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Comunidad de Madrid

La alcaldesa socialista de Móstoles contrata a dedo a su hermana para llevar las redes sociales por 52.000 euros al año

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La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (PSOE), reelegida en las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo, ha nombrado a su hermana, Laura Posse, para la coordinación de mensajes y redes sociales del Ayuntamiento, un cargo de libre designación que tiene una remuneración anual de 52.000 euros.

Ciudadanos ha criticado a través de un mensaje en sus redes sociales el «dedazo» de la alcaldesa: «El Ayuntamiento de Móstoles no puede ser una agencia de colocación para amigos y familiares del PSOE de Móstoles. Stop dedazos». Además, adjunta una imagen desvelando el decreto de Alcaldía, fechado a 29 de agosto, mediante el cual se nombra a una hermana de la regidora, Laura Posse Gómez, «para el desempeño del puesto de confianza de Coordinadora de Mensajes y Redes Sociales», asegura la formación naranja.

El portavoz municipal de la formación naranja, José Antonio Luelmo, también ha calificado de «nepotismo» el nombramiento.

En el documento, la designación de Laura Posse como «personal funcionario de empleo eventual» se hace de conformidad a lo establecido en el artículo 104.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 104 (bis), 1 f) de la misma Ley de Bases.

Fuentes municipales han señalado a Efe que «para los puestos de funcionarios eventuales (cargos de confianza), se selecciona a personas con la capacitación y experiencia suficientes, como en el resto de administraciones públicas», aunque no han querido aclarar cual es la capacitación de la persona elegida para el puesto.

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Comunidad de Madrid

El prior del Valle de los Caídos denuncia que guardias civiles armados “deambulan” por el interior de la basílica

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Dos vehículos de la Guardia Civil, custodiando el acceso a la basílica del Valle de los Caídos desde la abadía (El Independiente)
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El prior del Valle de los Caídos ha pedido al Tribunal Supremo que prohíba que guardias civiles armados «deambulen» tanto por el interior de la basílica como por la abadía, al entender que dicha presencia supone un quebrantamiento tanto del principio de inviolabilidad de los lugares de culto y del domicilio de los monjes como del derecho a la libertad religiosa al carecer los agentes de autorizaciones eclesiástica y judicial., cuenta el diario El Independiente.

En un escrito presentado este viernes, al que ha tenido acceso El Independiente, la comunidad benedictina pide al Alto Tribunal que dicte una resolución con las medidas oportunas para que «cesen las vulneraciones» de los citados derechos fundamentales.

El Supremo ha avalado el desenterramiento de Franco acordado por el Gobierno frente a la pretensión de los familiares, pero tiene todavía que resolver el recurso que interpuso la congregación religiosa contra el traslado de los restos del dictador y pronunciarse sobre las alegaciones presentadas por esta parte tras acordar la Sala el alzamiento de la suspensión cautelar de la exhumación.

Allanado el camino por la Justicia, el Consejo de Ministros acordó el pasado 11 de octubre el inicio de las operaciones necesarias para trasladar al ex jefe del Estado desde la basílica del Valle de los Caídos hasta una sepultura del cementerio madrileño de El Pardo-Mingorrubio antes del 25 de octubre y el cierre temporal de Cuelgamuros hasta que concluya su ejecución.

El prior, Santiago Cantera, ha realizado esta petición al Supremo dos días después de haberse dirigido a la Delegada del Gobierno en Madrid y no haber recibido respuesta. El religioso pedía a María Paz García que a la mayor brevedad designara un interlocutor con la abadía con capacidad de decisión al objeto de resolver las situaciones que se están presentando en el Valle de los Caídos tras la clausura provisional del recinto y no tener conocimiento de que se hubiera dictado una orden por escrito con las condiciones del cierre.

«Se han venido sucediendo situaciones incómodas con los agentes de la Guardia Civil aquí destacados por la falta de claridad y cambios en las órdenes recibidas, por ejemplo sobre quién está autorizado para entrar en el recinto, quién puede asistir a la eucaristía en la basílica, etc, lo que produce situaciones manifiestamente irregulares e injustificadas, como la restricción del derecho de culto (manifestación del derecho fundamental a la libertad religiosa) de muchos fieles, la deambulación de agentes armados en el interior de la basílica -sin mi autorización eclesiástica y a todas las horas, incluido durante el culto- o por el interior del monasterio sin autorización judicial», escribía el prior en el correo electrónico enviado este miércoles a la delegada del Gobierno en Madrid.

Cantera recurría a María Paz García después de que, cuando se dirigió al capitán destacado en el Valle de los Caídos para buscar una fórmula que permitiera ir resolviendo «ágilmente» el día a día mientras se lleva a cabo la exhumación, el oficial de la Guardia Civil le reconoció que él no era un interlocutor «adecuado» y le remitió a la Delegación del Gobierno.

Fracasada la vía administrativa, la comunidad benedictina pretende ahora que sea el Tribunal Supremo el órgano que adopte las medidas para que cese la vulneración del principio de inviolabilidad de los lugares sagrados y del domicilio de los monjes y del derecho a la libertad religiosa que supone la presencia de los guardias civiles tanto en la basílica como en el monasterio.

La jerarquía eclesiástica guarda silencio

Fuentes de la abadía del Valle de los Caídos han reconocido a este diario que han enviado tanto al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, como al presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, una copia del correo electrónico remitido a la Delegada del Gobierno en Madrid en el que denunciaba la restricción del derecho de culto que se estaba produciendo. La autoridad eclesiástica no ha respondido.

El silencio de la jerarquía de la Iglesia en España contrasta con el escrito de adhesión que sacerdotes y religiosos están firmando en reconocimiento a la «valentía» del prior y del resto de monjes benedictinos ante la «violación ilícita» de la basílica. «Esta defensa heroica del libre acceso de los fieles a los templos, y de la inviolabilidad de éstos, protegidos por las leyes divinas y humanas, recuerda hoy la intrépida resistencia del santo obispo Tomás Beckett negándose a secundar los deseos de su rey, contrarios a la Ley de Dios y a la responsabilidad del clero de custodiar, aun con sus vidas, las cosas y lugares sagrados a ellos encomendados», expone el escrito.

El Gobierno trabaja con la previsión de materializar el traslado de los restos de Franco entre el martes y miércoles próximos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido con los nietos del dictador en comunicarles con al menos 48 horas de antelación la fecha en que se consumará la exhumación.

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Comunidad de Madrid

Un grupo de ultraizquierdistas apuñala a un Policía Nacional de la UIP en Madrid

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La extrema izquierda madrileña está intentando imitar los disturbios ocurridos estos últimos días en Cataluña, también en apoyo a los golpistas del 1-O. Y lo han hecho buscando matar a policías.

Esta tarde un agente del indicativo Puma 70 de la Unidad de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía ha sido apuñalado por extremistas de izquierdas en la Plaza de Callao de Madrid, cuando él y sus compañeros hacían frente a los disturbios ocasionados por los asistentes a esa convocatoria de apoyo a los golpistas del 1-O. El tuitero @SoyDeDerechas ha publicado un vídeo en el que se ve al agente herido siendo auxiliado por servicios de emergencia.

Según la web PoliciaH50.com, “el agente se encuentra en estado moderado y otro componente del equipo presenta una luxación de hombro”.

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Comunidad de Madrid

El concejal de Más Madrid Pablo Soto renuncia a su acta por un presunto caso de acoso sexual a una militante

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Pablo Soto y Manuela Carmena.
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El concejal de Más Madrid Pablo Soto ha anunciado este martes que deja su acta en el Ayuntamiento de Madrid después de que su grupo municipal se lo haya exigido tras investigar un supuesto caso de acoso sexual a una militante, un episodio que Soto dice no recordar porque había bebido. El concejal de Más Madrid, que fue el responsable de Transparencia y Participación Ciudadana de la exregidora Manuela Carmena, ha explicado en Twitter que renuncia tras haber tenido conocimiento hace una semana de que hizo sentir acosada a una persona a la que pidió ayuda para ir al baño, debido a su discapacidad.

Sin embargo, Más Madrid sostiene que es la dirección del grupo la que con carácter de urgencia ha tomado “la decisión de pedir la dimisión inmediata del concejal”.

En sus redes sociales, el hasta ahora edil ha explicado que hace una semana le dijeron que “una persona se había sentido acosada” por él. “Sólo podía decir que era imposible. ¿Quién, cuándo, dónde, por qué? Durante unas horas no tuve más información y no paré de repasar lo que había hecho día a día, hora a hora”, ha descrito.

Más Madrid le acusa de “hacer público un comunicado con su versión de los hechos que no concuerda con la versión de la víctima” a la que la dirección del grupo “concede absoluta veracidad” y se ratifica la exigencia de dimisión. “No es no. En cualquier momento, lugar o circunstancia, caiga quien caiga. Que no haya próxima vez”, ha señalado la coportavoz de Más Madrid en Twitter, Rita Maestre.

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