Pablo Casado ha avanzado en la campaña electoral andaluza un punto clave del nuevo programa marco del PP:la recuperación de la competencia de Educación. Pero este paso no será el único que dará el Partido Popular para reforzar un Estado cada vez más debilitado. Fuentes próximas a Casado han confirmado que su objetivo es abrir un proceso más amplio de recentralización, siempre dentro del marco constitucional, con el objetivo de mejorar la vertebración de España y la igualdad de los ciudadanos, y hacer frente a la «deslealtad» de algunas comunidades autónomas.

Casado está siendo muy claro, en su estreno como presidente del partido en una campaña electoral, al afirmar que el Estado de las Autonomías ha llegado a su límite y no se puede seguir adelgazando la Administración General. «Ni una transferencia más», sostiene el líder del PP, que se siente respaldado por los votantes de centro derecha, pero también por una parte de la izquierda, como se refleja en el CIS. En el barómetro de octubre se observa que hay casi un 20 por ciento de españoles defiende un Estado con un único Gobierno central sin autonomías, y otro 10,9 por ciento pide menos poder para las autonomías. Solo el 22,9 por ciento de los españoles quieren más poder para las Comunidades. En el caso de los votantes del PP, un 34,9 por ciento quiere un Estado sin autonomías, y un 14,9 por ciento, que se quite poder a las autonomías. Tan solo el 4,2 por ciento defiende más poder para las comunidades.

Cuanto más a la derecha está el votante, menos le gusta el Estado de las Autonomías, como se observa en el CIS, un dato que tiene muy presente el PP en un momento en el que está volcado en frenar la fuga de votos hacia Vox. El partido de Abascal reclama directamente la supresión del Estado de las Autonomías, pero como explicó ayer el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, esa medida requeriría una reforma de la Constitución y un referéndum, que Podemos pretende convertir en una consulta sobre «Monarquía o República».

El PP está en contra de la idea de acabar con el Estado de las Autonomías. Es una posibilidad que ni se plantea. Pero sí está dispuesto a actuar, dentro de los márgenes que permite la Constitución, para que el Estado desarrolle competencias que le son propias, y que por la vía de los hechos han ido asumiendo las Comunidades. Algunas han aprovechado «para actuar con deslealtad institucional».

Otras materias

Además de Educación, el PP reclama la recuperación de la competencia de Instituciones Penitenciarias, que se transfirió a la Generalitat de Cataluña en 1984. Para los populares es un buen ejemplo de lo que significa esa actitud «desleal», como se está viendo con el trato de favor que están recibiendo los independentistas en prisión. En coherencia, el PP se opone radicalmente a que el Gobierno negocie la cesión de esa misma competencia al País Vasco.

El PP también quiere abrir un proceso para reforzar el Estado en materias como la Justicia, la Sanidad, la Inmigración y la política exterior, donde considera que se han producido «excesos» por partes de algunas comunidades. Cataluña, por ejemplo, basa parte de su estrategia exterior en la apertura de «embajadas».

La cuestión es cómo se pueden devolver competencias ya transferidas, ya que es un camino de vuelta que la Constitución no prevé, como tampoco previó que el Estado de las Autonomías derivara en este modelo de funcionamiento federal que existe ahora mismo. Lo que puede hacer el Estado es aprobar una legislación común de obligado cumplimiento para todos, al amparo del artículo 149.1 de la Constitución, que reconoce su competencia exclusiva en «la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales».

En el caso concreto de la Educación, que es el que tiene más desarrollado el PP en este momento, Casado propone un «sistema nacional educativo», igual para todos los españoles, y se dejaría a las Comunidades la parte administrativa.

El Grupo Popular presentará su propuesta educativa concreta en cuanto el Gobierno de Sánchez lleve al Congreso su reforma. El PP planteará una enmienda a la totalidad, que en realidad será un nuevo texto legislativo, que quiere convertir en Proposición de ley Orgánica.

Todo este proceso para reforzar la vertebración del Estado y la igualdad de todos los españoles se concretará en la Convención Nacional que los populares celebrarán en enero, y que pretende convertir en un cónclave para el «rearme ideológico» del nuevo PP.

La agenda de reformas del líder del PP

Justicia: El PP quiere un complemente retributivo para jueces y fiscales en Cataluña.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, subraya que el objetivo marcado por su partido es que las Comunidades Autónomas «administren las competencias, pero en ningún caso tomen decisiones sobre su aplicación», algo que quieren aplicar en áreas como la Educación o la Justicia. En este último ámbito, los populares quieren reforzar el Estado de Derecho con más medidas frente a los independentistas, y al mismo tiempo reconocer el papel que tienen los jueces, fiscales y funcionarios en Cataluña. En concreto, el PP defiende un complemente retributivo en aquellos lugares donde el Estado de Derecho «está siendo atacado». Los populares también quieren reforzar la garantía del derecho de manifestación.

Educación: Una ley para garantizar un sistema educativo «común a todos los españoles»

El PP está trabajando con constitucionalistas y expertos para presentar una enmienda a la totalidad a la reforma que lleve el Gobierno de Sánchez al Congreso. Esa enmienda será de hecho una nueva ley, con la que pretende la devolución «de todas las competencias en materia educativa al Estado, dentro del marco constitucional». El objetivo es lograr un sistema «común y vertebrador». Según la portavoz de Educación, Sandra Moneo, el PP defiende un 65 por ciento de «currículum común», con enseñanzas comunes garantizadas. Los populares quieren que el Estado establezca las pruebas de evaluación, por ejemplo con una selectividad común, así como un refuerzo de la alta inspección y una selección nacional de profesores, un «MIR educativo».

Sanidad: Un sistema de salud «nacional» sin diferencias en las comunidades

El fortalecimiento del Estado que propone el PP para vertebrar España y lograr la igualdad real de los ciudadanos pasa por que el sistema de salud sea realmente «nacional», con derecho a la atención primaria con independencia de la comunidad de procedencia, sin ser desplazado. «Debe haber realmente libertad de movimiento y prestaciones comunes y generales para todos, incluida la atención primaria, se venga de la comunidad de donde se venga», explica el número dos del PP.

Instituciones Penitenciarias: Los populares exigen la recuperación de Prisiones, en manos de la Generalitat

Una de las competencias en las que el Partido Popular va a dar más batalla va a ser la de Prisiones. El PP exige la recuperación de Instituciones Penitenciarias, cedida a la Generalitat de Cataluña. Los populares consideran totalmente inadmisible el uso «desleal» que las autoridades autonómicas de la Generalitat están haciendo de esa competencia, con el trato de favor a los independentistas que están en prisión en Cataluña, tras el acercamiento acordado por el Gobierno de Sánchez. En esa misma línea, igual que pide la devolución de la competencia, el PP se opone frontalmente a que el Gobierno negocie con el País Vasco la transferencia de Instituciones Penitenciarias. «Ni una transferencia más», ha advertido Pablo Casado.