Javier Marzal.- En un artículo anterior informamos de la denuncia de ANVIPED contra el autoritarismo de la Seguridad Social, del Presidente de Gobierno Sánchez y su antecesor Rajoy, así como de dos Ministros de cada uno de ellos y de varios cargos nacionales y provinciales que la prensa calificó como “estafas” de la “mafia de los recortes”.

Sobre la Seguridad Social se dice en la denuncia lo siguiente: “2.- La Seguridad Social es la mayor aseguradora española; es un organismo público y sus servicios son obligatorios“.

Se continúa diciendo: “3.- No sólo es la mayor aseguradora, sino que es la mayor organización económica de España. Según el resumen de ejecución de presupuesto de 2017, publicado en su website, éste ascendió a 149.592,60 millones de euros. Esta cifra de negocios es un 9% superior a las diez mayores empresas no financieras y un 240% mayor que el mayor sector de actividad económica que es el comercio al por menor en establecimientos no especializados. Por el enorme tamaño de esta aseguradora, su incidencia en la economía es muy alta; por ello, las actuaciones aquí denunciadas empobrecen a la población. Este empobrecimiento es el principal objetivo institucional, como lo acredita también el hecho del favorecimiento a las empresas financieras, de energía, telecomunicaciones y grandes constructoras por parte de los cuatro poderes públicos (legislativo, ejecutivo, judicial y constitucional). En este sentido, cabe recordar las palabras de un catedrático en 2016, cuyo nombre se omite, pero está publicado por un medio relevante y accesible desde Internet: “Con instituciones como las suecas, España progresaría como Suecia”. esta estrategia se utiliza incluso en los programas europeos con fondos europeos, se utilizan para empobrecer a la población”.

Efectivamente, si la Seguridad Social española fuera un país, sería el 52 más rico, entre Venezuela e Irak.

Cabe preguntarse la razón por la que el coste de la Seguridad Social ha crecido en más de 5 veces desde que se creó la pensión de jubilación y es mayor que todo el sector público de finales del siglo 19.

En la denuncia también se refieren las más de 20.000 sentencias judiciales que cada año otorgan las incapacidades laborales que miles de funcionarios de la Seguridad Social han denegado. Estos funcionarios son políticos, médicos y abogados, que dedican su tiempo pagado con nuestro dinero para vulnerar intencionadamente las coberturas del seguro que pagan los trabajadores. Además, originan más de 20.000 procedimientos judiciales, malversando los fondos públicos destinados a los mismos.
A pesar de ello, 20.000 trabajadores consiguen cobrar lo que han pagado, pero hay una cantidad mayor que desisten ante la intimidación administrativa y la poca confianza en los jueces.

Por otro lado, en la denuncia se dice “totaliza 113.669 trabajadores a los que se les ha retrasado la jubilación, […] que asciende a un impago de 4.546.760.000 euros”.

Siendo la mayor aseguradora, la Seguridad Social está haciendo la competencia desleal a todo el sector de los seguros.

¿Estos funcionarios defienden el interés general o defienden el interés de los políticos que con el dinero estafado, inventan nuevos derechos y así compran más votos, aumentando el clientelismo de la insostenible sociedad subsidiada?

Estando involucrados los Gobiernos del PP y del PSOE, esta información acreditada en la denuncia, cuestiona no sólo a la Seguridad Social, sino todo el dinero que nos confisca el sector público, porque pagamos a cambio de servicios que sólo recibimos si los funcionarios quieren. Como suele decirse, cada día pagamos más por menos servicios.

Una minoría, incluyendo a los políticos, pagan menos impuestos de lo que deberían, una mayoría paga más impuestos de lo que deberían y no tenemos garantía alguna de recibir lo que pagamos. Estos son los motivos por lo que cada día más personas afirman que somos esclavos del sistema. El régimen del PPSOE (PP+PSOE) ni siquiera cumple sus malas leyes y perjudica el interés general.

El volumen económico de la Seguridad Social hace que sea el principal culpable de la decadencia y ésta forma parte de la documentación de la Unión Europea, donde se dice que las actuales generaciones de jóvenes viven peor que las de sus padres.

En posteriores artículos seguiremos informando sobre otros aspectos de las 42 páginas de esta denuncia y de su tramitación.

Presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED)