Tras la masacre en la ciudad neozelandesa de Christchurch, el gobierno laborista de Jacinda Ardern lanzó una cumbre internacional que ya se reunió dos veces para «contrarrestar» el «extremismo» online.
Países afiliados al Christchurch Call To Action al 14 de mayo del 2021.
Después de la masacre en la ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda, cuando un autodefinido «eco-fascista» entró a una mezquita y asesinó con un rifle a 51 musulmanes mientras se filmaba en vivo y transmitía a más de 1,5 millones de personas, la primer ministra Jacinda Ardern hizo un llamado internacional para «eliminar contenido que pueda promover el extremismo online» de las redes sociales.
La primer reunión del llamado Christchurch Call to Action fue celebrada en París en 2019, y contó con la firma del presidente francés Emmanuel Macron, y otras 16 naciones, que se sumaban al pedido a las empresas tecnológicas para que hagan un trabajo más intenso de supervisión y censura en las redes sociales.
Pero este pedido de censura no apunta solamente contra el contenido explícito, si no que busca eliminar cualquier publicación que pueda llevar potencialmente a un «pensamiento radical», especialmente enfocado en el «terrorismo blanco», a pesar de que no se esté cometiendo ningún delito.
En su momento, el entonces presidente Donald Trump había determinado que Estados Unidos no se sumaría, ya que la cumbre internacional promovía la censura en redes sociales de personas que no habían cometido ningún delito.
Sin embargo, el pasado 14 de mayo, luego de que en 2020 no haya reunión por la pandemia, se celebró la segunda cumbre, y el gobierno de Joe Biden ingresó a Estados Unidos al llamado, convirtiendo este plan en algo concreto que se empezará a aplicar en los próximos años.
Ahora 50 países están afiliados, además de las empresas tecnológicas Amazon, Dailymotion, Facebook, Google, Microsoft, Qwant, Twitter, y YouTube.
Este es uno de los avances más preocupantes sobre la libertad de Internet desde el 2001. El Christchurch Call To Action baraja acciones como promover leyes en los países firmantes para terminar con el anonimato online, remover contenido categorizado como «extremista», imponer severas multas a quienes publiquen contenido en contra del Islam o en contra de la comunidad LGBT, entre otras cosas.
En la primera reunión se reconoció la necesidad de construir «resiliencia» e «inclusión» en las redes sociales, la importancia de promover “contra-mensajes” y brindar alternativas al extremismo violento, lo cual llevó a que compañías como Twitter y Facebook empiecen a poner carteles por todos lados de «esta información está disputada» a las publicaciones extremistas.
La segunda cumbre marcó que es importante también promover narrativas alternativas para contrarrestar el «extremismo violento». Así, las compañías empezarán a publicar sus propias noticias con «información verdadera», tachando las publicaciones que digan cosas contrarias.
Esto, obviamente, genera un enorme problema porque todo el poder lo tendrán un puñado de compañías y gobiernos marcadamente de izquierda. Noticias verdaderas de La Derecha Diario ya han sido tachadas como falsas en varias oportunidades, solamente porque iban en contra de la narrativa que quieren construir estas empresas donantes del Partido Demócrata, y esto sólo se profundizará a partir de ahora.
Seguramente se deberán llevar a cabo varias reuniones más de la Christchurch Call To Action antes que se lleven acciones concretas que cambien para siempre cómo usamos las redes sociales, pero si no se frena ahora, mañana será muy tarde.
El diario The Sun advirtió que Trump podría examinar la postura estadounidense sobre las “Falkland Islands” como represalia por la negativa británica a facilitar bases militares durante el conflicto con Irán. Según el medio, la decisión surge de documentos internos del Pentágono donde se evalúan sanciones contra aliados que no acompañaron a Washington.
En la misma línea, The Telegraph reveló que Estados Unidos analiza “penalizar” a socios de la OTAN, incluyendo la posibilidad de revisar su apoyo a la reclamación británica sobre las islas. Esto implicaría un quiebre en la histórica alianza entre ambos países.
