España tiene acogidos o tutelados por los servicios de protección de menores de las comunidades autónomas a un total de 12.437 Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) para los que el Gobierno ha aumentado este año los fondos hasta los 38 millones con el objetivo de mejorar su atención. Mientras tanto, está negociando con Marruecos la posibilidad de repatriar a los menores marroquíes que llegan a España.

Los casi 12.500 menores migrantes solos es el número que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social tenía contabilizado a fecha 31 de octubre, dato que hasta el momento no ha vuelto a ser actualizado. Precisamente el problema de la contabilización de estos menores se puso sobre la mesa durante la Conferencia Sectorial de Inmigración y Emigración celebrada el pasado mes de agosto.

Tal como denunció la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, la sectorial llevaba desde el año 2015 sin reunirse, pero en la cita de agosto la cuestión de los ‘MENA’ fue abordada de forma prioritaria bajo la «preocupación» de muchos de los líderes territoriales. De hecho, durante 2018 este asunto ha adquirido tal protagonismo que la palabra ‘MENA’ (Menores Extranjeros No Acompañados) era una de las candidatas a palabra del año 2018 de la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA).

Un mes antes del cambio de Gobierno y llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, a fecha 30 de abril, el número de MENAs en el registro del Ministerio del Interior era de 6.248, según apuntó la entonces ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad Dolors Montserrat. Así pues, el número de MENAs contabilizados se ha duplicado desde abril hasta octubre.

En cualquier caso, a los casi 12.500 menores registrados a fecha 31 de octubre, habrá que sumar los menores que hayan podido llegar solos durante los meses de noviembre y de diciembre de 2018, año que ya ha batido récord de llegadas de migrantes en patera.

Según un informe de la ONG Save the Children publicado en mayo de este año, la cifra de menores extranjeros no acompañados (MENA) bajo tutela de las comunidades fue de 6.414 en 2017, un 60% más que en 2016, año en que los inscritos no llegaban a 4.000.

La ONG señaló que la mayor parte de los que llegaron nuevos en 2017 (2.177) lo hicieron en patera y la gran mayoría proceden de Marruecos, aunque también ha aumentado el número de menores que vienen de Argelia y de países subsaharianos como Guinea, Costa de Marfil o Nigeria.

A finales de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó 38 millones de euros en subvenciones para repartir a las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla con el objetivo de mejorar la atención de los menores extranjeros no acompañados que hay en España.

El reparto se realizó en función del incremento del número de MENAS registrado desde el 31 de diciembre de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2018, aunque también se tuvo en cuenta la solidaridad de aquellas comunidades que se han ofrecido a acoger a algunos de estos menores.

Atendiendo a estos criterios, se acordó que Andalucía recibiría 25,5 millones de euros, es decir, el 67% de los 38 millones, seguida por Vascongadas y Cataluña, con algo más de dos millones de euros cada una. Mientras, la Comunidad de Madrid y La Rioja se quedaron fuera del reparto de fondos.

Aparte del incremento de los fondos, el Gobierno español y el marroquí están negociando la posibilidad de repatriar a los menores marroquíes que llegan a España solos. Según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, están trabajando para «establecer los criterios firmes» que permitan la devolución al país alauí de los niños y jóvenes, «siempre en términos de seguridad» y respetando el interés superior del menor.

No es la primera vez que se pone sobre la mesa esta «solución» ya que desde el PP defienden la devolución de estos menores a Marruecos, exigiendo el cumplimiento del acuerdo firmado entre España y el reino alauí en 2007 y ratificado en 2013.

El debate sobre la devolución de los menores solos que llegan desde Marruecos se reanuda después de que el ministro del Interior decidiera reactivar un acuerdo firmado en el año 1992 entre España y Marruecos para la readmisión de extranjeros que entran de manera irregular a territorio español a través de sus fronteras.

La aplicación de este convenio el pasado mes de agosto para proceder a la devolución de 116 migrantes subsaharianos que lograron saltar la valla de Ceuta de manera masiva desató polémica y las críticas entre las ONG. En octubre, tras un salto masivo que se produjo en la valla de Melilla, Interior volvió a aplicar este acuerdo bilateral para expulsar a 55 de las 209 personas que cruzaron el vallado. También lo ha utilizado en ocasiones puntuales para devolver a Marruecos a migrantes que llegan en patera a las islas Chafarinas.

Desde el departamento que dirige Grande-Marlaska han insistido en que estas devoluciones cumplen la legalidad al ampararse en dicho acuerdo bilateral. «El acuerdo es una herramienta que está ahí y puede utilizarse siempre y cuando Marruecos esté de acuerdo en la readmisión y la acepte», han apuntado fuentes de Interior en reiteradas ocasiones, defendiendo las devoluciones siempre y cuando los migrantes no expresen su intención de solicitar asilo