El Gobierno ha remitido a la Consejería de Educación de la Región de Murcia un requerimiento para retire de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principio de curso el uso del «pin parental». Así lo señaló este viernes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que participó también la ministra de Educación Isabel Celaá y la de Igualdad, Irene Montero.

Celaá ha asegurado que el «»pin parental» vulnera el derecho fundamental de los niños a ser educados. Es un instrumento de censura educativa que no podemos tolerar en nuestras escuelas». Ha cuestionado que se trata de una medida que «contraviene las competencias del centro educativo». Desde el Gobierno reclaman «que la legalidad se restablezca» y se proceda a la retirada de este instrumento.

Según la ministra de Educación, este derecho fundamental a la educación pertenece a cada persona desde su nacimiento por lo que considera que «no podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres».

El Ministerio de Educación envió ayer un comunicado en el que anunciaba que recurriría por la vía judicial «cualquier iniciativa dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado» en relación al uso del «pin parental» por parte de la Región de Murcia.

Celaá ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que si se implantara el «pin parental», «podríamos llegar a absurdos tales como un grupo de padres antivacunas para que los niños no se educaran sobre la efectividad de las vacunas».

«Padres homófobos»

Además, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado al respecto que va a solicitar su comparecencia a petición propia en el parlamento porque entienden que el pin parental supone «una ruptura del Pacto de Estado» contra la violencia de género. Montero lo ha definido como un elemento de «censura educativa» porque cuestiona la libertad de enseñanza en determinados valores a los niños cuyos padres sean «machistas» y «homófobos».

«Los hijos y las hijas de padres homófobos tienen el mismo derecho a ser educados en que tienen el derecho de amar a quien quiera y a ser educados en libertad en el feminismo y la igualdad», ha señalado.

También ha afirmado que la educación es «uno de los pilares de nuestra democracia» y que espera «que las fuerzas políticas de la derecha no se dejen llevar por Vox.

Vox, detrás de la propuesta

El «pin parental» es una medida promovida por Vox y que ha permitido al gobierno de coalición de Murcia formado por PP y Ciudadanos desbloquear los presupuestos de 2020. También se ha exigido para desbloquear los presupuestos de Andalucía aunque en esta última aún no se ha implantado. El consejero andaluz de la Presidencia, Elías Bendodo, denfedió «derecho a decidir» de los padres y aseguró que cuando se concrete la medida será «dentro» del marco legal y de la ley de Educación.

En Madrid, donde podría repetirse la situación, el consejero de Educación e Investigación, Enrique Ossorio, ha dicho que el Gobierno regional está «abierto» al «pin parental». Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que «cualquier medida» como el pin parental le parece «adecuada y acertada» para «garantizar el derecho fundamental» de los padres a educar a sus hijos «libremente», informa Efe.

Y el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, ha asegurado que no se ha dado «ningún paso» en Madrid para implantar el pin y ha señalado que el partido deberá presentar en la Asamblea una ley si quiere cambios normativos al respecto.

En medio de la polémica, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha negado este viernes que haya pactado ese tema en Murcia o en cualquier otra comunidad donde gobierna con PP y el apoyo de Vox.

«Siempre hemos votado en contra cuando se ha planteado. Es un mensaje erróneo porque no aceptamos ese concepto», ha asegurado Bal en una rueda de prensa en el Congreso al explicar que el acuerdo al que han llegado en Murcia con Vox o en Andalucía es que en materia de enseñanza se deberán cumplir «los principios constitucionales con respecto a la educación y los derechos de los niños y de los padres».