El Senado chileno justifica las violentas protestas izquierdistas y da el primer paso para indultar a los procesados.

La Comisión de Derechos Humanos del Senado chileno ha aprobado este lunes por tres votos a favor y dos en contra una resolución que defiende conceder un indulto general a quienes han sido imputados en las violentas protestas izquierdistas.

La iniciativa ha contado con el apoyo de los tres senadores de la oposición que integran la comisión y que además son autores de la misma: la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (Partido por la Democracia, PPD); el presidente de la comisión, Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática, RD) y la senadora Yasna Provoste (Partido Demócrata Cristiano, DC). Los propios impulsores han reconocido que el texto necesita modificaciones.

Los senadores Iván Moreira (Unión Demócrata Independiente, UDI) y Felipe Kast (Partido Evolución Política, Evópoli) han rechazado la iniciativa y porque justifica la violencia y se inmiscuye en las funciones del Poder Judicial.

El texto deberá pasar ahora a las comisiones de Constitución y Seguridad, para luego ser o no ratificado por el pleno del Senado.

El 18 de octubre de 2019 marcó el inicio de las mayores movilizaciones sociales de la historia reciente de Chile. Comenzaron como una movilización contra la subida del precio del transporte público y desembocaron en violentas protestas contra la policía auspiciadas por la extrema izquierda para aprobar una nueva Constitución, que se plasmará a partir de la elección de una Asamblea Constituyente tras las elecciones previstas para el próximo 11 de abril.

Los estragos de octubre de 2019 aún permanecen en Chile. La polarización de los ciudadanos, la transgresión de las instituciones y el poco respeto por la democracia ya es la tónica en el país. Por ello, aunque suene increíble, durante la última semana senadores de la oposición presentaron un proyecto de ley que busca indultar a los “presos políticos” de la revuelta del 18-O.

¿El motivo? Los detenidos producto de actos insurreccionales, violentos y delictuales habrían sido procesados por la justicia por razones políticas, y su detención se debe a que “se ha vivido un proceso distorsionado por una respuesta estatal desproporcionada seguida de detenciones masivas y la apertura de múltiples procesos penales, abusos y vulneraciones a las garantías procesales de las personas imputadas, lo que ha significado la privación preventiva de la libertad en plazos injustificados que no tomarían lugar en circunstancias de normalidad”. Esto se suma al rechazo por parte de las izquierdas al proyecto de ley que buscaba exigir a los partidos renunciar a la violencia como método de acción política.

Esta iniciativa fue levantada por los senadores de la centro izquierda e izquierda chilena como Isabel Allende, Yasna Provoste, Adriana Muñoz, Juan Ignacio Latorre y Alejandro Navarro. Sostienen que se debe aplicar un indulto general para aquellos que, a su juicio, solo hicieron desorden público siendo acusados injustamente por “casos de montaje” y con pruebas falsas. Este proyecto será tramitado en la Comisión de Derechos Humanos del Senado chileno durante la próxima semana.

A pesar de que la tónica del último tiempo ha sido un gobierno que le ha costado hacer frente a la narrativa de la izquierda radical y deconstruccionista, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, expresó que en Chile no hay presos políticos, por lo que este proyecto presentaría una impunidad a la grave violencia que el país ha vivido.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que quienes están presos en este contexto no lo están por motivos políticos, sino que están privados de libertad por cometer delitos. Incluso, el presidente Sebastián Piñera señaló que en caso de que se aprobase esta iniciativa, llegaría a vetarla.

No obstante, desde octubre de 2019 a la fecha, han sido detenidos 232 insurrectos por el contexto del ―mal llamado― “Estallido Social”. Entre los motivos se encuentran delitos tales como saqueos, incendios, atentados contra las estaciones de la red de Metro, desórdenes públicos, violencia contra Carabineros, porte de artefactos incendiarios y de armas.

Pero la narrativa de los “presos políticos” no es nueva ni en Chile ni en el resto de Occidente, pues también se ve en distintos puntos de Europa como en España, en Italia o en Grecia. La izquierda deconstruccionista, con rasgos incluso ácratas e insurreccionales, ha logrado copar en numerosos espacios sociales. El discurso es el mismo: los presos políticos son justicieros sociales que han sido marginados de un sistema sociopolítico, por tanto, oprimidos.

Luchar contra el capital, su ideología y los aparatos ideológicos del Estado son algunos de los objetivos, así como también modificar aquellas nociones de la norma y lo que entendemos por normal, al reemplazarlos por comportamientos que históricamente han sido considerados marginales, desviados o anormales.

Michel Foucault, teórico posestructuralista francés, apuntó sus ejes discursivos bajo estos lineamientos. Los dispositivos (instituciones, comportamientos, epistemes, relaciones, discursos, saberes, etc.) disciplinarían nuestros comportamientos y lo que concebimos como bueno y verdadero, con el fin de alinearnos bajo las categorías hegemónicas occidentales. Por ello, lo que entendemos por sentido común sería producto de un constructo social inminentemente capitalista y hasta neoliberal.

Por este motivo, la cárcel sería un dispositivo de disciplinamiento de aquellos cuerpos y comportamientos que se saldrían de la norma de este sistema opresor. Porque esto normalizaría y produciría “verdades” para el mantener el statu quo. Por ello que Foucault y sus seguidores entienden que ser “criminal” es un acto político, pues implica evadir y transgredir las normas y convenciones sociales.

Los presos políticos, entonces, serían aquellas identidades y cuerpos antagonistas que buscan disputar el sistema político. El acto insurreccional y violento sería un discurso “emancipatorio”, que comprende la dicotomía de opresores y oprimidos (y no necesariamente de clases), de una sociedad disciplinaria que actúa como cárcel.

Ante la propuesta de indulto a los “presos políticos” demanda por las izquierdas, el discurso desde el Gobierno apunta en una deseable dirección al rechazar e incluso llegar a vetarla. No obstante, no se ha mostrado advertido que la violencia e insurrección relacionada a la revuelta del 18-O responde a fundamentos ideológicos y políticos más que a simples delitos y desorden público.

Las izquierdas han instalado una agenda política desvergonzada que busca hacer de la violencia y la delincuencia una causa que se justifique políticamente, pues todas las prácticas serían permitidas. El incendio a más de 20 estaciones de metro fue un reflejo de cortar los flujos del sistema, en este caso el tránsito de las personas, como un intento de agrietar los imaginarios sociopolíticos y normativos.

Si ante estas narrativas no se logra hacerle frente políticamente, lamentablemente nos augura un escenario con un Estado de Derecho fallido, tal como Hannah Arendt asertivamente ha señalado: “no alcanza con decir que poder y violencia no son lo mismo. Poder y violencia son contrarios; donde uno gobierna en forma absoluta, el otro está ausente”.