Un mes y medio después de lo establecido por la ley, el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, nombra de forma oficial a su consuegro Francisco Díaz en el cargo de titular de la Policía, que ya había asumido desde hace mucho tiempo. De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 872, Ortega debió nombrar a Díaz el 5 de julio pasado.

A su vez Ortega pasa por alto las sanciones establecidas justamente el mismo 5 de julio pasado por el Gobierno de Estados Unidos, que incluyó a Díaz entre los allegados al régimen sancionados con la Ley Magnitsky, la cual castiga a personas señaladas de incurrir en actos de corrupción o involucradas en violaciones a los derechos humanos.

Human Rights Watch además expuso que “estas promociones demuestran que la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para frenar la represión del régimen de Ortega, incluyendo a través de una sesión especial en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.

El nuevo director de la Policía fue señalado de que bajo su mando se han cometido graves violaciones a los derechos humanos contra los nicaragüenses que se han manifestado en contra del Gobierno de Nicaragua desde el 18 de abril.

De esta manera, el 5 de septiembre próximo, Díaz deberá recibir el bastón de mando de manos de la primera comisionada Aminta Granera, quien según un acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial La Gaceta fue pasada a retiro, aunque desde el pasado 27 de abril se conoció su renuncia, sobre la cual el Gobierno guardó silencio y que con esto concluyó un período de siete años de dirigir de facto y a medias la Policía Nacional y que avaló muchos abusos policiales.

” Si bien en la última década la Policía Nacional ha presentado un grave deterioro en su institucionalidad, la reforma legal que sufrió esta institución y la promoción de Francisco Díaz y Ramón Avellán significan que esta institución funcionará principalmente para defender los intereses del régimen”. Uriel Pineda, especialista en derechos humanos.
Para la especialista en temas de seguridad Elvira Cuadra, “su salida silenciosa no evade la responsabilidad que tiene sobre las actuaciones de la institución durante su mandato”.

En el diario oficial de Nicaragua, La Gaceta, además son confirmados en sus cargos como subdirectores generales de esa institución el comisionado general Adolfo Noel Marenco y el comisionado general Ramón Avellán, quien lideró los ataques a los manifestantes en Masaya.

La organización Human Rights Watch reaccionó este jueves a la decisión de Ortega, de ascender oficialmente como director a Díaz y confirmar como subdirector al comisionado general Avellán.

“La decisión de Ortega de ascender a estos dos oficiales es otra evidencia de la brutalidad de su gobierno”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.