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Economía

Bruselas eleva el déficit de España en 2019 al 2,3%, tres décimas más que lo calculado por el Gobierno

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El comisario europeo de Economía Pierre Moscovici (izq), conversa con la ministra de Economía, Nadia Calviño
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La Comisión Europea calcula que España cerrará este año con un déficit público equivalente al 2,3% del PIB, un porcentaje que es dos décimas superior a la estimación anterior y tres décimas mayor que la previsión del Gobierno reflejada en el Plan de Estabilidad que envió a las autoridades comunitarias la pasada semana.

El Ejecutivo comunitario espera que el desvío presupuestario siga reduciéndose desde el 2,5% con que cerró 2018 apoyado sobre todo en el crecimiento de la economía, pero advierte de que esto se verá parcialmente compensado por algunas medidas que aumentarán el déficit.

Por otra parte, la Comisión mantuvo sus proyecciones de crecimiento del PIB en el 2,1% para este año y en el 1,9% para el próximo, frente al avance del 2,6% registrado en 2018, con lo que la economía española seguirá creciendo por encima de la media de la Eurozona pese a la ralentización. De este modo, Bruselas es más pesimista con respecto a la reducción del déficit que el Gobierno, que prevé rebajarlo al 2% en 2019 y al 1,1% el próximo, pero se alinea con el Ejecutivo en cuanto al crecimiento, ya que Madrid espera un avance del 2,2% este año y del 1,9% el próximo.

Crecimiento «robusto» en España

La Comisión prevé que el crecimiento de la economía española siga «robusto», pero se reduzca «ligeramente» a lo largo de 2019, debido a la moderación de la demanda doméstica, y se estabilice después conforme aumenta la contribución de las exportaciones tras un débil 2018. Así, proyecta que «gracias al fuerte crecimiento, el déficit público siga reduciéndose, aunque a menor ritmo», después de haberse estrechado seis décimas en 2018.

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Advierte, sin embargo, de que el efecto de un ciclo «favorable» y de los menores costes por el servicio de la deuda se verá compensado en parte por medidas que engrosarán el déficit, algunas temporales.

En sus nuevas previsiones, al contrario de las anteriores, el Ejecutivo comunitario asume ya que no habrá un nuevo presupuesto de 2019 tras el rechazo parlamentario, y basa su análisis en una prórroga de las de 2018 y el efecto de las medidas adoptadas por decreto ley por el Gobierno, como el incremento de las bases de cotización a la seguridad social.

La CE recuerda que algunas medidas del presupuesto de 2018 tendrán efecto este año, como la reducción del IRPF para las rentas bajas, el aumento del sueldo de los funcionarios o la actualización de las pensiones. También la compensación por las autopistas de peaje quebradas (1.800 millones, según el Gobierno) sumará al déficit, según sus cálculos.

Con todo, estas cifras deberían permitir a la Comisión cerrar el procedimiento por déficit excesivo en que España lleva inmersa desde 2009, ya que en 2018 dejó atrás el umbral del 3 % y las proyecciones apuntan a que la corrección se mantendrá este año y el próximo, como exigen las normas.

Empeoramiento en la Eurozona

Por otro lado, la Comisión Europea ha rebajado una décima su previsión de crecimiento de la eurozona tanto para 2019 como para 2020, debido en gran medida a los problemas a los que se enfrenta Alemania, cuya economía se expandirá un 0,5%, seis décimas menos que lo que calculaba Bruselas en su proyección de febrero.

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En concreto, Bruselas calcula que el PIB de la zona euro crecerá un 1,2% este año, frente al 1,3% que calculó anteriormente, y se acelerará en 2020 al 1,5%, una décima menos que lo que preveía en febrero. A su vez, la economía de la Unión Europea en su conjunto crecerá un 1,4% este año y un 1,6% en 2020, frente al 1,5% y 1,7%, respectivamente, que esperaba en sus previsiones anteriores.

En sus anteriores previsiones, publicadas en febrero, el Ejecutivo comunitario ya había empeorado seis décimas la estimación de incremento del PIB en la eurozona durante este año, hasta el 1,3%, mientras que para el conjunto de la UE la redujo cuatro décimas, hasta el 1,5.

«La economía europea está mostrando resistencia ante un entorno exterior menos favorable, incluidas las tensiones comerciales. Se espera que el crecimiento continúe en todos los Estados miembros de la UE y remonte el año próximo, sostenido por una demanda interna robusta, una progresión continuada del empleo y bajos costes de financiación», declaró en un comunicado el vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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