A día de hoy, seis de febrero de 2022, sólo hay dos verdades patentes, una de ellas innegable y la otra, que se sabe, pero se niega porque parece surrealista que algo tan bochornoso sea verdad.

La primera es que se demuestra una vez más que el PP es exactamente lo mismo que el PSOE. Tal cual.

La otra verdad, la que parece imposible, es que los españoles de bien, los que tenemos derechos y deberes y los cumplimos, nos vemos abofeteados de continuo en nuestros derechos en beneficio de la Administración y sus chiringuitos, que no hace falta recordar cuáles son, y en beneficio de los miles de pagapensiones que nos llegan por doquier.

En este caso en concreto, éste que esto va a relatar, es sujeto paciente de una de las múltiples injusticias, tomaduras de pelo y vesanias varias que tenemos el honor de padecer como españoles desde que entró esto que se ha dado en llamar democracia y que es una desvergonzada y descarada dictadura, encabezada por socialistas y comunistas.

Por causas médicas me vi obligado a solicitar la revisión de mi grado de minusvalía. Para tal fin rellené, con ayuda de la asistente social, el documento que llegaría a manos de los «evaluadores» junto con el informe de mis médicos de la Seguridad Social (nada sospechosos de estar pagados para escribir lo que yo dijera).

En dicho documento aparece una casilla que el paciente, si no desea que se acceda a su historial médico, debe marcar, dado que es potestativo que quiera que se acceda si presenta los informes correspondientes. Yo pedí a la asistente social que la marcara porque la información sobre mi salud mental es información sensible y yo aportaba los informes elaborados por los médicos que me atienden desde hace seis años.

Pues bien, por razones que ahora no vienen al caso, y que darían para escribir una novela, llegó a mis manos lo que los «evaluadores» habían escrito sobre mí en su «informe» , donde decían explícitamente en varios lugares que habían accedido a mi historial médico (recuérdese que yo había prohibido el acceso en documento oficial), además de leer los informes aportados. 

Una vez comprobado que habían accedido, dado que alardeaban sin ningún género de dudas de ello, procedo a poner una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, que fue lo que se me recomendó que hiciera ante tamaña tropelía y vulneración de mis derechos. Para tal fin hice llegar a la AEPD la documentación donde se demuestra que denegué el acceso por lo ya explicado y la documentación donde estos «evaluadores» de la minusvalía reconocían haber accedido. 

¡Ay pobre, infelice de mí!  En mi inmensa estulticia creía que dado que aportaba las pruebas este acceso tendría consecuencias negativas para ellos, pero nada más lejos de la realidad. La AEPD desestimó mi reclamación porque, puestos en contacto con la parte contraria, ésta hizo un escrito donde miente de manera clara y contundente y además explica que, aunque un paciente deniegue el acceso a su historial, ellos pueden entrar cuando quieran dado que deben comprobar que tanto los médicos como el paciente están diciendo la verdad.

Es decir, que la Ley de Protección de Datos solo sirve para Proteger los Datos de acceso de determinados exministros a determinados clubes de carretera. Los ciudadanos de a pie estamos a lo que el primer chiringuito burocrático se le ponga justo en el medio de la bisectriz.

Se pone de manifiesto, en síntesis, que el reclamante solicitó la revisión de su grado de discapacidad por considerar que se había producido un agravamiento.

Hizo constar que no autorizaba el acceso a la consulta de datos por aportar un informe de consulta con una serie de diagnósticos como documento exigido por la norma reguladora del procedimiento. El Decreto 165/2010 de 8 de octubre del Consell en su artículo 4.2, que determina la comprobación de los datos referidos, y la LO 3/2018 de 5 de diciembre en su Disposición adicional octava sobre la potestad de verificación de las Administraciones Públicas, legitima la comprobación de la veracidad y certeza de los datos facilitados por lo que se realizó la preceptiva consulta sobre los datos aportados por el interesado.

Se expone que para la valoración correcta del expediente fue necesaria la consulta de los datos aportados para su verificación, puesto que no se realizan actos de fe en la valoración de la discapacidad, es necesario la comprobación y verificación tanto en la valoración presencial de la ciudadanía con los profesionales, como la verificación de la documentación clínica que se aporta en la valoración.

Respecto a la cláusula que aparece en el formulario en la que se proporciona una casilla que posibilita «no autorizar» la consulta de datos, señalan que en caso de no marcar esta casilla se entiende que se está autorizando o consintiendo la citada consulta. Recuerdan que el artículo 4.11 del RGPD define consentimiento como «la manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la cual el interesado acepta, mediante una clara acción afirmativa, el tratamiento de sus datos personales». Por tanto, no se considera válido el consentimiento tácito u otorgado por omisión. EN CUALQUIER CASO, AL ESTAR MARCADA LA CASILLA QUE DENIEGA EL ACCESO A ESOS DATOS, NO HAY LUGAR NI MOTIVO NI EXPLICACIÓN COHERENTE POSIBLE AL “RAZONAMIENTO”.

Por ello, el departamento responsable del tratamiento deberá adecuar el formulario al régimen vigente en materia de protección de datos. Consecuentemente con lo expuesto consideran que se ha actuado de conformidad con la normativa en materia de protección de datos.

FINALMENTE, SALTÁNDOSE LA LEY, LA LEGALIDAD Y LA VERGÜENZA EN UN MISMO MOVIMIENTO, DECLARAN QUE:

Es decir, por si alguien no lo entiende bien, dicen claramente que yo no marqué dicha casilla y que , en caso de haberla marcado, ellos pueden entrar siempre que quieran «puesto que no se realizan actos de fe en la valoración de la discapacidad» es decir, que lo que digan los médicos de la Seguridad Social en los informes aportados carece de credibilidad mientras los «evaluadores» no husmeen en una información que atañe a algo tan privado y sensible como la salud mental y dictaminen si se está mintiendo o no.

¿Qué hace la Agencia Española de Protección de Datos con esta información? 

Pues ni más ni menos que desestima mi reclamación, pese a tener en su poder los documentos que acreditan que digo la verdad. Se limitan a decir que es que los otros dicen otra cosa ( que es claramente mentira) y que si quiero algo,que haga un escrito o que los lleve a juicio. 

¿ Para qué sirve esta agencia? ¿Para qué vale que estén dando la murga día sí, día también, con la LOPD si luego pasan estas cosas? 

Lo que se infiere de este caso en concreto, junto con otros muchos que seguramente la gente no se atreva a denunciar, es que estamos desprotegidos, que da igual que presentes pruebas, que por lo que parece es un chiringuito de intermediación, sin más, y que el colegueo está a la orden del día. 

Esto es lo que hay. Cada día más y más sangrante.