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Reino de Valencia

Cae una ONG progre que cobraba la comida del Banco de Alimentos a las personas desfavorecidas

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La Polcía Nacional ha detenido a dos personas y otras dos están investigadas por la venta ilegal de lotes de comida por parte de una ONG progre de Alicante a personas desfavorecidas. El principal responsable de la trama, ya en prisión, se ocultaba en la localidad alciantina de Torrevieja al constarle en vigor una reclamación judicial por violencia de género.

La operación se inició a través de la denuncia formulada por la Subdelegación del Gobierno de la provincia, en concreto por dependencias del Ministerio de Agricultura y Pesca, en relación al programa de ayuda alimentaria a este colectivo. Varios voluntarios de la organización eran personas necesitadas, sin trabajo e incluso algunos de ellos se encontraban en situación irregular en España. En algunos casos, se les «remuneraba» con comida del Banco de Alimentos.

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Según ha informado la Policía en un comunicado, la Unidad de Control del Fondo Español de Garantía Agraria, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, detectó «ciertas irregularidades en el reparto directo de alimentos a las personas más desfavorecidas» ya que presuntamente llevaban a cabo venta de lotes de comida a personas necesitadas cuando su distribución debería ser totalmente gratuita.

Del mismo modo, los agentes determinaron el envío de comida del banco de alimentos a Marruecos o la utilización de estos lotes de comida para abonar servicios contratados por la organización.

La Unidad de Control del FEGA, que tiene entre sus funciones la de autorizar a las organizaciones para proceder con el reparto directo de alimentos a las personas más desfavorecidas, detectó «ciertas irregularidades» por parte de una plataforma empresarial solidaria, cuya organización disponía de hasta cinco sedes en la provincia de Alicante.

Este organismo puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, cuyo Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Alicante inició las gestiones para comprobar los hechos y determinar si esta organización cumplía con los objetivos establecidos: si ponía los alimentos a disposición de las personas más desfavorecidas de forma gratuita, ya fuera mediante la elaboración de comidas preparadas para ser consumidas en las instalaciones de la organización o mediante la entrega directa de lotes de comida, alimentos que en este caso procedían del Banco de Alimentos.

Inspecciones en las sedes

Los agentes comprobaron que las cinco sedes de la organización efectuaron el reparto de alimentos dentro del Programa de Ayuda 2018, recibiendo todas ellas comida. Las cinco sedes fueron inspeccionadas por la Dependencia de Agricultura y Pesca de Alicante.

Fruto de las inspecciones llevadas a cabo se pudo determinar que, en algunas de las sedes, el número de beneficiarios se había «duplicado», por lo que faltaba «multitud de existencias en los almacenes». En otra, había «diversas incoherencias» en las notas de entrega de los lotes de comida ya repartidos, puesto que constaban que su reparto era superior al número de productos previamente recibidos.

Igualmente, se detectaron anomalías en los locales que no reunían las condiciones higiénicas necesarias para desarrollar esta actividad. Los investigadores verificaron cada una de las anomalías denunciadas y determinaron que, efectivamente, se desconocía, en algunos de los casos, el paradero de hasta cerca de una tonelada de comida.

Beneficiarios duplicados

Por otra parte, los agentes apreciaron que muchos de los beneficiarios figuraban en los listados de forma duplicada, por lo que presumían que podían haber sido «falseados» para que ciertas personas obtuvieran más alimentos que los que les correspondía.

Fruto de las pesquisas practicadas, los investigadores llegaron a la conclusión que, incumpliendo la normativa, la organización presuntamente vendía de forma ilegal lotes de comida a algunas de las personas que figuraban como beneficiarias o bien utilizaban presuntamente esos alimentos para pagar ciertos servicios que la organización contrataba.

En algunos de los casos, ciertos lotes de comida procedentes del Banco de Alimentos eran presuntamente vendidos para su posterior traslado a Marruecos.

Varios voluntarios de la organización eran personas necesitadas, sin trabajo e incluso algunos de ellos se encontraban en situación irregular en España. De acuerdo con las manifestaciones vertidas por testigos y miembros de la propia asociación, algunos de los trabajadores no cobraban por los servicios prestados y eran remunerados, en algunas ocasiones, por comida del Banco de Alimentos.

Tras identificar a los presuntos responsables de las distintas sedes, los agentes localizaron y detuvieron en Alicante, en una primera fase, a una mujer de nacionalidad peruana de 30 años como presunta autora de un delito de estafa continuada y falsedad documental. Del mismo modo, fueron oídas en declaración como investigadas no detenidas dos personas más.

Los agentes seguían sin éxito la pista del principal responsable, varón peruano de 49 años. A esta persona le constaba en vigor una reclamación judicial por malos tratos habituales en el ámbito familiar, además de los delitos que se le acusaban en este entramado en cuestión, estafa y falsedad documental.

Los agentes sospechaban que pudiera estar escondido en alguna localidad de la provincia de Alicante, por lo que establecieron un dispositivo de búsqueda que concluyó el pasado viernes con su localización y detención en Torrevieja (Alicante). El supuesto cabecilla ya ha ingresado en prisión.


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Reino de Valencia

Una niña de Alicante no puede ir de excursión escolar al Oceanográfico de Valencia porque su padre habla en castellano»

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Imagen de Joaquín y su hija Nuria tomada este miércoles en Valencia - ABC
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«No puedo firmar una autorización para mi hija si no la entiendo». Con este argumento, Joaquín, padre de un niña de ocho años alumna de un colegio público de la ciudad de Alicante, ha presentado una denuncia ante la Inspección Territorial de la Conselleria de Educaciónen la que solicita que «garantice el derecho a recibir comunicaciones también en lengua castellana sin que, para ello, haya que pedirlo expresamente», según cuenta ABC.

Este miércoles, el colegio en el que Nuria cursa tercero de Primaria (cuyo nombre  se omite para preservar la intimidad de la menor) había programado como actividad complementaria extraescolar una excursión por el centro de Alicante.

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El formulario que recibió Joaquín para otorgar su autorización para que su hija pudiera asistir a la visita guiada estaba escrito correctamente en valenciano mientras que la versión «castellana» estaba trufada de errores y palabras que no se corresponden con el español. El centro le trasladó que se había producido un «error en la redacción no bilingüe de la comunicación».

Ante esta situación, el padre solicitó al centro que se le remitiera la circular en castellano para poderla firmar. Joaquín denuncia que el colegio le trasladó a su hija, de ocho años, que no iba a mandar un nuevo formulario y que, en consecuencia, si su progrenitor no lo rubricaba «tendría que quedarse toda la jornada de hoy en otra clase». Al respecto, Joaquín lamenta que «mi hija no ha podido ir de excursión escolar porque su padre habla en castellano».

Este miércoles, padre e hija han visitado el Oceanográfico de Valencia mientras el resto de compañeros de Nuria tenían previsto participar en la actividad extraescolar que su progenitor no ha podido autorizar porque, insiste, «no puedo firmar un documento que no entiendo».

Mientras, la actividad del colegio finalmente se ha suspendido por la lluvia, conforme le ha comunicado el centro por correo electrónico esta misma mañana, en esta ocasión en las dos lenguas oficiales. A esas horas, Joaquín y su hija ya estaban en Valencia porque «he tenido que planificar mi propia excursión».

La asociación Hablamos Español se ha hecho eco de su problemática y ha anunciado que trasladará los hechos de «discriminación lingüística» sucedidos en este colegio público de Alicante a la Fiscalía de Menores para que «investigue si se han vulnerado los derechos de la menor y si se ha incurrido en prevaricación».

Para la presidenta de la asociación, Gloria Lago, se trata de un caso «paradigmático del desprecio a la cooficialidad y a los derechos lingüísticos de las personas».

De hecho, los problemas de Joaquín para recibir en castellano las comunicaciones oficiales del colegio público en el que estudia su hija vienen de lejos. Según consta en la denuncia presentada ante la Inspección Territorial de Educación, con anterioridad había recibido una convocatoria para una reunión trimestral escrita únicamente en valenciano. En ese caso, un día antes de la convocatoria se le entregó a la alumna la citación en castellano.

Joaquín, que forma parte del Consejo Escolar del centro, también solicitó una copia del Proyecto Lingüístico del colegio, toda vez que se trata de un documento público. El padre estaba interesado en conocer «la proporción de horas lectivas y la distribución de las asignaturas en relación a con la aplicación de las lenguas oficiales en la Comunidad Valenciana: el español y el valenciano».

«La lengua oficial de la Generalitat»

Según consta en la denuncia, la jefa de estudios del colegio le enseñó una copia redactada en valenciano con el argumento de que «es la lengua oficial de la Generalitat», de acuerdo con la versión del padre.

Joaquín explica que, además, «en las celebraciones de Navidad ya se excluyó por completo el castellano». Ante este cúmulo de situaciones, ha solicitado formalmente a la Inspección Educativa que, además de asegurar que los padres reciban las comunicaciones en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, garantice que «los niños no sean el instrumento de presión para conseguir los fines de una imposición lingüística a la comunidad educativa, de la que los padres también formamos parte».

Al respecto, explica que respalda la decisión de Hablamos Español de denunciar los hechos ante la Fiscalía de Menores tras haber agotado «todos los cauces de diálogo posibles».

«Utilización de menores»

La asociación cree que este caso de una alumna alicantina es el ejemplo de «la utilización de menores para hacer claudicar a sus padres en la exigencia de cumplimiento de su derecho a comunicarse con la escuela en español».

En ese sentido, la asociación explica que «cada vez más personas están solicitando que las Administraciones Públicas usen también el español en las comunidades autónomas siguiendo la campaña “Pídelo en Español”». Para Lago, «la presencia de nuestra lengua común no solo está siendo cada vez más limitada en la enseñanza, sino también en ayuntamientos, hospitales, y dependencias de gobiernos autonómicos».

(ABC)


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Una ex diputada de Podemos pide una calle y una estatua para una mujer detenida por robar 40 vibradores

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Una de las noticias más comentadas de la semana ha sido el robo perpetrado por una mujer en una tienda de Callosa de Segura (Alicante). La mujer fue detenida por robar 40 unidades de una vibradores femeninos Satisfyer en una empresa comercializadora de la localidad. La presunta ladrona explicó a los agentes de la Guardia Civil que repartió los juguetes eróticos entre sus vecinas, aunque también entregó algunos a un negocio de masajes. La Guardia Civil recuperó y devolvió a la compañía alicantina algo más de la mitad de estos artículos utilizados para la estimulación del clítoris.

Sin embargo, lo más surrealista de esta noticia ha llegado de la mano de Clara Serra. La política vinculada a Podemos y Más Madrid ha justificado el robo de esta mujer, a la que califica de “Robin Hood del feminismo” y ha pedido una estatua y una calle para ella.

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El “tuit” ha indignado a los usuarios de redes sociales que consideran una vergüenza que Serra justifique un robo en aras del feminismo. “Robar esta mal salvo que los hagan los progres”, “Clara, respétate, tienes más nivel que estas gilipolleces”,“Gracias por explicarnos los que es el feminismo” o “Lástima que la crema de Cifuentes no tuviera un fin sexual” son algunos de los mensajes que pueden leerse en “Twitter”.

El mensaje de Serra arrasa en redes y cuenta ya con casi 9.000 “retweets” 46.000 “Me Gusta” y más de 2.600 comentarios.

Esta no es la primera vez que Clara Serra provoca un incendio con palabras pronunciadas en aras de la defensa de la mujer. La ex diputada de Podemos y ex presidenta de la Comisión de la Mujer en la Comunidad de Madrid llegó a afirmar que «la humillación es una cosa que las mujeres pueden desear, así como la fantasía de violación y el sexo con violencia».

“Por humillación quiero decir que existe la fantasía de violación, de sexo con violencia y esto no es una cuestión marginal”, declaró en un programa de Televisión. Esta afirm


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Reino de Valencia

Retiran la bandera española de un edificio municipal en Crevillent (Alicante) para un acto de Rufián

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Un acto de Gabriel Rufián en un edificio público en Crevillente (Alicante) llevó a los organizadores a retirar la bandera española y mantener únicamente la de la Comunidad Valenciana y la de la localidad.

Así lo ha denunciado el portavoz del PP en esta localidad Miguel Ángel Sánchez. Su formación ha pedido explicaciones al alcalde de Compromís José Manuel Penalva por la retirada de la enseña nacional en el Centro Joven Juan Antonio Cebrián durante la participación del diputado de ERC Gabriel Rufián. Según el PP, en el acto en cuestión se hizo “defensa y apología de quienes han atentado contra el Estado Español y apoyan el separatismo de Cataluña, consecuentemente se han defendido los actos delictivos de sedición ocurridos en Cataluña, además de apoyar las actuaciones violentas en las calles”.

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Miguel Ángel Sánchez considera también que la retirada de la bandera nacional “es una falta de respeto institucional y claudicación”. También pregunta a PSOE e IU, que apoyan al alcalde Compromís, si están de acuerdo con esta decisión. Además, en el pasillo del edificio público también se pudo ver carteles con el lema “llibertat presos políticos” (“Libertad presos políticos”).

Por su parte, Esquerra Republicana de Crevillent ha querido “agradecer a todo el pueblo su apoyo y participación en el acto, afirmando que no aflojará en la defensa de los derechos democráticos, de la libertad y de la justicia”. Rufián anunció su intervención con un tuit en el que se podía leer “¡vivan los Países Catalanes!”, que englobaba también a la Comunidad Valenciana.


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