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Tribunales

El abogado de La Manada espera la sentencia para recurrir al Constitucional

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Agustín Martínez, el abogado de los miembros de La Manada, condenados a 15 años de prisión, ha dicho este sábado que estudiará la sentencia del Supremo en la que se basa la condena para plantear un recurso, «no como algunos políticos, que han comentado el fallo sin conocer la sentencia».

En declaraciones a los periodistas a las puertas de la prisión Sevilla I, donde ha intentado visitar a sus defendidos, aunque no ha podido tramitar a tiempo el permiso para ello, Martínez ha criticado que en este caso «la normalidad brilla por su ausencia», para indicar que «no es normal que te detengan sin comunicar la sentencia, sin un mínimo plazo, que puede ser de 24 horas, 72 o una semana».

Ha defendido en todo momento que ninguno de los cinco miembros de La Manada tenía intención de huir de la justicia, para indicar que las familias están «destrozadas» por este caso.
No se ha pronunciado sobre el traslado de los cinco a otra prisión, que se realizará en los próximos días, al ser Sevilla I un penal sólo para cumplir penas menores, pero sí ha entendido que «siempre van a esta relativamente cerca de la ciudad, en función de que así lo prescribe la Ley, salvo que para este caso haya una excepción mas».
Sobre el recurso que puede plantear, ha incidido en que «primero hay que leer la sentencia, sólo tenemos el fallo, y no quiero hacer como muchos políticos han hecho, comentar el fallo sin leer la sentencia».

Ha querido «trasladar a la sociedad el respeto al derecho de defensa», indicando que en este caso ha estado «dentro de los cauces y de la máxima deontología profesional, que en ningún caso he superado», lamentando «esa crítica que he visto frente a mi actuación profesional, que no deja de sorprenderme».

Sobre la posibilidad de que esta sentencia influya en casos similares ya que sus defendidos serán juzgados por unos hechos sucedidos en Pozoblanco (Córdoba), ha indicado que «es un tema totalmente diferente a éste, y no hay que pensar que como les han condenado en Pamplona también hay que condenarles en Pozoblanco».

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Tribunales

Registran la casa del abogado de Puigdemont por blanqueo de dinero del narco Sito Miñanco

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La juez de la Audiencia Nacional María Tardón está dirigiendo una operación contra el blanqueo de capitales relacionado con el delito contra la salud pública y ha ordenado el registro de la casa de Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y del narcotraficante Sito Miñanco.

Fuentes próximas a la investigación han señalado que el registro se está practicando en el domicilio de Boye en Madrid y que el abogado no está detenido.

La operación, que coordina la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y que desarrollan agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, está vinculada a la causa judicializada de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, de 62 años.

El histórico narcotraficante gallego fue detenido en febrero de 2018 junto a una veintena de presuntos miembros de su banda acusados de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo y pertenencia a organización criminal de extrema gravedad.

Las investigaciones apuntaban que Miñanco lideraba una importante red de narcotraficantes desde 2016, meses después de que se le otorgara la semilibertad, lo que le permitía dormir diariamente en el Centro de Inserción Social (CIS) de Algeciras (Cádiz). De hecho, fue arrestado cuando salía de ese centro.

Fuentes de la Audiencia Nacional han informado de esta operación en la que se están practicando varios registros en una causa que está secreta.

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Sociedad

Un padre, condenado a trabajos comunitarios por dar un “capón” a su hijo

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Un hombre que propinó un “capón” a su hijo para corregir su actitud rebelde y desafiante cuando le recriminó sus malos resultados escolares tendrá que cumplir 31 días de trabajos comunitarios al haber confirmado la Audiencia Provincial de Murcia la sentencia que lo condenó como autor de un delito de maltrato en el ámbito familiar.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, desestima así el recurso que el acusado presentó contra la condena impuesta por un Juzgado de lo Penal de Murcia en febrero de 2018 y que incluye también una orden de alejamiento en cumplimiento de la cual no podrá acercarse al menor durante seis meses y un día. El Juzgado declaró como hechos probados que los mismos ocurrieron cuando al recoger el acusado a los hijos, entregados por su expareja, se produjo una discusión en el transcurso de la cual uno de ellos salió en defensa de la madre. Fue entonces cuando, decía la sentencia, el denunciado lo cogió del brazo y le propinó golpes en el pecho y un pescozón en la cabeza.

En su recurso, el acusado alegó que no cometió delito alguno, ya que se limitó a tratar de corregir una actitud rebelde y desafiante de este hijo surgida cuando le censuró su bajo rendimiento académico. Y añadió que solo trataba de corregir su comportamiento, no de atentar contra su integridad física, lo que consideró podía realizar en el ejercicio legítimo de su degber como padre.

Sin embargo, la Sala de la Audiencia, que tiene como ponente a la magistrada Ana María Martínez, comenta que aunque el “capón” fuera para reprender su actitud desafiante por haberle recriminado sus malas calificaciones, supuso ejercer violencia física sobre el menor, aunque este no llegar a sufrir lesión alguna. “Quienes tenemos hijos, se lee en la sentencia, provenimos, en muchos caso, de una educación en que sí existía el castigo y la corrección: la zapatilla, la bofetada y hasta el cinturón, y tenemos que aprender formas de educar que no lleven implícita esa parte violenta”.

Comenta igualmente que “la familia es un espacio nuevo de convivencia entre sus miembros, en el que debe imperar la igualdad y el comedimiento, por más difícil que resulte la labor de educación, a veces, en el día a día”.

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Tribunales

La Audiencia Nacional ordena el cierre de la página web de Tsunami Democràtic

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El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, previo informe de la Fiscalía, ha ordenado a la Guardia Civil que proceda a clausurar todo acceso a páginas web y perfiles en redes sociales de Tsunami Democràtic por delito de terrorismo, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Este portal de internet y también su aplicación para dispositivos móviles ha comenzado a bloquearse a partir de las 14.30 horas. Tsunami Democratic, desde la que se han convocado los disturbios habidos en Cataluña, se jacta en un mensaje publicado en Telegram de que nadie “puede detener un Tsunami”. Señala que la Audiencia Nacional ha contado con la colaboración de los grandes teleoperadores para cerrar su dominio. Ofrece una serie de alternativas a sus seguidores, que no publicamos para no colaborar con quienes ya están dentro de una investigación judicial, con el fin de poder seguir recibiendo consignas y continuar los disturbios.

Fuentes jurídicas han concretado que la orden ha partido de la Audiencia Nacional, concretamente del mismo magistrado que investiga la causa por terrorismo contra nueve miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), siete de los cuales están en prisión provisional desde finales de septiembre. Sin embargo, las fuentes consultadas no han aclarado de momento si el cierre de la página y perfiles de redes sociales de Tsunami Democràtic corresponde a las mismas diligencias o se trata de una causa aparte.

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado este mismo viernes que hay avances en las investigaciones sobre los “autores intelectuales” de los disturbios de la última semana en ciudades catalanas y que Tsunami Democràtic era una de las plataformas sobre las que su departamento ha puesto el foco.

El ministro ha evitado, para “no perjudicar” la investigación en marcha, responder a la prensa sobre si Tsunami Democràtic y otras plataformas están conectadas con el expresidente catalán huido en Bélgica Carles Puigdemont y partidos como la CUP. No es la primera vez que un juez clausura una página web relacionada con el ‘procés’. Hace justo dos años, el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona

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