A los españoles nos birla la AET los intereses que generan las devoluciones del impuesto sobre la renta - ALERTA NACIONAL
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A los españoles nos birla la AET los intereses que generan las devoluciones del impuesto sobre la renta

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Todos los años los ciudadanos españoles cuando efectuamos la declaración sobre el IMPUESTO SOBRE LA RENTA, cuando nos corresponde a devolver, estas devoluciones se efectúan durante el periodo de declaración sin el interés correspondiente. Es cierto que esas devoluciones únicamente generan intereses, una vez finalizado el plazo referenciado.

Son millones de euros los que la AEAT devuelve a los ciudadanos por la declaración del año anterior del periodo impositivo sin intereses.

Hay devoluciones de importante cuantía, pero en cualquier caso todos deberían tener derecho a los intereses que esas han generado durante un año. (El tipo del interés legal del dinero es del 3%, según los presupuestos generales del Estado, y en los casos de demora en los pagos, del 3,75%).

El mecanismo de devolución es fácil ya que debería añadirse una aplicación informática para que cada devolución fuera con el correspondiente interés.

Me extraña que las asociaciones de consumidores no hayan planteado esta reivindicación que afectan a los ciudadanos masivamente. Únicamente cabe preguntarse si al recibir subvenciones públicas, estas les condicionan a la hora de reivindicar derechos de los ciudadanos (consumidores) ante las Administraciones Publicas, que en el caso que nos ocupa, se trata de la AEAT.

Cuando cualquier ciudadano se le pasa un plazo, o cuando solicita un aplazamiento, inexorablemente se le aplican unos intereses legales.

El impago de los seguros sociales, por ejemplo, si hay una demora de un solo mes, supone un incremento del ¡diez por ciento, y a partir del segundo mes, del veinte por ciento!

Nos encontramos ante una situación de enriquecimiento ilícito por parte de la AEAT en detrimento del perjudicado (el ciudadano) y estas prácticas deben ser corregidas de inmediato y devolver a nuestro sistema democrático y de estado de derecho, que los poderes públicos (AEAT) actúan conforme a derecho sin privilegios, pues la Ley es igual para todos.

Jurista y secretario general del sindicato Manos Limpias


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La Sanidad Militar puede estar politizada para las Clases de Tropa con problemas psicofísicos

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Las bajas médicas protagonizan una discriminación que denuncian algunos militares de tropa temporal.

Así, la ley da sólo seis meses a los soldados temporales para recuperarse de cualquier baja médica antes de perder el destino, mientras que los militares de carrera disponen de un año en las mismas circunstancias.

Los militares ‘temporales’ — tropa y marinería— disponen de seis meses para recuperarse de cualquier baja médica antes de que se inicie el expediente que conlleva perder el destino. Esto contrasta con las condiciones de los militares con servicio de carácter permanente, los de ‘carrera’, a los que se les da el doble de tiempo para la recuperación sin pérdida de destino, es decir, un año. No obstante, COPERFAS rechazó abrir ese debate amparándose en el artículo 121 de la Ley de Carrera Militar, que precisamente consagra esa discriminación.

La oficina del Defensor del Pueblo, ante la denuncia de colectivos presentes en el COPERFAS envió una respuesta “decepcionante”. Para este organismo, la desigualdad planteada “no puede motivar, por sí sola, la intervención de la institución” —la asociación pedía que se instase al Congreso una modificación de la ley— porque “supondría una intromisión en la potestad legislativa que corresponde a las Cortes Generales”.

El Real Decreto 944/2001 permite que Defensa pueda rescindir el compromiso, aunque esté en vigor, si los médicos militares consideran que el evaluado no reúne las condiciones psicofísicas necesarias para el servicio. Que esta decisión no dependa de un organismo independiente, y la tome la sanidad castrense, es una de las críticas que plantean las asociaciones y que, dada la casuistica, debemos plantearnos todos los militares profesionales.

Daré un ejemplo de esta casuística que no deja de ser más que un caso de la generalidad:

24% de discapacidad para Defensa, 65% para la Comunidad de Madrid

Dos años después de sufrir un accidente que le podía haber costado la vida en Afganistán, Iván Ramos se llevó una bofetada psicológica al conocer que el Ministerio de Defensa consideraba que su discapacidad era leve, valorada en un 24%. Se quedaba a un punto de poder tener acceso a una pensión y estaba muy alejada del 65% que le había concedido la Comunidad de Madrid.

“Iba en la posición de tirador, un camión embistió al vehículo, comenzamos a dar vueltas de campana y yo salí despegado. Se me reventó el bazo y el riñón, los he perdido. Y desde entonces he tenido que someterme a 11 operaciones para que me reconstruyan la espalda, el brazo y el pie”, así rememora el accidente aunque tenga pocos recuerdos de ese momento ya que perdió la conciencia tras el impacto.

Este legionario explica que tras la dura recuperación se hundió al recibir la valoración de su discapacidad emitida por Defensa: “Pensé que no valía la pena todo el dolor y el sufrimiento que había aguantado para aferrarme a la vida y poder seguir en mi equipo operativo”.

Como este, existen infinidad de casos en los que las Juntas de médicos militares del Gomez Ulla otorgan discapacidades muy por debajo de lo que lo hacen otros facultativos de las Comunidades Autónomas.

El caso no es baladí porque no sólo afecta al interesado para su futuro profesional y de jubilación, sino porque se presenta a la Tropa que se encuentra de baja ante los Mandos como individuos que quieren evitar cumplir sus obligaciones militares aduciendo males supuestos por haber una discordancia entre unos y otros peritajes médicos que hay que ganar en los Tribunales de Justicia, con el consiguiente gasto en abogados en unas economías ya mermadas, junto a unos procesos judiciales de larga duración.

Me pregunto, como lo harán muchos profesionales de carrera, ¿cómo es posible que existan estas disparidades, estas injusticias, y que no se le conceda a la Tropa que se ha jugado la vida en operaciones e Instrucción un pago que por derecho les corresponde?

Me viene a la memoria un trabajo que realicé en los años 1990 respecto a la incorporación a filas de los militares de reemplazo en el que estudié la exención, objeción e insumisión. Los datos fueron facilitados por la Subdirección de Reclutamiento y Enseñanza Militar y están publicados como Base de Datos en mi sitio web “www.defensa-nacional.com” en el apartado descargas, Base de datos que hoy en día ya contiene 1328 registros y 450.000 datos relativos a las variables que he seguido estudiando.

Pueden consultarla todo el que esté interesado en esta casuística. Del análisis de la citada Base se deduce que, para paliar el alto número de objetores, se pudo cerrar la mano en el número de exentos de tal manera que, gracias a los Servicios Médicos se pudo mantener el cupo de las Unidades con personal que anteriormente se hubiera tenido por exento.

¿No puede estar ocurriendo esta casuística ahora, pero en sentido contrario? ¿El empleo político de los profesionales de la medicina para evitar que aquellos que tendrían unos derechos por causas médicas en cualquier organización civil, no lo tuvieran en la vida militar, a pesar de su dedicación, mella adquirida en el ejercicio de sus funciones y misiones y un deterioro psicológico individual y social dado que se crea la opinión entre la tropa, y en la sociedad, que quedan desasistidos si tienen algún problema psicofísico fundamentado, incidiendo en la moral de los Ejércitos?.

Jesús Acuña, abogado especializado en Derecho Militar, explica que los militares con compromiso permanente no hacen frente a esta situación ya que no tienen los mismos derechos que los profesionales con contratos temporales. Por ejemplo, si encarasen el mismo accidente y secuelas parecidas, el que no es de plantilla sería indemnizado en función del porcentaje de discapacidad que le asignen, los de carrera recibirían la pensión íntegra con independencia del porcentaje que les otorguen.

Por eso, las asociaciones militares coinciden en señalar que entre los profesionales de carrera no se producen bajas al mismo ritmo que en el caso de los temporales. “La patología debe ser muy grave para que les concedan la no aptitud. En el caso de un militar con contrato permanente implica hacer frente a una pensión e indemnización. En los casos de personal temporal sale gratis”, apunta un portavoz de la Organización de Apoyo a las Fuerzas Armadas (OATM).

Resumen de alistados, exentos y objetores durante el decenio de los 1990 en Vascongadas. Como se puede apreciar, hay una disminución drástica del número de exentos a lo largo del decenio que no puede ser causado por una mejora en la salud de los reemplazos estadísticamente. (Elaboración propia)
Enrique Area Sacristán.

Teniente Coronel de Infantería.

Doctor por la Universidad de Salamanca


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El coro

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A veces, una frase efectista, un mensaje destacado o un lapsus, puede resultar la síntesis de un discurso.

En su comparecencia ante la prensa, después de su investidura, Pedro Sánchez ha dicho que el gobierno sería muchas voces pero una sola palabra. Bonita frase pero ¿que esconde? Traducción: él, como Presidente, es el único dueño de la verdad y el que no esté de acuerdo, se queda fuera. Un claro ejemplo de lo que digo fue la entrevista al flamante vicepresidente Pablo Iglesias en un informativo de televisión. Ante la pregunta de si Dolores Delgado hubiera sido su elección como fiscal general del Estado dijo sin ninguna duda, aunque probablemente incómodo, que era muy profesional y adecuada para el cargo. No se lo cree ni él. Sería comparable a un coro de música, en el que distintas voces interpretan una misma canción. Sus integrantes aúnan su afinación tras una misma letra que todos cantan al unísono. Nadie cambia el texto por otro porque sino se sale del guión y no hay posibilidad de disidencia porque así no se escucharía la misma canción.

Ha sido un claro mensaje a su propio gobierno, heterogéneo en ideologías y lleno de contradicciones, de que nadie puede opinar lo contrario del mensaje único y verdadero. Creo, lamentablemente, que estamos ante la más totalitaria de todas las legislaturas democráticas desde el fin de la dictadura. Ya no sólo el que se mueve no entra en la foto. El que se sale del tono, también.

*Presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados de Las Islas Baleares (APFSIB)


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Cuatro pruebas irrefutables demuestran la falsedad de la acusación de extorsión a la Infanta

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PRIMERA PRUEBA.- La primera prueba irrefutable de esa falsedad de acusación de extorsión, es la cita a Miguel Bernad por parte del ex presidente de La Caixa, Isidro Fainé, en la sede principal en Barcelona, donde el Sr. Fainé le solicita la posibilidad de retirar la acusación contra la Infanta, por “razones de estado”.

El Sr. Fainé, designa a un abogado de su confianza, José María Mas Millet, para elaborar un borrador de desistimiento. Ni por el Sr. Fainé, ni por el Sr. Bernad, en ningún momento se piden contraprestaciones.

SEGUNDA PRUEBA.- El borrador descrito de desimputación, elaborado por el Sr. Más Millet, y el Sr. Bernad. En el se incluía la desimputación siempre y cuando, la Infanta y su esposo, Ignacio Urdangarin, reconociesen el delito y devolviesen el dinero.

TERCERA PRUEBA.- El e-mail que el Sr. Bernad remitió al Notario de Madrid, Rafael de la Fuente, para que elaborara un acta de manifestación donde el Sr. Bernad relataba como el abogado de la Infanta, Miguel Roca, utiliza a un testaferro, Jaime Alonso, a la sazón, Presidente de la Fundación Francisco Franco, ofreciendo tres millones de euros para que se retirara la acusación contra la Infanta.

CUARTA PRUEBA.- El testimonio en instrucción del empresario catalán Lorenzo González. En el contexto de ofrecimiento por parte del entorno de la Infanta, el testimonio del empresario catalán, Lorenzo González es esclarecedor, se le ofrece, un crédito empresarial a fondo perdido, a cambio de que Miguel Bernad retirase la acusación contra la Infanta. Miguel Bernad y Lorenzo González mantienen una relación de amistad.

El ofrecimiento lo efectúa el Director General de La Fundación La Caixa, Jaime Giró, donde la Infanta estaba contratada.

Estas cuatro pruebas irrefutables han sido ocultadas dolosamente en la fase de instrucción pues desmontaban la gran falacia, la gran mentira de extorsión por parte de Miguel Bernad.

Se trasmite a la opinión pública, con la aplicación de la pena del telediario y con la prisión y con la petición posterior de 24 años de cárcel, una extorsión inexistente, cuando la verdadera realidad fue y así se demostrará en el juicio oral, que fue el abogado de la Infanta, Miguel Roca el que pretendió de alguna manera extorsionar a Miguel Bernad.


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