Sucesos
Decretado el ingreso en prisión de un hombre que apedreó a un perro hasta la muerte delante de su hijo menor
El Juzgado de lo Penal número 2 de Mérida ha decretado el ingreso en prisión de un hombre, vecino de la capital extremeña y de 54 años, condenado a 27 meses de cárcel como autor de dos delitos de maltrato animal por apedrear, delante de su hijo menor de edad, a dos perros en una nave abandonada, de los que uno de ellos murió y el otro quedó gravemente herido.
Este hombre ya fue condenado, por una sentencia de fecha 15 de enero de 2018, declarada firme el 21 de enero de 2019, a un total de 27 meses de prisión, 16 de ellos por el delito de maltrato animal con resultado de muerte, y 11 meses por el perro que resultó malherido.
Tras la primera sentencia, el condenado recurrió ante la Audiencia Provincial, que en una sentencia del 13 de junio de 2018 desestimó la apelación y confirmó la condena. Además, este hombre ya había sido condenado previamente por delitos contra la flora y la fauna por sendas sentencias dictadas por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Mérida, con fechas 13 de febrero y 16 de octubre de 2013.
Ahora, en un fallo dictado el 27 de mayo, el Juzgado de lo Penal número 2 de Mérida ha confirmado la ejecución de la pena de prisión para el condenado, del que destaca que en su «hoja histórico penal» le constan «otros muchos antecedentes en relación a delitos de distinta naturaleza».
Según recoge la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Mérida, los hechos ocurrieron sobre las 17,00 horas del 27 de diciembre de 2016, cuando el ahora condenado, José María C.R., vecino de Mérida, acudió a una nave abandonada situada en la avenida del Lago de la capital extremeña «con el propósito de acabar con la vida de dos perros de raza cruzada labrador retriever», y «estando acompañado en todo momento por un menor de edad».
Esta sentencia considera además hechos probados que el hombre «introdujo por la fuerza y a rastras» a los perros al interior de la nave, donde siempre en presencia del menor, «arrojó a los dos animales a un foso de unos dos metros de profundidad, y una vez dentro les apedreó, causando la muerte de uno de ellos e hiriendo al otro de gravedad».
El segundo animal pudo salvar la vida ya que los agentes de policía que acudieron al lugar trasladaron al perro malherido a una clínica veterinaria, en la que pudieron curarle de sus heridas.
Delito de maltrato a animal doméstico
Por todo ello, el juez establece que estos hechos son «legalmente constitutivos de un delito de maltrato a animal doméstico, en presencia de menores y con el resultado de muerte» en lo que se refiere al perro fallecido, y de un delito de maltrato a animal doméstico en presencia de menores tipificado sobre el perro que resultó lesionado, hechos en ambos casos recogidos por el Código Penal.
En su sentencia el juez resalta la «crueldad del medio empleado» por el acusado para acabar con la vida del animal que fue «arrojado a un foso de dos metros de profundidad y apedreado desde las alturas sin posibilidad de refugio o defensa», y añade además que en este hombre concurre el agravante de reincidencia.
Por todo ello, el juez condena a este hombre a 16 meses de prisión por el primer delito con resultado de muerte, así como a otros 11 meses de prisión por el segundo delito en el que el perro resultó malherido.
También ha sido condenado a inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales por tiempo de tres años y nueve meses en el primer delito y de dos años y nueve meses por el segundo.
La sentencia también condena a pagar 583,10 euros a la clínica veterinaria por el tratamiento del perro que pudo salvar la vida, así como al pago de las costas.
Sucesos
El estafador millonario: aparecen grafitis con el rostro de un presunto defraudador ucraniano en los muros de Port Adriano
El exclusivo enclave de Port Adriano, en Mallorca, tradicionalmente asociado al lujo, los megayates, el servicio de alto nivel y la máxima discreción, se ha visto inesperadamente situado en el centro de un escándalo internacional. En las últimas semanas, la preocupación se ha extendido entre los vecinos de la zona tras conocerse que allí se estaría ocultando Borys Konovalenko, un ciudadano ucraniano al que tribunales federales de Estados Unidos han declarado responsable en un caso relacionado con una de las mayores tramas internacionales de fraude financiero de los últimos años.
Para una comunidad como la de Mallorca, acostumbrada a un perfil de residentes muy diferente, la presencia de una persona vinculada a una investigación internacional de fraude ha causado una profunda conmoción. En los últimos días han aparecido en carreteras y muros de contención de Port Adriano varios grafitis en blanco y negro con el rostro de Konovalenko. Según el planteamiento del artículo original, mediante esta forma de protesta artistas urbanos y activistas pretenden alertar a los vecinos de que un fugitivo reclamado por la justicia internacional estaría residiendo muy cerca de sus familias.

En Estados Unidos, Konovalenko ya fue declarado responsable en un procedimiento tramitado al amparo de la ley federal RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), diseñada para combatir el crimen organizado, las conspiraciones delictivas y las redes de extorsión. Un tribunal federal de Florida ordenó el pago de aproximadamente 225 millones de dólares en concepto de sanciones e indemnizaciones. Asimismo, se le atribuye la creación de RoFx.net, una plataforma descrita en la investigación como un esquema internacional relacionado con criptomonedas y el mercado Forex, que habría causado pérdidas de entre 57 y 75 millones de dólares a inversores de distintos países. La investigación también sostiene que la red financiera Mayon habría funcionado durante años como una estructura destinada al presunto blanqueo de capitales procedentes de operadores ilegales de juego online en Rusia mediante intermediarios financieros europeos. Según el texto original, la presencia de Konovalenko en España supone un riesgo tanto para la reputación como para la seguridad financiera del país.
Formalmente, Konovalenko se encuentra actualmente inmerso en un procedimiento de extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta a una posible condena de larga duración. Sin embargo, los procedimientos judiciales en España suelen prolongarse durante meses e incluso años, y, según la investigación, el equipo jurídico contratado por Konovalenko está aprovechando todos los recursos y mecanismos procesales disponibles para retrasar al máximo el desenlace del caso.
Lo que más preocupa a vecinos y colectivos ciudadanos no es únicamente el historial que se le atribuye, sino su actividad actual en Mallorca. Según la información disponible, Konovalenko estaría intentando introducir el dinero presuntamente obtenido mediante fraude en el mercado español del lujo. La investigación sostiene que podría recurrir a ciudadanos españoles como testaferros o administradores nominales para reorganizar la titularidad de sus activos. De confirmarse estos extremos, cualquier persona podría verse involucrada, incluso sin ser plenamente consciente, en una presunta trama internacional de blanqueo de capitales, con las consiguientes responsabilidades penales.
Vecinos de Port Adriano reclaman a la Policía Nacional y a las autoridades judiciales una respuesta inmediata y un estricto control sobre los movimientos de Konovalenko mientras continúan los procedimientos abiertos. La aparición espontánea de grafitis en el paseo marítimo constituye, según los residentes, un claro mensaje dirigido a las autoridades: Mallorca no está dispuesta a aceptar en silencio la presencia de una persona reclamada por la justicia internacional.
