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Comunidad de Madrid

Cifuentes asegura que su dimisión fue planificada por un empresario que no recibió dinero de la Comunidad

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Tras año y medio sin hablar, haber presentado su dimisión y su imputación en el caso Máster y Púnica, Cristina Cifuentes ha roto hoy su silencio, asegurado que su dimisión se planificó en un despacho por un empresario que no recibió dinero de la Comunidad. «No tengo nada que ocultar. Tengo la libertad y derecho de poder hablar», ha manifestado la expresidenta de la Comunidad de Madrid en una entrevista en Telecinco, donde ha calificado este tiempo como un año «demoledor», donde ha vivido una campaña de «acoso y derribo».

El primer tema que ha tratado la exregidora popular ha sido la imputación en la Púnica, que lo ha definido como «un mazazo». Cifuentes ha asegurado que nunca pensó que esa imputación se produciría. «No tengo nada que ver con la Púnica. Lo he defendido en sede parlamentaria y lo defenderé ante el juez», ha dicho, tajantemente, aseverando que no se llevó ni un euro público y que ahora tiene menos dinero que cuando empezó en política. «En el PP todo el mundo sabe que yo en esos años no tuve nada que ver con la gestión económica ni con la gestión de campañas electorales. Quiero que en este asunto se llegue hasta el final». Las declaraciones de Cifuentes llegan tan solo una semana más tarde de que el juez García Castellón citase como investigadas tanto a ella como a Esperanza Aguirre por delitos de financiación ilícita, desvío de dinero público y falsedad documental.

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Cifuentes se ha defendido y justificado de las acusaciones que pesan sobre ella en cuanto a la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid, asegurando que todas las adjudicaciones que se realizaron cuando ella presidía las mesas de contratación, «cumplieron con el 100% de los requistos»: «Yo no modifiqué ni una sola coma de los informes técnicos».

Entrada en vereda, ha respondido tal vez el tema más peliagudo que pesa sobre ella: el caso Máster, que la llevó a presentar su dimisión el 25 de abril de 2018, día que se publicó también un vídeo de hace ocho años robando unas cremas en un supermercado. «Creo que lo que me ocurrió fue algo que se planificó en un despacho y se ejecutó matemáticamente. Hubo intereses económicos de algún empresario que quería recibir un dinero de la Comunidad de Madrid que no recibió», ha dicho, para sorpresa de todos, aunque no ha querido revelar el nombre ni entrar en detalles.

Cree que la campaña contra ella se debe a «venganzas de personas» que se la tenían jurada cuando empezó a «levantar determinadas alfombras» –«Mi Gobierno fue inflexible con la corrupción», ha dicho en repetidas ocasiones la expresidenta–, algunas de ellas del Partido Popular. También ha reiterado en que la oposición se sirivó de lo que le ocurrió porque la veían una «política muy fuerte, incluso como la supuesta sucesora de Rajoy».

«Se me linchó», ha insistido la expresidenta, quien ha deslizado que renunciar al aforamiento fue un error. «Mantengo que he dicho la verdad. Renuncié a mi aforamiento porque pensaba que la juticia era igual para todos. Creo que el Supremo habría archivado mi caso», ha dicho sobre el denominado Mastergate, en el que continúa imputada por cohecho y falsedad de documento público, penas que van desde los tres a los seis años de cárcel si se demuestra su culpabilidad. Ha reconocido que se equivocó alpublicar un vídeo en el que aseguraba: «No me voy, me quedo, me voy a quedar», defendiendo la veracidad de las notas obtenidas en el Máster y la realización de la defensa en su TFG.

Con respecto a su dimisión, Cifuentes ha afirmado que ya la tenía tomada antes de la publicación del vídeo de las cremas, aunque pensaba renunciar el 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid. «Las cremas llegan a mi bolso porque las meto yo, obviamente solas no llegan. Fue un error que subsané, porque las pagué. Las guardé sin querer», ha reconocido. Sobre este tema, también sin entrar en detalles, ha manifestado que nunca pensó que alguien guardaría tanto tiempo el vídeo «previo intento de extorsión».

Palabras a Ayuso

Cifuentes, además de las explicaciones sobre las acusaciones que pesan sobre ella, ha hablado de la actualidad y ha tenido palabras tanto para Isabel Díaz Ayuso como para Ángel Garrido. «Tengo gran cariño personal porque la conozco desde hace mucho. Ha sido como una hermana pequeña y siempre intenté aconsejarla de la mejor manera posible. Le deseo lo mejor», ha dicho en referencia a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso aseguró que su relación con ella se limitaba a la de « cualquier militante del PP».

Asimismo, Cifuentes ha defendido, en parte, a Garrido en su cambio de partido político: «Si el partido no te representa, veo bien que te cambies, pero no cómo lo hizo: cuatro días antes de las elecciones y cuando ya se había presentado a la lista europea».


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VOX lo tiene muy claro en Madrid: Sin «Pin Parental» NO HAY PRESUPUESTOS

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Monasterio (Vox), sobre el PIN Parental: «»sería llamativo que el PP no quisiera aprobar una medida que defiende la libertad frente a la Ley Celaá». El PIN Parental ya se ha convertido en una de las señas de identidad de Vox en las negociaciones sobre los presupuestos regionales donde tiene influencia.

La portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid ha confirmado que el PIN Parental será junto con la bajada de impuestos, una de sus líneas innegociables en la negociación de los presupuestos autonómicos.

Rocío Monasterio considera que «sería llamativo que el PP no quisiera aprobar una medida que defiende la libertad de los padres frente a la Ley Celaá» cuando han mostrado su apoyo a las movilizaciones que contra esta ley se han producido en los últimos meses en España.

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A juicio de Monasterio el votante del Partido Popular -que gobierna en Madrid en coalición con Ciudadanos y el necesario apoyo parlamentario externo de Vox- «no entendería» que se opusiera a esta medida que «defiende la libertad» por lo que en principio no ve problema en la propuesta. «A no ser que se nos hayan vuelto socialistas de repente con estos últimos pactos…» ha ironizado la portavoz madrileña de Vox en una entrevista.

Monasterio considera que la implantación del PIN Parental «es más importante que nunca» para los padres tras la aprobación de la Ley Celaá que «facilita el adoctrinamiento» y «ha restado libertad a los padres para elegir el colegio que quieren».

Desde el Gobierno de la Comunidad, su vicepresidente Ignacio Aguado (Ciudadanos), ha pedido a Monasterio que «rectifique y lo elimine de sus exigencias» por que a su juicio «la prioridad de los madrileños no es el PIN Parental».

El gobierno de Andalucía, en jaque

Precisamente la cuestión del PIN Parental ha sido objeto de polémica en los últimos días en Andalucía, precisamente porque se llegó a un acuerdo sobre la materia como condición para la aprobación de los presupuestos, que ahora el consejero de Educación andaluz, Javier Imbroda (Ciudadanos) niega.

El acuerdo firmado por el propio Imbroda recoge, de manera literal «el establecimiento de un sistema transparente de información a los padres a través del cual se impulse la implicación de las familias en la educación de los hijos y el derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias, siempre con absoluto respeto a los preceptos consagrados en la Constitución Española».

Sin embargo, Imbroda negó que esto estuviera relacionado con el llamado PIN Parental: A su juicio, el acuerdo firmado con Vox “no recoge nada de veto parental, ni PIN Parental, ni autorización expresa”. Esta postura junto a una votación municipal en Málaga en la que PP y Ciudadanos que acusa a Vox de «utilizar a las mujeres como rehenes» (sic), llevó al portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía ha poner en suspenso toda colaboración con el Gobierno por «quebrantamiento de la confianza», que ha puesto en jaque la continuidad del gobierno regional andaluz.

El PIN Parental se ha convertido en una de las señas de identidad de Vox en las negociaciones sobre los presupuestos regionales donde tiene influencia.


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Otra bofetada de la Justicia al Gobierno y sus manifiestas violaciones de la ley: El TSJM se carga la orden de confinar Madrid del Gobierno bolivariano de Pedro Sánchez

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LR.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no avala las nuevas restricciones impuestas en Madrid desde el pasado sábado para intentar frenar el avance de la pandemia al entender que limitan derechos y libertades fundamentales sin habilitación legal suficiente. Así lo ha acordado -en contra del criterio de la Fiscalía- la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del citado tribunal en una resolución en la que se niega a ratificar las medidas acordadas a regañadientes por la Comunidad de Madrid -que recurrió las medidas judicialmente- en el apartado tercero de la orden de la Consejería de Sanidad , que establece limitaciones en Madrid capital y otros nueve municipios de la región -Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz- en ejecución de la orden del ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Con independencia de que “las medidas restrictivas de tal derecho fundamental fueran necesarias e idóneas para evitar la extensión de la enfermedad en una situación de pandemia como la actual”, los magistrados concluyen en su resolución que la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud «no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales”.

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Los magistrados afirman ser conscientes “de la gravedad de la crisis sanitaria sin precedentes ante la que se enfrentan los poderes públicos y que padece nuestra sociedad”, así como de la necesidad de adoptar “medidas inmediatas y eficaces de diversa índole para proteger la salud de los ciudadanos, contener la propagación de la enfermedad y reforzar el Sistema Nacional de Salud”. Entre éstas, admite, “cabría incluir medidas limitativas de derechos fundamentales de mayor o menor alcance”. Pero para implantarlas, concluye, “nuestro sistema constitucional articula instrumentos jurídicos de diversa naturaleza que ofrecen cauces jurídicos diferentes para delimitar, modular, restringir, e incluso suspender los derechos fundamentales de las personas, respetuosos con las garantías constitucionales”.

Los derechos fundamentales que la Constitución atribuye a los ciudadanos, hace hincapié el tribunal, “no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de ley que reúna las condiciones mínimas suficientes requeridas”. Este es un presupuesto “de necesario cumplimiento”, añade, para que “esta Sala, cuya función es administrar justicia, sometida únicamente al imperio de la ley, interpretando y aplicando nuestro ordenamiento jurídico, pueda autorizar o ratificar medidas adoptadas por las autoridades sanitarias por razones de salud pública que impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales”.

Por lo tanto, sostiene la Sala, las medidas limitativas de derechos fundamentales que establece la orden de la Comunidad de Madrid del pasado día 1 -que se adoptaron, recuerda, “meramente en ejecución” de la orden de Illa- “constituyen una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare, es decir, no autorizada por sus representantes en las Cortes Generales, por lo que no puede ser ratificada”.

Reproche a los políticos



Para el Tribunal Superior resulta “llamativo” que ante la situación de emergencia sanitaria y teniendo en cuenta el marco legal existente “no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia del Covid-19 y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país». Sobre todo teniendo en cuenta, recalcan los magistrados, que la actual regulación de los instrumentos normativos que permiten la limitación de derechos fundamentales para proteger la integridad física y la salud «resulta ciertamente deficiente y necesitada de clarificación”.

Los magistrados precisan en su resolución que en estos momentos el marco legal existente “difiere sustancialmente del que fue objeto de análisis» al ratificar las medidas en determinadas áreas de la capital el 24 de septiembre y, posteriormente, el pasado día 1. En esta ocasión, subraya, «como reconoce el propio letrado de la Comunidad de Madrid, lo que se solicita es la ratificación del mandato obligado del ministro de Sanidad por el que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas” por la Covid-19.

Esa orden ministerial -que plasmó las restricciones aprobadas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, “obligando con ello a las comunidades autónomas”-, recuerda la Sala, se dictó al amparo del artículo 65 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud Se trata por tanto, según admiten ambas resoluciones, del “único título legal habilitante de la potestad administrativa ejercitada” para implantar las medidas cuya ejecución llevó a cabo la Comunidad de Madrid.

De ahí que, continúe el tribunal, la clave resida en determinar si esa normativa “autoriza la restricción de derechos fundamentales y libertades públicas”, con independencia de que las medidas restrictivas implantadas «fueran necesarias e idóneas para evitar la extensión de la enfermedad en una situación de pandemia como la actual”. Algo que, concluye, no se produce.

Estado de alarma



La Sala recuerda que “se ha venido admitiendo la posibilidad de que por ley orgánica, e incluso mediante ley ordinaria, se permita la adopción de medidas concretas que limiten el ejercicio de determinados derechos fundamentales” sin necesidad de decretar el estado de alarma. Siempre y cuando, matiza, que esa limitación se encuentre “suficientemente acotada en la correspondiente disposición legal de habilitación en cuanto a los supuestos y fines que persigue, de manera que resulte cierta y previsible, y este justificada en la protección de otros bienes o derechos constitucionales”.

En esa línea, apunta, la exposición de motivos del Real Decreto Ley-ley 21/2020, de 9 de junio busca “garantizar la adecuada coordinación entre las autoridades sanitarias y reforzar el funcionamiento del conjunto del sistema nacional de salud” ante situaciones de crisis sanitarias, aunque «quedando al margen de su finalidad la de autorizar medidas limitativas de la libertad de circulación, como muestra el hecho de que asocie de forma reiterada las mismas a la declaración de estado de alarma”, precisa el TSJ madrileño.

Para el tribunal no hay duda de que en nuestro sistema constitucional corresponde a “los representantes de los ciudadanos en las Cortes Generales” la “delimitación y la modulación de los derechos fundamentales de las personas, bajo las exigencias de proporcionalidad, certeza y previsibilidad y, en todo caso, respetando su contenido esencial”.


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Comunidad de Madrid

El recurso de Ayuso contra la orden de Illa tiene «serias opciones» de ser estimado

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 Ayuso tiene ‘opciones’ en su particular partida contra el Gobierno. La Comunidad presentará mañana recurso contra la orden de Sanidad que obliga a Madrid a aplicar más restricciones para hacer frente al Covid. «Legalmente lo estamos estudiando (el recurso) con el Abogado de la Comunidad y viendo de qué manera hacemos las cosas correctamente, porque no hay criterios para hacer esas restricciones de movilidad con unos criterios a vuelapluma» dijo Ayuso este jueves en Esradio. Poco después, en el pleno de la Asamblea de Madrid, volvió a repetirlo: «Iremos a los tribunales nuevamente como lo hicimos con el cambio de fase para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, y que sean objetivas y justas.»

 

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Si hace dos semanas Sánchez y Ayuso escenificaron la imagen del acuerdo y la cogobernanza en la Puerta del Sol, este jueves la Comunidad de Madrid anunció que recurrirá ante la Audiencia Nacional la orden de Sanidad que impone el cierre de la capital y otras diez localidades de alrededor. Han sido días tensos entre el gobierno autonómico y el Ministerio de Sanidad que no han terminado en acuerdo, porque la negativa de Ayuso a tomar más medidas ha obligado a Salvador Illa a coger las riendas e imponer las restricciones a través de una orden que entrará en vigor en menos de 48 horas.

La presidenta regional aseguró que acatará la orden «de manera estricta», aunque advirtió que tratará que sea la Justicia quien obligue a Sanidad a rectificar. Una advertencia que se hará efectiva este viernes: «Recurriremos al Estado de Derecho para reclamar lo que es justo para Madrid», aseguró la líder popular este miércoles en el pleno de la Asamblea de Madrid.

Pedro Sánchez e ISabel Díaz Ayuso en el ya lejano pacto de la Puerta del Sol.

Pedro Sánchez e ISabel Díaz Ayuso en el ya lejano pacto de la Puerta del Sol.

Una jugada que podría salirle bien a Díaz Ayuso. Según Antonio Benítez Ostos, abogado experto en la jurisdición de lo contencioso administrativo, habría «serias opciones de estimación» del recurso. Ostos señala que la disposición de Sanidad nace en virtud del artículo 14.1 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud, que señala que los acuerdos en relación a las materias de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud «se plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso».

No hubo consenso

«Debiendo haber consenso en la adopción de las medidas restrictivas y habiéndose limitado a la mayoría», con el rechazo expreso -además de Madrid- de Cataluña, Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla, que también se opusieron a la orden de Sanidad, «no puede afirmarse que se siguiese el procedimiento legalmente previsto para su aprobación», apunta Benítez Ostos. Por lo que, de formalizarse el recurso que ha anunciado Ayuso, el tribunal de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional podría estimarlo.

¿Dejarían en ese momento de ser obligatorias las nuevas restricciones?. No, explica Antonio Benítez Ostos: habría que seguir cumpliendo con la orden de Illa , salvo que se solicitase, junto a la interposición del recurso, la adopción de la medida cautelar de suspensión urgente, conocida como una medida «cautelarísima». Aún así, «su mera interposición no impide que la orden del gobierno sea aplicada de forma inmediata a los ciudadanos», sino que habría que solicitar la cautelarísima y que los Tribunales de Justicia la resolvieran de forma urgente.

Por el momento, y sin más movimientos por parte del Gobierno autonómico que el de apuntar a los tribunales como solución al conflicto con Sanidad, Madrid tendrá que cumplir con las nuevas restricciones y acatar las medidas de Illa.


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Pedro Sánchez, dispuesto a destrozar a Ayuso destrozando Madrid: un coste de 600 millones de euros semanales y un desplome del PIB de un 15%

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ISABEL DÍAZ AYUSO ACATA LA ORDEN PERO ACUDIRÁ A LOS TRIBUNALES

“Las restricciones de movilidad en Madrid pueden tener un peligroso efecto en una economía ya muy castigada”

El Gobierno no ha parado hasta que lo ha conseguido imponiendo en Madrid las restricciones de movilidad previstas en su plan a pesar de la oposición de la Comunidad de Madrid.

Cristina L. Mantas.- El mecanismo para llevarlo a cabo es a través de una orden ministerial, algo que se trata de una «decisión colegiada» según informó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial de Salud.

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No obstante, minutos después, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, indicaba que la orden «jurídicamente, no es válida» al no haber sido decidida por consenso. «El Gobierno de España tiene prisa por intervenir Madrid y no por luchar contra el virus«, comunicaba en rueda de prensa el consejero de Sanidad madrileño.

Por su parte, la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso -después de la publicación en el BOE de la orden que restringe la movilidad en diez municipios madrileños- ha advertido que las órdenes impuestas las recurrirá a los tribunales ya que, a su juicio, son «injustas».

«Iremos a los tribunales nuevamente como lo hicimos con el cambio de fase para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas. Recurriremos al Estado de Derecho para reclamar lo que es justo para Madrid», ha señalado en el pleno de la Asamblea.

Esta decisión de Sanidad afecta, además de Madrid capital, a otros municipios madrileños Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles, Parla y Madrid.

La decisión del Gobierno acabará con miles de empleos

Con esta situación, lo que muchos madrileños se preguntan es cómo afectarán estas restricciones a la economía. De momento, los empresarios de la Comunidad de Madrid advierten que las restricciones pueden llevar a la pérdida de miles de empleos.

«Las restricciones de movilidad en Madrid pueden tener un peligroso efecto en una economía ya muy castigada«, señaló Miguel Garrido, presidente de CEIM.

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) prevé que las nuevas restricciones frente a la pandemia aprobadas por Pedro Sánchez supondrán para la capital de España un coste de 600 millones de euros semanales y una caída del Producto Interior Bruto (PIB) de un 15 por ciento. Unas cifras catastróficas a la ya delicada situación que teníamos en España.

CEIM ya advirtió de que se «dinamitarán miles de empleos» con la aplicación de estas restricciones. Así, el presidente de CEIM, Miguel Garrido, solicitó que se aplicasen «medidas distintas» para obtener «resultados distintos»; al aplicar medidas semejantes en marzo se ha obtenido como resultado «rebrotes, ruina económica y empobrecimiento social».


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