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Internacional

El debate sobre inmigración lo decide todo en la Unión Europea

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Viktor Orban, presidente de Hungría.
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HT.- Los lectores pudieron leer ayer como en ningún otro diario el gran enfrentamiento, muy significativo, habido en Viena entre el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, y el ministro de Exteriores y Europa de Luxemburgo, Jean Asselborn. En una cumbre ministerial sobre inmigración africana, intervino Salvini para decir que Italia ya ha decidido que, para la mano de obra del futuro, es mejor tener hijos que traer esclavos africanos y que combatirían con la UE o solos, por todos los medios, ese tráfico humano como otras actividades criminales. Asselborn, un socialista de ese triángulo de la arrogancia privilegiada que es el Benelux, le interrumpió para espetarle que ellos habían recibido a muchos italianos porque no podían dar de comer a sus hijos y mandó «a la mierda» al ministro italiano. El entorno del luxemburgués, uno de esos incansables tribunos de la moralidad eurocrática, se quejaba ayer de que había sido una trampa de Salvini, que tenía a su gente grabando la escena. También ellos parecen creer que fue Asselborn quien queda como «la chata».

Hay una terrible percepción de emergencia en todos aquellos partidos europeos que pretenden continuar sin variar el principio de que el futuro de Europa es irremisiblemente esa sociedad multicultural que guste o no ha de imponerse allá donde no se ha impuesto ya en el continente. Están decididos a combatir toda resistencia ideológica a este proceso como una reacción racista y extremista. Sin embargo, y pese a todas estas descalificaciones, crece sin cesar la corriente contraria, la que enarbola como idea fundamental el mensaje del ya fallecido gran pensador de la ciencia política que fue el italiano Giovanni Sartori, que advirtió que la multiculturalidad supone la voladura de la democracia y su fraccionamiento en guetos, como ya se ve en las ciudades de Europa occidental. Este movimiento llama a poner fin a la resignación. A luchar por evitar que el futuro de toda Europa sea Birmingham o un «banlieue» francés. Goza cada vez de mayor apoyo popular. Un sondeo del diario La Repúbblica revelaba ayer que el Gobierno italiano se dispara en apoyo popular. El primer ministro Conthe y el propio Salvini disfrutan de cotas de popularidad de más del 60%. La Lega casi duplica su voto desde las elecciones.

No es este sondeo el único susto para los guardianes de la política socialdemócrata europea. Tras Suecia llega la cita en Baviera y allí se juegan bastante más. Porque la CSU está en estado de pánico. El partido bávaro, que tiene mayorías absolutas prácticamente desde el final de la guerra, tiene un 35% en los sondeos. En 2013 aun sacó el 47%.

El electorado se fuga hacia la derechista AfD. La gente está muy harta de monsergas, sean de Assenborn o Merkel, de políticos que nunca sufren las consecuencias de sus decisiones y «postureos» morales e ideológicos. La población europea ha dejado de estar dispuesta a imposiciones ideológicas contra de sus intereses. Quien no lo entienda será castigado por la historia.


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Europa

Los activistas más violentos de la izquierda alemana viven en casa con sus padres

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Un estudio llevado a cabo en Alemania sobre personas que han sido arrestadas por cometer actos violentos en manifestaciones de izquierda o de extrema-izquierda celebradas en Berlín a lo largo de los últimos años ha revelado que el 92% de estos ‘activistas’, en usu mayor parte hombres, vive con sus padres y uno de cada tres está desempleado.

Estos datos, hechos públicos por el diario germano Bild, se han extraído de una investigación realizada sobre 873 sospechosos de izquierda y de extrema-izquierda que fueron investigados por las autoridades entre 2003 y 2013. De éstos, el 84 por ciento eran hombres y el 72 por ciento tenían entre 18 y 29 años. Más de la mitad de los arrestos se realizaron en los distritos berlineses de Friedrichshain, Kreuzberg y Mitte, principalmente durante las manifestaciones.

En cuanto a la tipología de los delitos cometidos por los militantes de extrema-izquierda destaca mayoritariamente el ataque a policías (80%) o las agresiones a manifestantes de partidos de derecha (15%).

La investigación realizada por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) en Alemania también ha descubierto que algunos de estos activistas de izquierda y extrema izquierda intentaron cometer más de 11 asesinatos.

(La Tribuna del País Vasco)


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Europa

La ley sobre blasfemia de Gran Bretaña por la puerta trasera

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El 16 de mayo, en un debate parlamentario, el secretario de Comunidades de Reino Unido, James Brokenshire (en la imagen) rechazó la definición oficial de "islamofobia" —descrita como una "ley sobre blasfemia por la puerta trasera"— de la Comisión sobre británicos musulmanes del Parlamento basándose en que es demasiado vaga y tiene "posibles consecuencias para la libertad de expresión". Dijo que la definición no es conforme con la Ley de Igualdad de 2010.
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Por Soeren Kern.- Días después de que el Gobierno británico rechazara su definición oficial de “islamofobia” propuesta, el Consejo Musulmán de Gran Bretaña, la mayor organización islámica del país, pidió una investigación oficial del Partido Conservador por islamofobia.

La disputa gira en torno a la iniciativa de la Comisión sobre musulmanes británicos —compuesta por unas dos docenas de diputados de varios partidos del Parlamento británico— de institucionalizar la definición de islamofobia en términos raciales en vez de religiosos.

La Comisión, en un informe de noviembre de 2018 titulado “La islamofobia definida”, propuso una definición de islamofobia de una sola frase: “La islamofobia tiene sus raíces en el racismo y es un tipo de racismo que toma por objetivo expresiones de musulmanidad o de musulmanidad percibida”.

La definición, resultado de seis meses de consultas, fue apoyada por cientos de organizaciones musulmanas, el alcalde de Londres, Sadiq Jan, y varios partidos políticos, incluido el Laborista, los Demócrata-Liberales y los conservadores escoceses.

Los defensores de la definición dicen que, aunque es cierto que el islam no es una raza, sino una religión —un conjunto de creencias e ideas—, y que los musulmanes son un conjunto de creyentes de diferentes razas, etnias y nacionalidades, muchos musulmanes experimentan prejuicios, discriminación y una forma de racismo que, dicen, es estructural. Omar Jan, director del think tank contra el racismo Runnymede Trust, explicó:

“Definir la islamofobia como racismo antimusulmán sitúa bien el problema al referirse a grupos de personas a las que se les adscriben atributos raciales y culturales negativos que pueden dar lugar a una amplia variedad de experiencias, sea un prejuicio inconsciente, la discriminación directa o indirecta, la desigualdad estructural o actos de odio”.

El 16 de mayo, en un debate parlamentario en la Cámara de los Comunes, el secretario de Comunidades de Reino Unido, James Brokenshire, rechazó la definición oficial de “islamofobia” de la Comisión —descrita como una “ley sobre blasfemia por la puerta trasera”— basándose en que es demasiado vaga y tiene “posibles consecuencias para la libertad de expresión”. Dijo que la definición no es conforme con la Ley de Igualdad de 2010, que define que la raza comprende el color de la piel, la nacionalidad y los orígenes nacionales o étnicos, y no la práctica religiosa.

Un portavoz del Gobierno dijo que la definición de la Comisión “no cuenta con el apoyo general” y necesitaba “una consideración más a fondo”.

Muchos británicos, musulmanes incluidos, están en contra de la definición propuesta y advierten de que podría blindar el islam del escrutinio y las críticas válidas.

En su intervención en la Cámara, John Hayes, diputado conservador, señaló:

“El informe de la Comisión identifica islamofobia como un ejercicio de racismo, que presume que la población musulmana de este país, o de cualquier país, es una raza. Puesto que el islam es una religión, esa propuesta es discutible en sus términos, como han explicado muchos críticos del informe”.

Las personas que se adhieren a esa religión vienen de toda clase de lugares, de todas las clases de color de piel y creencias, y adoptan todo tipo de prácticas diferentes. Como ocurre con los cristianos, algunos adoptan una visión más fundamentalista de su religión que otros. Describirlos como raza, en sí misma, es muy osado, y algunos dirían que es un punto de vista controvertido, sin embargo, es lo que hace el informe al identificar la islamofobia como una cuestión de antirracismo […].

El actual orden legislativo sobre la incitación al odio, la discriminación y muchas otras medidas permiten que la policía, si así lo quieren, persigan a las personas que se comportan de manera inaceptable y, mucho más en serio, de manera ilegal, y hay una discusión muy pertinente sobre si la policía no lo hace lo bastante. No quiero plantearla yo, pero otros podrían hacerlo. Desde luego, es cierto que la policía debería perseguir a esa gente, a los que habría que interrogar, imputar y, si procede, procesar. Sin embargo, el argumento de que partimos de una hoja en blanco oculta el hecho de que existe toda clase de leyes contra la discriminación y el racismo que nos permiten proteger a quienes podrían ser víctimas de dichos prejuicios.

En The Spectator, David Green, fundador y director ejecutivo de Civitas, un think tank de político no partidista de Londres, advirtió:

“Si esta definición se convierte en ley, nadie estará seguro de qué tipo de palabras podrían llevarlos al juzgado. Es precisamente esa incertidumbre lo que diferencia un Estado policial de una sociedad libre. Históricamente, el término ‘Estado de derecho’ se utilizaba para describir el sistema político en el que todo el mundo sabía cuándo se podía utilizar la ley contra ellos y cuándo tenían la libertad de actuar como a cada cual le pareciera oportuno. Como dijo John Locke, en Inglaterra había “una regla común a cuantos forman parte de esa sociedad”, lo que significaba “la libertad que me permite seguir mi propia voluntad en todo aquello no prescrito por la norma, y no estar sometido a la voluntad inconstante, incierta, desconocida y arbitraria de otro” […].

La ley [británica] no ampara el uso de las palabras con la intención de suscitar el odio racial y —sin duda por esta razón— la definición de la Comisión afirma que criticar el islam es una forma de racismo. Pero la raza y la religión son cosas muy distintas […].

Estamos ante un choque de dos formas muy distintas de ver una sociedad: el individualismo y el colectivismo, a grandes rasgos. El individualismo considera que el objetivo principal del Estado debe ser facilitar el desarrollo de nuestras cualidades personales […].

En una sociedad colectivista, el objetivo es que los gobernantes determinen cuál debe ser la conducta de los individuos […] y los que están en el poder establecen un código detallado y amenaza con el castigo a quien no lo cumpla. Y no agradecen la crítica como mecanismo de aprendizaje mutuo y rendición de cuentas del poder.

Hemos visto esas ideas autoritarias a lo largo de la historia de Europa y pensábamos que las habíamos dejado atrás […]. La definición de la Comisión es un intento de recrear esa atmósfera del pasado […].

Hay un amplio apoyo público a la libertad de expresión, y no es probable que acabe de forma oficial por una ley del Parlamento, pero se puede ir desgastando poco a poco. Darle un reconocimiento oficial a la definición de islamofobia de la Comisión será un paso gigantesco hacia un Estado policial arbitrario.

Los jefes de la policía británica han alertado de que la definición de islamofobia propuesta podría generar confusión entre los policías y obstaculizar la lucha contra el terrorismo islámico. En una carta a la primera ministra, Theresa May, que se filtró a The Times, Martin Hewitt, presidente del Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC, por sus siglas en inglés), escribió que la definición de la Comisión podía exacerbar las tensiones con la comunidad musulmana y socavar las medidas políticas y tácticas antiterroristas.

Nos preocupa que la definición es demasiado amplia tal como está redactada, y podría generar confusión entre los agentes a la hora de velar por su cumplimiento y utilizarse para impugnar una legítima libertad de expresión sobre los actos históricos y teológicos de los países islámicos.

También existe el riesgo de que pueda ir en detrimento de los mandos antiterroristas que tratan de lidiar con el extremismo o impedir el terrorismo.

El primer diputado musulmán de Inglaterra, Jalid Mahmud, dijo que la definición daría lugar a una mayor segregación de las comunidades musulmanas:

“Yo defiendo la libertad para todos, pero estoy en contra de esto. Nosotros, como musulmanes, deberíamos estar orgullosos de quiénes somos e intentar alejarnos de la mentalidad de víctimas”.

En diciembre de 2017, el Barnabas Fund publicó un comunicado en el que recomendaba utilizar la palabra “musulmanofobia” para condenar el miedo y el odio hacia los musulmanes. Dijo que la palabra “islamofobia” sólo debería emplearse con el significado de miedo y odio al islam como ideología religiosa. El comunicado también subrayaba que el uso común de “islamofobia” para incluir el miedo y el odio también a los musulmanes es motivo de muchas confusiones.

El 15 de mayo, más de 40 académicos, escritores y funcionaros públicos británicos firmaron una carta abierta al secretario de Interior, Sayid Yavid. En la carta pedían al Gobierno, a los partidos políticos, a los ayuntamientos y a otras organizaciones que rechazaran la definición de islamofobia de la Comisión:

“Los abajofirmantes condenan de manera inequívoca, sin reservas y enérgicamente los actos de violencia contra los musulmanes y reconocen la urgente necesidad de abordar el odio antimusulmán. Sin embargo, estamos sumamente preocupados por la acrítica y apresurada adopción de la definición de islamofobia de la Comisión”.

Se está tomando esa vaga y expansiva definición sin un adecuado escrutinio o consideración apropiada de sus consecuencias negativas para la libertad de expresión, de cátedra y de prensa. La definición también perjudicará la cohesión social, al alimentar precisamente la misma intolerancia a los musulmanes que se propone prevenir.

Nos preocupa que las acusaciones de islamofobia se usen, como ya se están usando, para blindar las creencias islámicas y otros extremismos ante las críticas, y que formalizar esa definición dé lugar a que se emplee lo que en la práctica es una ley sobre la blasfemia por la puerta de atrás.

Evidentemente es mucho más probable que no se detecten los maltratos o prácticas dañinas, o las actividades de grupos e individuos que promueven ideas contrarias a los valores británicos, a causa del miedo a que los llamen islamófobos. Esto sólo irá a más si la definición de la Comisión se adopta como ley oficial.

Nos preocupa que la definición se utilice para acallar las críticas legítimas y la investigación. Aunque los autores de la Comisión han asegurado que no desean infringir la libertad de expresión, todo el contenido del informe, la propia definición y las primeras señales de cómo se podría utilizar indican que lo harían. No deberían tratarse las libertades civiles como una cuestión secundaria al intentar lidiar con los prejuicios antimusulmanes.

La fusión de raza y religión utilizada bajo el confuso concepto de “racismo cultural” amplía la definición más allá del odio antimusulmán para incluir las críticas “ilegítimas” a la religión islámica. El concepto de musulmanidad se puede en efecto transferir a las prácticas y creencias musulmanas, lo que permite que el informe diga que se instrumentalizan las críticas al islam para herir a los musulmanes.

Ninguna religión debería contar con una protección especial frente a las críticas. Como el odio a los sij, los cristianos o los hindúes, creemos que el término “odio antimusulmán” es más apropiado y menos proclive a infringir la libertad de expresión. No es deseable una proliferación de las “fobias”, como ya han afirmado las organizaciones sij y cristianas que reconocen la importancia de un debate libre sobre sus creencias.

El 28 de mayo, el Consejo Musulmán de Gran Bretaña, vinculado a los Hermanos Musulmanes, presentó ante la Comisión sobre derechos humanos e igualdad una denuncia de islamofobia en el seno del Partido Conservador. En su denuncia afirmaba:

“Hemos dado este paso tras llegar a nuestro conocimiento una insólita serie de casos que indican una cultura en el seno del Partido Conservador donde la islamofobia no sólo está generalizada, sino que es institucional. Solicitamos a la Comisión que estudie las pruebas e investigue este asunto con urgencia”.

El ayudante del secretario general del Consejo Musulmán, Miqdad Versi, admitió que el objetivo de la queja de la organización ante la Comisión de derechos humanos e igualdad era presionar al Gobierno para que aceptara su definición de islamofobia:

“El Gobierno, encabezado ahora por los conservadores, también ha decidido rechazar una definición de islamofobia aceptada por el Consejo Musulmán y algunos actores musulmanes clave, lo que nos hace preguntarnos cuál es el mensaje que quieren transmitir a las comunidades musulmanas”.

Cuando llegue la competición por el liderazgo [del Partido Conservador], ¿dará prioridad alguno de los candidatos a hacer frente a la magnitud de la islamofobia que ha consumido al Partido Conservador?

La petición de una investigación por islamofobia se produjo el mismo día en que la Comisión de derechos humanos e igualdad anunció una investigación oficial por antisemitismo en el Partido Laborista. La investigación determinará si el partido “ha discriminado, hostigado o victimizado ilícitamente a personas por ser judías”.

El Consejo Musulmán dijo que el momento elegido para presentar la denuncia —el mismo día de la investigación por antisemitismo— fue una coincidencia.


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USA

Centenares de los inmigrantes que tratan de entrar ilegalmente en EE.UU desde México tienen graves antecedentes penales

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Caravana de inmigrantes hondureños hacia Estados Unidos / Imagen: Captura de Youtube
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Parece que Donald Trump vuelve a tener razón, a pesar del empeño digno de mejores causas con el que los medios del consenso socialdemócrata tratran de ocultar determinadas informaciones. Según ha informado Fox News, documentos en poder del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos demuestran que varios cientos de inmigrantes ilegales que intentaron cruzar la frontera sur de este país formando parte de las masivas caravanas migratorias que durante los últimos meses han sido alentadas por la izquierda y la extrema izquierda occidentales tenían graves antecedentes penales en EE.UU.

Los archivos ahora en poder del Partido Republicano detallan, por ejemplo, una caravana de casi 8.000 ilegales que se dirigió hacia la frontera en octubre de 2018 y llegó al sur de California en diciembre de ese mismo año. Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos, 660 de ellos tenían condenas penales en los Estados Unidos, con 40 condenados por agresión o agresión con agravantes con un arma mortal, y tres estaban condenados por asesinato.

En enero de 2019, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) rastreó otra caravana que abandonó Honduras con más de 3.300 inmigrantes con destino a Estados Unidos. El equipo de Investigaciones de Seguridad Nacional identificó que 860 de esas personas tenían antecedentes penales en USA, incluyendo más de 20 condenados por agresión o agresión con agravantes con un arma mortal, casi 30 condenados por delitos sexuales, dos condenados por violencia contra la policía y un condenado por intento de asesinato.

Los documentos también revelan que el CBP está monitoreando otro “movimiento de varios grupos que varían en tamaño de 1.000 a 4.000” en los estados mexicanos de Chiapas y Veracruz, pero no especificó cuántos de esos migrantes podrían tener antecedentes penales.

El pasado mes de febrero, el presidente Trump declaró una emergencia nacional asegurando que “la frontera sur es un punto de entrada importante para los delincuentes, pandilleros y narcóticos ilícitos” que amenazan “los principales intereses de seguridad nacional”.

Pues bien, los documentos ahora hechos públicos aparecen en medio de una oleada impresionante de llegadas de inmigrantes a la frontera sur de Estados Unidos. En mayo, la cantidad de migrantes detenidos en la frontera sur se disparó a niveles que no se habían visto en más de una década, con las Fuerzas de Seguridad informando de casi 133.000 arrestos, más de un 30 por ciento de aumento con respecto al mes anterior y el doble de la afluencia registrada a principios de año. El número fue el total mensual más alto en más de 13 años, según las autoridades. “Estamos en una emergencia en toda regla”, ha explicado Jon Sanders, el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

La continua crisis en la frontera está a punto de estallar cuando Trump ha tratado de extender y apuntalar el muro fronterizo, declarando su finalización como una emergencia nacional en un intento por desviar miles de millones de dólares hacia su construcción, un esfuerzo que impugndado en los tribunales por partidos y organizaciones de izquierda y de extrema izquierda.

Paralelamente, el Gobierno de Donald Trump ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con México para reducir los aranceles con los que ha amenazado sobre las importaciones mexicanas a cambio de que este país aumente los esfuerzos para limitar los flujos migratorios con destino a los Estados Unidos desde América Central. Estados Unidos, además, se ha comprometido a acelerar las solicitudes de asilo, mientras que México ha anunciado que “ofrecerá empleos, atención médica y educación de acuerdo con sus principios”. El documento también incluye un apartado en el que se afirma que tomará “medidas decisivas” para desmantelar las operaciones de tráfico de migrantes y tráfico de drogas, mientras que ambos países aumentarán la cooperación para proteger la frontera.

(La Tribuna del País Vasco)


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