España
Cómo luchar contra la ministra Celaá (manual de instrucciones)
Por Alberto González Fernández de Valderrama.- Estos gamberretes frentepopulistas que han llegado al gobierno de España gracias a la inestimable ayuda del diablo y de su ministro plenipotenciario, el señor Soros, se han propuesto manipular la mente de los niños en las escuelas para que cuando sean mayorcitos se animen a desfilar en pelotas acompañando a alguna carroza del Orgullo Gay y, en definitiva, para que asimilen los valores feministas, elegetibos, proinmigratorios, globalistas y progreculturales que les convertirán en fieles votantes de sus adoctrinadores y así eternizarse ellos en el poder.
La ministra Celaá –a la que tenemos que felicitar por su reciente nombramiento como acólita de Belcebú- afirma que los niños no pertenecen a sus padres y que si éstos son homófobos no tienen derecho a inculcar la homofobia a sus hijos. En la palabra homofobia está el truco de su argumentación y lo vamos a desvelar para dejarla con el culo al aire y que sea ella quien desfile in púribus viae publicae per sécula seculorum in medio turbae (si alguien no lo entiende que lo traduzca con el diccionario Vox de latín). Y es que todo depende de lo que se entienda por ser homófobo.
Si se adjetivara así a la persona que desprecia a los homosexuales por su condición natural y que desea que sean maltratados o humillados de alguna manera, el objetivo de la señora ministra sería lícito pues es justo que se enseñe a los niños a tratar con respeto a sus compañeros y al prójimo en general. Pero una cosa es que se enseñe a los niños a respetar a todas las personas, acabándose para siempre con la lacra del acoso escolar (que siempre sufrieron los débiles, los gorditos, los tímidos, los feos o los menos espabilados) y otra cosa es que se les diga que las conductas sexuales de esos compañeros o de terceras personas sean totalmente lícitas desde el punto de vista moral o, peor aún, que a través de tales charlas se fomente o se naturalice su práctica entre los alumnos, lo que entra de lleno en el concepto de corrupción de menores. Todo el mundo entiende que una persona muy obesa pueda tener todo el derecho del mundo a ser profesor y a ser respetado por sus alumnos a pesar de su aspecto; pero nadie entendería que ese profesor diera charlas a sus alumnos incitándoles a sobrealimentarse con el argumento de que hincharse a comer es un placer o de que ser gordo es muy divertido.
Una cosa es la condición natural de una persona y otra muy distinta su conducta personal. Y en materia sexual los comportamientos de cada persona entran de lleno en la esfera de la moral privada (en tanto no tengan trascendencia penal) y un Gobierno no tiene derecho a inmiscuirse en ella para sustituir los valores religiosos o éticos que unos padres de familia quieran inculcar a sus hijos por los valores morales (o inmorales) del partido o partidos que lo sustentan: no, y mil veces no, en cuanto que la libertad de culto y la libertad de pensamiento son derechos fundamentales protegidos por la Constitución.
El Gobierno no puede decir a los niños que las prácticas homosexuales son algo bueno o natural; sus padres tienen derecho a pensar -conforme a lo que la Iglesia católica (u otra confesión) les enseñó- que si sus hijos las realizaran estarían cometiendo un grave pecado que los condenaría al infierno. Si un budista tiene derecho a creer en el nirvana y un musulmán en el paraíso de las siete huríes, un cristiano tiene derecho a creer lo que asegura su Catecismo confirmando lo que la Biblia y cientos de santos han revelado a lo largo de la historia y, en consecuencia, tiene el perfecto derecho a no querer que sus hijos vean como legítimas dichas relaciones. Tan lógico como que si en un colegio público se diera una charla a los niños sobre los beneficios para la salud del jamón de bellota y se les ofreciera una sesión de degustación (esto sí que es ciencia ficción) sería absurdo que se obligara a un niño musulmán a probarlo, aparte de que, en tal caso, el profesor que obligara a ese niño a comer jamón aparecería degollado al día siguiente.
Dicho esto, y ya que el Gobierno está sordo a todo tipo de razones, es necesario pasar a la acción y por ello voy a dar una idea a todos los padres que se nieguen a que sus hijos se conviertan en progres por la gracia de Sánchez. Lo primero que tienen que hacer es comprar a sus hijos un bolígrafo espía o artilugio similar que grabe las explicaciones de sus profesores. Estos bolígrafos tienen el inconveniente de que son algo caros, por lo que hago un llamamiento al pueblo chino para que los fabrique a gran escala y se puedan adquirir en sus tiendas de baratillo. Y lo segundo es enviar una carta (incluso anónima) a los directores de los colegios indicando que, como padre de uno de sus alumnos y preocupado por su salud moral, le hará llevar a su hijo un aparato para grabar todas las charlas que reciba, que luego escuchará con detenimiento para determinar si el profesor en cuestión ha tratado de manipular la conciencia de sus hijos para pervertirlos, y en tal caso tomará la siguientes medidas:
1ª) Presentar una demanda solidaria contra el profesor implicado, el propio director del colegio y la persona física o jurídica propietaria del centro educativo, en reclamación de 10.000 € por daños morales, sin perjuicio de su derecho a interponer una querella criminal contra quien considere oportuno. El resultado del pleito es impredecible porque depende de la ideología de cada juez, pero en el peor de los casos se podrá apelar y todo esto causará gastos y molestias al colegio, por lo que ante una avalancha de cartas de padres de alumnos los directores tendrán mucho cuidado con lo que hacen y dicen sus profesores.
2ª) Publicar en las redes sociales el contenido íntegro de esas charlas para que el profesor corruptor quede descubierto ante el mundo entero.
Sigan este consejo y, aparte de proteger a sus hijos de las asechanzas del maligno Sánchez, podrán ganar hasta diez mil euritos (o perder el pleito con las costas incluidas, todo hay que decirlo). Eso sí; interpongan o no la demanda, conseguirán facilitar las tareas escolares a sus hijos, pues si graban lecciones de cualquier asignatura que les resulte tediosa tendrán luego la posibilidad de pasarlas al papel para estudiarlas en casa cuando tengan ganas, pudiendo así aprovechar el tiempo transcurrido durante las clases aburridas para fortalecer su imaginación poniendo la mente en Babia, en las nubes o en las musarañas según los gustos de cada cual. Porque esta sí que es la auténtica, prolífica y gratificante diversidad que hay que fomentar.
España
Refugio español para un estafador: cómo un defraudador ucraniano evita la prisión mientras su empresa Mayon continúa con sus actividades delictivas
En España se encuentra actualmente a la espera de extradición Boris Konovalenko, ciudadano de origen ucraniano y propietario de la infraestructura internacional de fraude Mayon, a través de la cual, según la documentación presentada en procedimientos judiciales estadounidenses, más de mil inversores fueron despojados de decenas de millones de dólares. Ya en 2021, los tribunales federales y los organismos reguladores de Estados Unidos determinaron la magnitud del esquema: más de 1.100 víctimas, indemnizaciones y sanciones por valor de cientos de millones de dólares, así como prohibiciones de por vida para operar en los mercados financieros estadounidenses. Sin embargo, en lugar de responder ante la justicia, Konovalenko continúa ocultándose en España, mientras la infraestructura fraudulenta vinculada a él mantiene activos varios sitios web y sigue proyectando la apariencia de un negocio legítimo. No obstante, la investigación ha sacado a la luz un aspecto aún más preocupante: durante años, el entramado financiero creado por Konovalenko habría servido como una auténtica «lavandería» para canalizar y blanquear capitales procedentes de operadores rusos de casinos online sujetos a sanciones y vinculados a la economía sumergida. Hoy, con las cuentas de Mayon bloqueadas y con Interpol y el Departamento de Justicia de Estados Unidos acercándose a la fase final de desmantelamiento de la red, Konovalenko estaría intentando vender los restos de este negocio. Sin embargo, cualquier intento de adquirir esta marca altamente tóxica convertiría a un potencial inversor no en un comprador legítimo, sino en un participante consciente de una estructura criminal internacional ya identificada por las autoridades.
La gigantesca pirámide internacional de criptomonedas y Forex RoFx, que dejó a miles de inversores perjudicados en todo el mundo, está entrando en una nueva fase crítica para sus organizadores. Mientras los tribunales federales de Estados Unidos ya han emitido sentencias definitivas y el volumen total de multas e indemnizaciones supera los 250 millones de dólares, los principales beneficiarios del esquema parecen estar intentando ejecutar un último movimiento: monetizar o transferir los elementos de infraestructura que aún han logrado conservar.
En el centro de este proceso se encuentra el grupo de empresas Mayon y su presunto operador en la sombra, el ciudadano ucraniano Boris Konovalenko. Desde Europa, Konovalenko busca contrarreloj compradores para las estructuras de Mayon, con la esperanza de obtener beneficios antes de que la justicia estadounidense termine alcanzándolo. Sin embargo, para cualquier potencial comprador, esta operación difícilmente puede considerarse una inversión. Más bien, supondría la adquisición de un activo cargado de riesgos jurídicos, regulatorios y reputacionales, cuyas consecuencias podrían manifestarse mucho después de cerrada la transacción.
Cómo Mayon construyó un laberinto financiero
Oficialmente, el grupo Mayon, con estructuras registradas en Hong Kong, Estados Unidos y el Reino Unido, se presentaba como un respetable proveedor de servicios corporativos y financieros. Sin embargo, según la documentación del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, esta red habría sido creada como una infraestructura especializada para el blanqueo de capitales (Money Laundering Enterprise). Del análisis de los documentos judiciales se desprende que Boris Konovalenko actuaba como el principal nexo de unión entre las distintas entidades de Mayon, que desempeñaban tanto funciones de empresas pantalla como de instrumentos para la adquisición de nuevas personas jurídicas al servicio del esquema fraudulento.
El esquema RoFx.net, lanzado en 2018, captaba fondos de los clientes prometiendo beneficios ilimitados mediante operaciones en el mercado Forex gestionadas por una supuesta «inteligencia artificial automatizada», además de garantizar una cobertura del 100 % frente a cualquier pérdida. En realidad, no existía ninguna actividad de trading genuina. Más de 57 millones de dólares —y hasta 75 millones según la demanda colectiva presentada en Estados Unidos— habrían terminado en manos de los organizadores del esquema.
El elemento central de este «laberinto financiero» era precisamente el grupo Mayon. El equipo de Konovalenko estructuró el esquema de tal manera que los inversores afectados no enviaban su dinero directamente a los creadores de la plataforma, sino a cuentas bancarias pertenecientes a empresas pantalla registradas en Estados Unidos (Front Companies): Notus, LLC; ShopoStar, LLC (Colorado); Easy Com, LLC (Nuevo Hampshire); Global E-Advantages, LLC / Kickmagic LLC (Delaware/Nueva York); y Grovee, LLC (Delaware)

Desde allí, los fondos eran transferidos de forma inmediata a través de cuentas de tránsito controladas por Mayon y dispersados entre jurisdicciones offshore y plataformas de intercambio de criptomonedas. Actuando como propietario, director o gerente de distintas entidades de Mayon entre agosto de 2019 y 2023, Konovalenko ejercía personalmente la gestión operativa de estas Front Companies en nombre de RoFx.

Konovalenko figuraba como titular autorizado o cotitular de cuentas bancarias en Estados Unidos que recibieron más de 23 millones de dólares procedentes de clientes. En concreto, a través de cuentas abiertas en Bank of America se canalizaron aproximadamente 9,3 millones de dólares hacia la cuenta de Notus, 13,5 millones de dólares hacia dos cuentas de ShopoStar y otros 550.000 dólares hacia dos cuentas de Kickmagic. Además, según la documentación del caso, fue el propio Konovalenko quien dio instrucciones directas para liquidar la empresa pantalla Notus con el fin de eliminar por completo y ocultar el historial de transacciones asociado a la misma. La Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido lanzó las primeras alertas ya en 2019, emitiendo una advertencia oficial sobre las actividades ilícitas de RoFx. Sin embargo, la maquinaria financiera vinculada a Mayon continuó operando hasta el colapso repentino de la plataforma en septiembre de 2021.

De pequeño empresario en Mariúpol a fugitivo internacional: la historia de Boris Konovalenko
La figura central sobre la que recaía la gestión operativa de esta red transnacional de fraude era el ciudadano ucraniano Boris Konovalenko. Fue él quien impulsó y coordinó el registro de empresas pantalla, abrió cuentas bancarias y supervisó la recepción de pagos procedentes de los clientes afectados por el esquema.

En Ucrania, su trayectoria personal parecía, en principio, poco llamativa. Hasta 2012, Konovalenko desarrolló actividades empresariales en Mariúpol, ciudad que actualmente se encuentra bajo ocupación rusa, y desde 2006 fue copropietario, junto con su entonces esposa, de una pequeña empresa en Donetsk. Asimismo, su exesposa —de quien se divorció en 2021— mantiene procedimientos judiciales para reclamar el pago de pensiones alimenticias.


Durante ese mismo periodo, Konovalenko también figuró como fundador de una organización sin ánimo de lucro. Entre los demás cofundadores se encontraban el padre de su exesposa y los cónyuges Nedin. Posteriormente, Eduard Nedin se convertiría en el primer director y propietario de la sociedad británica Mayon Solutions Ltd. (Mayon UK), cargo que ocupó entre 2016 y 2019.

Al mismo tiempo, varios bancos ucranianos iniciaron procedimientos de ejecución a través de los servicios estatales competentes para recuperar préstamos vencidos y otras deudas impagadas de Konovalenko.

Con el fin de proteger los activos que aún conservaba frente a una posible confiscación dentro de Ucrania, Konovalenko habría eliminado apresuradamente su presencia en los registros públicos. En la actualidad, no figura a su nombre en Ucrania ningún inmueble ni otros activos de relevancia.

Inmediatamente después del abrupto cese de operaciones de la plataforma RoFx en septiembre de 2021, y ante la perspectiva de una inevitable persecución penal, Konovalenko abandonó apresuradamente el país y pasó a operar de forma clandestina en Europa. Al mismo tiempo, las investigaciones no han identificado nuevas sociedades mercantiles vinculadas jurídica o indirectamente a Konovalenko en las jurisdicciones analizadas. Tampoco se han detectado empresas activas registradas a nombre de personas que hubieran mantenido previamente una relación directa con él.

El veredicto de Estados Unidos y la trampa española
Mientras Konovalenko permanecía oculto, el proceso judicial contra su infraestructura en Estados Unidos llegó a su conclusión. Dado que los organizadores optaron por darse a la fuga y no comparecieron ante la justicia, el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida dictó severas sentencias en rebeldía (Default Judgments).
Las empresas del grupo Mayon —Mayon Holding Ltd. (Hong Kong), Mayon Solutions LLC (Estados Unidos) y Mayon Solutions Ltd. (Reino Unido)—, junto con sus beneficiarios finales, fueron declaradas responsables en virtud de la legislación federal estadounidense RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), una de las normas más severas utilizadas para perseguir actividades de crimen organizado, conspiración y estructuras delictivas complejas.
El veredicto oficial de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de Estados Unidos estableció sanciones sin precedentes. Entre ellas figura una condena solidaria al pago de 56 millones de dólares en concepto de restitución directa a los inversores perjudicados, en un caso que involucra a más de 1.100 víctimas. Además, se impuso una sanción civil superior a los 169 millones de dólares, lo que eleva el volumen total de las reclamaciones financieras de las autoridades estadounidenses a más de 225 millones de dólares. Como consecuencia adicional, los responsables quedaron sujetos a una prohibición permanente para participar en cualquier actividad de negociación, intermediación o registro relacionada con los mercados financieros de Estados Unidos.
La investigación determinó que la sociedad matriz Mayon Holding, con sede en Hong Kong, actuaba como principal coordinadora de la estructura, ejerciendo un control efectivo sobre sus filiales en el Reino Unido y Estados Unidos. Según los documentos del caso, la división británica Mayon UK, a través de Boris Konovalenko y de su directora Olga Tielly, proporcionaba directamente a RoFx empresas pantalla y facilitaba la apertura de cuentas utilizadas para el movimiento y presunto blanqueo de fondos.
Asimismo, según la documentación judicial estadounidense, la red internacional de colaboradores vinculada a Konovalenko y al grupo Mayon incluía a Marina Garda, accionista de Mayon Holding con residencia en Hungría, quien habría participado en la puesta en marcha de diversas Front Companies, y a Olga Tielly, antigua propietaria de Mayon UK, señalada en los expedientes judiciales por haber suscrito acuerdos relacionados con la operativa de RoFx. Los flujos financieros que transitaban por las cuentas de las sociedades pantalla Notus y Global E-Advantages eran gestionados desde el Reino Unido por la responsable Olga Abrykosova. Por su parte, la ciudadana canadiense Alla Skala habría utilizado fondos canalizados a través de estas estructuras para realizar pagos y distribuciones económicas vinculadas a la red investigada. Según los documentos del caso, con el objetivo de eliminar posibles pruebas, Anna Shymko, miembro gestor de Notus en Estados Unidos, procedió personalmente a la disolución de la compañía en septiembre de 2021. Posteriormente, en septiembre de 2025, la ciudadana maltesa Vitalia Borg fue designada con rapidez como directora nominal de la sociedad británica Mayon Solutions Ltd.
Para comprender la verdadera dimensión de las actividades del grupo, es importante diferenciar entre el agresivo marketing corporativo de Mayon y su presencia jurídica real. En la mayoría de los países donde la compañía afirmaba operar, no existían oficinas físicas ni entidades legales registradas bajo su nombre. En la práctica, la firma actuaba como intermediaria en la creación y gestión de estructuras corporativas, utilizando una imagen de consultoría empresarial como cobertura para sus actividades. El sitio web mayon.solutions promocionaba activamente servicios de constitución de sociedades y obtención de licencias, asegurando haber completado supuestamente más de 1.000 registros corporativos exitosos y la apertura de más de 2.000 cuentas bancarias en distintas jurisdicciones.
Hoy, Boris Konovalenko permanece en territorio español con la esperanza de que la jurisdicción europea le proteja de una eventual condena en Estados Unidos, mientras intenta desesperadamente monetizar los restos de la marca Mayon.тSin embargo, lo que parecía una vía de escape se está convirtiendo en una trampa. El escenario español, lejos de ofrecerle un refugio seguro, amenaza con transformarse en el punto de partida de su entrega definitiva a la justicia estadounidense.
Su historial ya incluye un episodio de detención y encarcelamiento en España relacionado con el caso estadounidense. Sin embargo, en aquella ocasión logró recuperar la libertad, aunque solo de manera temporal. España no es un refugio seguro, sino un miembro plenamente integrado en los mecanismos de cooperación internacional de Interpol y una jurisdicción que mantiene una política de tolerancia cero frente al fraude transnacional. El proceso judicial español avanza progresivamente hacia una posible extradición internacional solicitada por las autoridades estadounidenses. Si finalmente Madrid accede a la petición presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las consecuencias podrían extenderse de forma inmediata a las estructuras vinculadas a Mayon en distintas jurisdicciones, comprometiendo seriamente la continuidad de la compañía y acelerando la desaparición de los activos que aún permanecen operativos.
Mayon como presunta plataforma de blanqueo para casinos online ilegales vinculados a Rusia
Durante la investigación salió a la luz otro aspecto especialmente relevante de las actividades de Mayon, que refuerza aún más el nivel de riesgo regulatorio asociado a esta estructura. Los hallazgos sugieren que la pirámide RoFx estaba lejos de ser el único cliente que utilizaba esta red internacional. Según los elementos analizados, Mayon habría prestado servicios a diversos actores a través de una compleja infraestructura transnacional, ampliando significativamente el alcance de las actividades investigadas y atrayendo una atención cada vez mayor por parte de reguladores y organismos de control internacionales.
Mención aparte merece la profunda conexión con Rusia que aparece en el caso Mayon y que, según la investigación, habría sido ocultada mediante estructuras corporativas y financieras especialmente complejas. El análisis de las transacciones y de la documentación jurídica apunta a que Konovalenko desarrolló una amplia cooperación con operadores vinculados a la Federación Rusa, convirtiendo su red en un centro de pagos para negocios opacos y entidades sujetas a sanciones. Un papel clave dentro de esta estructura habría sido desempeñado por el controvertido intermediario de pagos «británico» ePayments Systems Ltd. Esta plataforma, controlada por empresarios de origen ruso, operaba en lengua rusa, realizaba procesos de compensación a través de Rietumu Banka, en Letonia, y estaba gestionada por los ciudadanos británicos de origen ruso Andrei Fetin y Mikhail Rymanov. En febrero de 2020, la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido suspendió de forma urgente las operaciones de ePayments al detectar graves deficiencias en sus controles de prevención de blanqueo de capitales (AML) y posibles riesgos relacionados con el lavado de dinero. Según los materiales analizados, tanto en la estructura de RoFx como en la red Mayon, ePayments desempeñó un papel esencial como canal intermediario para la transferencia y posterior legitimación de importantes flujos de capital procedentes de Rusia, eludiendo controles y restricciones internacionales. Una de las evidencias que apuntan a esta integración con los circuitos financieros rusos es la figura de Olga Abrykosova, considerada una de las colaboradoras más cercanas de Konovalenko. Antigua ciudadana rusa que posteriormente obtuvo la nacionalidad británica, Abrykosova ejercía funciones de responsable financiera dentro de varias de las empresas pantalla vinculadas a Mayon. De acuerdo con la documentación del caso, era ella quien, siguiendo instrucciones de Konovalenko, gestionaba manualmente los movimientos de fondos a través de distintas sociedades instrumentales, conectando la estructura financiera de Mayon con beneficiarios radicados en el entorno empresarial ruso.
Por qué la compra de activos de Mayon podría convertir a un inversor en cómplice
A pesar de la contundente derrota sufrida en los tribunales estadounidenses, los sitios web mayon.solutions y mayon.hk continúan activos, las licencias financieras de Hong Kong siguen formalmente vigentes y la página de Facebook de la compañía mantiene actividad regular, proyectando la imagen de un negocio legítimo. Según la investigación, este aparente funcionamiento normal responde a un único objetivo: Boris Konovalenko estaría intentando vender discretamente el grupo Mayon, transferir sus licencias o reintroducir la estructura en el mercado bajo la apariencia de una empresa de consultoría completamente legítima.
Sin embargo, cualquier potencial comprador debe ser consciente de una cuestión fundamental: tras la divulgación pública de los hechos y antecedentes relacionados con Mayon, cualquier parte que decida participar en una operación de adquisición difícilmente podrá ampararse en la condición de «inversor de buena fe» o alegar desconocimiento de los riesgos asociados a la compañía.
En la actualidad, las principales estructuras de Mayon en el Reino Unido y Estados Unidos se encuentran oficialmente bajo medidas judiciales de intervención y embargo. La situación de la sociedad matriz en Hong Kong sigue siendo incierta; sin embargo, el uso de todas sus cuentas bancarias permanece completamente bloqueado. Además, la orden judicial de búsqueda y detención emitida contra Boris Konovalenko continúa vigente y mantiene plena validez legal. Esta situación ha limitado de forma significativa su capacidad para desarrollar actividades empresariales de manera legal, constituir nuevas sociedades o abrir cuentas bancarias en aquellas jurisdicciones sujetas a acuerdos internacionales de cooperación y extradición.
Toda la información relevante sobre el caso se encuentra ya en el dominio público. Quien decida adquirir esta marca altamente tóxica o sus licencias en Hong Kong estará asumiendo conscientemente los riesgos asociados a una estructura señalada por presuntos vínculos con esquemas de fraude y blanqueo de capitales relacionados con operadores rusos de juego online, así como el previsible interés de las autoridades encargadas de su investigación. Desde la perspectiva de los reguladores estadounidenses, el FBI y numerosas entidades financieras europeas, una operación de este tipo podría ser interpretada como un intento de mantener activa una estructura ya sometida a un intenso escrutinio regulatorio y judicial. En consecuencia, bancos, proveedores de servicios de pago y socios comerciales que mantengan relaciones con activos vinculados a Mayon podrían verse expuestos a controles reforzados, restricciones financieras, investigaciones regulatorias e importantes riesgos de cumplimiento normativo. Todo indica además que Boris Konovalenko difícilmente podrá seguir contando con una vida discreta y tranquila en España. Las investigaciones en curso continúan avanzando y las autoridades implicadas parecen decididas a llevar el caso hasta sus últimas consecuencias. En caso de que prospere una eventual extradición a Estados Unidos, Konovalenko podría enfrentarse a graves consecuencias judiciales, mientras que quienes adquieran activos relacionados con Mayon asumirían riesgos financieros y legales de enorme magnitud. Por otra parte, la infraestructura asociada al grupo permanece bajo la atención simultánea de periodistas de investigación, organismos reguladores y fuerzas de seguridad de distintos países. Cualquier actuación futura podría extenderse de forma coordinada a varias jurisdicciones, incluidas el Reino Unido y Hong Kong. En ese escenario, no solo se verían afectados Konovalenko y sus socios comerciales, sino también el conjunto de estructuras corporativas vinculadas a Mayon.
