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Tribunales

Condenan al autor de un poema “machista” a pagar 50.000 euros a la podemita Irene Montero

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El juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha condenado al autor de un poema publicado en 2017 en la revista de la asociación judicial Francisco de Vitoria a pagar 50.000 euros a la portavoz de Podemos, Irene Montero, al considerar que, además de sexista y machista, el texto “erosiona” su dignidad.

Además, en la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado Jaime Moralles condena de forma solidaria a los seis miembros del comité de redacción de la publicación al pago de 20.000 euros a Montero por “no supervisar” el contenido del poema publicado en noviembre de 2017 con el título “De monjas a diputadas”, firmado con el pseudónimo “El guardabosques de Valsaín”.

Los versos del poema insinúan que las responsabilidades políticas de la portavoz de Podemos y de la exdiputada Tania Sánchez se deben a los “apetitos inconstantes” del líder de la formación, Pablo Iglesias, al asegurar el autor: “La diputada Montero/ Expareja del ‘coleta’/ Ya no está en el candelero/Por una inquieta bragueta/ Va con Tania al gallinero”.

“No se trata de un texto de información, sino de expresión de valoraciones de su autor sobre la demandante que erosiona explícitamente su dignidad”, sostiene el magistrado, que señala en la sentencia que el poema comporta “un ultraje y ofensa para Montero como persona y mujer”.

Para el juez, las expresiones proferidas por el autor son “simples expansiones desde una posición sexista y machista, gravemente peyorativas para la mujer” que, además de “insidiosas e infames”, resultan ser “vejaciones”.

“Dichos términos, aisladamente y en su conjunto, comportan insulto, insidia y vejación grave para la propia estima de la demandante”, añade la sentencia que justifica que el contenido no puede gozar de la protección de la libertad de expresión.

Contra esta resolución, los condenados pueden presentar recurso de apelación.

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Tribunales

Investigan a tres menores por agredir sexualmente a un niño de 9 años en Valencia

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Tres niños de once, trece y catorce años agredieron sexualmente a otro menor de nueve en una urbanización de un pueblo de la comarca valenciana de La Ribera. Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de junio, pero fueron avanzados ayer por el diario Levante.

El juez de menores de la capital del Turia ha ordenado el ingreso del mayor de los investigados en un centro en régimen cerrado y terapéutico por un periodo de seis meses. Los otros dos presuntos autores de la agresión son inimputables al no tener 14 años. El caso fue destapado por un familiar de la víctima, que se enteró que el pequeño de 9 años había practicado felaciones a otros menores de la urbanización.

La agresión ocurrió hace dos meses en una urbanización de la Ribera, cuando el grupo de tres menores instó a otro, más pequeño que ellos con nueve años, a que les hiciera felaciones a todos ellos. La idea se le había ocurrido al adolescente de 13 años, quién grabó las imágenes de las agresiones sexuales, según declararon posteriormente los menores.

No obstante, al ser menores de 14 años, la Fiscalía de Menores de Valencia no ha podido solicitar medidas de internamiento contra el presunto instigador, inimputable con las leyes actuales. En la misma situación está otro de los autores, de 11 años, que fue identificado por la Guardia Civil, pero que también ha quedado en libertad sin medida cautelar.

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Tribunales

La “jueza pitonisa” expedientada por conceder indultos

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Folletos que supuestamente repartía la «jueza pitonisa»
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Nuevo expediente para la «jueza pitonisa». El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha arrancado una investigación a María Jesús García Pérez por conceder tres indultos en el centro penitenciario de Monterroso (Lugo). Antes, se habían abierto diligencias contra ella por dedicarse a echar cartas del tarot.

El expediente, adelantado por El País, se cierne sobre la concesión de indultos parciales a tres internos en la cárcel de Monterroso (Lugo) que ya tenían más de la mitad de su condena cumplida y ostentaban el tercer grado penitenciario. El problema se produce ya que como jueza solo puede tramitar los expedientes con las peticiones, lo que provocó que el Ministerio Fiscal tuviese que recurrir para anular la medida.

La investigación del CGPJ tiene que complementarse con un informe de la comisión disciplinaria, además del contenido principal del mismo, donde investiga la actividad como jueza de vigilancia penitenciaria y su presunta injerencia en una decisión que debe tomar el Gobierno de forma exclusiva.

En este momento, la jueza tiene plaza como titular en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de La Coruña, un puesto parecido al que ya había ocupado entre 2006 y 2009 en Santander -Juzgado de Violencia de Género-. En ese tiempo en la ciudad cántabra había sido sancionada con 3.000 euros por falta grave al afirmar que estaba en contra de la Ley Integral sobre Violencia de Género que aplicaba.

Además, se hizo conocida por el expediente disciplinario abierto por el Consejo General del Poder Judicial al hacerse público que se dedicaba a echar cartas del tarot. Fue archivado por el órgano de gobierno del poder judicial pues las pruebas -una grabación con cámara oculta en su domicilio- fueron consideradas ilícitas.

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Tribunales

El Ministerio de Justicia pide a la Fiscalía que investigue a las agencias de gestación subrogada

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El Ministerio de Justicia ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre las actividades de las agencias de que facilitan la gestación subrogada (o vientres de alquiler) que operan en España.

Según recuerda este lunes el Ministerio en un comunicado, la gestación por vientres de alquiler es una práctica prohibida por la legislación española y las agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país «se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países».

Otras circunstancias que tiene en cuenta el Ejecutivo en su petición son la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes y que, en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas.

Todo ello sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor, subraya Justicia.

La legislación española declara «nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero».

Por ello, son numerosas las familias que acuden a terceros países para encargar y recoger a sus hijos gestados por una mujer extranjera.

Polémica

Desde el Gobierno, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, aseguró que se perseguiría «a las mafias» que trafican con los vientres de las mujeres «aquí y dónde sea», mientras que las titulares de Sanidad, María Luisa Carcedo, y la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, la compararon con «la compra venta de niños».

El debate sobre su posible legalización ha sido abierto por Ciudadanos, cuyo presidente, Albert Rivera, considera que en la gestación subrogada «solo hay amor, vida, libertad y respeto» y que recurrir a los vientres de alquiler es «un derecho».

Ciudadanos rechaza que se criminalice a las familias que recurren a esté método, por el que llegan a España unos mil niños cada año en España y que cuesta entre 100.000 y 150.000 euros por gestación.

El pasado mes de enero, el Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE comenzó a trabajar en un documento en el que proponía penalizar a las agencias intermediarias y a los que acuden a ellas, restringir el registro en España de los bebés nacidos en otros países y agilizar la adopción.

En la elaboración de este documento sobre los «vientres de alquiler» participaba la portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y presidenta de este Consejo, Altamira Gonzalo, quien comentó a Efe que alquilar un vientre para la gestación por sustitución supone comprar un bebé y en España «se penaliza el tráfico de personas».

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