La secretaria general de la Consejería de Salud de la Generalitat, Meritxell Masó, ha explicado que 137 catalanes han solicitado la eutanasia desde el despliegue de la ley hace un año, de las que 78 se han aprobado y 60 ya se han realizado.

Lo ha dicho este viernes en la rueda de prensa de balance del primer año desde el despliegue de la ley junto al consejero de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, que ha asegurado que el número «probablemente crecerá» en los próximos años.

Se ha conocido que las patologías más frecuentes para solicitar la eutanasia son, con diferencia, las enfermedades neurológicas, tanto neurodegenerativas como parálisis o demencias. Le siguen las enfermedades oncológicas con mal pronóstico o los casos de multimorbilidad.

El consejero ha agregado que el despliegue de la eutanasia es «un paso hacía adelante en una sociedad catalana que tiene una larga tradición de respetar el derecho a morir dignamente».

La mayoría de la comunidad médica se opone

Buena parte de la comunidad médica continúa recordando que la demanda de eutanasia «es mínima o nula cuando el paciente es atendido por un equipo de profesionales expertos». Uno de los más críticos es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés, que define la eutanasia como «el acto que se comete cuando un paciente está sufriendo y alguien decide acabar con su vida para terminar con ese sufrimiento». 

«En el caso de España se está intentando vender la eutanasia como una política de izquierdas o progresista, cuando es todo lo contrario porque la eutanasia es particularmente peligrosa para personas o pacientes que estén en una situación débil, tanto del punto de vista clínico pero también desde aspectos socioeconómicos», afirmó el pasado mes de diciembre en una conferencia en la UCAV.

Así, aseveró que la alternativa a la eutanasia pasa por los cuidados paliativos integrales de manera que, a través de estos, se permita «aliviar el dolor del paciente (…), el sufrimiento psicosocial y espiritual».