El Gobierno español ha ofrecido puerto en España al buque humanitario de la ONG Proactiva Open Arms, para que desembarquen los 107 inmigrantes que siguen a bordo del barco tras 18 días a la deriva en el Mediterráneo, pero la ONG dice que es una decisión «completamente incomprensible» navegar durante tres días en «condiciones climáticas adversas» y con las personas «agotadas» estando a 800 metros de las costas de Lampedusa.

«Con nuestro bote a 800 metros de las costas de Lampedusa, los estados europeos están pidiendo a una pequeña ONG, como la nuestra, que haga frente a otras 1.000 millas y 3 días de navegación, en condiciones climáticas adversas, con 107 personas agotadas a bordo», subraya la ONG Proactiva Open Arms en un comunicado.

Aunque en el comunicado, Open Arms asegura que esta decisión de que el buque se dirija a España, concretamente, «a Mallorca», es fruto de un «acuerdo» entre Italia y España, el Gobierno español ha desmentido que exista ningún acuerdo con el país vecino.

Lo único cierto, según aseguran desde el Ejecutivo, es que «el gobierno de España ha ofrecido al Open Arms poder dirigirse al puerto español que esté más próximo en su ruta». También señalan que han solicitado al buque que les planteen sus necesidades para navegar de forma segura hasta España pero indican que no han recibido respuesta.

«Dada la emergencia humanitaria a bordo, los puertos españoles se mantendrán a disposición del Open Arms, a cuyos responsables el gobierno ha solicitado que expongan sus necesidades y las del pasaje para navegar hacia España de forma segura. Hasta el momento no hemos recibido una contestación clara y directa», han subrayado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

Desde el Gobierno insisten en que «España es el único país dispuesto a acogerlo en el marco de una solución europea, ordenada y solidaria». Además, añaden que el propósito del Ejecutivo ha sido en todo momento «propiciar esa solución común, que, cuando pueda producirse el desembarco, proseguirá con el reparto de los migrantes acordado por seis países de la UE», entre ellos, España.

Por su parte, la ONG Proactiva Open Arms considera «indispensable» que «Italia y España asuman la responsabilidad de garantizar, poniendo los medios necesarios, el que estas personas finalmente desembarquen en un puerto seguro». «Es urgente terminar ya con la experiencia inhumana e inaceptable que están viviendo las personas que hemos rescatado en el mar», han precisado.

Según añaden, desde Open Arms han «cumplido» con «el deber de proteger los derechos humanos de estas personas, siguiendo los convenios internacionales» y continuarán con su labor «hasta encontrar una verdadera solución».

La ONG recuerda que a bordo tienen «una situación de grave crisis psicológica» y «numerosos casos de fragilidad» tal y como constata, según señalan, un informe médico psicológico.

El Gobierno español ha ofrecido este domingo al Open Arms el puerto más cercano que encuentre en su ruta hacia España para proceder al desembarque de los 107 inmigrantes que quedan a bordo y a los que ha pedido desembarcar en Italia. La oferta de un puerto llegó de forma paralela a un aviso por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de «actuar ante la Unión Europea o ante las instituciones garantes de los derechos humanos y del derecho marítimo internacional, contra la actitud mantenida por el gobierno italiano».

La decisión del Gobierno de proporcionar un puerto al Open Arms aun sabiendo que los españoles «no son ni los más cercanos ni los más seguros» se produjo ante el cerrojazo del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, de permitirle atracar en Lampedusa. «La situación de los migrantes del Open Arms ha causado desde el primer momento una gran preocupación en el Ejecutivo, cuyo propósito ha sido encontrar la mejor solución común», aseguró el Gobierno, comprometido junto a los de Francia, Alemania, Portugal, Rumanía y Luxemburgo a acoger a estas personas una vez pisen tierra. Ha sido Salvini precisamente el único en celebrar la decisión de Sánchez: «España abre sus puertos a los inmigrantes de la ONG Open Arms. ¡Bien! El que la sigue la consigue», aplaudía en sus redes sociales.
Sánchez vira así su política sobre el Open Arms tras negarse 17 días a acoger a estos inmigrantes. el pasado 5 de agosto el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, se negó a la acogida del buque humanitario y afirmó que «no puede ser que España sea el único puerto seguro del Mediterráneo». El resto de ministros de Sánchez fueron uno a uno sumándose a esa tesis. Por si fuera poco, Sánchez no avisó ni a Algeciras ni a la Junta del ofrecimiento del «Open Arms» para el desembarque. Todo un ejercicio de improvisación a la desperada con el único objetivo de recuperar la imagen solidaria de hace un año con el Aquarois.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afeado a Sánchez que haya hecho «justo lo contrario» de lo que debía hacer, que es la de hacer una política migratoria «sin bandazos» y coordinada con la Unión Europea (UE), las comunidades y los municipios afectados. Desde la Junta andaluza, el presidente, José Manuel Moreno, ha acusado al jefe del Gobierno de «despreciar a Andalucía» ofreciendo el Puerto de Algeciras «sin dirigirse al Gobierno autonómico. Basta de bandazos. Exigimos lealtad institucional, coordinación y respeto», ha subrayado. En la misma línea, el alcalde de la localidad gaditana, José Ignacio Landaluce (PP), ha reconocido que «nos encontramos ante unagrave crisis humanitaria, pero Algeciras no puede convertirse en el lugar predilecto del Gobierno del señor Sánchez para llevar a cabo este tipo de operaciones, máxime cuando existen otras alternativas en el Mediterráneo».

Fuera del PP, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha considerado que la propuesta llega «demasiado tarde»: «Por eso ofrecimos el puerto de Barcelona hace 12 días. Hay vidas en peligro y están frente a Lampedusa (Italia)», ha recordado en Twitter. Y, en opinión del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, Europa «debe hacer una reunión de emergencia» para «hacerse cargo» de los inmigrantes y que cada país «asuma la cuota que le corresponda», a lo que su región también contribuirá.

También Vox ha reaccionado a la decisión del Gobierno, de forma que el diputado por Cádiz Agustín Rosety Fernández de Castro le ha acusado de colaborar con el «tráfico ilícito de personas». «Los españoles y los gaditanos no se merecen esto», ha concluido.