Cae una ONG progre que cobraba la comida del Banco de Alimentos a las personas desfavorecidas - ALERTA NACIONAL
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Cae una ONG progre que cobraba la comida del Banco de Alimentos a las personas desfavorecidas

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La Polcía Nacional ha detenido a dos personas y otras dos están investigadas por la venta ilegal de lotes de comida por parte de una ONG progre de Alicante a personas desfavorecidas. El principal responsable de la trama, ya en prisión, se ocultaba en la localidad alciantina de Torrevieja al constarle en vigor una reclamación judicial por violencia de género.

La operación se inició a través de la denuncia formulada por la Subdelegación del Gobierno de la provincia, en concreto por dependencias del Ministerio de Agricultura y Pesca, en relación al programa de ayuda alimentaria a este colectivo. Varios voluntarios de la organización eran personas necesitadas, sin trabajo e incluso algunos de ellos se encontraban en situación irregular en España. En algunos casos, se les «remuneraba» con comida del Banco de Alimentos.

Según ha informado la Policía en un comunicado, la Unidad de Control del Fondo Español de Garantía Agraria, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, detectó «ciertas irregularidades en el reparto directo de alimentos a las personas más desfavorecidas» ya que presuntamente llevaban a cabo venta de lotes de comida a personas necesitadas cuando su distribución debería ser totalmente gratuita.

Del mismo modo, los agentes determinaron el envío de comida del banco de alimentos a Marruecos o la utilización de estos lotes de comida para abonar servicios contratados por la organización.

La Unidad de Control del FEGA, que tiene entre sus funciones la de autorizar a las organizaciones para proceder con el reparto directo de alimentos a las personas más desfavorecidas, detectó «ciertas irregularidades» por parte de una plataforma empresarial solidaria, cuya organización disponía de hasta cinco sedes en la provincia de Alicante.

Este organismo puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, cuyo Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Alicante inició las gestiones para comprobar los hechos y determinar si esta organización cumplía con los objetivos establecidos: si ponía los alimentos a disposición de las personas más desfavorecidas de forma gratuita, ya fuera mediante la elaboración de comidas preparadas para ser consumidas en las instalaciones de la organización o mediante la entrega directa de lotes de comida, alimentos que en este caso procedían del Banco de Alimentos.

Inspecciones en las sedes

Los agentes comprobaron que las cinco sedes de la organización efectuaron el reparto de alimentos dentro del Programa de Ayuda 2018, recibiendo todas ellas comida. Las cinco sedes fueron inspeccionadas por la Dependencia de Agricultura y Pesca de Alicante.

Fruto de las inspecciones llevadas a cabo se pudo determinar que, en algunas de las sedes, el número de beneficiarios se había «duplicado», por lo que faltaba «multitud de existencias en los almacenes». En otra, había «diversas incoherencias» en las notas de entrega de los lotes de comida ya repartidos, puesto que constaban que su reparto era superior al número de productos previamente recibidos.

Igualmente, se detectaron anomalías en los locales que no reunían las condiciones higiénicas necesarias para desarrollar esta actividad. Los investigadores verificaron cada una de las anomalías denunciadas y determinaron que, efectivamente, se desconocía, en algunos de los casos, el paradero de hasta cerca de una tonelada de comida.

Beneficiarios duplicados

Por otra parte, los agentes apreciaron que muchos de los beneficiarios figuraban en los listados de forma duplicada, por lo que presumían que podían haber sido «falseados» para que ciertas personas obtuvieran más alimentos que los que les correspondía.

Fruto de las pesquisas practicadas, los investigadores llegaron a la conclusión que, incumpliendo la normativa, la organización presuntamente vendía de forma ilegal lotes de comida a algunas de las personas que figuraban como beneficiarias o bien utilizaban presuntamente esos alimentos para pagar ciertos servicios que la organización contrataba.

En algunos de los casos, ciertos lotes de comida procedentes del Banco de Alimentos eran presuntamente vendidos para su posterior traslado a Marruecos.

Varios voluntarios de la organización eran personas necesitadas, sin trabajo e incluso algunos de ellos se encontraban en situación irregular en España. De acuerdo con las manifestaciones vertidas por testigos y miembros de la propia asociación, algunos de los trabajadores no cobraban por los servicios prestados y eran remunerados, en algunas ocasiones, por comida del Banco de Alimentos.

Tras identificar a los presuntos responsables de las distintas sedes, los agentes localizaron y detuvieron en Alicante, en una primera fase, a una mujer de nacionalidad peruana de 30 años como presunta autora de un delito de estafa continuada y falsedad documental. Del mismo modo, fueron oídas en declaración como investigadas no detenidas dos personas más.

Los agentes seguían sin éxito la pista del principal responsable, varón peruano de 49 años. A esta persona le constaba en vigor una reclamación judicial por malos tratos habituales en el ámbito familiar, además de los delitos que se le acusaban en este entramado en cuestión, estafa y falsedad documental.

Los agentes sospechaban que pudiera estar escondido en alguna localidad de la provincia de Alicante, por lo que establecieron un dispositivo de búsqueda que concluyó el pasado viernes con su localización y detención en Torrevieja (Alicante). El supuesto cabecilla ya ha ingresado en prisión.


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Una candidata de Vox al Congreso, al profesor de su hijo: “No vas a tener centro donde esconderte como metas a los alumnos porquerías en la cabeza”

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Marisol Sanchis, a la derecha (Información)
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«Se acabó el adoctrinar a nuestros hijos. No vas a tener centro donde esconderte como vuelvas a decirle a mi hijo y al resto de alumnos que Vox es de extrema derecha». Marisol Sanchis Martínez, candidata al Congreso en la provincia de Alicante por la filas del partido de Santiago Abascal en las pasadas elecciones empleó las redes sociales para dirigir un mensaje a un profesor de Historia (cuyo nombre no cita) del Instituto de Educación Secundaria de Petrer.

Marisol Sanchis también formó parte de la candidatura de Vox en las elecciones municipales pero no logró acta en el Ayuntamiento de la localidad alicantina.

Según ha avanzado «Información», la dirigente de Vox escribió un post en su perfil de Facebook en el que, en relación al docente, le advertía de que «tu función como ‘profesor’ es la de impartir conocimientos a tus alumnos en los que mi hijo se encuentra, por cierto que bastante mal lo haces, así que deja la política a los políticos y no les metas porquería en la cabeza, porque desde Vox no te lo vamos a permitir».

A pesar de esta alusión al partido, la formación de desmarcó de estas palabras de su candidata (Sanchis iba de «número diez» en la lista de Vox al Congreso), que encuadró como una opinión personal.

La candidata alicantina de Vox también amagaba en su mensaje en redes con demandar al docente. En el Instituto de Educación Secundaria en el que trabaja el profesor no han recibido queja alguna de la madre, aunque la dirección aseguró que contactarán con ella.

La Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana estudia si pueden tener consecuencias jurídicas las “amenazas” de la candidata de Vox a un profesor de Petrer por decir en clase que el partido es de extrema derecha, según ha avanzado la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra.


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El PP gana al PSOE las elecciones repetidas en La Granja de la Costera (Valencia) por 17 votos

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El Partido Popular ha ganado las elecciones municipales celebradas este domingo en la localidad valenciana de La Granja de la Costera por 17 votos, ya que la candidatura de los populares ha recabado 120 sufragios y la de los socialistas 103, según han indicado a EFE fuentes de los partidos.

Este pequeño municipio de 297 habitantes ubicado a 60 kilómetros de València ha repetido casi seis meses después sus elecciones locales, después de que las del 26 de mayo fueran anuladas por la Junta Electoral Central (JEC) debido a una “irregularidad grave”, ya que un candidato de la lista del PSOE fue miembro de la única mesa electoral de la localidad.

Antes de la decisión de la JEC, el resultado provisional de las elecciones de mayo fue de 107 votos para el PSOE y 106 para el PP, después de que se admitieran dos votos nulos que se habían descartado inicialmente por presentar rasgaduras, y sin los cuales los populares habrían ganado por un voto.

En la repetición electoral de este domingo, de las dos candidaturas en juego, la encabezada por el socialista Juan Carlos Garrido, alcalde de La Granja de la Costera desde 2007, ha recabado 103 votos, y la que lidera el popular José Miguel Marín, quien concurre por primera vez a los comicios, ha obtenido 120 papeletas, mientras que se han registrado 11 votos nulos.

Con estos resultados, de los siete concejales en juego de La Granja de la Costera, los socialistas se quedan con tres ediles tras perder uno, que gana el PP, por lo que los populares, con sus cuatro ediles, volverán a gobernar esta localidad cercana a Xàtiva, como ya hicieron entre 1995 y 2007.


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El cuñado del alcalde de Valencia es socio del bufete que ha facturado 220.000 euros a la EMT

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El alcalde de Valencia, Joan Ribó. Arriba: El equipo profesional de Abastos Abogados con Daniel Pérez y Salvador Martínez. / web abastos abogados / Signes
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La EMT, presidida por el concejal Giuseppe Grezzi, sabía que no contrataba sin concurso público a un desconocido para ejercer las labores de secretario del consejo de administración y asesorar a la empresa municipal. El abogado Salvador Martínez Tarín, elegido a dedo para el puesto y administrador único del despacho SMT Asesores, tiene un estrecho vínculo laboral con un familiar del alcalde de Valencia, Joan Ribó. Daniel Pérez Fernández, hermano de la pareja de Ribó, es presidente del bufete Abastos Abogados, que posee actualmente el 32% de las participaciones del despacho de abogados del secretario de la EMT.

La clave de todo este asunto se cuece en el entresuelo de la calle Palleter, 9 de Valencia, donde comparten las oficiales los bufetes SMT Asesores y Abastos Abogados.

El alcalde ha defendido en todo momento y sin fisuras la labor de su concejal de confianza en una empresa que vive un auténtico terremoto tras detectarse un fraude de cuatro millones de euros. Una estafa a través de correos electrónicos que ha puesto al descubierto el día a día de una sociedad pública que ha externalizado por decenas de miles de euros y sin concurso servicios que se pueden cubrir desde la propia entidad. El abogado Salvador Martínez Tarín, socio en el despacho del cuñado de Ribó, está considerado desde su llegada como uno de los hombres fuertes de la empresa que preside Grezzi.

El secretario del consejo de administración, que tenía una asignación fija de 600 euros al mes por su labor en la empresa municipal hasta que le han subido el sueldo, ha facturado entre noviembre de 2015 y octubre de 2019 más de 178.000 euros por los trabajos de asesoramiento de su bufete de abogados al organismo público. Además, uno de sus letrados -forma parte de la empresa del cuñado de Ribó- facturó 44.679 euros más por trabajos de consultoría y asesoramiento. En total, el bufete SMT Asesores ha cobrado más de 220.000 euros.

La EMT adjudicó sin concurso público el servicio jurídico a SMT Asesores

El despacho de Martínez Tarín siguió desarrollando trabajos jurídicos para la EMT incluso después de que la empresa contratara a través de un proceso de selección a dos abogadas especialistas en marzo de 2018. Desde esa fecha el bufete cobró más de 78.000 euros.

SMT Asesores tiene su sede en la calle Palleter, 9 de Valencia. En esta dirección también está ubicado el bufete Abastos Abogados. Del primero, el administrador único es Salvador Martínez Tarín; en el segundo, Daniel Pérez Fernández es su presidente. En su día fueron compañeros en la universidad y ahora son socios. Martínez Tarín es el secretario del consejo de la EMT y Pérez Fernández es el cuñado del alcalde de Valencia. Daniel es el hermano de Mari Carmen Pérez Fernández, pareja de Joan Ribó.

Las sociedades de Martínez Tarín y del cuñado de Ribó están cruzadas desde hace años. Además de estar ubicadas en el mismo domicilio -antes en la calle Héroe Romeu, 16- también tienen a la misma apoderada, María Teresa Rocher Mengual. Esta economista forma parte del equipo de SMT Asesores y es especialista en asesoría fiscal y contable, como se puede comprobar en la web del bufete. Además, SMT Asesores ocupa el cargo de consejero delegado de Abastos Abogados. La empresa de Salvador Martínez Tarín posee desde el 31 de diciembre de 2018 el 32% de las acciones del despacho que preside el cuñado de Joan Ribó. Abastos Abogados participa con el mismo porcentaje y desde la misma fecha del bufete de abogados en el que Salvador Martínez Tarín es el administrador único.

El secretario del consejo de la EMT se incorporó como socio a Abastos Abogados a principios de 2009, como publicó el Boletín Oficial del Estado del lunes 12 de enero de 2009. Además, el 21 de diciembre de 2010 el BOE publicó el nombramiento como socio profesional del letrado J. A. P., que como se puede ver en la página web de Abastos Abogados forma parte del equipo del bufete y que figura en varias de las facturas presentadas por SMT Asesores para cobrar importes de la EMT. En la web de Abastos se puede ver a los dos socios en varias imágenes.

Subida de sueldo

En plena polémica por la estafa de cuatro millones a la empresa municipal, el concejal Grezzi decidió subir el sueldo a varios de los miembros de la dirección de la EMT. Entre los afortunados está Salvador Martínez Tarín que vio cómo sus emolumentos fijos de 600 euros al mes serán a partir de la renovación de 3.000 euros, por lo que ha multiplicado por cinco los ingresos. En los últimos cuatro años, SMT Asesores cobró 34.000 euros por esta labor, por lo que la cantidad a partir de ahora se disparará de manera evidente.

Este periódico se puso en contacto ayer con alcaldía para conocer la opinión de Ribó sobre este asunto y cómo valoraba que un familiar suyo sea socio de bufete del secretario del consejo de la administración de la EMT. A la pregunta no hubo una respuesta oficial por parte de la alcaldía de Valencia.

Fuente: Las Provincias


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