, los corruptos de izquierdas nunca pagan.

 

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