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Tribunales

Condenan al autor de un poema “machista” a pagar 50.000 euros a la podemita Irene Montero

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El juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha condenado al autor de un poema publicado en 2017 en la revista de la asociación judicial Francisco de Vitoria a pagar 50.000 euros a la portavoz de Podemos, Irene Montero, al considerar que, además de sexista y machista, el texto “erosiona” su dignidad.

Además, en la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado Jaime Moralles condena de forma solidaria a los seis miembros del comité de redacción de la publicación al pago de 20.000 euros a Montero por “no supervisar” el contenido del poema publicado en noviembre de 2017 con el título “De monjas a diputadas”, firmado con el pseudónimo “El guardabosques de Valsaín”.

Los versos del poema insinúan que las responsabilidades políticas de la portavoz de Podemos y de la exdiputada Tania Sánchez se deben a los “apetitos inconstantes” del líder de la formación, Pablo Iglesias, al asegurar el autor: “La diputada Montero/ Expareja del ‘coleta’/ Ya no está en el candelero/Por una inquieta bragueta/ Va con Tania al gallinero”.

“No se trata de un texto de información, sino de expresión de valoraciones de su autor sobre la demandante que erosiona explícitamente su dignidad”, sostiene el magistrado, que señala en la sentencia que el poema comporta “un ultraje y ofensa para Montero como persona y mujer”.

Para el juez, las expresiones proferidas por el autor son “simples expansiones desde una posición sexista y machista, gravemente peyorativas para la mujer” que, además de “insidiosas e infames”, resultan ser “vejaciones”.

“Dichos términos, aisladamente y en su conjunto, comportan insulto, insidia y vejación grave para la propia estima de la demandante”, añade la sentencia que justifica que el contenido no puede gozar de la protección de la libertad de expresión.

Contra esta resolución, los condenados pueden presentar recurso de apelación.

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Tribunales

Los independentistas quieren volver a debatir sobre la autodeterminación en el Parlament

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Los grupos de JxCat, ERC y la CUP han registrado este martes en el Parlament una propuesta de resolución de respuesta a la sentencia en la que consta un apartado por el que piden que la Cámara reitere poder debatir sobre la autodeterminación en los plenos.

El documento consultado por Europa Press rechaza la sentencia del Tribunal Supremo contra los impulsores del 1-O y plantea que el Parlament “reitera y reiterará, tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas, la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya a decidir su futuro político”.

Estos son tres de los puntos de advertencia del Tribunal Constitucional a la Mesa del Parlament, a la que ha exigido paralizar el trámite de propuestas que vayan en ese sentido, después de haber anulado propuestas de resolución aprobadas en la Cámara sobre estos respectos.

De hecho, en la reunión de la Mesa del Parlament, antes de que se aceptara a trámite, los letrados de la Cámara han advertido al órgano rector de que este punto de la propuesta de resolución contravenía los autos y advertencias del TC.

“El Parlament denuncia la censura que el TC pretende imponer al Parlament, claramente incompatible con la autonomía y la inviolabilidad de la cámara”, expone otro apartado del escrito, mientras que otro punto defiende que las competencias autonómicas no pueden definir los límites de lo que se puede hablar o no en la Cámara y otro recuerda que se han aprobado decenas de resoluciones políticas sobre el derecho a la autodeterminación desde 1989.

Bajo el título ‘Propuesta de resolución en respuesta a la sentencia del 1-O’, el documento es el punto de consenso al que han llegado republicanos, ‘cupaires’ y JxCat, después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, lanzara el martes pasado su propia propuesta en el pleno extraordinario sobre la sentencia, sin avisar a ninguno de los tres grupos, generando fricciones entre ellos.

En aquel plenario, pese a las reticencias de la CUP, no se permitió introducir documentos ni de los grupos ni del Govern ni del presidente para que fueran votados por el hemiciclo.

Ahora, esta propuesta en principio tampoco podrá ser debatida en el pleno ordinario fijado para este miércoles y jueves, ya que, para hacer una modificación del orden del día –ya sea reuniendo a la Junta de Portavoces o bien en el mismo pleno–, se tendría que haber registrado por vía de urgencia, algo que no ha sucedido, explican fuentes parlamentarias, por lo que debería respetarse el plazo de siete días para que los grupos presenten enmiendas.

Con todo, el artículo 83 del reglamento del Parlament establece que no se puede modificar el orden del día sin haber cumplido los trámites reglamentarios, “a excepción de un acuerdo explícito en el sentido contrario, adoptado por mayoría absoluta”; una mayoría que los tres grupos independentista tienen en el hemiciclo.

EL DOCUMENTO

En la exposición de motivos, el documento critica la sentencia del 1-O porque considera que es “una regresión en materia de libertades, no solo para Catalunya, sino para todo el Estado” y sostiene que limita derechos fundamentales y criminaliza la disidencia política.

Reprocha que el TC intente “imponer al Parlament una vulneración inaceptable del derecho a la representación política”, por lo que rechaza la sentencia y las decisiones del Constitucional.

“El Parlament exige la libertad de los presos políticos, el libre retorno de los exiliados y el fin de la represión”, piden votar en la cámara, así como expresar la indignación sobre una sentencia que tachan de injusta porque consideran que limita el ejercicio de derechos fundamentales en lo que tildan de deriva autoritaria del Estado que afecta a todos los demócratas.

Hacen referencia concreta al “escándalo democrático” que supone la condena de 11 años a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y afirman el carácter cívico y no violento del movimiento independentista, según el texto.

El texto advierte de que la sentencia establece un precedente inaceptable a partir del cual todas las formas de protesta como el paro de un desahucio, la ocupación de un centro de atención primaria o el corte de una calle, “pueden convertirse en un delito de sedición”.

Los impulsores del documento también quieren que el Parlament reitere que el conflicto entre Catalunya y el resto del Estado es “político y no se resolverá mediante los tribunales”, y avisan de que las mayorías parlamentarias no renunciarán a sus convicciones por más represión que haya.

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Tribunales

Registran la casa del abogado de Puigdemont por blanqueo de dinero del narco Sito Miñanco

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La juez de la Audiencia Nacional María Tardón está dirigiendo una operación contra el blanqueo de capitales relacionado con el delito contra la salud pública y ha ordenado el registro de la casa de Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y del narcotraficante Sito Miñanco.

Fuentes próximas a la investigación han señalado que el registro se está practicando en el domicilio de Boye en Madrid y que el abogado no está detenido.

La operación, que coordina la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y que desarrollan agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, está vinculada a la causa judicializada de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, de 62 años.

El histórico narcotraficante gallego fue detenido en febrero de 2018 junto a una veintena de presuntos miembros de su banda acusados de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo y pertenencia a organización criminal de extrema gravedad.

Las investigaciones apuntaban que Miñanco lideraba una importante red de narcotraficantes desde 2016, meses después de que se le otorgara la semilibertad, lo que le permitía dormir diariamente en el Centro de Inserción Social (CIS) de Algeciras (Cádiz). De hecho, fue arrestado cuando salía de ese centro.

Fuentes de la Audiencia Nacional han informado de esta operación en la que se están practicando varios registros en una causa que está secreta.

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Sociedad

Un padre, condenado a trabajos comunitarios por dar un “capón” a su hijo

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Un hombre que propinó un “capón” a su hijo para corregir su actitud rebelde y desafiante cuando le recriminó sus malos resultados escolares tendrá que cumplir 31 días de trabajos comunitarios al haber confirmado la Audiencia Provincial de Murcia la sentencia que lo condenó como autor de un delito de maltrato en el ámbito familiar.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, desestima así el recurso que el acusado presentó contra la condena impuesta por un Juzgado de lo Penal de Murcia en febrero de 2018 y que incluye también una orden de alejamiento en cumplimiento de la cual no podrá acercarse al menor durante seis meses y un día. El Juzgado declaró como hechos probados que los mismos ocurrieron cuando al recoger el acusado a los hijos, entregados por su expareja, se produjo una discusión en el transcurso de la cual uno de ellos salió en defensa de la madre. Fue entonces cuando, decía la sentencia, el denunciado lo cogió del brazo y le propinó golpes en el pecho y un pescozón en la cabeza.

En su recurso, el acusado alegó que no cometió delito alguno, ya que se limitó a tratar de corregir una actitud rebelde y desafiante de este hijo surgida cuando le censuró su bajo rendimiento académico. Y añadió que solo trataba de corregir su comportamiento, no de atentar contra su integridad física, lo que consideró podía realizar en el ejercicio legítimo de su degber como padre.

Sin embargo, la Sala de la Audiencia, que tiene como ponente a la magistrada Ana María Martínez, comenta que aunque el “capón” fuera para reprender su actitud desafiante por haberle recriminado sus malas calificaciones, supuso ejercer violencia física sobre el menor, aunque este no llegar a sufrir lesión alguna. “Quienes tenemos hijos, se lee en la sentencia, provenimos, en muchos caso, de una educación en que sí existía el castigo y la corrección: la zapatilla, la bofetada y hasta el cinturón, y tenemos que aprender formas de educar que no lleven implícita esa parte violenta”.

Comenta igualmente que “la familia es un espacio nuevo de convivencia entre sus miembros, en el que debe imperar la igualdad y el comedimiento, por más difícil que resulte la labor de educación, a veces, en el día a día”.

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