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Opinión

Contra la democracia y contra el consenso

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En España hay siete clases de españoles… sí, como los siete pecados capitales.

1) los que no saben;
2) los que no quieren saber;
3) los que odian el saber;
4) los que sufren por no saber;
5) los que aparentan que saben;
6) los que triunfan sin saber, y
7) los que viven gracias a que los demás no saben.

Estos últimos se llaman a sí mismos “políticos” y a veces hasta “intelectuales”. Pío Baroja.

Aprovecho para recomendar la lectura de su trilogía “La lucha por la vida”, escrita en la primera década del siglo XX, especialmente a las víctimas de las diversas leyes educativas “progresistas”.

En los tiempos que corren, se oyen por doquier frases tales como: “mi opinión también es tan respetable e importante como la tuya”, “porque, no me negarás que yo también tengo derecho a opinar, sobre tal o cual cosa”, “es increíble lo intolerante que eres, no respetas las opiniones ajenas”… y lindezas por el estilo. Y… ¿Por qué la opinión de cualquiera es importante? ¿De veras existe el “derecho a opinar”, en qué consiste tal “derecho”?, ¿Qué significa eso de que todas las opiniones son “respetables”, por qué hay que “respetar” las opiniones ajenas?

Una de las creencias más extendidas después de años de adoctrinamiento “igualitarista” es la de que todo el mundo tiene algo que decir, e incluso, en los colegios y demás centros de estudios, se repiten, como si de dogmas de fe se tratara, frases tales como “los profesores tienen mucho que aprender de sus alumnos”. Da igual la condición del individuo, si es muy inteligente o no, da igual su cociente intelectual, su formación académica, sus años de estudios, su experiencia profesional, o su experiencia vital, todos tienen algo que decir; toda la gente es digna de opinar aunque no tenga ni la más remota idea de qué va el asunto, el caso es “ejercer su derecho”, y como bien se sabe, en España, en este momento derecho es sinónimo deseo.

Nadie debe ser tan reaccionario, tan retrógrado como para no tener en cuenta los derechos ajenos, eso es cosa de fachas e intolerantes, ¿O no?

El asunto ha llegado a tal extremo que todos esos tópicos se han transformado en inapelables, incuestionables… y, ¡ay de aquel que se atreva a disentir!, puede ser linchado metafóricamente hablando, y corre el riesgo de serlo no tan metafóricamente.

En España ha llegado a convertirse en un pecado social no comulgar con tales afirmaciones. Claro que, no es de extrañar que las cosas estén “así”, después de que la gente haya visto, y oído, año tras año a “opinadores”, “creadores de opinión”, tertulianos, hablar, hablar, hablar de trivialidades, vulgaridades, nimiedades, con absoluta solemnidad, como si realmente estuvieran diciendo algo notable, fuera de lo común y en el convencimiento de que son personas ocurrentes, ingeniosas, o algo parecido; y por descontado, cada vez que hablan lo hacen ex cátedra, o al menos esa es la impresión que causa en muchos de quienes los “escuchan” (ahora ya no se dice oír, eso ya es una antigualla) de manera que para el común de los mortales, muchos de ellos gozan de un gran prestigio, de un enorme predicamento –por supuesto inmerecido-, y todo ello se convierte en un círculo vicioso, pues la gente suele recurrir con frecuencia a aquello del “principio de autoridad” para argumentar y apoyar sus opiniones; y claro, si lo ha dicho alguien que sale en los “medios”, eso es veraz, y va a misa. (argumentum ad verecundiam, argumento de autoridad o magister dixit, “falacia lógica” consistente en defender algo como verdadero porque, quien es citado en el argumento, tiene reconocida autoridad en la materia).

Ni que decir tiene que, todo lo que sale de las bocas de los “opinadores” lo aderezan –aunque no todos, claro- lo aliñan con zafiedades, palabras malsonantes, procacidad, y multitud de ingredientes más; y en muchas ocasiones con voces, gritos, desplantes, que la gente ha acabado integrando en sus esquemas de pensamiento y de acción como “algo normal”; si lo hacen los famosos, ¿Por qué yo no?

Es más, hay que llegar a la conclusión de que algunos de los personajes asiduos a los medios de información, incluso tienen el convencimiento de que la modernidad es sinónimo de transgresión y extravagancia.

Y, como es lógico, se recolecta lo que se siembra.

Se les vende a los niños y niñas desde sus primeros años que los adultos apenas nada tienen que enseñarles, como si uno viniera al mundo con “ciencia infusa”, con un saber innato, no adquirido mediante el estudio. No es de extrañar, pues, que los alumnos no le reconozcan al profe ninguna autoridad, y tampoco piensen en la remota posibilidad de que les pueda enseñar “algo interesante y divertido” (otro de los muchos tópicos al uso) sino ni siquiera enseñarles.

Luego, para más inri, los diversos gobiernos han ido aprobando leyes, “educativas las llaman” que pretenden, dicen, acabar con las desigualdades, y por supuesto, para no perturbar a los tiernos infantes, no sea que queden impactados de tal modo que les produzca un desequilibrio emocional irreparable, han eliminado de los centros de estudio cualquier cosa que suene o huela a “selección”, notas, esfuerzo, disciplina, excelencia, y anacronismos –según su entender- por el estilo. ¡Viva la escuela, alegre y divertida! ¿Alguna vez se han dado cuenta que, en los actuales colegios, institutos, facultades universitarias, lo que siempre fue excepción, ahora se ha convertido en lo común, casi diario: la fiesta? Y de paso, tuvieron la feliz ocurrencia de instituir los llamados “consejos de centro”, pues se entiende que quienes mejor que los papás y mamás para dirigir y planificar la actividad de los centros de estudios. Ya digo, la ciencia infusa, total, ¿Para qué estudian en las Universidades los futuros profesores, si para ser enseñante vale cualquiera y cualquiera sabe?

A punto estuvieron, también, de hacer lo mismo con los centros de salud y hospitales públicos… Al fin y al cabo, ¿No sabe toda la gente lo suficiente de salud, o más que algunos “matasanos”? Así nos va en el país en el que todo el mundo tiene derecho a opinar, como si estuviera en la taberna, hablando de fútbol, o en la peluquería hablando del famoseo.

Así que ¿Todas las opiniones son igualmente respetables?

Como se dice, también ahora, «¡va a ser que no!»

¿No sería de insensatos tener en cuenta opiniones disparatadas, de gente que lo ignora todo o casi todo de determinados asuntos? ¿Se pondría usted en manos de un cirujano ciego, por muy buena voluntad que éste tuviera?

¿No es al fin y al cabo una absoluta necedad considerar que, si algo es aceptado por la mayoría, aunque sea una sandez, hay que “respetarlo” pues es la voluntad de la mayoría, y cuando la mayoría piensa así, por algo será?

¿No es también otra absoluta insensatez, pensar que hay que acatar la voluntad de la mayoría de la comunidad, cuando esa mayoría considera que algo es veraz, por no haberse aún podido demostrar lo contrario? (Falacia ad ignorantiam)

Podría seguir poniendo cientos, miles de ejemplos, hasta aburrir, pero no es mi intención; si lo es, por el contrario llamar la atención acerca de que ya va siendo hora de dejarse de pamplinas y empezar por decir que no solo no son respetable algunas opiniones, sino absolutamente detestables; también es momento de ponerse manos a la obra e impedir que siga habiendo mediocres, indocumentados, analfabetos en puestos de dirección, en ámbitos en los que se toman decisiones demasiado importantes para nuestras vidas. ¿Cabe mayor insensatez que el que las pruebas de selección de personal de cualquier ámbito de la Administración del Estado, sean decididas, desde el temario hasta los exámenes, por parte de gente que no reúne condiciones para presentarse a tal oposición, o más todavía, gente sin experiencia profesional ni vital, que nunca sería contratada en la empresa privada, dada su nula o casi nula cualificación?

Respecto de todo lo que vengo hablando, trata un libro publicado este año, en español, que lleva por título “Contra la democracia” y cuyo autor es Jason Brennan.

Generalmente, se da por sentado que la democracia es la única forma justa de gobierno y creemos que es honesto y de sentido común que todos tengamos derecho a voto. El libro de Brennan pretende demostrar que la realidad es muy diferente. Por supuesto, Brennan afirma que los países con democracia liberal suelen ser los más prósperos, los que más respetan los derechos y las libertades, los mejores para vivir; lo deja muy claro para que no haya lugar a equívocos. Pero lo que se le atraganta a este filósofo y politólogo estadounidense es ese ciego triunfalismo con el que, casi como si de una religión ser tratara, se celebra la democracia como el sistema más perfecto que pueda existir.

El problema de la democracia, tal como afirma Brennan son los votantes. O, más exactamente, los votantes desinformados. Son multitud los estudios revelan que son la mayoría y que muchos muestran una ignorancia extrema en cuestiones políticas. Y pese a ello, su voto vale lo mismo que el de una persona que conoce a fondo la situación real de su país. A Brennan –y no solo a él- eso le parece profundamente injusto, sobre todo porque los desaciertos, los errores que salen de las urnas acaban teniendo gravísimas consecuencias, acaban acarreando graves perjuicios para gente que no se lo merece. Para subsanar ese problema propone experimentar la meritocracia (él la denomina “epistocracia”), un sistema en el que los ciudadanos más competentes e informados posean más capacidad de decisión, de gestión, en suma, más poder político.

Brennan considera que el modelo actual de democracia liberal debe ser sustituida por una meritocracia; un gobierno regido por una élite de profesionales que demuestren estar cualificados, en posesión de un alto conocimiento de las materias que verdaderamente afectan al progreso de un pueblo.

Brennan insiste especialmente en que, se debe evitar por todos los medios que el gobierno democrático caiga en manos de personas que solo fomentan la ignorancia, la irracionalidad o la simple inmoralidad. (Alguno habrá que recuerde que este dilema que ya fue abordado por Aristóteles, hace más de 2500 años).

Otro asunto importantísimo del que también nos habla Brennan es el de que el interés por la política no suele hacer mejor a la gente, sino que en muchos casos, incluso aunque estén bien informados, los convierte en ‘hooligans’ cuyo comportamiento lo último que hace es mejorar la sociedad en la que viven y su propia vida.

En la política abundan los fanáticos, a la manera de los seguidores de los equipos de fútbol. Jason Brennan, se nos alerta del ruido y de la furia que empieza a surgir de esa masa de votantes cuya politización ‒o en otras palabras, su extremismo de hooligans‒ alcanza la misma intensidad que su ignorancia. Una ignorancia que, en demasiados casos, no depende tanto de la incultura como de la voluntad de no saber, de su “ignorancia voluntaria”.

¿Qué origina ese nuevo perfil de activistas empeñados en dibujar el mundo a fuerza de consignas y desprecio al contrario? Como explica el propio Brennan, no se trata de un problema nuevo, y de hecho, grandes pensadores del pasado se preocuparon por esa politización de quien no comprende la política.

Sucede que, en la actualidad, los nuevos medios de información canalizan mucho mejor la pólvora partidista, y unos clics rápidos en los hipervínculos adecuados ‒o un scrolling por las redes sociales‒ funcionan como el perfecto catalizador de la ira.

Obviamente, este asunto va mucho más allá de la contienda que se produce online. Los beneficios informativos que uno recibe de internet no son pocos, y sería demasiado simplista aislar el problema en las noticias falsas de Facebook o en los tuits de los manipuladores profesionales. En realidad, como se encarga de explicar Brennan, la clave es que nos afectan varios sesgos cognitivos ‒el de confirmación, el de disconformidad, el motivado, el intergrupal, el de disponibilidad o el de actitud previa, por no hablar de la presión social y la autoridad‒. Y el conjunto de esos sesgos, fatalmente combinado, nos lleva a rechazar evidencias o argumentaciones, a mantener creencias reconfortantes y a demonizar a quienes, simplemente, no pertenecen a nuestra tribu política.

Teniendo en cuenta lo poco, o nada, que saben los votantes ‒nos dice Brennan‒ y lo mal que procesan la información, no es sorprendente que las democracias opten a menudo por malas políticas. Pero teniendo en cuenta lo poco que saben los votantes y lo mal que procesan la información, es sorprendente que las democracias no funcionen aún peor de como lo hacen.

En este apasionante y perturbador estudio del proceso político y de las relaciones del electorado con los partidos, Jason Brennan nos plantea las consecuencias que surgen de la irresponsabilidad los votantes.
Llegados a este punto, Brennan insiste especialmente en que la democracia es un sistema que no ha de medirse por su valor intrínseco, sino por sus resultados: teniendo en cuenta si la democracia es eficaz y justa, pues de ello dependen nada menos que nuestra libertad y nuestro bienestar.

Cualquier grupo social que esté en sus cabales, cuyos miembros no estén embrutecidos o encanallados, procura evitar que la gente viva inmersa en continuos sobresaltos, busca la manera de que quienes la integran se sientan miembros de una sociedad estable, perdurable, próspera; y para que eso sea posible es imprescindible que existan “absolutos”, sí, asideros incuestionables.

Si antes afirmaba la necesidad de “absolutos/incuestionables”, es porque si no es “así” tendremos que aceptar que la mayoría puede hacer lo que le dé la gana, y por lo tanto cualquier cosa que hace/decide la mayoría es buena porque “son la mayoría”, siendo pues éste el único criterio de lo bueno o lo malo, de lo correcto y de lo incorrecto, Una democracia con “absolutos/incuestionables” solo debe permitir que la soberanía de la mayoría se aplique sólo, exclusivamente, a detalles menores, como la selección de determinadas personas. Nunca debe consentirse que la mayoría tenga capacidad de decidir sobre los principios básicos sobre los que ya existe un consenso generalizado y que a nada conduce estar constantemente poniéndolos a debate y refrendo. La mayoría no debe poseer capacidad de solicitar, y menos de conseguir, que se infrinjan los derechos individuales.

Para evitar males mayores de los que ya conocemos, y de los cuales se ha venido hablando en este texto, Brennan propone que se ponga en marcha algún procedimiento para que los ignorantes no puedan decidir irresponsablemente, con sus votos y nos impongan disparates y crueldades, incluso llega a afirmar que quienes voten, como quienes sean susceptibles de ser elegidos, pasen previamente un examen de actitud.

Decía el personaje de Forrest Gump que, “tonto es el que hace y dice tonterías”, evidentemente nadie puede decir de esa agua no beberé, por muy alerta que uno esté; pero lo que sí tengo claro es que, si alguien tiene la osadía de opinar, hacer juicios sobre algo que desconoce, o casi, el riesgo de decir insensateces es muy grande, así que en esos casos es mejor dejar que hablen quienes sepan, y esperar a tener suficiente información del asunto de que se trate.

¡Ahí queda eso!

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España

El Régimen de la Impunidad: Manual de supervivencia del socialista que nunca dimite

Redacción

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Pedro Sánchez no ha venido a Madrid a gobernar. Ha venido a colonizar. Y lo ha hecho con la misma eficacia metódica con la que el cáncer coloniza un órgano: sin prisa pero sin pausa, destruyendo las defensas institucionales una a una hasta convertir el Estado en un aparato de su supervivencia política. La corrupción, en el sanchismo, no es un accidente del sistema. Es el sistema.

Mientras la izquierda mediática nos vende el relato del progresismo ilustrado que combate la corrupción «de la derecha», el Gobierno más caro de la democracia española —en ministros, en asesores, en chiringuitos institucionales— ha construido una fortaleza de impunidad que haría sonrojar a cualquier república bananera del Caribe. Pero aquí no hay plátanos: hay millones de euros públicos desviados, fondos europeos malversados, y una red clientelar que transforma cada ministerio en una sucursal del Partido Socialista Obrero Español.

La economía de la corrupción: cuando el expolio es política de Estado

Empecemos por lo tangible, porque los progres adoran hablar de «justicia social» mientras vacían las arcas públicas. El impacto económico del sanchismo no se mide solo en la deuda pública desbocada —ya rozamos el 120% del PIB, para alegría de nuestros nietos— sino en el coste oportunidad de una España que podría haber prosperado y, en cambio, se ha convertido en un parque temático de subvenciones a fundaciones afines y chiringuitos ideológicos.

El caso más escandaloso no es uno solo: es la constelación. Los ERE andaluces, que dejaron en evidencia décadas de saqueo sistemático del dinero público para comprar votos y financiar estructuras partidarias, fueron apenas el aperitivo. La trama de los fondos Next Generation, donde el criterio de reparto parece dictado más por la proximidad al PSOE que por la viabilidad empresarial, ha convertido la reconstrucción post-pandemia en un reparto de botín. Mientras tanto, el Banco de España alerta de la inflación galopante y el empobrecimiento de la clase media, Sánchez y su séquito de ministros viven en una realidad paralela donde la corrupción —eso que ellos llaman «presuntas irregularidades» cuando afecta a los suyos— es un mal necesario para mantener el poder.

Pero el daño económico va más allá de los millones desfalcados. Es el efecto crowding-out de la inversión privada que huye de un país donde las reglas del juego se escriben en el despacho de Moncloa según convenga a la agenda del día. Es el cierre de empresas que no pueden competir con los monopolios subvencionados por el Estado amigo. Es la juventud española condenada al exilio laboral porque aquí el mérito ha sido sustituido por el carnet de afiliado.

La hipocresía progre: cuando el anticorrupción es solo un hashtag

Aquí llegamos al núcleo ideológico del engaño. La izquierda española —y su brazo mediático en los grandes periódicos y televisiones públicas— ha construido su identidad moral en torno a la supuesta superioridad ética. Son los «demócratas» contra los «fascistas». Los «honrados» contra la «derecha corrupta». Han llenado espacios televisivos y plataformas digitales con la retórica del «no es no» y la «transparencia radical».

Y luego llega la realidad, incómoda como un invitado no deseado.

Pedro Sánchez, el hombre que prometió «regeneración democrática», ha convertido la Moncloa en un bunker de opacidad. El caso de los fondos reservados de la Casa Real —que el Gobierno se apresuró a destapar para humillar a la monarquía— contrasta obscenamente con el hermetismo absoluto sobre los gastos de la Presidencia del Gobierno, los contratos de emergencia sanitaria sin concurso público, o los informes de inteligencia que convenientemente desaparecen cuando apuntan a altos cargos socialistas.

La contradicción es brutal: exigen la transparencia extrema para el adversario mientras blindan con leyes mordaza y reformas del código penal —sí, esa reforma que rebaja penas para delitos de corrupción justo cuando sus socios del procés y sus propios militantes enfrentan tribunales— la suya propia. El «solo sí es sí» se ha convertido en el chiste legal del año cuando vemos cómo rebajan las penas por malversación mientras envían a la policía a registrar despachos de opositores.

Esta no es hipocresía ingenua. Es estrategia calculada. La izquierda cultural ha comprendido algo que la derecha española tardó en asimilar: el poder no se ejerce solo desde las instituciones, sino desde la narrativa. Si controlas los términos del debate —si puedes llamar «corrupción» a la donación de una empresa privada a un partido conservador pero «gestión necesaria» al desvío millonario de fondos públicos a una fundación afín— no necesitas ser honesto. Necesitas controlar los tribunales, los medios y las universidades.

El coste cultural: la normalización del robo como virtud progresista

Pero quizás el daño más profundo —y este es el que debería mantener despiertos a los españoles que aún creen en la política como servicio público— es la erosión cultural que el sanchismo ha provocado en el tejido moral de España.

Hemos pasado de una democracia donde la corrupción era un escándalo que provocaba dimisiones —recuérdese el caso Filesa o el impacto del caso Gürtel en el Partido Popular— a un régimen donde la impunidad es el precio de la gobernabilidad. Sánchez no dimite. Sus ministros no dimiten. Sus socios —condenados por sedición, por malversación, por terrorismo— no solo no dimiten: son recibidos con alfombra roja y ministerios estratégicos.

Esta normalización del cinismo político tiene un efecto corrosivo en la sociedad civil. Cuando el ciudadano observa que el presidente miente descaradamente sobre su tesis doctoral, sobre su patrimonio, sobre sus pactos con filoetarras, y no solo no paga consecuencias sino que es reelegido con mayorías artificiales, está aprendiendo una lección perversa: la honestidad es para perdedores.

La izquierda cultural —esa que nos sermonea sobre valores, ética y «bien común»— ha construido un sistema donde el fin justifica absolutamente todos los medios. Donde comprar votos con subvenciones es «política social». Donde el clientelismo es «cohesión territorial». Donde la mentira institucionalizada es «narrativa estratégica». Y donde quien señala estas contradicciones es, cómo no, «fascista», «reaccionario» o «negacionista».

Este es el daño cultural más profundo: la transformación de la política española en un mercado de vicios donde la virtud cívica ha sido sustituida por la lealtad tribal. Ya no importa qué se hace, sino para quién se hace. Ya no importa la legalidad, sino la «legitimidad histórica» que se otorgan a sí mismos quienes se consideran herederos de una verdad moral superior.

La resistencia empieza por llamar a las cosas por su nombre

Concluyo donde empecé, pero con la claridad que da el final del texto: España no tiene un problema de corrupción. Tiene un problema de régimen. Un régimen donde la división de poderes es una ficción literaria, donde el Consejo General del Poder Judicial es tomado por asalto, donde la Fiscalía actúa como bufete del partido en el Gobierno, y donde el presidente puede cambiar de opinión sobre la inviolabilidad del Rey, la unidad de España o la naturaleza de la democracia según le convenga para mantenerse una semana más en La Moncloa.

La izquierda española ha construido un sistema donde la corrupción no es un bug. Es una feature. Una herramienta de gobierno tan necesaria como el BOE. Porque cuando tu proyecto político consiste en transformar España en un laboratorio de experimentos identitarios que la mayoría rechaza, necesitas fondos públicos ilimitados, medios de comunicación domesticados y una justicia que mire hacia otro lado.

Pedro Sánchez no es un presidente corrupto por accidente. Es un presidente que ha entendido que en la España de 2024, la impunidad es el último recurso del progresismo cuando el debate de ideas ha fracasado. Y mientras la derecha española siga intentando jugar con reglas democráticas en un tablero donde el adversario ha cambiado las reglas por la pura voluntad de poder, seguiremos perdiendo no solo elecciones, sino el país mismo.

La batalla cultural no es una metáfora. Es la única batalla que queda cuando la corrupción institucionalizada ha reemplazado a la política. Y en esa batalla, la primera arma es la verdad: Sánchez no gobierna. Saquea. Y lo hace con la impunidad de quien sabe que, en su España, los corruptos de izquierdas nunca pagan.

 

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