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Coronel retirado de La Legión se lamenta: «El sistema sanitario que atendió a los inmigrantes ilegales durante años, hoy deja morir a nuestros ancianos»

Redacción

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Soy Enrique de Vivero Fernández. Coronel Retirado del Ejército, aunque en realidad debería decir que soy un español ¨Sin Rentabilidad Social¨, según la nueva catalogación que este putrefacto Gobierno ha ordenado hacer a nuestros facultativos.

Nací en 1950, tengo 69 años, próximamente cumpliré 70 y en ese momento dejaré de tener cualquier rentabilidad social.

Me eduqué, como muchos niños de mi generación, en la escasez , ya fuese de comida, ropa, juguetes… Lo que sí teníamos era tiempo para estar con nuestros abuelos, a los que adorábamos y escuchábamos contar historias, pero las de verdad. Las que habían sufrido en épocas de penuria.

Pertenezco a esa generación que presenció y vivió desde su madurez, porque en aquellos tiempos a los 25 años las mujeres y hombres ya habían madurado, el cambio de Régimen. Muchas esperanzas se pusieron en aquel cambio, el tiempo nos ha enseñado que ha habido muchas cosas buenas, pero también muchas otras negativas.

A lo largo de mi vida he pasado momentos buenos y malos, pero el ser humano tiende a olvidar lo malo y retener lo bueno, es una condición que va unida a nuestro genoma.

Hace pocos días me llevé el golpe más duro de mi vida, cuando a través de un vídeo vi y escuché a unos directivos sanitarios que impartían instrucciones a un grupo de facultativos sobre cómo actuar ante el problema que se les sobrevenía dado el gran aumento de pacientes en los centros sanitarios. (VEAN EL VÍDEO)

En ese momento me di cuenta que acababan de condenar a millones de españoles, ya que al «no tener rentabilidad social» quedaban excluidos de ser atendidos como el resto de los españoles, tal y como dice la Constitución Española, que establece que no habrá diferencia entre los españoles por razón de raza, edad ,condición o sexo.

Entre esos millones de españoles hay hombres y mujeres que combatieron en la guerra civil , hombres y mujeres que sufrieron en su niñez los rigores de la posguerra, hombres y mujeres que apoyaron decididamente los cambios en España, hombres y mujeres que lo dieron todo para que España mejorase sus condiciones de vida y salud, hombres y mujeres que legaron a sus hijos y nietos, con su esfuerzo y sacrificio, una España mejor que la que habían recibido.

Tristemente ahora solamente somos esos viejos jubilados que reciben una pensión, que en muchos casos ha sacado de la crisis a sus hijos y nietos. Es ahora cuando a esos millones de españoles que lo dieron todo, nos dicen que «no tenemos rentabilidad social».

Esas personas que hoy molestan en los hospitales fueron rentables durante toda su vida y ahora estorban. Este Gobierno las condena a no tener derecho a una asistencia sanitaria digna.
Estos millones de seres humanos que siempre han pagado sus impuestos, que siempre han abonado su cuota de la Seguridad Social, ahora se les niega el derecho a la asistencia sanitaria que han estado pagando toda su vida.

La excusa que se pone es que hay que priorizar los escasos recursos sanitarios. ¿Pero acaso no teníamos el mejor sistema sanitario del mundo? El sistema universal de asistencia sanitaria que se permitía atender a inmigrantes ilegales, sin reparar en medios, ahora deja morir a nuestros ancianos. El mismo sistema que permitía mantener 17 tipos distintos de atención sanitaria, totalmente independientes e insolidarias entre sí, con todo el gasto que conlleva el mantenimiento de su aparato administrativo, puestos políticos y de alta dirección, muy bien remunerados.

Pues ese sistema sanitario ha hecho agua y no ha resistido el ataque del COVID-19. El Gobierno tiene excusa para todo esto. Dice que ha sido algo desproporcionado, que ha sido algo inesperado , que al estar descentralizado el sistema sanitario, era difícil de manejar. Todo son excusas de mal pagador.

La realidad es que durante años no se ha hecho previsión ninguna para prevenir catástrofes de este tipo, se ha gastado el dinero solamente pensando en la rentabilidad política del partido en el Gobierno.

Se desmanteló en su día la red de Hospitales Militares, el último el de Sevilla abandonado hace muy pocos años, por la Junta de Andalucía, cuando estaba totalmente terminado.

Los laboratorios de Farmacia de los Ejércitos sufrieron el rigor de los recortes y finalmente fueron centralizados en 2015 en Colmenar (Madrid), pero dotados muy escasamente de presupuesto. Su actual director ha manifestado que estarían en condiciones de producir gran número de medicamentos , si se lo ordenasen.

No se ha creado una reserva estratégica de medicamentos y equipo sanitario para mantener permanentemente la capacidad sanitaria.

No se ha apoyado la investigación. Nuestros científicos e investigadores emigran a otros países donde sí son valorados. La investigación no da votos.

Todas las unidades militares de cualquier nación mantienen una dotación de seguridad para atender en situaciones de emergencia; el Ejército Español no es una excepción a esta regla. No se puede empezar a comprar munición y equipo cuando se declara la guerra.

Hemos tenido unos dirigentes faltos de previsión, cuando ya en enero el jefe de recursos humanos de la Policía Nacional alertaba para dotar a los agentes del material de protección necesaria ante la epidemia declarada en China. Por hacer esta advertencia , este funcionario policial ha sido cesado por el ministro del Interior, Grande Marlaska.

El sindicato CSIF alertó de la misma situación. Ninguna de las dos advertencias fue oída por el Gobierno.

El Gobierno nos dice que esto está sucediendo en todos los países y no es cierto. El Gobierno miente y lo sabe, pero está actuando como siempre, buscando la rentabilidad política. Solamente tenemos que analizar a algunos datos de países de nuestro entorno y compararlos con España

El gasto sanitario en España por habitante está en unos 3.300 euros, en Alemania es el doble y en Francia 4.900 euros.

En España se gastaba en sanidad antes de la crisis el 7% del PIB y ahora se gasta el 6,2%. Eso supone 8000 millones menos de euros.

En España tenemos 30,1 sanitarios por cada mil habitantes; Italia, 32; Francia y Gran Bretaña, 60, y Alemania 71 sanitarios por cada 1000 habitantes.

España tiene la mitad de enfermeros que países de su entorno

Analicemos ahora un dato muy sensible y manejado estos días.

Las camas de las UCI, En Alemania tienen el 222% de más camas que en España, en Francia el 22% y en Italia el 33%.

Estos datos reafirman nuestras críticas a la falta de previsión o ineptitud, y en el gasto no rentable sanitariamente empleado. A este Gobierno se le deben exigir responsabilidades políticas y penales.
Las responsabilidades se las exigirán en última instancia los españoles cuando acudan a las próximas elecciones. Ese será el momento en que aquellos españoles que «no somos rentables socialmente», nos acordemos de ese partido que nos ha calificado como piezas de desguace, como seres de segunda categoría, por el delito de ser pensionistas.

Por todo ello, señores del Gobierno, nosotros los jubilados y pensionistas, nos consideramos rentables socialmente. Impusieron el aborto casi por obligación, de ahí que seamos el país con más baja natalidad del mundo; aprobaron la ley que regula la muerte digna, pero como todo eso no era suficiente, ahora deciden quién vive y quién muere en función de su rentabilidad social.

Pero como siempre, son unos sectarios, porque cuando se trata de la rentabilidad social de sus mayores, de sus padres o abuelos, en ese caso no existe ese condicionante.

Somos muchos millones de españoles los que tenemos el derecho y el deber de ser rentables socialmente.

Señores del Gobierno, aparte de la desidia, imprevisión e ineptitud que han mostrado, no tienen ustedes altura moral para decidir quién debe vivir o morir. Si ustedes hubiesen actuado pensando en el bienestar de los españoles y no en el suyo propio, entonces habrían acertado.

Una sociedad que reniega de sus mayores está condenada a su extinción.

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Pánico total en los sindicatos. Por Jesús Salamanca Alonso

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«Hoy, los trabajadores ven unos sindicatos fundidos, acomplejados, vendidos al poder, lamerones de lo ajeno, aprovechados y con menos credibilidad que la Fiscalía general del Estado, el Tribunal Constitucional, …»

Dos insignes sindicalistas vallisoletanos me confiesan que los sindicatos mal llamados «obreros» han entrado en pánico ante futuros gobiernos de VOX y de la «derechita cobarde», que se ha tenido que amoldar al acuerdo para formar gobierno regional. Ya sucedió en Castilla y León la legislatura pasada hasta que la insigne derecha de VOX se rasgó las vestiduras, pero se dio un paso importante de legislatura como fue eliminar las subvenciones multimillonarias que recibían los sindicatos «comegambas» o «rebaña-ostras».

Aquel paso, que llevaba tiempo reclamando la ciudadanía, tuvo una vergonzosa retrocesión por parte del PP al verse desamparado, acobardado y sin apoyos, pero quedó patente que los ciudadanos exigen que ese paso se dé de forma permanente. Y ahora se debe hacer; los sindicatos clasistas de la izquierda ventajosa y fomentadora de odio y desigualdad no han hecho nada importante para ser mantenidos por papá Estado a toda costa y a lo grande. Hasta la ministra, Yolanda “Varufakis” Díaz o Yoli «cohete», alias «Tucán», ha hecho el más burdo ridículo con las subvenciones sindicales. Lo raro es que no los haya traicionado, que es su especialidad, aunque nunca es tarde. Está apartada del Consejo de ministros desde que se marchó a la entrega de los Óscar. Cada día despierta más desprecio y menos simpatías. Doy fe.

En los últimos siete años de izquierda presuntamente (y sin presunta) corrompida con apoyos golpistas, comunistas, independentistas y terroristas ha habido infinidad de motivos para convocar huelgas sectoriales y hasta generales, pero el dúo «comegambas» practica el famoso «do ut des». En pocas palabras: dame pan, llámame perro y lléname la faltriquera. ¡Manda huevos! Bien es verdad que han perdido la calle, se han hecho casta, incluso se creen con derecho de pernada con los trabajadores y hoy corren el riesgo de que se les echen encima esos trabajadores responsables, honrados y que no viven de un mundo subvencionado ni duermen hasta las doce de la mañana por estar liberados. Las movilizaciones contra esos sindicatos no se harán esperar y conocerán la horma de su zapato. Al tiempo.

Hay sindicatos sectoriales que no reciben ni un euro, ¿por qué estos vividores sí las reciben? Nunca serán respetados mientras no se hagan cargo de las nóminas de sus propios liberados, ¿qué es eso de que sean las empresas quienes sigan pagándolos si no producen? ¿Qué es eso de que Yolanda y los dos sindicatos más denostados socialmente decidan las subidas salariales sin contar con la patronal? No estaría de más que alguna vez pagaran ellos con el dinero público que reciben. Ellos invitan y el Estado paga con dinero público. ¡Cuánta indignidad y descontrol tienen y cuánta acumulan cada día! ¡Joder, qué tropa!, repetiría incesante don Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones.

Este modelo sindical ya no sirve, nadie cree en ellos, son la mofa y el hazmerreír permanente y, cuando salen en TV los líderes de esas formaciones izquierdosas y ultra-izquierdosas, lo primero que se escucha en los bares, restaurantes y mesones es «¡ladrones!» y, además, se enfatiza, repite y contagia a los asistentes. Incluso calificativos, o descalificativos, muchos más gruesos. Y es que han hecho méritos para ello, llevan siete años holgando y presenciando la corrupción de varios miembros del Gobierno y aledaños, incluso viendo y comprobando como huye el galgo de Paiporta o se esconde, a la vez que miente o entorpece la acción judicial, el avestruz de Adamuz o cómo la UCO saca los colores a la «fontanera», «la Paqui», Ábalos, Koldo, Cerdán y demás parroquia, a veces amparados por las hojas parroquiales de izquierdas: las misma que acusan al juez Peinado de tener dos DNI o a Julio Iglesias en falso.

Hoy, los trabajadores ven unos sindicatos fundidos, acomplejados, vendidos al poder, lamerones de lo ajeno, aprovechados y con menos credibilidad que la Fiscalía general del Estado, el Tribunal Constitucional, el Ministerio de Transportes o la presidencia de las Cortes, por no añadir a Felisín Bolaños, Yolanda «Tucán» o Isabelita Rodríguez, más parada que un baile agarrado de los años setenta.

El gran logro sindical español se alcanzará cuando los sindicatos paguen la nómica de sus propios liberados y los gastos de mantenimiento del propio sindicato. Ese día llegará, doy fe de que llegará y tendrá el apoyo de los organismos europeos y de los propios trabajadores. Precisamente será el momento del nacimiento de la modernidad sindical en España y sospecho que Juanma Moreno será quien dé el primer paso junto con Castilla y León, que ya tiene práctica de ello.

Tras las elecciones andaluzas, y el futuro nuevo gobierno de Moreno, ha anunciado que revisará y recortará drásticamente las subvenciones públicas que reciben CC.OO. u UGT cada año. Hablamos de decenas de millones de euros que reciben esas formaciones y cuyo control deja mucho que desear. Ni siquiera sabemos si actúa el Tribunal de Cuentas al respecto ni cómo actúa. Lo del patrimonio sindical lo dedicaremos artículo aparte y en exclusiva.

Los líderes sindicales ya han salido en tromba y planean movilizaciones para seguir mangoneando y chupando del bote, aunque saben que no tienen apoyo de los trabajadores y menos de la ciudadanía en general, pero tranquilos, que llega el día grande de las gambas, el 1º de mayo.

Está claro que lo que proyectan esos sindicatos es «¡un ataque a los trabajadores!» y una amenaza a la Administración para seguir mangoneando y desprestigiándose, aunque ya no pueden desprestigiarse más.

Yo, como trabajador, sigo luchando para acabar con esos privilegios de señoritos y abusadores. Ni creo en ellos ni he creído nunca y jamás me han reportado nada. De ello, doy fe.

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