El ‘green pass’ que ya anuncian velada o descaradamente los gobernantes y los medios de incontables países de todo el mundo, y que dividirá a la población entre ciudadanos de primera y de segunda, es un paso más en un proceso totalitario abanderado por los globalistas cuyo ejemplo más extremo probablemente sea Australia.

De la ley a la ley. El Parlamento ha aprobado recientemente uno de los atentados a la libertad de expresión y al derecho a la intimidad más espectacular de la historia reciente de Occidente. La Ley de Enmienda a la Legislación de Vigilancia 2021, aprobada con apoyo bipartidista tras un mínimo debate de un día y promulgada sin grandes alharacas, permite a la policía entrar y posesionarse de cuentas personales de quienes presuman “terroristas”, una etiqueta que ahora puede endilgarse a cualquier disidente, como en Estados Unidos está dejando clarísimo el presunto presidente Biden.

Con la nueva ley, los agentes ya no necesitan probar que existen indicios de actividad delictiva ante un juez para obtener una orden, sino que será la propia policía la que determine la “necesidad” del proceso. La panoplia de situaciones que pueden provocar el asalto policial es tan vaga como interminable, y las garantías contra los abusos son prácticamente nulas. Pero esto es solo el aperitivo en un país que parece haber enloquecido con una pandemia que parece retrotraerle a lo que era en los tiempos coloniales: una colonia penal.

Con esta ley, además, el gobierno de Australia, uno al menos de cuyos estados (Australia del Sur) ha desplegado el ejército para hacer cumplir el más reciente confinamiento total, también ha anunciado su intención de “desanonimizar” -lo que suele llamarse ‘doxxing’, revelar la verdadera identidad de participantes anónimos en redes sociales- Internet para introducir un sistema de crédito social que combata “el abuso online”. Como el de China, pero en inglés.

Ese mismo estado de Australia del Sur está desarrollando una aplicación que emplea tecnologías de reconocimiento facial y geolocalización para asegurarse de que los ciudadanos cumplen estrictamente el confinamiento domiciliario. La ‘app’ se asegura de que los ciudadanos obedecen contactando con usuarios aleatoriamente y pidiéndoles que presente una foto del lugar en el que están, incluyendo su rostro, en un plazo máximo de 15 minutos.

Dado que las restricciones y confinamientos hacen difícil coordinar ninguna protesta contra esta imposición del tecnofascismo sanitario por la puerta de atrás, han sido los camioneros los que se han ocupado de reaccionar, organizando un bloqueo de las carreteras que ningún medio convencional cubre pero que ya se está notando en los hipermercados.