Es probable que, en el año 3.000, cuando los homo sapiens se dediquen a estudiar la historia de la humanidad, tengan que dividirla en antes y después del COVID-19 y no es una exageración.

Todavía estamos inmersos en la burbuja del COVID, llena de restricciones y mandatos autoritarios por parte de los gobernantes en la mayoría de las naciones del mundo. En general, los «poderes de emergencia» otorgados a los políticos en tiempos de calamidad nunca se devuelven. Se convierten en una constante. Todavía estamos inmersos en la burbuja del COVID; no sabemos cómo será el mundo dentro de cinco, diez o veinte años después de que la pandemia haya llegado a su fin.

Hemos visto cómo, en todo el mundo, son los gobiernos los que buscan aferrarse al COVID y los ciudadanos los que buscan seguir con sus vidas. Son dinámicas de poder en las que la hipócrita élite política sonríe desenmascarada en los eventos financiados por los contribuyentes, mientras los camareros y otros empleados llevan máscaras mientras sirven champán. De todas las escenas que nos ha dejado la pandemia, ésta ha sido la más recurrente en Estados Unidos, pero también en las naciones menos desarrolladas.

Hoy han sido los ciudadanos de Canadá, quizás los que menos hubiéramos esperado que se enfrentaran al autoritarismo gubernamental, los que le han dado esperanza a la humanidad al enfrentarse al gobierno progresista de Justin Trudeau para protestar contra los abusivos mandatos de vacunación que restringen las libertades individuales de los ciudadanos.

Los camioneros se han movilizado en todo el país porque el gobierno canadiense pretendía impedirles trabajar, llevar el pan a sus mesas, si no se vacunaban. Esto a pesar de que más del 80% de la población está totalmente inmunizada, por lo que no debería haber ningún problema si el 20% restante decide no vacunarse, ¿no? Al fin y al cabo, la vacuna ya ha creado anticuerpos en 8 de cada 10 canadienses, así que ¿por qué perseguir a aquellos que, motivados por decisiones individuales, deciden saltarse el antídoto?

Por desgracia, lo que está ocurriendo actualmente tiene poco o nada que ver con la ciencia o la salud. Se trata de política, de abuso de poder y de la ambición de quienes no quieren soltar los incipientes poderes dictatoriales que les ha otorgado la pandemia. Por eso buscan sostenerlos a toda costa y es por ello que Trudeau no sólo ha amenazado a los camioneros que luchan por la libertad con multas millonarias o con cárcel, sino que ha utilizado el poder del Estado para robarle al movimiento los fondos (donaciones) que habían logrado obtener, para que quienes participan en él pudieran comer y comprar combustible ante el bloqueo del gobierno.

Primero fue la empresa GoFundMe, identificada con causas de izquierda, la que bloqueó las donaciones a los camioneros, generando un tsunami político y comercial. Tras esto, la empresa cristiana GiveSendGo se ofreció a procesar las donaciones, asegurando que defendería a sus usuarios, pero las autoridades de Ontario, Canadá, decidieron intervenir para intentar embargar los fondos de la plataforma, generando un nuevo conflicto político y comercial.

Cómo contrarresta Bitcoin el autoritarismo

El principal problema que tenemos como sociedades para lograr la plena libertad y evitar la escalada del autoritarismo, es que los gobiernos manejan a su antojo las monedas a través de las cuales practicamos el comercio. Esto les da todo el poder para aplastar y asfixiar económicamente la voluntad de cualquiera que piense diferente, o que considere la protesta contra su poder, tenga o no razón.

Los gobiernos utilizan este control económico para moldearle la vida de la gente, y generalmente hacen uso de las políticas monetarias para apropiarse de la riqueza de los ciudadanos. En el momento en que los gobiernos deciden imprimir más dinero para poner más oferta monetaria en circulación, creando inflación, están devaluando los activos, los ahorros y el propio trabajo de todos los ciudadanos, para financiar su gasto público o sus programas políticos. Esto en particular, frente a la pandemia, se ha convertido en uno de los principales problemas de la civilización occidental.

Esto no se queda ahí, porque además de devaluar los recursos de los ciudadanos con tácticas monetarias, también pueden aplicar tácticas más autoritarias, como confiscarles directamente sus recursos, si los consideran elementos subversivos para sus gobiernos, como, por ejemplo, acaba de ocurrir con los camioneros en Canadá quienes, ejerciendo su legítimo derecho a la protesta, han sido criminalizados por la administración progresista de Trudeau.

En este caso, las ventajas del blockchain permiten a los ciudadanos escapar del rígido control monetario de los gobiernos. Tomemos, por ejemplo, el caso del bitcoin, que es una moneda digital de libre intercambio, deflacionaria, ya que existe un tope de emisión de 21 millones de unidades, y lo que es más importante, ningún gobierno, corporación o entidad puede manipular el bitcoin a su antojo, y los ciudadanos pueden transferir su valor fácilmente sin pasar por la burocracia estatal.

Mientras las autoridades canadienses se ocupaban de confiscar los recursos legítimos de los camioneros, se realizaban transferencias de bitcoin para el movimiento, que no son censurables y no pueden ser confiscadas por el Estado cuando se utilizan correctamente.

El bitcoin evita algo más que la censura del Estado

El caso de los camioneros en Canadá es sólo un ejemplo de lo que una moneda descentralizada puede hacer por la humanidad. Transferir valor para causas legítimas sin la intervención del gobierno es fundamental, pero también lo es evitar que los gobernantes tengan el poder de devaluar las monedas nacionales a voluntad y jugar con los ahorros de los ciudadanos.

En el momento en que consigamos separar los poderes ejecutivo y legislativo de la economía, tendremos sociedades mucho más ricas y libres, ya que los políticos ya no podrán aplicar tácticas autoritarias para manipular el valor de las monedas locales a su antojo. Esto, a su vez, les impedirá despilfarrar fondos, ya que tendrán que ser mucho más responsables con el gasto público, pues de lo contrario sus propias aspiraciones políticas podrían desaparecer.

Para bien o para mal, los seres humanos funcionan con incentivos. El principal incentivo de los que están en el poder es mantenerse en él, y el principal incentivo de los que no están en el poder es mantenerse libre. Si los ciudadanos arrancamos del control del Estado el poder sobre las monedas en las que realizamos nuestras transacciones diarias, daremos un paso gigante en la creación de sociedades más libres y menos corruptas.

Para seguir «gobernando» los políticos necesitan ser populares, pero sin recursos infinitos, y sin poder manipular a su antojo la moneda local, o sustraer arbitrariamente los fondos de los ciudadanos particulares, los únicos recursos de los que dispondrá el Estado serán los que legítimamente, sin coacción y de común acuerdo, les otorgue la ciudadanía. Se establecerá entonces un nuevo patrón de relaciones en el que el poder tendrá que cumplir por fin su verdadera misión: «servir» y no «ser servido».