La primera ley de eutanasia que puede tener España ha pasado el primer filtro parlamentario con el apoyo de los grupos del Congreso, salvo el PP y Vox, que han acusado al PSOE de querer ahorrar al sistema el coste de la atención a personas mayores y enfermos crónicos legalizando esta práctica.

El Pleno del Congreso ha aprobado, por 201 votos a favor, 140 en contra y dos abstenciones (el diputado de Teruel Existe Tomás Guitarte y el de ERC Joan Capdevila), la toma en consideración de la proposición de ley socialista al igual que ya ocurriera con las dos anteriores que ha presentado este grupo en menos de dos años, que no salieron finalmente adelante por la disolución de las Cortes.

El debate de la iniciativa socialista ha generado un bronco debate en el que todos los grupos, salvo Vox, han arremetido contra el PP por banalizar con una ley que «solo pretende regular un nuevo derecho para quien quiera ejercerlo» y «no obliga a nadie» como ha señalado la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo.

Visiblemente emocionada, la diputada socialista ha sido la encargada de presentar la proposición que «regula un procedimiento para ayudar a morir a los que sufren una enfermedad incurable y les está generando un sufrimiento y un dolor que les resulta insoportable».

La ley reconoce un nuevo derecho que, ha dicho, se debe ejercer de forma ordenada y con todas las garantías jurídicas y sanitarias y cuya decisión se toma «libérrimamente y libre de cualquier presión social, económica y familiar».
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Y para que se produzca «en las condiciones del máximo confort posible se incorpora a la cartera de servicios» y serán las comunidades a través de sus servicios sanitarios las que lo lleven a cabo, ha precisado.

Además, se creará una comisión de evaluación y control y los profesionales pueden ejercer su objeción de conciencia.
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Carcedo ha subrayado que se trata de «una ley muy demandada por algunos colectivos» y que los profesionales médicos también son «partidarios mayoritariamente» de esta regulación.

Tras el debate, su sucesor en el cargo, Salvador Illa, ha aplaudido el «amplísimo» consenso social que genera la ley y ha abundado en que ofrece todas las garantías para los pacientes y los profesionales.

Illa ha subrayado que «se harán todos los esfuerzos» para que quede aprobada «a la mayor brevedad posible», lo que podría ser en junio, según ha comentado que le ha dicho la portavoz socialista, Adriana Lastra.

Sin embargo, para el PP esa ley no ofrece ninguna garantía porque detrás de ella ve un «asunto financiero» con el que el PSOE quiere ahorrarse el coste que supone para el sistema tener que atender a personas enfermas y mayores, según ha dicho el diputado José Ignacio Echániz, quien ha sido el centro de todas las críticas.

El parlamentario popular ha advertido de que los mayores y los enfermos crónicos están viendo «con mucha preocupación la banalización» que el PSOE está haciendo con la ley de eutanasia.

«Tenemos la obligación de eliminar el dolor y el sufrimiento pero no a la persona con dolor y sufrimiento», ha dicho Echániz, quien ha incidido en que «la longevidad se ha convertido en un riesgo financiero» y que «lo humano es curarnos. Acabar con los enfermos indefensos es lo claramente reaccionario», ha concluido.

La iniciativa socialista ha sido también duramente criticada por Vox, cuya portavoz Lourdes Méndez Monasterio ha denunciado que la ley «convierte al Estado en una máquina de matar y a los médicos en sus cómplices y verdugos» y avala «un homicidio asistido en respuesta a un sistema quebrado de pensiones».

Desde Unidas Podemos, Pablo Echenique ha resumido en su primera intervención en el Pleno la posición de la derecha respecto a la eutanasia como «que se joda Ramón Sampedro», en referencia al ciudadano gallego tetrapléjico que pidió sin éxito ejercer su derecho a morir.

Echenique ha calificado el discurso del PP de «gente sin escrúpulos» y ha dicho: «Qué cosas más repugnantes tenemos que oír a veces en esta cámara».

Por Ciudadanos, Sara Giménez, ha mostrado su preocupación por la «banalización» que hace el PP de una materia «tan relevante» y ha defendido lograr una ley que sea «garantista».

Carolina Telechea, de ERC, ha opinado que «morir es inevitable, el sufrimiento no debería serlo» y que la eutanasia «no tiene que ver con el crimen, el pecado o el asesinato», mientras que el diputado del PNV, Joseba Agirretxea, ha instado a no frivolizar con este tema, ni decir «que esto es para abaratar costos. No poder vivir y tampoco poder morir debe ser horroroso».

También el PP ha sido objeto de las críticas de los portavoces de Bildu, Grupo Plural y del grupo mixto.

Desde la tribuna de invitados del hemiciclo ha seguido el debate Ángel Hernández, quien ayudó a morir a su pareja, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple, por lo que fue acusado de violencia de género e, incluso detenido, y posteriormente puesto en libertad.

En declaraciones antes del debate, Hernández, que ha sido citado por la mayor parte de los grupos que apoyan la eutanasia, se ha mostrado convencido de que la ley va a llegar “a buen puerto” al considerar que “a la tercera va la vencida”.