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Economía

El alquiler que usted paga… al Estado

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José A. Benítez Salas.- Si usted es propietario de su vivienda usted está pagando un alquiler… al Estado.

Es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. También conocido como contribución o catastro, es un tributo directo, real, objetivo y periódico que grava la propiedad de un inmueble, la titularidad de un derecho de usufructo o de superficie y la titularidad de una concesión administrativa sobre el mismo término municipal: un alquiler que usted le paga al Estado por disfrutar de su propiedad. Y si dispone de una segunda vivienda tendrá que pagar también un suplemento en el I.R.P.F.

Aunque con este nombre se le conoce desde 1990 en que entró en vigor la Ley Reguladora de Haciendas locales de 1988 bajo el gobierno de Felipe González sus orígenes son muy anteriores. Nuestros abuelos se referían a él como la “Contribución”.

Fácil de cuantificar y recaudar por su vinculación a los bienes inmuebles fue, desde el principio, una de las principales fuentes de financiación de las administraciones públicas. Solo es necesario tener un catastro permanentemente actualizado.

Por el contrario, es de los menos sociales pues dá igual la capacidad económica del contribuyente.

Aún así, políticos como Felipe González pretendieron en su día aumentar la recaudación fiscal equiparando el valor catastral de los inmuebles a su valor de mercado. Fue el famoso “catastrazo” que por razones obvias no prosperó.

Esto no quiere decir que los gobiernos posteriores no hayan hecho “mangas y capirotes” con este impuesto que, además, se presta a ello.

Aunque no consiguieron equiparar el valor catastral al de mercado en el IBI, los sucesivos gobiernos han ido incrementando sibilinamente ora la base imponible (Revisión del Valor Catastral), ora el porcentaje aplicado sobre el mismo aumentando la recaudación.

El sistema tributario en España según establece nuestra Constitución en su artículo 31.1 ha de ser justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad y no tener, en ningún caso, carácter confiscatorio.

A mayor abundancia el artículo 3.1 de la ley 58/2003 General Tributaria indica que la ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.

Y viene esto a colación porque en una nueva vuelta de tuerca a este impuesto algún municipio de esta provincia ha fraccionado los recibos de mayor importe girados por el IBI ante la incapacidad económica de los propietarios de afrontarlos al contado en un solo pago. Señal inequívoca de que no solo se han alcanzado niveles confiscatorios sino que, además, se están violando todos los principios tributarios antes enunciados.

Mientras tanto, los responsables últimos de la Administración, los políticos, nos distraen con la supresión o no del Impuesto sobre Sucesiones cuando en las economías social y fiscalmente avanzadas los impuestos directos gravan las fuentes de Ingresos progresivamente, pasando aquellos que gravan la propiedad a segundo plano y no imponen alquileres a los ciudadanos que no pueden pagar.

Dicen que cuando se pone una rana en un caldero con agua al fuego, la rana no percibe el aumento de la temperatura y acaba muriendo cocida, ¿nos está pasando lo mismo con la Contribución?

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Economía

Fomento cifra en más de 7,3 millones de euros los daños en transporte e infraestructuras por las protestas en Cataluña

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El Ministerio de Fomento cifra en más de 7,3 millones de euros las pérdidas económicas causadas por las protestas en Cataluña contra la sentencia del procés.

“Sin lugar a dudas – explica el Ministerio en un comunicado – las incidencias que se están produciendo dentro de Cataluña en la red de infraestructuras y los servicios de transporte, más allá de otras cuestiones que son difíciles de valorar (por ejemplo, imagen exterior), tienen una afección directa muy relevante tanto a los usuarios como en su vertiente económica”.

La “afección económica” de las protestas se desglosa de la siguiente manera, siempre según Fomento, con datos de ADIF, RENFE, Puertos, AENA y ENAIRE:

  • 2,1 millones por los costes derivados de las reparaciones motivadas por actos vandálicos

  • 1,2 millones en costes ocasionados al aeropuerto de El Prat, especialmente en las instalaciones del aparcamiento

  • Cerca de 600.000 euros en la infraestructura ferroviaria

  • Más de 360.000 euros en carreteras y autopistas

  • 1,2 millones de euros en indemnizaciones

  • Casi 4 millones de euros se corresponden a ingresos que no se han producido por parte de las empresas del grupo de empresas

Hasta el pasado sábado, las protestas en Barcelona, en su mayoría pacíficas pero con la acción violenta de grupos reducidos, se habían saldado con 600 heridos, entre ellos un policía nacional en estado grave y cuatro manifestantes que han perdido un ojo, y 28 encarcelados.

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Economía

La política del avestruz

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Carmen Tomás.- En los últimos días hemos asistido a una auténtica catarata de informes sobre la evolución de la economía española este año y el próximo. Todos, sin excepción, rebajan sus expectativas sobre crecimiento y empleo. El lunes le tocó el turno al servicio de estudios del BBVA. Y también creen estos expertos que el PIB crecerá este año por debajo del 2%, un 1,9% concretamente. En consonancia con esta previsión, también bajarán las afiliaciones a la Seguridad Social, es decir se creará menos empleo, y se reducirá menos el paro. De hecho, será en 2020 cuando piensan en BBVA que la tasa de paro bajará del 14%. Pero, además, opinan que tampoco cumpliremos los objetivos de déficit público. Nos salvará de una caída mayor, el comportamiento de las exportaciones, el consumo público y la inversión en vivienda

Ya sólo faltaba el movimiento del Gobierno en funciones y ya sabemos que en el plan presupuestario que ha enviado Bruselas, insiste en ser optimista, el más. Cree el Ejecutivo que el crecimiento de la economía este año será del 2,1%, apenas una décima menos de su idea inicial y muy por encima del resto de observadores. Para el próximo ejercicio, la expectativa es que el PIB aumente un 1,8%. En ambos años, considera el Gobierno que habrá equilibro entre la demanda interna y externa y ya considera que la tasa de paro bajará del 14% este año 2019.

El plan presupuestario fija una revalorización de las pensiones el año que viene del 0,9% y una subida salarial para los funcionarios del 2%. Por supuesto, en esta línea optimista, el Gobierno piensa que va a cumplir con los objetivos de déficit público, que este año se situará en el 2%. Este cuadro está desde luego en línea con las últimas declaraciones tanto de Sánchez como de Calviño que el mismo lunes a titular de Economía seguía insistiendo en la fortaleza de la economía española. En esta ocasión habló de que estamos aún en una fase expansiva del ciclo, incluso para 2020.

El gobierno puede seguir insistiendo en que no pasa nada para intentar que los españoles sigan en babia el máximo tiempo posible. La decisión del gobierno en funciones parece, al menos hasta el 10-N, seguir insistiendo en la política del avestruz: las cosas no van mal y sólo los socialistas somos capaces, si la economía empeora, de enderezar esta fase de caída. Comprobaremos cuál es su capacidad de persuasión y la de olvido de los ciudadanos. La anterior crisis con los socialistas en el gobierno nos dejó más de 3 millones de parados y las arcas públicas temblando de deudas. Veremos.

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Economía

Bruselas avisa a España de que el presupuesto para 2020 no asegura el ajuste exigido

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Ursula von der Leyen
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La Comisión Europea (CE) ha advertido este martes al Gobierno español de que su plan presupuestario para 2020 conlleva un “riesgo importante” de desviarse del ajuste fiscal que exige Bruselas para 2020 y le pidió que envíe unas cuentas actualizadas tan pronto como el proyecto sea enviado al Congreso.

En una carta enviada a la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, el Ejecutivo comunitario advierte de que el plan remitido el 15 de octubre no respetaría los requisitos comunitarios de ajuste del déficit estructural, control del gasto público y reducción de la deuda pública.

La misiva -firmada por el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici- reconoce, sin embargo, que el borrador es una prórroga del anterior debido “a la naturaleza en funciones” del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

No obstante, Bruselas señala que este proyecto conduce a una mejora del déficit estructural, sin tener en cuenta el ciclo económico, equivalente al 0,1 % del PIB, una cifra que “se queda corta” con respecto al esfuerzo estructural recomendado del 0,65 %. La diferencia son unos 6.600 millones en ajustes que el futuro Gobierno tendrá que adoptar a través de más impuestos o menos gastos.

Excesivo gasto público

También destaca que el proyecto incluye un crecimiento nominal de la tasa de gasto público primario del 3,8 % , que “excede” el incremento máximo recomendado por la UE, del 0,9 %.

“En general, estos elementos no parecen estar en línea con los requisitos de política presupuestaria” pactados entre la UE y España, expone la carta, que añade que “apuntan a un riesgo significativo de desviación en 2020 y a lo largo de 2019 y 2020 en conjunto”.

En estas circunstancias, la Comisión Europea recuerda la “importancia” enviar un borrador presupuestario “actualizado”, aunque entiende que su tramitación en España “se ha retrasado con respecto a su calendario habitual” por la situación política.

“Por tanto, invitamos a las autoridades españolas a presentar, tan pronto como el borrador presupuestario para 2020 sea enviado al Congreso, un proyecto actualizado a la Comisión Europea y al Eurogrupo que asegure el cumplimiento de las recomendaciones para España”, cierra la epístola.

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