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Reino de Valencia

Cae una ONG progre que cobraba la comida del Banco de Alimentos a las personas desfavorecidas

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La Polcía Nacional ha detenido a dos personas y otras dos están investigadas por la venta ilegal de lotes de comida por parte de una ONG progre de Alicante a personas desfavorecidas. El principal responsable de la trama, ya en prisión, se ocultaba en la localidad alciantina de Torrevieja al constarle en vigor una reclamación judicial por violencia de género.

La operación se inició a través de la denuncia formulada por la Subdelegación del Gobierno de la provincia, en concreto por dependencias del Ministerio de Agricultura y Pesca, en relación al programa de ayuda alimentaria a este colectivo. Varios voluntarios de la organización eran personas necesitadas, sin trabajo e incluso algunos de ellos se encontraban en situación irregular en España. En algunos casos, se les «remuneraba» con comida del Banco de Alimentos.

Según ha informado la Policía en un comunicado, la Unidad de Control del Fondo Español de Garantía Agraria, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, detectó «ciertas irregularidades en el reparto directo de alimentos a las personas más desfavorecidas» ya que presuntamente llevaban a cabo venta de lotes de comida a personas necesitadas cuando su distribución debería ser totalmente gratuita.

Del mismo modo, los agentes determinaron el envío de comida del banco de alimentos a Marruecos o la utilización de estos lotes de comida para abonar servicios contratados por la organización.

La Unidad de Control del FEGA, que tiene entre sus funciones la de autorizar a las organizaciones para proceder con el reparto directo de alimentos a las personas más desfavorecidas, detectó «ciertas irregularidades» por parte de una plataforma empresarial solidaria, cuya organización disponía de hasta cinco sedes en la provincia de Alicante.

Este organismo puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, cuyo Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Alicante inició las gestiones para comprobar los hechos y determinar si esta organización cumplía con los objetivos establecidos: si ponía los alimentos a disposición de las personas más desfavorecidas de forma gratuita, ya fuera mediante la elaboración de comidas preparadas para ser consumidas en las instalaciones de la organización o mediante la entrega directa de lotes de comida, alimentos que en este caso procedían del Banco de Alimentos.

Inspecciones en las sedes

Los agentes comprobaron que las cinco sedes de la organización efectuaron el reparto de alimentos dentro del Programa de Ayuda 2018, recibiendo todas ellas comida. Las cinco sedes fueron inspeccionadas por la Dependencia de Agricultura y Pesca de Alicante.

Fruto de las inspecciones llevadas a cabo se pudo determinar que, en algunas de las sedes, el número de beneficiarios se había «duplicado», por lo que faltaba «multitud de existencias en los almacenes». En otra, había «diversas incoherencias» en las notas de entrega de los lotes de comida ya repartidos, puesto que constaban que su reparto era superior al número de productos previamente recibidos.

Igualmente, se detectaron anomalías en los locales que no reunían las condiciones higiénicas necesarias para desarrollar esta actividad. Los investigadores verificaron cada una de las anomalías denunciadas y determinaron que, efectivamente, se desconocía, en algunos de los casos, el paradero de hasta cerca de una tonelada de comida.

Beneficiarios duplicados

Por otra parte, los agentes apreciaron que muchos de los beneficiarios figuraban en los listados de forma duplicada, por lo que presumían que podían haber sido «falseados» para que ciertas personas obtuvieran más alimentos que los que les correspondía.

Fruto de las pesquisas practicadas, los investigadores llegaron a la conclusión que, incumpliendo la normativa, la organización presuntamente vendía de forma ilegal lotes de comida a algunas de las personas que figuraban como beneficiarias o bien utilizaban presuntamente esos alimentos para pagar ciertos servicios que la organización contrataba.

En algunos de los casos, ciertos lotes de comida procedentes del Banco de Alimentos eran presuntamente vendidos para su posterior traslado a Marruecos.

Varios voluntarios de la organización eran personas necesitadas, sin trabajo e incluso algunos de ellos se encontraban en situación irregular en España. De acuerdo con las manifestaciones vertidas por testigos y miembros de la propia asociación, algunos de los trabajadores no cobraban por los servicios prestados y eran remunerados, en algunas ocasiones, por comida del Banco de Alimentos.

Tras identificar a los presuntos responsables de las distintas sedes, los agentes localizaron y detuvieron en Alicante, en una primera fase, a una mujer de nacionalidad peruana de 30 años como presunta autora de un delito de estafa continuada y falsedad documental. Del mismo modo, fueron oídas en declaración como investigadas no detenidas dos personas más.

Los agentes seguían sin éxito la pista del principal responsable, varón peruano de 49 años. A esta persona le constaba en vigor una reclamación judicial por malos tratos habituales en el ámbito familiar, además de los delitos que se le acusaban en este entramado en cuestión, estafa y falsedad documental.

Los agentes sospechaban que pudiera estar escondido en alguna localidad de la provincia de Alicante, por lo que establecieron un dispositivo de búsqueda que concluyó el pasado viernes con su localización y detención en Torrevieja (Alicante). El supuesto cabecilla ya ha ingresado en prisión.

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Reino de Valencia

Macroestafa de cuatro millones de euros en la EMT de Valencia

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Imagen de archivo de un autobús de la EMT
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La Policía investiga una denuncia interpuesta por la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València en la que se revela un fraude por importe de cuatro millones de euros en las arcas del órganismo autónomo del Ayuntamiento de la capital. Una estafa en la que, según la compañía, está implicada la responsable del área de administración de la empresa, que ha sido despedida este viernes.

La EMT ha informado de que ha sido víctima de este fraude, que en cuanto ha tenido conocimiento de él lo ha puesto en conocimiento de la Policía, que a su vez ha abierto una investigación para aclarar el supuesto delito, según ha explicado el director gerente de la empresa, Josep Enric García Alemany, en una comparecencia de prensa urgente.

La empresa municipal tuvo conocimiento de los hechos este lunes por la tarde y a la mañana siguiente presentó una denuncia en Comisaría. Desde ese momento y hasta este jueves por la tarde ha recopilado información para aportar más datos a la denuncia.

Dado que está abierta una investigación policial, el director gerente ha indicado que no puede ofrecer más datos sobre los hechos, aunque sí ha concretado que en el fraude solo figura implicada, por lo que se ha podido determinar hasta ahora, una única empleada, la responsable del área de administración.
Esta persona tenía una larga trayectoria en el cargo, y ha sido despedida esta misma mañana.

La dirección de la EMT ha convocado de manera urgente una reunión del Consejo de Administración para esta tarde para informar a los consejeros de la situación.

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Reino de Valencia

El dinero público, según Ximo Puig: 43.000 euros por una entrevista, 35.000 a medios de su familia

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Imagen del presidente valenciano, Ximo Puig. tomada este miércoles en Milán
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El dinero destinado a publicidad institucional por parte del Gobierno valenciano presidido por Ximo Puig ha ido aumentando exponencialmente desde 2015, superando con creces a su antecesor del PP, Alberto Fabra. Si en 2016, primer ejercicio completo del Ejecutivo de PSPV-PSOE y Compromís, el gasto en esta partida fue de 3,1 millones de euros, en 2017 se incrementó hasta los 8,2 millones.

Fue este año en el que se dedicó la polémica partida de 43.000 euros al diario británico «The Guardian».

En sus páginas se publicó, en noviembre de 2016, una entrevista a Puig –con motivo de una feria de turismo en Londres a la que acudió– en la que se aprovechaba para ensalzar su figura y «vender» la Comunidad Valenciana a uno de los nichos turísticos más importantes mientras él exponía las grandes propuestas de la legislatura o criticaba duramente al PP por la corrupción y la herencia dejada. La Generalitat argumentó en ese momento que no se trataba de una entrevista pagada, pero ahora el contenido ha sido borrado de la web del diario explicando en un mensaje que sí era publicitaria y elaborada por una agencia externa.

La comparativa con el dinero destinado a otros medios en 2017 resulta igualmente llamativa. El Gobierno de Puig otorgó ese año un total de 35.094 euros a las empresas vinculadas a su hermano. Concretamente, al diario digital Comarquesnord, que trabaja en el ámbito de las comarcas de Els Ports, El Maestrat y Matarraña (las cuales se extienden entre Castellón y Teruel); Els Ports Radio y Nord TV, también de este mismo nivel. Solo de Presidencia, recibieron 32.279 euros.

A otros medios de tirada nacional como «El País» concedió, en la suma de papel y digital, 51.860 euros. A ABC le correspondieron ese año 24.040 euros en los expedientes tramitados por la Dirección General de Relaciones Informativas y Promoción Institucional.

El control de la publicidad institucional ha sido una de las cuestiones que ha enfrentado a los socialistas con sus socios de Compromís, puesto que a los segundos no les agradan demasiado los criterios seguidos.

El PSPV, solo en la defensa

En mitad de la polémica por la entrevista en «The Guardian», el portavoz de la coalición en las Cortes Valencianas, Fran Ferri, consideraba ayer que no era «lo más adecuado» y que la promoción de la Comunidad Valenciana debía ir «por otras vías».

Sus otros compañeros del actual Ejecutivo autonómico, Unidas Podemos, eran más suaves pero tampoco lo exculparon. «Si hay algo que esclarecer, lo debe hacer», afirmaba Naiara Davó en referencia al presidente de la Generalitat.

La oposición de PP, Ciudadanos y Vox cargó contra Puig por tratarse de una «promoción personal» y un «autobombo» que da «absoluta vergüenza». Los naranjas han pedido su comparecencia en el Parlamento.
El presidente de la Generalitat, preguntado al respecto, aseguró ayer que la entrevista no costó «en absoluto» 43.000 euros y que hubo otros espacios de patrocinio.

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Reino de Valencia

Dimite el presidente de Vox en Valencia sin renunciar al sueldo de diputado autonómico

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José María Llanos
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El presidente de Vox en la provincia de Valencia, José María Llanos, ha dimitido aunque sin renunciar a su sueldo de diputado en les Corts Valencianes, al quedarse el acta. Ahora, el Comité Ejecutivo Nacional del partido nombrará una comisión gestora.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la formación liderada por Santiago Abascal, que han explicado que tras esta dimisión del que fuera candidato a la Presidencia de la Generalitat en los últimos comicios, que se materializó este miércoles, la situación depende ahora de la cúpula central en Madrid.

“El objetivo será la continuidad del proyecto en la provincia. Tanto los estatutos de Vox como el reglamento interno del partido dejan claro el procedimiento que descarta la celebración de primarias para estos casos”, han indicado las mismas fuentes.

Las divergencias en la ejecutiva han obligado a la dirección nacional a intervenir. De hecho, el vicesecretario nacional de organización, Tomás Fernández, acudió a la reunión de anoche en la que Llanos hacía pública su renuncia, lo que forzaba de esta forma a la creación de una gestora.

El Comité Ejecutivo Provincial (CEP) está integrado por seis miembros. Al menos dos de ellos, el secretario Juan Ponce y el vocal Vicente Gi, mantenían un pulso con Llanos por el control de la organización e incluso habían exigido que dejara el cargo.

Según la hoja de ruta trazada, sería el propio Llanos quien presidirá una gestora a su medida. En este viaje de ida y vuelta inmediata. los responsables nacionales trasladan a los cargos públicos y a la militancia que Llanos cuenta con el total apoyo de Abascal.

Vox decidió no realizar primarias ante el convencimiento de que un sector crítico, encabezado por el polémico abogado valencianista Juan García Sentandreu, podría hacerse con el control del partido tras un crecimiento en las afiliaciones notable. La confección de las candidaturas y, por último, la designación de los asesores en el Ayuntamiento de Valencia, en la diputación y en Les Corts han elevado la temperatura interna.

Al margen de la “dimisión controlada” de Llanos, en Vox se han producido renuncias en las últimas semanas. El tesorero de la ejecutiva provincial y diputado en Les Corts Valencianes, Vicente Manuel Roglá, dejaba sus cargos en julio. En el escrito remitido a Madrid, Roglá, médico de profesión, desvelaba” enfrentamientos” entre el presidente provincial (Llanos) y el secretario (Juan Ponce), “con subidas de tono entre ambos”.

La semana pasada era otro parlamentario autonómico, David Muñoz, quien decidía renunciar a su escaño “por motivos personales” y reincorporarse a su labor docente como profesor de Derecho en la Universidad Católica San Vicente Mártir. El acta por Castellón lo ocupará la bióloga Rebeca Serna.

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