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Economía

Deliveroo y Glovo dicen que hay “riders” que facturan hasta 100.000 euros

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La defensa de la empresa Deliveroo en el juicio por la denuncia interpuesta por Inspección de Trabajo ha defendido esta mañana ante Juzgado de lo Social número 29 de Madrid que los «riders» no tienen «ningún tipo de dependencia» con la compañía y ha denunciado «presión política» sobre el caso.

La vista oral continuará esta tarde con los testigos. La Tesorería General de la Seguridad Social se enfrenta a Deliveroo por dar una «falsa apariencia» de autónomos por cuenta propia para «encubrir» una relación laboral ordinaria. Están afectados un total de 500 repartidores en la región.

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En primer lugar, han expuesto sus argumentos los demandantes, comenzando por el letrado de la Tesorería General, que se ha basado en que los «riders» no tienen una organización propia como trabajadores autonomos ya que no tienen ningún tipo de relación con los clientes.

Así, ha considerado que se trata de una prestación «personalísima» en la que se estipila la prohibición de la delegación de su trabajo, algo que ha considerado como signos «distintivos» de la ajeneidad en el trabajo.

En este sentido, el abogado representante de UGT, Bernardo García, ha señalado la importancia que tiene la formación de los «riders» por parte de la empresa, algo que determina, según su argumento, que los trabajadores no tienen «capacidad alguna» de ofrecer al mercado ese servicio, ya que es la propia empresa la que fija precios y tarifas.

Asimismo, ha destacado que lo importante a la hora de realizar su trabajo es la disponibilidad que, según su criterio, es uno de los rasgos que se da para que se consideren como trabajadores por cuenta ajena.

Por otro lado, el letrado de CCOO, Enrique Lillo, ha afirmado que es «radicalmente incierto» lo que se ha venido defendiendo por parte de la empresa y ha señalado que la propia direccion de Deliveroo «reconoce» que los repartidores trabajan «de forma común y uniforme».

En cuanto a la forma de pago, Lillo ha afirmado que el pago no se realiza directamente al repartidor, sino que el cliente paga a la plataforma, por lo que es la empresa la que recibe los ingresos.

Por ello, el letrado ha aludido al principio de «ajeneidad en los frutos», ya que ha asegurado que si fueran autonómos, los trabajadores recibirían los ingresos, y que la novedad de esta categoría de trabajo es simplemente la aplicación web.

Por otro lado, las plataformas digitales Deliveroo y Glovo han negado hoy que sus repartidores sufran condiciones precarias y han asegurado que algunos de ellos facturan entre ambas plataformas hasta 100.000 euros. Así lo ha defendido el abogado de Deliveroo, Román Gil, durante su intervención.

«Hay un elevado número de «riders» con notable éxito económico», ha resaltado el letrado ante el juez, una «realidad» en la que se encontraban cerca de 40 de estos repartidores, según su testimonio.

Gil ha explicado que Glovo ha aportado voluntariamente cifras sobre lo que facturan repartidores que dan servicio a ambas aplicaciones, y ha dado detalles de casos concretos.

De acuerdo con estas fuentes, uno de estos «riders» facturó 56.000 euros a una empresa y 45.000 a otra; otro facturó 50.000 y 34.000 euros, respectivamente; y un tercero registró ingresos por 66.000 y 11.000 euros procedentes de estas plataformas, aunque no ha precisado el periodo exacto.

Tanto Deliveroo como Glovo estiman que sus repartidores entregan pedidos para la plataforma durante unas 20-25 horas por semana de media, con unos ingresos brutos de entre 800 y 1.000 euros al mes.

«La plataforma no da instrucciones»

El abogado ha comenzado haciendo referencia a las sentencias del Tribunal Supremo sobre la empresa Glovo en las que se muestra que los repartidores no tienen asignada ninguna zona determinada, así como tampoco días y franjas horarias.

Además, ha afirmado que se ha reconocido que los trabajadores pueden rechazar pedidos, no tienen que comunicar sus días de vacaciones y cobran por pedido realizado.

Por ello, ha considerado que los «riders» tienen capacidad propia y que no existe ningún tipo de dependencia de la empresa, ya que los trabajadores se hacen cargo de sus propios gastos y no tienen horario determinado.

En este sentido, el letrado de la defensa ha hablado de la «presión política» que está recibiendo este caso que siembran «una sombra de sospecha obvia sobre la posible parcialidad», en relación a la actuación de la Inspección de Trabajo.

El abogado de la empresa, tras una larga exposición, ha mantenido que la plataforma «no da instrucciones» y que los patrones «reales» de prestación de servicio oscila «considerablemente» de un trabajador a otro.

Así, ha asegurado que el análisis «real» de cómo se prestan los servicios muestran es «ajeno a todo lo que se entiende comunmente como laboralidad», ya que los repartidores toman decisiones «de verdad».

A ello, el letrado ha abogado que no se obliga a trabajar en ciertas franjas horarios, sino que se puntúan «positivamente» alguna de ellas como las que comprenden del viernes al domingo de 9 a 11.


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Economía

¡El gobierno comunista de Pedro Sánchez lo ha conseguido! España no puede pagar las pensiones si Europa no envía dinero

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Pagar la nómina de pensiones se ha convertido este año en un ejercicio de equilibrismo que permita mantener los mínimos soportes que aún sostienen las maltrechas finanzas de la Seguridad Social, que además en 2020 tendrá que hacer frente al pago de las ayudas aprobadas durante estas semanas de confinamiento para mitigar los efectos de la crisis sanitaria en la economía del país. La AIReF sitúa el déficit en el 5% para todo 2020 en el mejor escenario. Se estima un déficit del sistema de la Seguridad Social del 3,4%, dejando el déficit del SEPE en un 1,5%, ya que el SEPE es el que se encarga de las cotizaciones de desempleados. De este modo, el Gobierno se verá empujado a pedir ayuda a la Unión Europea para poder pagar las pensiones en los próximos meses y en 2021. El desbordamiento del déficit de la Seguridad Social en torno a los 60.000 millones de euros y la caída de las cotizaciones hace que la capacidad financiera del Sistema sea nula sin contribuciones del exterior. Unas inyecciones extra que, tras los dos préstamos concedidos por el Estado con este motivo supone una acumulación de deuda de la Seguridad Social de 99.350 millones de euros.

“De confirmarse estas estimaciones, el déficit contributivo anual, que no se ve afectado por las transferencias del Estado, se situaría en su nivel máximo histórico tanto en términos absolutos -en el entorno de los 30.000 millones de euros- como en términos de PIB, lo que exigirá, además de transferencias del Estado, nuevas operaciones financieras -préstamos con cargo a endeudamiento- y, veremos, si recortes de pensiones, algo descartado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”, explica Gregorio Gil de Rozas, Head of Retirement Spain Willis en Towers Watson.

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Ello, explica el experto, supone que España tendrá que solicitar ayuda financiera a la UE y, teniendo en cuenta la magnitud del déficit del Estado y el alto nivel de endeudamiento, la propia UE pondrá ciertas condiciones, más o menos exigentes, para poder acceder a ella. Cuando ha ocurrido esto en anteriores ocasiones (Grecia, Irlanda y Portugal), la UE ha exigido una reducción del sistema de protección social, principalmente de las pensiones, porque es la partida que más gasto absorbe.

“Este año es posible que no llegue a haber recortes porque podamos seguir manejando la situación. Sin embargo, el próximo año es casi seguro que si la situación no mejora mucho haya que hacer algún recorte“, asegura el profesor de la Universidad de Valencia y miembro del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Enrique Devesa. Así, calibra que se podría recortar una parte de las pagas extras de las pensiones, aunque no en el mismo porcentaje en todas las pensiones ya que sería más elevado en las pensiones altas y nulo o muy pequeño en las pensión más bajas. “Es muy difícil hablar de un porcentaje, porque habrá que esperar a ver la presión de los mercados y de la UE”, concluye.

Otro de los puntos de análisis apremia a esperar a ver el saldo de la pandemia para adoptar medidas. “Sería un error tomar decisiones mirando al déficit de la Seguridad Social este año, o mientras estemos en mitad de una pandemia. Además, seguramente este año acabemos en deflación y por lo tanto la revalorización de las pensiones será mínima, por no decir cero”, argumenta el subdirector de Fedea y profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la UCM, José Ignacio Conde-Ruiz. “Creo que es mejor para todos, que en lugar de hacer fuertes recortes ahora, como por ejemplo hicieron en Grecia y Portugal en la crisis de 2008 eliminando las pagas extras, se hagan las reformas que esta demandando nuestro sistema de pensiones desde hace muchos años. Estas reformas, afectarían muy poco a los actuales jubilados, ya sin margen para adaptarse a los cambios, y afectarían a los trabajadores que se jubilen en el futuro”, señala el profesor.

“Será necesario, en primer lugar, excluir todos los gastos que no sean estrictamente contributivos de la caja de la Seguridad Social, pasándolos a los Presupuestos Generales y acometer una subida proporcional de los impuestos generales”, apunta el economista Javier Santacruz asegurando que una vez que esto se haga, se verá la necesidad de recorte de pensiones.

(El Matinal)


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Economía

El Presidente de la CEOE, Garamendi: “Algunos en este Gobierno no han visto una empresa en su vida”

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El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha insistido este viernes en las graves consecuencias que supondría derogar la reforma laboral, tal y como han pactado PSOE, Podemos y Bildu, y cree que «no son conscientes de lo que están hablando, porque en muchos casos algunos no han visto una empresa en su vida».

Garamendi, en declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press, ha advertido de que el pacto del Gobierno con Bildu puede provocar que muchos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) se conviertan en EREs ante la incertidumbre generada en el mundo empresarial.

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«Desde el punto de vista del estado de alarma, no era en absoluto necesario firmar este acuerdo y desde el plano económico es una irresponsabilidad total, porque pone en peligro miles de empleos y la confianza en el país y en las empresas españolas», ha afirmado Garamendi, que ha agradecido que por lo menos la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, «una cabeza sensata en el Gobierno», haya defendido que este debate ahora mismo es absurdo.

Sobre el diálogo social, el presidente de la CEOE, que se enteró por los medios de comunicación del acuerdo entre el PSOE, Podemos y Bildu, ha indicado que no ha sido él quien lo ha roto. «Nosotros queremos sentarnos en la mesa para hablar de las cosas del comer, pero no si el de enfrente tiene las cartas marcadas. Unos te dicen de forma cristalina que esto es una reforma total, otros lo contrario y eso crea incertidumbre en el mundo empresarial», ha insistido.

Sobre los argumentos de que la derogación de la reforma laboral estaba en el programa de gobierno, Garmendi cree que «no es el momento de decir esto». «Muchas empresas tenían también en sus programas dar dividendos y no lo van a hacer por las circunstancias», ha precisado.

El líder de la patronal ha recordado que la reforma laboral que se quiere derogar está avalada por la UE y organismos como el FMI, la OCDE o el BCE, y ha afirmado que de este Gobierno ya no le sorprende nada. «Sorprender, sorprender no me ha sorprendido mucho, porque estamos oyendo cosas que nos dejan perplejos, pero es que ésta es muy grave», ha subrayado.

El dirigente empresarial ha advertido de que la crisis económica que se avecina «es brutal» y que después de la pandemia del coronavirus puede llegar otra pandemia «muy gorda», la del hambre.

(E.PRESS)


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Economía

Echenique reafirma que se van a «cargar» la reforma laboral del PP, a pesar del «ruido» y los «editoriales»

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MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) –

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha reafirmado este viernes que, a pesar del «ruido» y las «tertulias», se van a «cargar» la reforma laboral del PP, tal y como firmaron en el pacto con EH Bildu a cambio de su abstención en la prórroga del estado de alarma, antes de ser corregido, y como figuraba en el acuerdo programático del Gobierno de coalición.

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Así lo ha afirmado en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press, tras la polémica y la nueva discusión que ha generado dentro del Gobierno de coalición, por la rectificación del PSOE, renunciando a la derogación «íntegra», y el rechazo de la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

«La reforma laboral del PP sirve para precarizar los empleos, facilitar el despido y bajar salarios. Hemos acordado que nos la vamos a cargar, lo cual es una gran noticia para millones de trabajadores. Detrás de todo el ruido, los editoriales de PRISA y las tertulias, está esto», ha afirmado.

«PACTA SUNT SERVANDA»

El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ya avisó este jueves, pocas horas después de la rectificación del PSOE, de que la reforma laboral debe ser derogada al completo y no parcialmente porque así consta en el acuerdo de Gobierno suscrito con el PSOE y en el documento que los socialistas firmaron este miércoles junto a EH Bildu.

«Voy a ser cristalino: pacta sunt servanda (lo firmado obliga)», afirmó en una entrevista en Catalunya Radio, recogida por Europa Press. «En el acuerdo para la legislatura y para el Gobierno no se habla de derogación parcial, se habla de derogación de la reforma laboral. Eso es un acuerdo de gobierno de coalición. En el pacto que se firma ayer entre los máximos responsables de los tres grupos parlamentarios ese es el acuerdo. Pacta sunt servanda», reiteró.

Este asunto fue uno de los primeros roces que surgieron en el seno del Gobierno de coalición, a pocos días de haber tomado posesión, a raíz de que la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y después, el propio presidente Pedro Sánchez, afirmaran que se iban a derogar «los aspectos más lesivos de la última reforma laboral del PP».

Ya entonces, Iglesias aseguró en enero que «en el acuerdo está firmado la derogación de la reforma laboral», así como que «al mismo tiempo» se avance en cuestiones de sentido común, con diálogo social.

Posteriormente, en febrero, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, también de Unidas Podemos, afirmó que derogará la reforma laboral, pero que sería «frívola» si dijese que lo va a hacer «de golpe» y «hasta el infinito».

«A la gente hay que decirle la verdad. Vamos a derogar la reforma laboral, ahora bien técnicamente yo mentiría si dijese que puedo eliminar una norma diciendo ‘derogo hasta el infinito’, porque se trata de derogar y legislar», ha apostillado.


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