Detenido el director general de Deportes y una exconcejal del PDeCAT por presunta malversación - ALERTA NACIONAL
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Tribunales

Detenido el director general de Deportes y una exconcejal del PDeCAT por presunta malversación

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La Guardia Civil ha detenido este martes al director general de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras, y la exconcejal del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona y miembro de Gobierno de la Junta de la Diputación, Maite Fandos, en una operación por presunta malversación y fraude en las subvenciones de la Secretaria General de Deportes de la Generalitat y su órgano dependiente, el Consell Català de l’Esport, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.
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Según ha informado El Periódico, esta operación ha sido ordenada por el juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que considera que entre las entidades beneficiarias de estas subvenciones estarían presuntamente las fundaciones Catmon e Igman, cercanas a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), a las que el juzgado ya ordenó registrar en mayo de 2018.

Hay un total de cuatro detenidos en el marco de una operación por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias por supuesta concesión fraudulenta de subvenciones públicas procedentes de la Secretaria General de Deportes.

Agentes de la Policía Judicial de Zona de la Guardia Civil de Catalunya están realizando entradas y registros en la sede de la Secretaria General de Deportes, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), y en domicilios particulares, en el seno de la operación Voloh, en busca de pruebas presuntas de irregularidades.

En un mensaje en Twitter recogido por Europa Press, el presidente del PDeCat, David Bonvehí, ha desmentido cualquier implicación en hechos de malversación ni vinculaciones con tramas irregulares: “Somos un partido transparente que combate las malas prácticas”, ha asegurado.


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Deportes

Los exjugadores del Arandina son condenados a 38 años de prisión por agresión sexual

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La Audiencia Provincial de Burgos ha dictado sentencia este jueves sobre el caso Arandina. En el fallo, el tribunal condena a los tres exjugadores del club de fútbol a penas de 38 años de cárcel por una agresión sexual en grupo a una joven que tenía 15 años cuando sucedieron los hechos.

La sentencia les aplica la doctrina del Supremo con La Manada que estableció que en una violación grupal cada uno de los acusados fuera responsable de los hechos realizados por él mismo y como cooperador necesario por los cometidos por los demás en su presencia y bajo su aprobación. De esta forma, las penas se multiplican por tres y los futbolistas son condenados a la pena más elevada impuesta de los recientes casos de agresión sexual de estas características. No obstante, el máximo cumplimiento de la pena de prisión se fija en 20 años, conforme a lo dispuesto en el Código Penal.

Cabe recordar que en el caso de La Manada el Supremo no pudo aplicar tal doctrina porque pese a considerar el factor de la cooperación necesaria no había sido calificado así y, por tanto, los cinco sevillanos fueron condenados cada uno a un único delito y no por las diez agresiones sexuales que sufrió la joven.

Se trata, además, del primer caso de violación grupal en la que los acusados han sido condenados por agresión. Tanto con La Manada de Pamplona como la de Manresa, la sentencia fijó que el delito cometido había sido abuso al no haber existido el uso de la fuerza. En el primero de los casos, el Supremo determinó, finalmente, agresión en base a lo que consideró una «intimidación ambiental» fundamentada en la superioridad física de un grupo.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Burgos ha condenado, así, a cada uno los acusados como autores de un delito de agresión sexual, con acceso carnal en forma bucal, respecto de la la joven que tenía 15 años cuando denunció haber sido forzada por los tres en el salón de la casa que estos compartían y una vez más en un dormitorio por un de ellos.

Se aprecia la existencia de intimidación ambiental por el hecho de haber actuado los tres acusados sobre la víctima, en su casa, con la luz apagada y por sorpresa, «sin que la menor pudiera reaccionar, debido a la diferencia de edad y complexión física de los acusados».

Se ha tomado en consideración el testimonio de la denunciante, en cuanto resultó corroborado por los de aquellas personas más allegadas y por el informe psicológico. «Si bien la postura de la denunciante fue diferente al relatar los hechos a sus conocidos, por influencia de las redes sociales, se aprecia credibilidad a su versión en cuanto refiere que no realizó los hechos voluntariamente», apunta el fallo, que considera probado que los acusados conocían que la denunciante tenía menos de 16 años. «Iba al colegio con uniforme y su madre y otros testigos se lo habían dicho».

Se les absuelve a los tres del delito de proposición de actividades sexuales; y a uno de los acusados, por su madurez similar a la de la víctima (conforme al informe psicológico) y falta de corroboración, del delito de agresión sexual continuada por el que se le acusaba -es al que la víctima señaló que le había forzado una vez más en el dormitorio-.

Se fija una indemnización de 50.000 euros de la cual responderán en forma conjunta y solidaria todos los acusados. Así mismo, se imponen medidas de prohibición de comunicación con la víctima y también libertad vigilada durante 10 años. Los posibles recursos serán resueltos por la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL.


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Cultura

La Justicia ordena la devolución de los bienes de las parroquias aragonesas

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Imágenes bienes de la Diócesis de Barbastro-Monzón
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El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barbastro (Huesca) ha ordenado la inmediata devolución de los 111 bienes del patrimonio histórico de las parroquias aragonesas que permanecían depositados en el Museo Diocesano y Comarcal de Lérida. Entre los bienes se encuentran pinturas, orfebrería, libros de gran valor, capas pluviales y casullas. La sentencia dictada por el juez estima íntegramente la demanda presentada por el obispado de Barbastro Monzón en representación de las 43 parroquias que lo integran.

Siete meses después de celebrarse el juicio para resolver la discrepancia entre las diócesis de Lérida y de Barbastro-Monzón, la sentencia desestima en su totalidad los argumentos planteados tanto por el obispado catalán como por el Consorcio de la institución museística y concluye que los bienes son propiedad aragonesa y deben de regresar.

Todo se remonta al 29 de abril de 1995, cuando se constituye la diócesis de Barbastro-Monzón, por el que se ordena que las parroquias de los arciprestazgos de Ribagorza Oriental y Occidental, Cinca Medio, La Litera y Bajo Cinca se transfirieran de la diócesis de Lérida a la de Barbastro, que pasó a denominarse, en virtud del mismo Decreto, diócesis de Barbastro-Monzón.

Una vez concluido el proceso, habían sido transferidas 111 parroquias, todas las cuales se encontraban dentro los límites territoriales de Aragón, con una población de 68.454 fieles.

La transferencia de fieles y parroquias fue aceptada sin objeción alguna por parte de la diócesis de Lérida, pero siempre tuvo reparo a devolver los objetos artísticos o de arte sacro propios de las mismas.

La reiterada negación a hacerlo ha dado lugar a este pleito. Al mediodía se celebrará una rueda de prensa sobre esta sentencia.


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Tribunales

La Fiscalía valorará si hubo delito de los gestores socialistas andaluces por la pérdida de vacunas

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El Gobierno andaluz de PP-Cs ha trasladado a la Fiscalía la pérdida de 1,8 millones de vacunas contra la gripe desde 2012 por parte de los anteriores ejecutivos socialistas, para que determine si ve algún tipo de irregularidad o delito. El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha explicado que la semana pasada se derivó a la justicia este asunto, por lo que será ahora la Fiscalía quien tendrá “que pronunciarse sobre si ve algún tipo de irregularidad”.

Bendodo ha defendido en una entrevista en la Cope que durante los anteriores gobiernos socialistas “se inflaron” las cifras, con 1,8 millones de vacunas “desaparecidas, perdidas, extraviadas o descontroladas”, que suponen 6 millones de euros. La Junta lleva esta denuncia a la Fiscalía después de recopilar los datos necesarios sobre lo que han denominado como “vacunas fantasma” para la gripe, ya que según han expuesto en otras ocasiones ni se usaron ni fueron devueltas.

Bendodo ha rechazado las críticas del PSOE a la gestión sanitaria del Gobierno pidiendo en diez meses “lo que no hicieron en 37 años” y ha mantenido que “el gran fraude” del Ejecutivo de Susana Díaz y de los anteriores fue “la sanidad pública”.


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