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Tribunales

El CGPJ suspenderá a una jueza de paz que denunció falsamente a su ex marido de abusar sexualmente de su hija de 15 meses

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La condición que ostenta, aunque por poco tiempo, de jueza de paz de un municipio de Jaén no resultó ningún obstáculo para que intentara por todos los medios alejar a su hija de apenas 15 años de su padre, del cual se había separado poco antes, aunque para ello denunciara que la pequeña podía haber sido objeto de abusos sexuales por su ex marido con pleno conocimiento de tal hecho era falso. Ello ha derivado en que un juzgado de lo Penal de Jaén le haya condenado a seis meses de cárcel y una multa de algo más de dos mil euros. Consecuencia de esta condena, el Consejo General del Poder Judicial ha iniciado los trámites para suspenderla provisionalmente, al menos hasta que la Audiencia Provincial resuelva el recurso interpuesto. Esta decisión fue acordada por la Comisión Permanente del pasado día 12 y ha dado traslado a la Fiscalía y a la propia interesada para que se pronuncien a tal efecto.

Sin embargo, en estos casos no hay dudas ni margen para la interpretación, y una condena conlleva una suspensión. De hecho, esa medida, según fuentes jurídicas, se debería haber adoptado cuando se acordó por el juzgado de Instrucción la apertura de juicio oral. Si la Audiencia de Jáen confirmase la condena perderá su condición de juez de paz.

La sentencia considera acreditado que la acusada, “a sabiendas de su falsedad y obrando con un manifiesto ánimo de faltar a la verdad”, llevó a su hija en noviembre de 2017, que entonces tenía 15 meses, al servicio de urgencias de un centro sanitario de un municipio distinto de donde residían, «afirmando que su hija podía haber sido objeto de abusos sexuales durante la estancia con su padre», el fin de semana anterior. La pediatra que reconoció a la pequeña no observó nada extraño, «pese a lo cual y ante la solicitud expresa de la acusada, se puso en marcha el protocolo judicial previsto para estos casos». De esta forma, se contactó con el juzgado de guardia, quien dio aviso al médico forense. El facultativo no llegó a reconocerla, pero sí lo hizo en su lugar otra pediatra, la cual, al igual que la primera, «tampoco encontró nada extraño en la zona genital de la menor». Consecuencia de todo ello, se inició un procedimiento judicial por la denuncia de la madre, que fue archivado de plano en muy corto espacio de tiempo.

La resolución, tras valorar toda la prueba y de forma especial las declaraciones de tres médico-pediatras, rechaza de plano la versión de la acusada de que nunca atribuyó la comisión de un delito abusos sexuales a su ex marido y que fueron esos facultativos “quienes le sugirieron si había pensado que podría tratarse de un abuso sexual y que fueron ellos los que decidieron comunicarlo al juzgado». Tal versión fue desmentida rotundamente por los facultativas. Así, uno de los que primero exploró a la niña manifestó en el juicio que cuando la madre llegó con la niña a la consulta «le dijo que su padre le había dado a la niña y tenía una lesión en sus partes genitales y quería saber si había sido tocada con un pene».

Esta manifestación vino a coincidir con la de otra pediatra, quien aseguró que en el centro sanitario la madre le dijo que acudía «por un tema de abusos sexuales», pero que la tras la exploración de la menor «le indicó que el juicio clínico era dermatitis de pañal», a pesar de lo cual la acusada «le dijo si era consecuencia de abusos sexuales y que la menor venía de pasar el fin de semana con su padre».

La conclusión a la que llega el juez es rotunda: la acusada, «pese a ser conocedora que la menor no presentaba indicios de abusos sexuales, tal y como le manifestaron los pediatras en distintas ocasiones, teniendo conciencia de que esos hechos no se correspondían a la realidad, llevó a cabo determinados actos destinados a provocar la intervención judicial, iniciándose las corespondientes diligencias procesales».

Ahora, no sólo tiene esta sentencia condenatoria, sino que, consecuencia de ella, será suspendida provisionalmente por el Consejo General del Poder Judicial. No podrá, por tanto, “impartir justicia” en su municipio, precisamente, por haber actuado en contra de lo que ésta representa.

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Tribunales

Registran la casa del abogado de Puigdemont por blanqueo de dinero del narco Sito Miñanco

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La juez de la Audiencia Nacional María Tardón está dirigiendo una operación contra el blanqueo de capitales relacionado con el delito contra la salud pública y ha ordenado el registro de la casa de Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y del narcotraficante Sito Miñanco.

Fuentes próximas a la investigación han señalado que el registro se está practicando en el domicilio de Boye en Madrid y que el abogado no está detenido.

La operación, que coordina la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y que desarrollan agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, está vinculada a la causa judicializada de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, de 62 años.

El histórico narcotraficante gallego fue detenido en febrero de 2018 junto a una veintena de presuntos miembros de su banda acusados de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo y pertenencia a organización criminal de extrema gravedad.

Las investigaciones apuntaban que Miñanco lideraba una importante red de narcotraficantes desde 2016, meses después de que se le otorgara la semilibertad, lo que le permitía dormir diariamente en el Centro de Inserción Social (CIS) de Algeciras (Cádiz). De hecho, fue arrestado cuando salía de ese centro.

Fuentes de la Audiencia Nacional han informado de esta operación en la que se están practicando varios registros en una causa que está secreta.

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Sociedad

Un padre, condenado a trabajos comunitarios por dar un “capón” a su hijo

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Un hombre que propinó un “capón” a su hijo para corregir su actitud rebelde y desafiante cuando le recriminó sus malos resultados escolares tendrá que cumplir 31 días de trabajos comunitarios al haber confirmado la Audiencia Provincial de Murcia la sentencia que lo condenó como autor de un delito de maltrato en el ámbito familiar.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, desestima así el recurso que el acusado presentó contra la condena impuesta por un Juzgado de lo Penal de Murcia en febrero de 2018 y que incluye también una orden de alejamiento en cumplimiento de la cual no podrá acercarse al menor durante seis meses y un día. El Juzgado declaró como hechos probados que los mismos ocurrieron cuando al recoger el acusado a los hijos, entregados por su expareja, se produjo una discusión en el transcurso de la cual uno de ellos salió en defensa de la madre. Fue entonces cuando, decía la sentencia, el denunciado lo cogió del brazo y le propinó golpes en el pecho y un pescozón en la cabeza.

En su recurso, el acusado alegó que no cometió delito alguno, ya que se limitó a tratar de corregir una actitud rebelde y desafiante de este hijo surgida cuando le censuró su bajo rendimiento académico. Y añadió que solo trataba de corregir su comportamiento, no de atentar contra su integridad física, lo que consideró podía realizar en el ejercicio legítimo de su degber como padre.

Sin embargo, la Sala de la Audiencia, que tiene como ponente a la magistrada Ana María Martínez, comenta que aunque el “capón” fuera para reprender su actitud desafiante por haberle recriminado sus malas calificaciones, supuso ejercer violencia física sobre el menor, aunque este no llegar a sufrir lesión alguna. “Quienes tenemos hijos, se lee en la sentencia, provenimos, en muchos caso, de una educación en que sí existía el castigo y la corrección: la zapatilla, la bofetada y hasta el cinturón, y tenemos que aprender formas de educar que no lleven implícita esa parte violenta”.

Comenta igualmente que “la familia es un espacio nuevo de convivencia entre sus miembros, en el que debe imperar la igualdad y el comedimiento, por más difícil que resulte la labor de educación, a veces, en el día a día”.

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Tribunales

La Audiencia Nacional ordena el cierre de la página web de Tsunami Democràtic

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El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, previo informe de la Fiscalía, ha ordenado a la Guardia Civil que proceda a clausurar todo acceso a páginas web y perfiles en redes sociales de Tsunami Democràtic por delito de terrorismo, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Este portal de internet y también su aplicación para dispositivos móviles ha comenzado a bloquearse a partir de las 14.30 horas. Tsunami Democratic, desde la que se han convocado los disturbios habidos en Cataluña, se jacta en un mensaje publicado en Telegram de que nadie “puede detener un Tsunami”. Señala que la Audiencia Nacional ha contado con la colaboración de los grandes teleoperadores para cerrar su dominio. Ofrece una serie de alternativas a sus seguidores, que no publicamos para no colaborar con quienes ya están dentro de una investigación judicial, con el fin de poder seguir recibiendo consignas y continuar los disturbios.

Fuentes jurídicas han concretado que la orden ha partido de la Audiencia Nacional, concretamente del mismo magistrado que investiga la causa por terrorismo contra nueve miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), siete de los cuales están en prisión provisional desde finales de septiembre. Sin embargo, las fuentes consultadas no han aclarado de momento si el cierre de la página y perfiles de redes sociales de Tsunami Democràtic corresponde a las mismas diligencias o se trata de una causa aparte.

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado este mismo viernes que hay avances en las investigaciones sobre los “autores intelectuales” de los disturbios de la última semana en ciudades catalanas y que Tsunami Democràtic era una de las plataformas sobre las que su departamento ha puesto el foco.

El ministro ha evitado, para “no perjudicar” la investigación en marcha, responder a la prensa sobre si Tsunami Democràtic y otras plataformas están conectadas con el expresidente catalán huido en Bélgica Carles Puigdemont y partidos como la CUP. No es la primera vez que un juez clausura una página web relacionada con el ‘procés’. Hace justo dos años, el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona

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