España
El coronel de La Legión Enrique de Vivero cuenta los detalles del miserable cese del jefe de la Guardia Civil en Madrid: «Aspiran a convertir España en Venezuela»
Enrique de Vivero Fernández.- (*)
Desde que ayer se diera a conocer el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de Los Cobos, jefe de la Comandancia de la Benemérita en Madrid, un río de informaciones han seguido en cascada ante la extemporánea decisión del cese del citado mando del instituto armado.
Digamos como premisa que el ministro del Interior está en su derecho de cesar al personal en puestos de libre designación , bajo su mando , por pérdida de confianza . Hasta aquí nada que alegar a la decisión del ministro. El problema es el motivo por el cual la desaparecida directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ejecuta la orden que le da el ministro Marlaska de proceder al cese del coronel de los Cobos.
Carlos Alsina, en su programa en Onda Cero, nos ha narrado las tres llamadas que recibe el coronel de los Cobos, interesándose por la situación del informe que realiza la Policía Judicial por encargo del Juzgado número 51 de Madrid.
La primera llamada es del general Berrocal, superior inmediato del coronel de los Cobos. En ella le interroga sobre el citado informe, a lo que el coronel responde que desconoce su contenido.
La segunda llamada procede un alto cargo de la Guardia Civil. Le apremia a que le informe sobre el contenido de las diligencias que lleva a cabo la unidad de Policía Judicial adscrita a su comandancia. El coronel de Los Cobos se mantiene firme y le replica al superior que tiene instrucciones de la juez del Juzgado 51 de Madrid de mantener en secreto las diligencias que se llevan a cabo. En la conversación, de los Cobos es advertido de que el Gobierno está interesado en conocer el alcance del informe.
La tercera y última llamada procede de la directora general de la Guardia Civil, la exdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, «La desaparecida». En esta conversación, según el periodista de Onda Cero, la señora Gámez informa al coronel de su cese por no «haber informado a sus superiores del contenido del informe». El coronel le replica que desconoce el contenido dado el carácter secreto de las actuaciones que lleva a cabo la unidad de Policía Judicial por orden del Juzgado 51 de Madrid. Gámez le advierte que tenía que haber articulado los mecanismos necesarios para que el Gobierno conociera el contenido del informe. Y añadió: «Esto es una investigación delicada para el Gobierno y tenemos que conocer lo que ocurre».
Hasta aquí las informaciones relatadas en Onda Cero por Carlos Alsina.
De ser ciertas dichas afirmaciones, estaríamos asistiendo presuntamente a una clara injerencia del poder Ejecutivo en el Judicial. Se podrían haber cometido presuntamente los delitos de prevaricación, coacciones, revelación de secretos y obstrucción a la Justicia previstos en el Código Penal.
El coronel Enrique de Vivero Fernández, autor del artículo.
Recordemos que estas investigaciones las lleva a cabo el Juzgado 51 de Madrid para esclarecer los hechos del 8M. Tendremos que pensar que las diligencias llevadas a cabo pueden tener material muy sensible para este Gobierno, y en particular para el ministro del Interior, y que presuntamente se cometió algún delito.
Hoy mismo ha trascendido que la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que investiga si hubo o no prevaricación al permitirse esta manifestación feminista, ha citado en calidad de investigado al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, que dio luz verde a la celebración de esta protesta masiva el día 8 de marzo.
La titular del Juzgado 51 de Madrid ya ha recibido los datos de la investigación llevada a cabo por la unidad de Policía Judicial adscrita a la Comandancia de la Guardia Civil que mandaba el coronel de los Cobos.
Según datos recabados por Alerta Digital sobre el contenido del informe, el Ejecutivo, el delegado del Gobierno en Madrid y Fernando Simón, como responsable del CCAES, habrían tenido presuntamente conocimiento antes del 8M de los motivos que desaconsejaban la celebración de la magna concentración programada para el día de la mujer en Madrid.
En el citado informe se alude a la negativa que se le dio a la FADE (Federación de la Asamblea de Dios en España) a su solicitud para celebrar los días 19, 20 y 21 de marzo el IX Congreso Mundial de Asambleas de Dios, denominado UNLIMITED 2020.
Marlaska y de los Cobos
Según datos que obrarían en el informe, los representantes de esta congregación religiosa mantuvieron reuniones los días 5 y 6 de marzo con el ministro Illa, el doctor Simón y el secretario general de Sanidad. En dichas reuniones, presuntamente, el ministro Illa y Fernando Simón dijeron que se desaconsejaba la celebración del Congreso solicitado debido a la a la gravedad de la situación de la pandemia del COVID.
El doctor Fernando Simón les habría explicado la grave crisis sanitaria que atravesaba España, con 27 fallecimientos conocidos hasta aquel momento, y dado que en ese Congreso se podían reunir hasta 8.000 personas, según su estimación, se debía proceder a su suspensión.
Lo extraño de las resoluciones de la Delegación del Gobierno en Madrid es que conociendo estos datos sobre la pandemia y la negativa a celebrar el Congreso UNLIMITED 2020, se permitiese al mismo tiempo que se celebrara la manifestación del 8M, a la que estaba previsto que acudiesen hasta un millón de personas en Madrid.
Irene Montero en la cabecera de la manifestación del 8-M.
Los datos del informe presentado por la Policía Judicial, presuntamente pueden tener la clave de por qué se permitió celebrar el 8M, que posteriormente fue el multiplicador de la pandemia y la causa de innumerables decesos en Madrid.
Los investigadores de la unidad de Policía Judicial han debido efectuar una labor extraordinaria, bajo presión y probablemente con presuntas coacciones desde las altas esferas del Ministerio del Interior.
La prueba de todo ello se ha revelado a través de las palabras de Carlos Alsina. De lo manifestado en Onda Cero se podrían deducir presuntas prácticas coactivas hacia el coronel Pérez de los Cobos.
La juez Carmen Rodriguez Medel, a cuyo cargo están estas investigaciones, ya le ha hecho saber al Ministerio que no permitirá injerencias en su investigación.
Asistimos nuevamente a este sainete al que nos tiene ya acostumbrados este Gobierno, con engaños y mentiras. La última ha sido modificar el sistema de recuento de fallecidos, con lo que salen de las listas de decesos 2000 personas. Es decir, que el poder logra resucitar a 2.000 personas de una tacada. Esto parecería una broma si no estuviéramos hablando de una tragedia y un engaño. Lo único que persigue este gobierno es disminuir las listas de fallecidos por COVID, modificando el sistema de recuento.
Estamos asistiendo a la voladura del Estado de Derecho, no existe separación de poderes, el ejecutivo quiere intervenir y conocer las investigaciones que llevan a cabo los jueces.
El teniente general DAO de la Guardia Civil ha presentado su dimisión al ministro del Interior por la forma en que se ha llevado a cabo la destitución de su subordinado. Asistimos en estos momentos a una separación total entre la estructura política del Ministerio del Interior y la Guardia Civil.
El Gobierno está poniendo a prueba la democracia del 78, con sus injerencias de corte totalitario en el poder judicial. Es una tragedia asistir a la descomposición de nuestro Estado de Derecho solo para que Pedro Sánchez pueda mantenerse en la Moncloa, aunque sea con los apoyos de separatistas, de los herederos de los terroristas y de los que aspiran a convertir España en Venezuela.
*Enrique de Vivero fue coronel jefe del Tercio Gran Capitán I de La Legión, con base en Melilla.
España
¡Al fin! VOX trata al PSOE Azul (Antiguo PP) como se merece y advierte: serán «el doble de exigentes» y acusa al PP de «patrocinar guerras sucias» contra Vox
El líder de Vox reclama a los populares negociaciones «serias, sin prisas, con medidas concretas» y plazos y garantías de cumplimiento: «No son de fiar»
Santiago Abascal ha ofrecido este lunes una declaración ante los medios de comunicación en la que ha acusado al PP y al PSOE de atacar de forma «permanente» a Vox con «mentiras e insinuaciones» y en concreto a los populares de «patrocinar guerras sucias» contra su formación. Y ha advertido a Alberto Núñez Feijóo de que en las negociaciones, que ahora parece que han quedado en stand by, después de la investidura fallida de María Guardiola y la falta de acuerdo en Aragón para la Mesa de las Cortes, Vox será «el doble de exigente» porque en las urnas los ciudadanos han pedido el doble de Vox.«Después de este maratón de elecciones,(…) podemos concluir que Feijóo ha cometido un grave error impidiendo que se llegasen a acuerdos con Vox tanto en Aragón como en Extremadura que fuesen parecidos a los del PP de la Comunidad Valenciana», ha sostenido Abascal. «Si el PP convocó esas elecciones para no aceptar las exigencias de vox y los extremeños y aragoneses han dicho que quieren el doble de exigencias, nosotros vamos ser el doble de exigentes», ha asegurado.Según ha expresado el líder de Vox, hay un «Gobierno criminal» enfrente y mientras un PP al que ve «absolutamente incapaz» de romper con Pedro Sánchez y de presentar una moción de censura contra él. Y cree que ambos están empeñados en «acabar» con su partido. «Son incapaces de debatir con nosotros sobre los problemas reales de las políticas que han aprobado desde hace décadas y que han impulsado desde Bruselas», ha criticado.
En este contexto ha indicado que es «muy difícil» entablar conversaciones para que haya un acuerdo con el PP y ha reclamado a los populares entablar «negociaciones serias, sin prisas, con medidas concretas» asociadas a presupuestos para poder acometerlas y con plazos y garantías de cumplimiento. «No son de fiar», cree Santiago Abascal.El líder de Vox ha hecho estas declaraciones desde el Parador de Gredos, tras una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional, el Comité de Acción Política, los portavoces nacionales y los portavoces autonómicos.Una reunión que se produce a pocos días de las elecciones de Castilla y León, donde a partir de la semana que viene todo apunta a que tendrán que sentarse a hablar con el PP, y tras unos días de tensión a nivel interno, con la reciente expulsión definitiva de Javier Ortega Smith del partido y la apertura de expediente disciplinario a José Ángel Antelo. Ortega Smith este mismo lunes ha anunciado una denuncia contra la Ejecutiva de Vox por la «filtración» de su expediente de expulsión, y recursos contra su expulsión. Y Antelo ha pasado al grupo mixto en la Asamblea de Murcia.Abascal no ha aludido a ninguno de los dos, ya se pronunció al respecto la semana pasada y zanjó: «Nadie está obligado a estar en Vox. Quienes están en Vox están obligados a respetar las normas internas de Vox, sea el presidente o el último afiliado, y eso va a seguir siendo así».Respecto a las «mentiras, demonización y guerra sucia» contra su partido que achaca a Ferraz y a Génova, ha instado al PSOE y al PP a que «pierdan toda esperanza de destruirnos o de pararnos». «Tenemos el apoyo creciente del pueblo español».
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