Tribunales
El ex fiscal Ramiro Grau: «Si vas a juicio por una denuncia falsa y te encuentras con una jueza y una fiscal, puedes darte por jodido»

Ramiro Grau.- Desde la llegada al poder, en circunstancias nunca aclaradas, de un tal Zapatero, muy conocido en Venezuela, y de desgraciada memoria en España, ha proliferado la legislación “en favor” de la mujer, que teóricamente pretende ayudar al sexo “débil”, como si los hombres fuéramos el sexo fuerte, cuándo es todo lo contrario.
Se han criminalizado las relaciones matrimoniales y de pareja, de forma que los hombres tienen que rezar, pues ante cualquier denuncia falsa, acaban detenidos, engrilletados, durmiendo en los calabozos, y llevados a un juicio rápido, donde con una total falta de medios de defensa, acaban aceptando condenas “de conformidad”, a pesar de ser inocentes, por el consejo de muchos abogados de oficio, que más que abogados parecen verdugos.
Y si quieres ir a juicio, y te encuentras con una jueza y una fiscal, puedes darte por jodido, pues las nuevas promociones de ambas carreras parece que han entrado en la profesión no para hacer justicia, sino para “impartir” su justicia, es decir su forma de ver las cosas, que no tiene que ser, necesariamente, la real y objetiva.
Que hemos vivido en una sociedad machista, es evidente. Aún recuerdo cuándo una mujer no podía abrir una cuenta bancaria sin autorización del marido, o necesitaba su permiso para poder trabajar, pero lo cierto es que la historia es pendular, y hoy en día es más bien lo contrario: son los hombres los que necesitan ser protegidos, como una especie en vías de extinción.
Esta legislación penal que coloca a los hombres a los pies de los caballos, podrán ser leyes, pero evidentemente no son Derecho.
Ni un hombre, ni una mujer, ni nadie, pueden entrar a un juicio sabiendo de antemano que no hay presunción de inocencia alguna, y que tiene un noventa y tantos por ciento de posibilidades de salir condenado…, aunque sea inocente.
En esta situación, por desgracia muy habitual, ¿dónde está el Estado de Derecho?
Y lo mismo digo respecto a la reserva de un determinado porcentaje de puestos de trabajo para mujeres, o de plazas de diputados, senadores, concejales, y hasta ministros, que no en vano tenemos un “consejo de ministras”, en estúpida expresión de la que dice ser vicepresidenta del gobierno, si ésa que se tiraba a su chofer cuando era ministra de cultura (en su caso, más bien de incultura), en la época zapateril.
¿Se imaginan ustedes esa misma situación entre un ministro con una chófer o escolta?
Los aullidos de la jauría rabiosa de las feminazis todavía se estarían oyendo.
Ahora mismo tenemos en la fiscalía cerca de un 70% de mujeres, y en la judicatura, alrededor de un 60%. ¿Habrá que promulgar una ley que reserve el 50% de las plazas para esa minoría en vías de extinción, llamada hombres?
Cosas más raras se han hecho y visto. Por ejemplo rebajar las pruebas físicas para el ingreso en la Academia General Militar a las mujeres, pues si se les exigía lo mismo que a los hombres, no entraba ninguna o casi ninguna.
Y lo mismo se ha repetido en la policía nacional, guardia civil, etc.
Respecto al consejo de ministras, habida cuenta de la escasa presencia de “hombres” en ese consejo, y de que algunos son abiertamente homosexuales, dentro o fuera del armario, ¿deben computar como hombres, como mujeres o como mediopensionistas?
No quiero ser mal pensado, pero a veces creo, y puede que lo dijera Freud, que el problema de muchas mujeres es que se sienten capadas, al no tener pene. ¡Pues que se le va a hacer! Siempre se pueden comprar uno de látex, con la ventaja, además, de que nunca se les arrugará, o dejará de estar erguido.
La realidad es que la mujer alcanza su plenitud como persona por medio de la maternidad y el matrimonio, la crianza de los hijos, el cuidado de los progenitores, etc.
Estoy cansado de conocer a cientos de profesionales brillantes y amargadas en su vida personal, por haber supeditado al “triunfo” el fracaso de toda su vida, descuidando los fines propios del sexo femenino, y no digo del sexo débil, pues para débil, el sexo masculino.
El trabajo es un medio para realizarnos como personas, pero no un fin en sí mismo. Antes la mayoría de las mujeres eran más inteligentes que las actuales, a las que se les está “vendiendo” esa mercancía averiada del feminismo, y ponían en primer lugar a su familia, a sus hijos…, y ¡hasta a su esposo!, mientras que ahora muchas se han masculinizado en exceso, lo que no es óbice para que utilicen sus “armas de mujer” cuando quieren, sobre todo si tienen la suerte de estar bien físicamente.
En definitiva, nada nuevo bajo el sol. Todo está ya inventado, y los hombres deben ser hombres, y las mujeres, mujeres.
*Abogado, ex juez y fiscal, profesor universitario de Derecho y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
España
El juez del Tribunal Supremo que investiga al Fiscal General le acusa de «destruir pruebas». Pero aquí no dimite nadie

El juez que investiga a García Ortiz le reprocha que haya hecho «desaparecer pruebas»
Hurtado señala la «falta de colaboración» del fiscal general del Estado por no haber comunicado al tribunal la eliminación de sus mensajes
El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado por revelación de secretos -por la filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso- ha reprochado a Álvaro García Ortiz que haya hecho «desaparecer pruebas» de sus móviles, tras constatar la Unidad Central Operativa (UCO) que eliminó sus mensajes en los días claves de la divulgación de esa información confidencial sobre la investigación al empresario por fraude tributario.
Así lo pone de manifiesto el magistrado Ángel Hurtado en la resolución en la que -tras la queja del fiscal general sobre la incorporación de datos reservados a los informes de la UCO- acuerda que acusaciones y defensas puedan consultar los anexos de esos dictámenes en la propia secretaría del tribunal, para reducir así el riesgo de filtraciones. El instructor toma esta decisión tras recibir el último informe de la UCO, fechado el pasado día 21, que incorpora tres anexos sobre lo «cambios de móvil» del fiscal general
El instructor señala que «es una evidencia» que García Ortiz «ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles» a lo largo de la instrucción. Y «aunque ha dado distintas explicaciones para hacerlo», añade, «de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición» y «no aprovechar» para llevar a cabo ese borrado masivo el mismo 16 de octubre del pasado año, «cuando es notorio que este Tribunal Supremo se declara competente para conocer de la causa, a raíz de auto de 15 de octubre».
«Precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia»
Ante esa eliminación de datos, y «el cauteloso «conjunto de precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia», como dice nuestra LECrim -asegura-, se han acordado diversas diligencias «para tratar de recuperar pruebas», para lo que «ha sido necesario acudir a la realización de una serie de medidas de investigación tecnológica en búsqueda de los dispositivos móviles con los que se presume que ha desplegado su actividad delictiva, en las que, previsiblemente, el propio investigado debió haberse representado la posibilidad de encontrar datos relativos a terceros, que no había razón para descartar que ofrecieran información que contribuyese a ese esclarecimiento de los hechos».
Hurtado se refiere de forma expresa a lo que señala a este respecto la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) cuando se refiere -con el lenguaje propio de finales del siglo XIX- a la «desigualdad» de condiciones entre el investigado y el Estado en un procedimiento penal en la medida en que «desde que surge en su mente la idea del delito, o por lo menos desde que, pervertida su conciencia, forma el propósito deliberado de cometerlo», aquel «estudia cauteloso un conjunto de precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia y coloca al Poder público en una posición análoga a la de la víctima, la cual sufre el golpe por sorpresa, indefensa y desprevenida». Para restablecer esa igualdad, expone la norma procesal, «menester es que el Estado tenga alguna ventaja en los primeros momentos siquiera para recoger los vestigios del crimen y los indicios de la culpabilidad de su autor».
Y aunque deja claro que «no desconoce» que «carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desparecer pruebas», añade que «tampoco se debe ignorar» que ese borrado de mensajes de su móvil (y también de las copias de seguridad, según ha constatado la UCO) «no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal».
La consulta de documentos, en el Supremo
Hurtado acuerda que, a partir de ahora, los anexos de los oficios que realice la UCO no se entregarán a las partes, que únicamente podrán consultarlos en la secretaría del alto tribunal. García Ortiz se quejó de una supuesta vulneración de la normativa de protección de datos por la divulgación de información reservada en los anexos a esos dictámenes.
El magistrado se ampara en el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que faculta a los jueces a adoptar las medidas necesarias para suprimir datos personales de resoluciones y documentos «siempre que no sean necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva», y sin que en ningún caso, pueda producirse indefensión a las partes.






