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Hispanoamérica

Dos representantes de Guaidó se apropiaron de 90 mil dólares destinados a ayuda humanitaria

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Juan Guaidó
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Los dos representantes del gobierno interino de Venezuela en Colombia se apropiaron de 90 mil dólares de donaciones particulares destinadas a cubrir los gastos de la ayuda humanitaria y para atender los 1.600 militares que están en situación de refugio en Cúcuta. Así lo reconoció Juan Guaidó al asegurar que ambos casos serán investigados por la Fiscalía colombiana.

La tarde de este lunes, Guaidó salió al paso después de que se publicara la denuncia en el portal «Panam Post» y ha dicho que «no permitiré que ningún mal empañará lo que ha sido un gran esfuerzo de todos los venezolanos», al tiempo que insistió que no detendrá sus trabajos por este caso.

Los recursos se desviaron para financiar la vida de lujo de los dos enviados por Guaidó y ha hecho tambalear los apoyos internacionales del hombre que aspira a desalojar a Nicolás Maduro de poder.

Guaidó ha explicado también que el embajador de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti, lleva una gestión administrativa y que la apropiación «no son fondos del Estado venezolano, mucho menos de organismos multilaterales; los fondos eran para el hospedaje, transparencia internacional para darle seguimiento», precisó Guaidó.

«Tres personas han sido separadas de sus cargos, deberán rendir cuentas de los fondos que con mucho esfuerzo se han conseguido para la crisis venezolana (…) Para nosotros la simple denuncia sirve para investigar, para denunciar y para hacer un seguimiento», subrayó.

Según la investigación de «Panam Post», Rossana Barrera y Kevin Rojas, militantes del partido político de Guaidó, Voluntad Popular, estaban al frente de la atención a los emigrantes venezolanos en Colombia, usaron para su propio beneficio los miles de dólares de las ayudas que gestionó la oposición para paliar la severa crisis humanitaria que atraviesa el país sudamericano.

Sobreprecios en facturas de hoteles, gastos no relacionados, alquileres innecesarios de vehículos y hasta inflados gastos en costosos restaurantes forman parte del desvío de los fondos que en Venezuela millones de personas esperan para mitigar el hambre y otras consecuencias de la crisis.

 

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Hispanoamérica

Se desata la xenofobia contra los inmigrantes venezolanos en Perú

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El debate sobre la dimensión real de la xenofobia contra los inmigrantes de Venezuela en Perú ha vuelto a abrirse tras la difusión de encendidos discursos de figuras políticas peruanas, manifestaciones antivenezolanas y testimonios de los afectados.

‘Maduro, recoge tu basura. Fuera venecos’ fue la consigna de una protesta nocturna contra la inseguridad —atribuida a los venezolanos a través de informaciones falsas—, en Tacna, una ciudad en sur de Perú. Los manifestantes, convocados por Facebook, portaban carteles con leyendas como ‘La casa se respeta’.

Tras la difusión de videos con agresiones, los gobiernos de ambos países se manifestaron a través de comunicados de sus cancillerías. Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó la protesta como “neofascista” y responsabilizó a la “oligarquía peruana” de promover esos actos y al mandatario de ese país, Martín Vizcarra, de tolerarlos.

“Malos o buenos tienen que salir”

Las palabras de la congresista Esther Saavedra, del opositor partido fujimorista Fuerza Popular, forman parte del discurso de un sector de la población peruana que rechaza principalmente a los migrantes del país suramericano.

“Venezolanos, malos o buenos, tienen que salir de Perú”, afirmó durante un discurso en el Congreso el pasado lunes.

La parlamentaria del partido derechista pidió más presencia del Ejército y de la Policía para “cerrar la frontera” y así impedir la entrada de los inmigrantes.

“Un millón de inmigrantes, entre legales e ilegales, entre trabajadores y bandidos delincuentes, tienen que comer, tienen que dormir, vienen a quitarle el trabajo a nuestros peruanos”, arengó.

Este discurso, previo a la crisis institucional que llevó a la disolución del Congreso por parte del presidente Vizcarra, ocurre en un contexto marcado por actos de xenofobia, denuncias de explotación laboral y testimonios audiovisuales de abuso policial que han sido recogidos por los medios de comunicación.

Agresiones contra venezolanos

Días atrás, el video donde Oriana Rosa Pérez, una mujer venezolana, le suplica a unos serenos (ayudantes de la Policía) de Bambamarca, provincia de Cajamarca, que la dejen de golpear recorrió las redes sociales y causó indignación.

La joven de 20 años, según relató a Reporteros Cajamarca, mostró sus hematomas y afirmó que fue agredida en la madrugada por unos uniformados que le decían que regresara a su país porque no tenía nada que hacer en Perú.

En otro registro, un grupo de niños de educación preescolar le dice a una mujer que su maestra les enseñó que los venezolanos “matan” y “roban”.

En las redes también circulan imágenes de vendedores ambulantes venezolanos que son abordados por uniformados que les botan o decomisan la mercancía.

De igual manera, hay grabaciones que recogieron acciones de uso desproporcionado de la fuerza en contra de los comerciantes informales.

Estas agresiones ocurridas tienen como cortina de fondo las cifras arrojadas en un reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), donde se afirma que 62 % de venezolanos en Perú se han sentido discriminados.

¿Todos son delincuentes?

Desde hace por lo menos tres de años, se han incrementado las informaciones publicadas en medios peruanos donde se involucra a venezolanos con actividades delictivas.

En los medios peruanos circulan informaciones que responsabilizan a los inmigrantes de la criminalidad en ese país. Un ejemplo de este tipo de trabajos fue publicado en El Comercio con el título ‘Los delincuentes venezolanos normalizaron la violencia y la insensibilidad’, texto que hace una “radiografía de criminal” de ese país.

Algunos expertos en seguridad consideran que los medios están generando una suerte de “miedo colectivo” y de xenofobia que ha maximizado el tema, si se toman en cuenta los datos divulgados por Policía peruana.

Un estudio llamado ‘Impacto de la inmigración de extranjeros en la incidencia de la criminalidad en el Perú’ arrojó que desde 2016 hasta mayo de 2019, los venezolanos estuvieron involucrados en 5.767 denuncias por delitos.

De 2016 a 2018 hubo un total de 941.788 denuncias por delitos en Perú, según el anuario estadístico de la Policía de ese país, por lo que el porcentaje de venezolanos relacionados con acciones delictivas corresponde a 0,61 %, sin tomar en cuenta 2019.

¿Cuántos venezolanos hay en Perú?

La Superintendencia Nacional de Migraciones calcula que hay 866.080 venezolanos. De esta cifra, unos 466.956 poseen permiso de estancia y residencia y 287.114 habrían solicitado la condición de refugiados entre 2014 y 2018, según datos de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela.

Caracas ha cuestionado las cifras presentadas por algunos gobiernos de la región sobre los migrantes, que se agrupan en el Grupo de Lima, conformado por cancilleres que desconocen al presidente Maduro y a las instituciones de ese país.

ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sitúan en cuatro millones el número de venezolanos que han salido del país suramericano, lo que según el organismo, ocasiona que sea el “grupo de poblaciones desplazadas más grandes del mundo”.

Al respecto, el mandatario venezolano ha señalado al ACNUR de estar “mintiendo con las cifras”. “Ya van por cuatro millones, el año que viene ya irán por 10 millones”, expresó hace una semana en una rueda de prensa con medios internacionales.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento de Estado de EE.UU., ha entregado casi 30 millones de dólares para atender las “necesidades humanitarias en estrecha coordinación con gobiernos anfitriones, gobiernos donantes, ONG y contrapartes de la ONU”, recoge su página.

La mayor cantidad de recursos ha sido aportada por la Fundación para el Desarrollo Panamericano (PADF), creada por el Departamento de Estado y perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), seguida por ACNUR y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o Unicef (UNICEF, por sus siglas en inglés).
Maduro ha afirmado en reiteradas oportunidades que Washington “chantajea” a mandatarios de otros países para que apoyen su “política de agresión contra Venezuela” y amenaza con retirarles la ayuda económica y los créditos “si no apoyan su política de agresión contra Venezuela”.

Una “enfermedad contagiosa”

El presidente suramericano lamentó en una rueda de prensa que “humillen” a sus connancionales “en un país que ha sido liberado por la espada de un venezolano, la del Libertador Simón Bolívar”.

Responsabilizó a la derecha peruana y de su país de “promover la xenofobia y las agresiones”. “Que en Perú haya un llamado público a una marcha me recordó mucho a la hordas hitlerianas, yo diría que son la hordas neofascistas”, aseguró.

Durante su discurso, el jefe de Estado rechazó unas afirmaciones hechas en 2017 por el exdiputado opositor y comisionado de Guaidó para las relaciones exteriores, Julio Borges, quien dijo que su país era “el foco de la inestabilidad en el mundo, de todo lo que significa la degradación social que puede ser una enfermedad contagiosa en América Latina”.

“¿De dónde viene esto?”, se preguntó Maduro, “¿quién llamó a los inmigrantes venezolanos una plaga?”, con referencia a las aseveraciones del prófugo de la Justicia venezolana.

El Plan Vuelta a la Patria

Caracas ha puesto en marcha un programa para repatriar a los venezolanos que se encuentran en algunos países de América Latina a los que se han desplazado en busca de mejores condiciones de vida en medio de una aguda crisis económica.

Esta iniciativa surgió ante la petición de algunos migrantes de regresar debido a que las condiciones en el lugar receptor eran duras: maltrato laboral, explotación, hacinamiento en sus sitios de vivienda, desempleo, discriminación, entre otras razones.

Hasta el momento, han retornado 15.000 venezolanos. Solo de Perú, la cifra corresponde a 3.491 personas.

El pasado sábado, Venezuela denunció que Perú había impedido la salida de 180 personas debido a que le negaba el combustible a la aeronave que las retornaría a su país, por temor a ser sancionados por EE.UU. Finalmente, consiguieron llegar el pasado miércoles.

Ante el escaso número de aeronaves con el que cuenta este plan, el mandatario aseveró que solicitará al secretario de la ONU, António Guterres, a la alta comisionada de ese organismo para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y al ACNUR unos 200 millones de dólares para llevar de regreso a las 100.000 personas que se encuentran registradas en listas de las embajadas de un grupo de países región, según datos oficiales.

¿Qué ha dicho los gobiernos?

El Gobierno peruano, a través de un comunicado, ha rechazado “las acusaciones infundadas sobre actos de xenofobia supuestamente ejecutados o tolerados por el Estado peruano” y responsabilizó a Maduro “de la catástrofe humanitaria en Venezuela”.

Por su parte, Caracas emitió un documento donde denunció a Lima “por violar e incumplir sus responsabilidades internacionales al promover y permitir actos de segregación y xenofobia” y afirmó que estas acciones son “instigadas” por “varios gobiernos racistas de la región, en componenda con la oposición golpista venezolana”.

Situación en Venezuela

Venezuela atraviesa una crisis económica que se ha agudizado con el bloqueo financiero impuesto por EE.UU. como medida de presión para que Maduro deje el cargo.

En el país suramericano, el acceso a alimentos y medicinas para la población más vulnerable se ha dificultado debido a la imposibilidad del Estado de realizar su importación, ante la congelación de sus cuentas en el exterior.

Si bien el Gobierno ha reforzado sus planes sociales dirigidos a millones de personas para mitigar los efectos de la crisis, un análisis realizado por los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs estima que las sanciones causaron la muerte de unas 40.000 personas entre 2017 y 2018 debido a la carencia de medicinas y alimentos.

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Hispanoamérica

El Parlamento de Ecuador rechaza la propuesta para legalizar el aborto en caso de violación

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Manifestantes protestan este martes tras la negativa del Legislativo ecuatoriano a despenalizar el aborto
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La Asamblea Nacional de Ecuador ha rechazado la propuesta para legalizar el aborto para víctimas de violación en caso de incesto con 65 votos a favor de la propuesta, 59 en contra y seis abstenciones.

La votación no ha alcanzado la cifra de votos necesarios que se encuentra en 70 para que la reforma fuera aprobada, según ha recogido el diario «El Comercio». Curas, monjas y grupos religiosos han protestado este martes frente a las puertas del Congreso para luego celebrar el resultado con alabanzas.

«Se quería legalizar el crimen de un inocente y lo que han hecho los legisladores es respetar el sentir del pueblo», ha señalado Amparo Medina, de la organización Red Pro Vida, según ha recogido la agencia de noticias Reuters. «Es una victoria de los niños por nacer que ahora tienen derecho a vivir».

Por su parte, la asambleísta Marcela Aguiñaga, quien apoyaba la despenalización del aborto, ha indicado que «la lucha continúa por las miles de mujeres que han sido obligadas a parir de sus agresores, por las que han fallecido en la clandestinidad y por las que aún no nos rendimos».

Cuestión de derechos

«Será ley porque no es un tema de dogmas, es un tema de derechos», ha subrayado Aguiñaga a través de su cuenta en la red social Twitter.

El aborto es legal en el país cuando se encuentra en riesgo la vida o la salud de la embarazada o cuando una mujer con discapacidad mental quede embarazada como resultado de una violación.

El país cuenta con unas altas tasas de violencia de género y, según una encuesta de 2012, aproximadamente el 25 por ciento de las mujeres sufre violencia sexual a lo largo de su vida, con una tasa particularmente alta de violaciones de niñas adolescentes. Así, cerca de 2.000 niñas menores de catorce años dan a luz en Ecuador cada año.

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Hispanoamérica

Bolsonaro, contra Bachelet: “Si no fuera por Pinochet, Chile hoy sería una Cuba”

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Combo de imágenes de Jair Bolsonaro y Michelle Bachelet
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El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, lanzó este miércoles una durísima crítica a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a quien acusó de defender a “vagabundos” y atacó incluso por el lado personal.

“Señora Michelle Bachelet: Si no fuera por el personal de (Augusto) Pinochet, que derrotó a la izquierda en 1973, entre ellos a su padre, hoy Chile sería una Cuba”, dijo Bolsonaro en respuesta a declaraciones de la expresidenta chilena, quien criticó la violencia policial y la situación de los derechos humanos en Brasil.

“Nos acusa de que no estamos castigando a los policías que matan gente en Brasil”, pero “está defendiendo los derechos humanos de los vagabundos”, afirmó el líder de la ultraderecha brasileña en declaraciones ofrecidas a periodistas a las puertas del Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la Presidencia.

Según Bolsonaro, “lo único” que tiene en común con Bachelet es el nombre Michelle, el mismo de su esposa, pero por lo demás sólo puede expresar sus “pésames” a la expresidenta de Chile.

“Perdió la pelea con la agenda ambiental, igual que Macron, y ahora viene con la agenda de los derechos humanos”, dijo Bolsonaro, en alusión al embate verbal que mantuvo con el presidente galo a causa de sus críticas por los incendios desatados en la Amazonía y la falta de compromiso de Brasil con el medioambiente.

En el mismo tono beligerante, el presidente brasileño agregó que “parece que la gente que no tiene nada que hacer, como Michelle Bachelet, va para la silla de derechos humanos de la ONU”.

Las declaraciones de Bolsonaro fueron una respuesta a algunas críticas que Bachelet hizo a Brasil este mismo miércoles, durante la presentación de un balance de su gestión como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, cargo que ocupa desde hace un año.

“Entre enero y junio de 2019, sólo en Río de Janeiro y Sao Paulo, se nos ha informado de 1.291 personas asesinadas por la policía, un aumento del 12 al 17 % comparado con el mismo periodo del año pasado”, detalló Bachelet en relación a Brasil en ese balance, presentado en Ginebra.

Agregó además que la mayoría de las víctimas fueron habitantes de las favelas y afrodescendientes, todo en un contexto de “un marcado aumento de la violencia policial” y de “discursos que legitiman las ejecuciones extrajudiciales y la ausencia de rendición de cuentas”.

Ese es precisamente el discurso de Bolsonaro, quien suele decir que “bandido bueno es bandido muerto” y afirma que si un policía mata a un delincuente, cualquier sea la circunstancia, debería recibir una “condecoración” en vez de ser investigado.

La polémica con la funcionaria de la ONU ocurre en vísperas de una visita a Brasil del canciller chileno, Teodoro Ribera, quien será recibido este jueves por su homólogo brasileño, Ernesto Araújo, y reafirmará las excelentes relaciones entre los presidentes Jair Bolsonaro y Sebastián Piñera, adversario político de Bachelet.

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