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El Congreso da luz verde a la ley de eutanasia con 201 votos a favor, 140 en contra y dos abstenciones

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La primera ley de eutanasia que puede tener España ha pasado el primer filtro parlamentario con el apoyo de los grupos del Congreso, salvo el PP y Vox, que han acusado al PSOE de querer ahorrar al sistema el coste de la atención a personas mayores y enfermos crónicos legalizando esta práctica.

El Pleno del Congreso ha aprobado, por 201 votos a favor, 140 en contra y dos abstenciones (el diputado de Teruel Existe Tomás Guitarte y el de ERC Joan Capdevila), la toma en consideración de la proposición de ley socialista al igual que ya ocurriera con las dos anteriores que ha presentado este grupo en menos de dos años, que no salieron finalmente adelante por la disolución de las Cortes.

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El debate de la iniciativa socialista ha generado un bronco debate en el que todos los grupos, salvo Vox, han arremetido contra el PP por banalizar con una ley que «solo pretende regular un nuevo derecho para quien quiera ejercerlo» y «no obliga a nadie» como ha señalado la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo.

Visiblemente emocionada, la diputada socialista ha sido la encargada de presentar la proposición que «regula un procedimiento para ayudar a morir a los que sufren una enfermedad incurable y les está generando un sufrimiento y un dolor que les resulta insoportable».

La ley reconoce un nuevo derecho que, ha dicho, se debe ejercer de forma ordenada y con todas las garantías jurídicas y sanitarias y cuya decisión se toma «libérrimamente y libre de cualquier presión social, económica y familiar».
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Y para que se produzca «en las condiciones del máximo confort posible se incorpora a la cartera de servicios» y serán las comunidades a través de sus servicios sanitarios las que lo lleven a cabo, ha precisado.

Además, se creará una comisión de evaluación y control y los profesionales pueden ejercer su objeción de conciencia.
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Carcedo ha subrayado que se trata de «una ley muy demandada por algunos colectivos» y que los profesionales médicos también son «partidarios mayoritariamente» de esta regulación.

Tras el debate, su sucesor en el cargo, Salvador Illa, ha aplaudido el «amplísimo» consenso social que genera la ley y ha abundado en que ofrece todas las garantías para los pacientes y los profesionales.

Illa ha subrayado que «se harán todos los esfuerzos» para que quede aprobada «a la mayor brevedad posible», lo que podría ser en junio, según ha comentado que le ha dicho la portavoz socialista, Adriana Lastra.

Sin embargo, para el PP esa ley no ofrece ninguna garantía porque detrás de ella ve un «asunto financiero» con el que el PSOE quiere ahorrarse el coste que supone para el sistema tener que atender a personas enfermas y mayores, según ha dicho el diputado José Ignacio Echániz, quien ha sido el centro de todas las críticas.

El parlamentario popular ha advertido de que los mayores y los enfermos crónicos están viendo «con mucha preocupación la banalización» que el PSOE está haciendo con la ley de eutanasia.

«Tenemos la obligación de eliminar el dolor y el sufrimiento pero no a la persona con dolor y sufrimiento», ha dicho Echániz, quien ha incidido en que «la longevidad se ha convertido en un riesgo financiero» y que «lo humano es curarnos. Acabar con los enfermos indefensos es lo claramente reaccionario», ha concluido.

La iniciativa socialista ha sido también duramente criticada por Vox, cuya portavoz Lourdes Méndez Monasterio ha denunciado que la ley «convierte al Estado en una máquina de matar y a los médicos en sus cómplices y verdugos» y avala «un homicidio asistido en respuesta a un sistema quebrado de pensiones».

Desde Unidas Podemos, Pablo Echenique ha resumido en su primera intervención en el Pleno la posición de la derecha respecto a la eutanasia como «que se joda Ramón Sampedro», en referencia al ciudadano gallego tetrapléjico que pidió sin éxito ejercer su derecho a morir.

Echenique ha calificado el discurso del PP de «gente sin escrúpulos» y ha dicho: «Qué cosas más repugnantes tenemos que oír a veces en esta cámara».

Por Ciudadanos, Sara Giménez, ha mostrado su preocupación por la «banalización» que hace el PP de una materia «tan relevante» y ha defendido lograr una ley que sea «garantista».

Carolina Telechea, de ERC, ha opinado que «morir es inevitable, el sufrimiento no debería serlo» y que la eutanasia «no tiene que ver con el crimen, el pecado o el asesinato», mientras que el diputado del PNV, Joseba Agirretxea, ha instado a no frivolizar con este tema, ni decir «que esto es para abaratar costos. No poder vivir y tampoco poder morir debe ser horroroso».

También el PP ha sido objeto de las críticas de los portavoces de Bildu, Grupo Plural y del grupo mixto.

Desde la tribuna de invitados del hemiciclo ha seguido el debate Ángel Hernández, quien ayudó a morir a su pareja, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple, por lo que fue acusado de violencia de género e, incluso detenido, y posteriormente puesto en libertad.

En declaraciones antes del debate, Hernández, que ha sido citado por la mayor parte de los grupos que apoyan la eutanasia, se ha mostrado convencido de que la ley va a llegar “a buen puerto” al considerar que “a la tercera va la vencida”.


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Plan de emergencia: el Ejército vuelve a las calles

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Queja de las autonomías. Hace falta otro despliegue intenso de Policía y Guardia Civil para controlar los confinamientos selectivos y las cuarentenas

 

La Comunidad de Madrid vuelve a estar marcada como epicentro de la Covid. En los próximos días se lo juega a todo o nada, con los efectos multiplicadores del éxito o fracaso de sus medidas en la expansión del virus en las autonomías limítrofes por las intensas relaciones laborales, educativas o de atención médica que mantiene con ellas.

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Fuentes del Gobierno madrileño confirmaron ayer a este diario que Madrid necesita rastreadores. Necesita Policía para controlar las zonas sometidas de nuevo a restricciones. Y necesita personal sanitario. La ayuda tiene que venir del Ejército, que tiene rastreadores, y de otras comunidades autónomas, aunque cueste reconocerlo desde el punto de vista político porque pueda interpretarse como una señal de mala gestión o debilidad interna.

«Estamos a tiempo si Sánchez pone todos los recursos; si no, vamos muy tarde». Esta reflexión, que sale de la Puerta del Sol, da la dimensión de la gravedad del problema al que se enfrenta el Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso, pero también el Gobierno de Pedro Sánchez porque Madrid es «un problema de Estado». Aunque durante medio año la política a su alrededor haya estado más pendiente de la confrontación partidista que de la urgencia de la pandemia.

Este fin de semana, en vísperas de que el lunes entren en marcha las nuevas limitaciones de movimientos y aforos, la alerta está en la falta de rastreadores, que se viene denunciando desde hace semanas. Las UCI públicas estaban ayer por encima del 90 por ciento. Y la atención primaria «estará desbordada la próxima semana». De la saturación al colapso es cuestión de unos diez días si no funcionan las medidas impuestas por la propagación exponencial de la enfermedad. Y la solución depende de que, al margen del confinamiento perimetral de los barrios con tasas de contagios más descontroladas, se aumente de verdad la capacidad de rastreo y de los transportes públicos, y se vuelvan a habilitar hoteles u otro tipo de locales para el aislamiento de los positivos.

Moncloa y el Gobierno de Madrid trabajan durante el fin de semana con el agua al cuello, y siendo conscientes de que, si fallan las medidas programadas, habrá poca alternativa a la de actuar por la vía del estado de alarma para imponer un confinamiento más severo porque las cifras son alarmantes y queda por delante todo el invierno, sin que haya empezado todavía la temporada de la gripe común. La política busca ganar tiempo por los efectos económicos de las restricciones, pero los expertos ya advierten de que las nuevas decisiones «llegan tarde» y serán «insuficientes» porque no servirán para doblegar la curva de crecimiento.

«Los datos señalan que Madrid es hoy la comunidad que está más cerca de la necesidad del estado de alarma», reflexiona un presidente autonómico del PP, pero, claro, en el análisis político no pasan por alto el factor de que, si el Gobierno madrileño lo pidiera, dejaría en evidencia el discurso nacional de Pablo Casado. La atención está puesta en Madrid, si bien las cifras del resto de autonomías siguen de manera alarmante al alza.

En las radiografías de Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León o País Vasco no hay ninguna razón para el optimismo, aunque el foco esté puesto en la capital por su relevancia estratégica en clave nacional y también porque es donde se libra la principal batalla política. Por cierto, los datos también revelan que la confrontación política en general, y la falta de lealtad entre las Administraciones, es letal para controlar la pandemia.

Pero la política no se detiene, y Moncloa y Génova conservan abiertas sus terminales. Así, la dirección nacional del PP siguió ayer apuntando con dureza contra Moncloa, en la misma línea que viene haciendo el Gobierno de Ayuso desde el mes de marzo. Horas antes de que Sánchez visite la sede del Gobierno regional, Génova descarga sobre él la competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad frente a la pandemia: «No es admisible la derivación de responsabilidad del Gobierno a las comunidades». También reprochan a Sánchez que haya tardado «seis meses en venir a interesarse por su responsabilidad a pesar de que Ayuso se lo lleva pidiendo diez conferencias de presidentes».

Génova está obligada a blindar su defensa al Gobierno de Ayuso porque es el espejo de Pablo Casado. Y desde la dirección nacional popular continúan actuando como caja de resonancia de las críticas más severas a la gestión del Gobierno socialista. A diferencia del tono más moderado de otras baronías del partido y en contraste con las tensiones dentro del Gobierno de coalición de Madrid, no sólo ya entre PP y Ciudadanos, sino también dentro de la parte de Gobierno popular y entre la Comunidad y el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez Almeida por «la falta de información» y por cómo se ha gestionado el control del virus.

Génova culpa a Sánchez de que haya lastrado la efectividad de las medidas por haberse negado a modificar la legislación, «como le llevamos pidiendo medio año», para poder limitar la movilidad de «forma eficaz sin volver a un confinamiento más ruinoso». También carga contra la delegación del Gobierno, y responsabilidad directamente al presidente del Gobierno de «no haber hecho nada frente a la segunda oleada» de la pandemia.

La reunión la «calientan», además, con la acusación a Moncloa de dirigir el foco mediático contra Madrid y no actuar de la misma manera con la crisis en Aragón y la Rioja, o con la incidencia real en Castilla-La Mancha. Y le afean su inacción en Barajas: «Pretenden decir que se ha tardado en confinar barrios mientras en el aeropuerto internacional de la capital entraban sin control millones de ciudadanos de toda España y del extranjero».

Con una situación sanitaria cada día más alarmante, las comunidades autónomas gobernadas por el PP tienen que gestionar aquel «no» de Pablo Casado a mantener la prórroga del estado de alarma y su veto a que se avance ahora por ese camino para frenar el descontrol del virus. «Es una trampa de Sánchez», según la dirección del partido.

El discurso del líder nacional popular ha chocado con la realidad de la Comunidad de Madrid y su posición es contraria a que sus Gobiernos autonómicos hagan uso de esa vía habilitada por el jefe del Ejecutivo. Por mal que se pongan las cosas, sería tanto como rectificarle en su posición nacional y la instrucción es mantener la exigencia de que se active la necesaria modificación de la legislación ordinaria para poder actuar «de manera más eficaz, sin trabas jurídicas», para avanzar en los confinamientos selectivos que todos los Gobiernos dan por hecho que tendrán que seguir produciéndose hasta que haya una vacuna.

En general, dejando a un lado las lecturas de partido, los hechos confirman que las comunidades han tenido, y siguen teniendo, un problema para garantizar, sin la ayuda de las Fuerzas de Seguridad del Estado, el orden público, las cuarentenas y los confinamientos restrictivos que exige la segunda oleada del virus.

Algunas de ellas advirtieron de este riesgo cuando se abrió el debate sobre la continuidad del estado de alarma y el verano ha confirmado el coste de no dar abasto con sus policías locales, así como los problemas de coordinación con la Policía y la Guardia Civil al no existir ya un mando único. Salvo aquellas que tienen policías autonómicas, este problema de coordinación y de falta de efectivos es una queja que se escucha en la mayoría de las sedes autonómicas, aunque no levanten la voz porque el debate político se ha construido sobre la regla de que aquel que pida ayuda será señalado como un Gobierno ineficaz.

El hilo de comunicación con las delegaciones del Gobierno también ha tenido fallos importantes y esto ha afectado a la lucha contra el virus, de la misma manera que la falta de rastreadores o la imprevisión en la movilización de otros medios materiales y humanos. «No hace falta llegar a la situación de la Comunidad de Madrid para que sea evidente que tenemos un problema de coordinación policial. Necesitamos más trasvase de información y más apoyo de los Cuerpos de Seguridad del Estado», admiten en Castilla-La Mancha.


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Los partos de bebés muertos están aumentando durante la pandemia

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Una de las consecuencias más dolorosas del coronavirus es el aumento de casos de bebés muertos en todo el mundo. Un artículo de la revista científica Nature asegura que durante la pandemia las mujeres embarazadas han recibido menos cuidados médicos de los requeridos debido al confinamiento y al colapso de los sistemas sanitarios de la mayoría de países, lo que ha derivado en esta circunstancia.

Una de las investigaciones que se ha llevado a cabo sobre este tema, liderada por el epidemiólogo Ashish K.C, de la Universidad de Uppsala, en Suecia, ha demostrado que los partos de bebés sin vida incrementaron un 50% entre marzo y mayo en Nepal, meses en los que las medidas de restricción a la movilidad estaban vigentes en la mayor parte del planeta.

Este estudio, el más amplio realizado hasta el momento, se llevó a cabo en hospitales del país asiático entre enero y mayo. Según publicó la revista científica The Lancet en agosto, las muertes pasaron de 14 por cada 1000 nacimientos antes de que el país se bloqueara para detener la propagación del virus a fines de marzo, a 21 por cada 1000 nacimientos a fines de mayo.

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La reducción de instalaciones hospitalarias provocó el nacimiento de bebés sin vida

“La reducción del uso de las instalaciones sanitarias comenzó semanas antes del inicio del confinamiento, posiblemente indicando un creciente miedo al contagio de la enfermedad, lo que podría haber hecho que las mujeres no acudieran a los centros médicos”, indican los investigadores en el artículo.

«Lo que hemos hecho es provocar accidentalmente un aumento en los partos de fetos muertos al tratar de proteger a las mujeres embarazadas de la Covid-19”

No obstante, Nepal no es un caso asimilable al de países desarrollados, pero esta circunstancia se ha repetido a lo largo de todo el mundo. Otro estudio publicado en julio por JAMA Network demostró esta mista tendencia en el Reino Unido. Fue en el hospital St George de Londres, donde los casos se cuadruplicaron entre febrero y junio respecto a los tres meses anteriores.

“Lo que hemos hecho es provocar accidentalmente un aumento en los partos de fetos muertos al tratar de proteger a las mujeres embarazadas de la Covid-19”, asegura Jane Warland, una especialista en obstetricia de la Universidad de South Australia, en la ciudad de Adelaida, en declaraciones a Nature.


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Losantos se burla de la adicción de Iglesias a chupar cámara: «Se ve que no ha visto un primer plano de sus dientes»

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Dicen que lo normal es que el perro muerda al hombre y no al revés.

Aplíquese esta máxima a todo un vicepresidente segundo del Gobierno de España. Se entendería que Pablo Iglesias sea entrevistado, pero no se concibe que él, en su papel actual, sea quien haga las preguntas.

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El de Unidas Podemos, que debe ser que para los colegas siempre tiene tiempo pese a su ajetreada Agenda 2030, entrevistó al cineasta Fernando León de Aranoa, encargado precisamente de hacer el documental sobre Podemos en sus orígenes, con el acto de Vistalegre de 2015 como pieza central.

Este 18 de septiembre de 2020 Federico Jiménez Losantos, en su editorial de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) sacaba su vis más ácida y cómica para hacer mofa de la vuelta de Pablo Iglesias a los platós como entrevistador.

El momentazo, imperdible, sobre todo viendo las caras que iba poniendo el periodista de Orihuela del Tremedal (Teruel):

Lo maravilloso es que Pablo Iglesias ha vuelto a Youtube porque el pobre, si no tiene encima una cámara… Es que necesita una cámara porque piensa que la cámara le ama. Se ve que no se ha visto el primer plano de los dientes. Y ayer, en su canal de Youtube, entrevista al que le filmó. Es que ya ha llegado a tal delirio autocomplaciente…

Losantos hacía un inciso para explicarle a la audiencia quién era León de Aranoa:

Tiene unos apellidos aristocráticos, pero naturalmente es comunista, de estos ricos que van disfrazados de mendigos, con la coleta, que se la ha copiado Pablo Iglesias. Pero él se la puede permitir porque es un bigardo enorme, muy bien alimentado y muy buena dentadura. Pues bien, este hizo una cosa, por supuesto patrocinada por Roures, multimillonario separatista catalán, ‘Política: Instrucciones de uso’, que es la creación de Podemos, el primer acto de Vistalegre.

El director de ‘Es la Mañana de Federico’ recuerda que en esta producción están todos los cadáveres que ha ido dejando por el camino el hoy vicepresidente segundo de Pedro Sánchez:

Ahí se ven a todos los cadáveres de Pablo Iglesias, a todos, desde Tania a Errejón, pasando por Bescansa y al fondo aparece una grouppie que se parece a Irene Montero que está tomando posiciones.

Remachaba Losantos con mucha guasa:

O sea, que ahora entrevista a quien le entrevistó. ¡Ahhh, ‘La Casa de la Pradera’ y era Villa Tinaja!


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El Ministerio de Irene Montero no quiere que en las series salgan «actrices de una belleza extraordinaria». ¿Prepara su salto al mundo del cine?

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Nuevo estudio chorra del Instituto de la Mujer

El Ministerio de Igualdad vuelve a demostrar que nula utilidad. Presidido por Irene Montero, el Ministerio ha publicado uno de sus ya famosos estudios, pero no por su importancia y por lo que aportan a la sociedad, sino por las chorradas que escriben sus responsables.

El Instituto de la Mujer, controlado por el Ministerio de Igualdad, ha elaborado junto a la Asociación de Mujeres Cineastas un informe de más de 80 páginas en las que utiliza la perspectiva de género para criticar algunas series de producción española.

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Una de las series que critica el Instituto de la Mujer es ‘Las chicas del cable’, en la que se produce, según el instituto dependiente del Ministerio de Igualdad, se produce «cierto abuso y cosificación» en cómo se presentan las mujeres: «Son mujeres representadas por actrices de una belleza extraordinaria, con un maquillaje y efectos que las hace todavía parecer más bellas, sus vestuarios espectaculares, que realizan aún más sus cuerpos ‘diez’.

Pero no solo eso, sino que también critica que las mujeres venden una idea falsa de cómo se vive teniendo un trabajo de «baja cualificación». «Viven y visten muy por encima de sus posibilidades económicas, como trabajadoras con baja cualificación».

En el mismo estudio, tampoco se ve con buenos ojos que en las series las familias tengan un protagonismo desmesurado: «Sospechamos que se produce una idealización de éstas, puesto que el amor y el cariño se refleja mediáticamente en la muestra con el doble de apariciones que el conflicto».


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